CIDH presenta sus observaciones
preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación
internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas
en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019
Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/320.asp
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) delegó a su Secretaría Ejecutiva la realización de una visita de
observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019. La
visita se realizó en el marco de una invitación del Estado y tuvo por
objeto recoger información sobre la situación de derechos humanos en el
contexto de la crisis política y social desatada alrededor de las
elecciones del 20 de octubre pasado en el país.
La delegación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH visitó las
ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba. Durante la visita, la
delegación sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado de los
niveles nacional y territorial, de todas las ramas del poder público, y
se encontró con amplios grupos de personas y organizaciones de
diversos sectores de la sociedad, recibiendo sus testimonios y
documentación; también visitó hospitales, centros de detención,
despachos defensoriales, y comunidades afectadas por la violencia.
Así,
durante su primer día la delegación de la CIDH se reunió con
representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de
Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de
Justicia, y el Instituto de Investigación Forense, así como con
representantes de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al Fiscal
de La Paz, y de la Defensoría del Pueblo.
Ese mismo día, se entrevistó
con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas, y visitó la sede diplomática de México en La Paz. El segundo
día, la delegación se reunió con el Procurador General del Estado, con
los Presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados
de la Asamblea Legislativa, la Fuerza Especial de Lucha contra el
Crimen (FELCC) y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Al
segundo día en la tarde se celebró una reunión plenaria con numerosas
organizaciones de derechos humanos, partidos y organizaciones políticas
de todas las representaciones, organizaciones indígenas, agrupaciones
de víctimas, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE),
la Conferencia Episcopal de Bolivia, organizaciones periodísticas,
estudiantes, médicos, defensores y otros diversos grupos y movimientos
ciudadanos.
El tercer día, el equipo de la CIDH se entrevistó con las
directivas de la Cárcel de San Pedro en La Paz, y con los
administradores del Hospital Holandés en El Alto. Posteriormente visitó
la Alcaldía de El Alto, donde fue recibida por el equipo de gobierno y
distintos líderes sociales de esa localidad. Más tarde visitó el
Distrito 8 de El Alto, donde asistió a una reunión plenaria con
habitantes de ese sector, que incluyó la presencia de víctimas y
familiares de fallecidos en los hechos de violencia.
El cuarto día de
su visita, la delegación de la CIDH se trasladó a Cochabamba, donde se
reunió con el Alcalde de Cochabamba, con el Comandante Departamental de
la Policía de Cochabamba, con el Comandante de la Séptima División del
Ejército en Cochabamba, y con el Fiscal Departamental de Cochabamba.
Se trasladó luego a la población de Sacaba, donde se entrevistó con
víctimas de la violencia y sus familiares, y con líderes sociales y
defensores. También visitó ese día el Hospital Viedma y la sede de la
Defensoría del Pueblo en esa ciudad, donde se entrevistó con numerosas
personas, incluyendo representantes de organizaciones sociales y de
derechos humanos, funcionarios públicos, víctimas, ciudadanos
particulares y una asociación de familiares de agentes de la Policía.
Al respecto, la CIDH agradece la invitación, la apertura, la
transparencia, el apoyo y el acompañamiento del Estado de Bolivia a
todo lo largo de la visita de observación, y expresa su gratitud por
toda la asistencia prestada para su organización y desarrollo, así como
por el apoyo logístico y de seguridad. Además, valora el esfuerzo de
las personas y organizaciones que presentaron información y testimonios
ante el equipo técnico de la CIDH, especialmente de quienes han
resultado víctimas en los recientes hechos de violencia registrados en
el contexto de la crisis política y social en ese país.
La CIDH hace públicas en el presente comunicado sus
observaciones preliminares sobre la situación de derechos humanos en
Bolivia, y urge la realización de una investigación internacional
independiente sobre los sucesos que se han registrado en el país a
partir del mes de octubre de 2019.
En este sentido la CIDH celebra que
su solicitud coincida exactamente con la voluntad expresada por el
Estado de Bolivia en la Nota Diplomática MPB-OEA-NV 274-19 del 10 de
diciembre de 2019, en la cual el Gobierno interino expresa que “será esa
investigación internacional la que investigue los actos de violencia y
las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre
octubre y diciembre del 2019”, y que “[e]stamos plenamente de acuerdo
que haya una investigación internacional imparcial la que determine y
califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”.
