TeleSUR _ Hace: 13 horas
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El Gobierno de Bolivia informó este jueves sobre el inicio de una investigación que apunta a sectores de la ultraderecha de ese país para determinar responsabilidades de la protección que brindaron al excarapintada y represor de la última dictadura argentina, Luis Enrique Baraldini, vinculado con el intento de asesinato del presidente Evo Morales en 2009.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, señaló que se trata de los mismos grupos de poder que se opusieron a la Constitución Política del Estado, al proceso de cambio y que están vinculados con autoridades locales. Señaló además que son quienes promueven la contratación de sicarios internacionales y protegen a gente buscada por la justicia de otros países.
"Hemos comenzado investigaciones abiertas que darán cuenta del grado de implicancia de las personas que participaron en esos hechos, que quisieron dividir al país, que intentaron atentar contra la vida de autoridades nacionales, entre ellos, el Jefe de Estado, Evo Morales", aseveró.
Según fuentes oficiales, después de una prolongada investigación, Baraldini, quien tiene orden internacional de captura, fue detenido el pasado sábado por agentes de inteligencia en la ciudad de Santa Cruz (este de Bolivia) donde residía con el nombre falso de Marco Antonio Aponte.
El Gobierno lamentó que la oposición pretenda mostrar la aprehensión y la expulsión del excarapintada como un hecho político, pese a ser protegido por grupos de poder de la derecha en Bolivia fue legal y nada política.
Chávez explicó que estos procesos estuvieron ajustados a la legalidad, a través de las fuerzas de inteligencia en el marco de la cooperación judicial y la policía internacional, pues existía una orden de captura internacional contra Baraldini.
Detalló que el argentino Baraldini tenía parentesco con un funcionario de la Alcaldía de Santa Cruz, identificado como Raúl López, con quien se casó su hija Rossana Baraldini, pero insistió en que por esa situación es irresponsable hablar de una detención política.
“Se cumplieron, aclaró, procedimientos migratorios y fue expulsado del país porque estaba en situación ilegal. No hay ningún tipo de detención política de esta persona”, expresó.
El excarapintada era prófugo de la justicia de su país desde 2003, acusado por delitos de lesa humanidad que cometió en la dictadura de 1976 a 1983, cuando fue jefe de la Policía de La Pampa, donde ahora enfrenta un proceso judicial.
teleSUR-PL-ABI-lostiempos.com/ao-MM
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