Al respecto,
la Comisión valora altamente la disposición del Gobierno a permitir una
investigación independiente. El foco central del trabajo de la CIDH es
la mayor efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia,
verdad, reparación y no repetición, independientemente de cuándo se
haya consolidado la violación grave de derechos humanos
correspondiente.
Con anterioridad a la realización de la visita de noviembre de
2019, la Comisión ha monitoreado de cerca la situación de derechos
humanos en Bolivia en los últimos años por medio de las siguientes
actuaciones: la realización de una visita in loco en 2006, y de una
visita de trabajo por el Relator de País, Comisionado Francisco
Eguiguren, en agosto de 2018; la elaboración de dos informes temáticos,
sobre el “Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el
fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, en 2007, y “Comunidades
Cautivas: Situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas
de esclavitud en el Chaco de Bolivia”, en 2009; la publicación de un
informe de seguimiento en el marco del Informe Anual de 2009; la
emisión de múltiples comunicados de prensa, incluyendo 13 comunicados
en los años de 2014 a 2019; 8 pedidos de información confidencial al
Estado bajo el artículo 41 de la Convención Americana desde 2014, sobre
temas relativos a los derechos de las personas LGBT, la edad mínima
legal para prestar el servicio militar, el uso de la fuerza en
manifestaciones públicas, la situación de las juezas, y la situación de
los niños y niñas detenidos, entre otros; y 10 audiencias temáticas
desde 2014, sobre temas tales como la independencia judicial en
Bolivia, la violencia sexual contra adolescentes, la reforma penal y
penitenciaria, el derecho a la consulta previa, o los derechos de las
víctimas de la dictadura. A la fecha, la CIDH tiene 91 peticiones
contra el Estado de Bolivia en proceso de estudio, 28 en etapa de
admisibilidad, y 6 en etapa de fondo, relativas éstas últimas a temas
de integridad personal y tortura, desaparición forzada, violencia sexual
y protección judicial. Asimismo, la CIDH desarrolla actualmente
procesos de solución amistosa entre el Estado y víctimas de violaciones
de derechos humanos. En el año 2011, la Comisión otorgó medidas
cautelares para proteger los derechos de una víctima del Estado
refugiada en el exterior; y ha sometido, desde 1997, un total de 6
casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado
de Bolivia.
El eje central de las observaciones de la CIDH en esta visita de
observación a Bolivia fue el ejercicio del derecho a la protesta en un
contexto de violencia generalizada que se desencadenó en los períodos
previo y posterior a las elecciones presidenciales y legislativas, a
partir del mes de octubre de 2019 y hasta la fecha actual, en el país.
Para consolidar sus observaciones, el equipo técnico de la Comisión se
ha apoyado en una alta cantidad de fuentes testimoniales y
documentales, oficiales y extraoficiales, que dan cuenta de fuertes
indicios de violaciones de derechos humanos, con profundas
repercusiones sobre la vida de la sociedad boliviana.
Marco temporal de la crisis
La Comisión observa que las movilizaciones y protestas sociales
en Bolivia se enmarcan en el contexto del proceso electoral realizado
el 20 de octubre, y registraron un punto de intensificación importante a
partir del mes de octubre de 2019.
Las protestas y movilizaciones
fueron realizadas por una amplia diversidad de sectores cívicos,
políticos, étnicos y movimientos sociales; el recurso a la violencia
fue tomado por una serie de actores particulares de distinta afiliación
en el curso de esas protestas y movilizaciones; y los actos lesivos de
los derechos de las personas bolivianas observados por la CIDH fueron
cometidos en el curso de la represión de las protestas por distintos
agentes del Estado.
Esa participación amplia y multisectorial en los
hechos de violencia es el principal factor de complejidad de la crisis
sociopolítica actual, tal y como se refleja en las presentes
observaciones preliminares. Las recomendaciones dirigidas por la
Comisión al Estado de Bolivia giran en torno a la urgente necesidad de
que se genere un proceso de diálogo y reconciliación nacional,
tendiente a desactivar las tensiones potencialmente violentas que hoy
subyacen a las relaciones sociales en Bolivia. La Comisión toma nota y
valora que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia haya
condenado “toda forma de violencia y toda instancia en que se ponga en
riesgo la vida y la seguridad de todos los miembros de la sociedad
boliviana”, y comparte esta visión.
El marco cronológico de la crisis ya ha sido delineado por la CIDH
en sus comunicados de prensa de 2019. La CIDH advirtió que, una vez
hecho público el informe del grupo de auditores de la OEA sobre el
proceso electoral, el 10 de noviembre, el Presidente Evo Morales
anunció la convocatoria a nuevas elecciones y la renovación de la
totalidad de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. De
acuerdo con información pública, el alto mando militar de las Fuerzas
Armadas y la Policía Boliviana solicitaron la renuncia del Presidente
Morales, quien ese mismo día dimitió, aduciendo su voluntad de evitar
que continuase la violencia en el país tras semanas de enfrentamiento.
A
la profundización de la crisis política se sumó la renuncia de otras
altas autoridades del Estado, como el Vicepresidente de la República,
los ministros del gabinete y los presidentes de las Cámaras
Legislativas; y la posterior instauración de un Gobierno interino con
el aval del Tribunal Constitucional.
Como un antecedente relevante, en
su Informe Anual de 2018 la Comisión expresó su preocupación por los
efectos de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017
que anuló el resultado del referéndum constitucional de febrero de
2016 en el que había ganado el “no”, rechazando la modificación
constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa anteriormente, que
buscaba reformar el mandato presidencial para que fuera posible la
reelección continua por más de dos períodos. El 5 de diciembre de 2018,
en el marco de su 170º Período de Sesiones, la Comisión Interamericana
realizó una audiencia sobre el tema de la reelección presidencial en
Bolivia. Dentro del Sistema Interamericano, la discusión sobre un
derecho a la reelección es actualmente materia de un proceso de opinión
consultiva que está en tramitación ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Por otra parte, en este contexto, otras consideraciones
relevantes efectuadas por la CIDH se han referido a la realización de
operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
con el objetivo de mantener y restablecer el orden público con excesivo
uso de la fuerza; así como a la emisión del Decreto Supremo No. 4.078
con el fin de eximir de responsabilidad penal al personal de las
Fuerzas Armadas que hubiera participado en los operativos para el
restablecimiento del orden interno.En cuanto a esta última medida, en su comunicado del 19 de
noviembre de 2019, la Comisión manifestó su profunda preocupación por
las afectaciones de los derechos humanos por dicho instrumento en el
contexto de la contención de las manifestaciones públicas. Sobre este
punto, en su visita, la delegación de la CIDH recibió denuncias de
diversas organizaciones e instituciones nacionales de derechos humanos
sobre la utilización de dicho decreto para servir como una amnistía
irrestricta a la actuación de las fuerzas de seguridad.
Al respecto, la
Defensoría del Pueblo informó que había presentado una acción de
inconstitucionalidad abstracta contra esta norma ante el Tribunal
Constitucional; y recientemente, el día 27 de noviembre, se informó
sobre su derogación.
El equipo de la CIDH recibió información según la cual las
operaciones llevadas a cabo por dichas fuerzas conjuntas militares y
policiales habrían resultado en la pérdida de vidas humanas en
diferentes sucesos en todo el país, entre los que se destacan las
muertes registradas el 11 de noviembre en la Zona Sur – Pedregal del
municipio de La Paz; la masacre de Sacaba, Cochabamba, del 15 de
noviembre; y la masacre de Senkata, en El Alto, del 19 de noviembre. La
Comisión toma nota de que el Decreto Supremo No. 4.078 estuvo vigente
durante las masacres de Sacaba y de Senkata. En ese sentido, la CIDH
recuerda al Estado que, bajo los estándares interamericanos de derechos
humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inoponible en virtud de su
invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido
durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por
ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes
del Estado.
La CIDH también ha sido informada sobre la presentación y
trámite actual de un proyecto de ley en el cual se eximiría de
responsabilidad penal a Evo Morales y a Álvaro García. Al respecto, la
CIDH advierte que bajo los estándares interamericanos, son inadmisibles
las leyes de amnistía, o sus equivalentes, que pretendan excluir la
responsabilidad penal individual de quienes son responsables por
violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de su
rango o nivel de mando en la estructura del Estado.
La protesta social como eje y común denominador de los sucesos recientes
Durante la visita, la delegación de la CIDH recibió denuncias de
manera reiterada sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la
Policía y de las Fuerzas Armadas en el contexto de la contención de las
diversas protestas sociales en el país. Sobre el particular, se
informa que en el curso de las acciones de represión de las marchas y
manifestaciones, diversas personas habrían resultado heridas por
golpes, disparos, o por la utilización indiscriminada de gases
lacrimógenos u objetos contundentes.
En el contexto de las protestas, la CIDH toma nota de la
información de la Defensoría del Pueblo, que registró un escalonamiento
del número de lesionados, empezando en 466 personas el 8 de noviembre y
alcanzando al menos 804 personas el 22 de noviembre. Esta cifra
incluye a las personas que resultaron heridas durante las masacres de
Sacaba y Senkata. La CIDH toma nota de que algunas personas habrían
sido lesionadas, durante los enfrentamientos, por otros actores y grupos
sociales; y de la información sobre las lesiones sufridas por agentes
de la fuerza pública, en sucesos tales como las protestas de la plaza
Abaroa, el 24 de octubre, donde tres agentes de la policía habrían
resultado heridos.
Asimismo, la Comisión resalta la información recibida en el
sentido de que el 22 de octubre, al intentar ingresar al Tribunal
Superior Electoral, algunos manifestantes habrían sido bloqueados por
la Policía, que utilizó golpes y gases lacrimógenos y generó varios
heridos, incluyendo una joven de 16 años. Igualmente, según la
información presentada por la Defensoría del Pueblo, el 31 de octubre
varios grupos de jóvenes intentaron ingresar al Palacio de Gobierno, en
la Plaza Murillo de La Paz, mostrando un alto nivel de agresividad y
apoyados por mineros que tenían dinamita, ocasión en que habrían sido
repelidos por la Policía mediante gasificación, golpes y otros actos
que causaron lesionados entre ellos y entre las personas civiles que
pasaban por el lugar.
La Comisión observa que el desarrollo escalonado de los eventos
políticos y electorales del país marcó el ritmo para la intensificación
diaria y sucesiva de las manifestaciones, enfrentamientos y
consistente derivación hacia la violencia de estas protestas y marchas.
La CIDH recuerda que la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos protege el derecho a la protesta social, imponiéndole al Estado
obligaciones internacionales de estricto cumplimiento, entre las
cuales sobresalen el deber de respeto y garantía de este derecho, y el
deber de abstenerse de interferir en su ejercicio salvo para aquellos
aspectos necesarios para proteger a quienes lo ejercen y garantizar el
orden público, con un uso mínimo de la fuerza represiva y ningún uso en
absoluto de fuerza armada letal. Además, la Comisión urge al Estado a
que avance en la reparación de los lesionados en estos hechos de
violencia y de sus familiares.
La CIDH también llama al Estado a cesar los actos de violencia
atribuibles a agentes estatales, o a grupos privados actuando en
asocio, en connivencia con o bajo la tolerancia de los mismos, y a que
garantice que cada persona lesionada en el contexto sociopolítico
actual reciba el tratamiento médico y sanitario integral al que tiene
derecho bajo la Convención Americana.
Incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial
La Comisión Interamericana toma nota de que las manifestaciones y
protestas en varios casos han degenerado en fenómenos colectivos
violentos, en muchos casos racistas y en diversas formas
discriminatorios.
La CIDH declara su alarma por los distintos discursos
de odio e incitaciones a la violencia a los que han recurrido diversos
actores del país. Al respecto, la CIDH fue informada de la utilización
de estos discursos e incitaciones por parte de funcionarios públicos y
actores privados, quienes se han acusado recíprocamente de instigar a
la población al uso de la violencia. Ello coincide en varios casos con
el recurso simultáneo, desde el Estado, a la persecución penal de los
opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de
sedición, terrorismo e incitación a la violencia.
En efecto, tanto los oficialistas como la oposición se han
acusado recíprocamente de instigar a las masas al uso de la violencia.
La Comisión también toma nota de que fueron consistentes las
declaraciones de quienes tomaron parte en algunas manifestaciones, en
el sentido de que estaban protestando contra actos y patrones de
racismo y discriminación. La CIDH también destaca la información
presentada por la Defensoría del Pueblo, en la cual reporta que ha
registrado docenas de casos de actos racistas y discriminatorios en el
curso de las últimas semanas, en particular actos de violencia verbal, y
algunos casos de retención y humillación pública por motivos raciales
y/o de género.
Entre los actos de racismo y discriminación referidos a la
Comisión sobresalen los que se han cometido contra las así
autodenominadas “mujeres de pollera”, es decir, mujeres indígenas o de
ancestro indígena y campesino que usan el atuendo tradicional como
parte de su cultura, y conforman una mayoría visible de la población
boliviana. Al respecto, distintas personas declararon ante la CIDH que
se habían sumado a las marchas y protestas sociales porque sectores
políticos o sociales específicos habían humillado, despreciado o
vilificado en sus discursos y expresiones a las mujeres de pollera, que
eran sus madres, hermanas, tías o abuelas. Distintos testigos
señalaron que a las mujeres de pollera se les había asesinado,
golpeado, herido, y humillado mediante actos recurrentes tales como
cortarles el pelo.
Igualmente, la Comisión toma nota de los impactos que la
situación actual ha tenido sobre los derechos de los pueblos indígenas
de Bolivia, que conforman un sector mayoritario de la población. Entre
ellos sobresale la afectación del derecho a la integridad cultural de
las personas indígenas por la quema, destrucción y ofensa a la bandera
de la Wiphala. Las ofensas a este símbolo cultural de la población
indígena boliviana, que incluyen su quema y destrucción, han sido
cometidas por agentes de la policía, líderes cívicos y ciudadanos
particulares en diversos espacios oficiales, tales como la Asamblea
Legislativa Plurinacional, y en espacios públicos, como sucedió entre
otras en la plaza central de Cochabamba.
Asimismo, se ha registrado en
videos ampliamente difundidos a agentes de la policía de Santa Cruz que
se cortaban dicho símbolo de su uniforme. Estos actos causaron
inmediatamente indignación, ofensa y rechazo entre amplios sectores de
la sociedad, particularmente los indígenas y campesinos, y
constituyeron parte de los motivos que llevaron a numerosas personas a
unirse a las movilizaciones.
En relación con este punto, la CIDH recuerda que la incitación a la
violencia y los discursos de odio están prohibidos bajo la Convención
Americana, mucho más cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o
líderes sociales para exacerbar situaciones de violencia y tensión
social. Los funcionarios, líderes u otras personas que efectivamente
desplieguen este tipo de incitaciones y discursos deben ser tenidos
como responsables de las consecuencias que sus expresiones tengan sobre
los derechos humanos de la población boliviana. Por otra parte, bajo
la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los
pueblos autóctonos de Bolivia tienen derecho a la integridad y dignidad
de sus culturas.
Arrestos y detenciones arbitrarias
De acuerdo con la información recabada, cientos de personas
fueron detenidas entre el momento del inicio de las protestas y el de
la visita de la delegación de la CIDH. La Comisión observa que, según
lo informado por la Fiscalía General del Estado en el Informe del 26 de
noviembre de 2019, la mayoría de los detenidos se encuentra en
situación de detención preventiva. Asimismo, la información recibida da
cuenta de que esas personas han sido recluidas tanto en cárceles y
carceletas como en centros de reintegración, sitios de arresto policial y
celdas judiciales, y que en diversos casos las detenciones no habrían
sido precedidas por orden judicial, sino realizadas como medida
policial preventiva de escaso o nulo sustento legal.
Al respecto, la delegación de la CIDH obtuvo información en el
sentido de que el 22 de octubre, la Policía habría aprehendido al menos
a 21 jóvenes entre los manifestantes que se enfrentaron a la fuerza
pública y quemaron el Tribunal Electoral Departamental de Beni.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo documentó que el 12 de noviembre
había realizado verificaciones en las celdas de la Fuerza Especial de
Lucha contra el Crimen – FELCC, donde encontró a 28 personas
arrestadas, incluyendo a 4 menores de 18 años, por los hechos ocurridos
en las protestas de Ciudad Satélite de El Alto.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó a la CIDH
en el informe DGFSE No. 153/2019, remitido a la CIDH por el Ministerio
Público mediante oficio FGE/JLP No. 751/2019 y luego mediante la Nota
Diplomática del Estado, que para el día 26 de noviembre, 364 personas
habían sido detenidas con ocasión de los hechos de violencia pre- y
post-electoral, de las cuales una alta proporción fue capturada sin
orden judicial previa, y muchas de las cuales permanecen privadas de la
libertad a la fecha, en todo el país.
Además, el equipo técnico de la
CIDH pudo constatar, en su visita a las celdas judiciales del Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz, que no se lleva un registro
completo ni cuidadoso de las personas que han sido privadas de la
libertad en este contexto.
La Comisión recibió repetidos reportes sobre actos de maltrato
físico y verbal, tales como golpes, culatazos, insultos, amenazas o
similares, infligidos a las personas al momento de su aprehensión por
parte de los agentes de la fuerza pública. En ese sentido, la CIDH toma
nota del informe de la Defensoría del Pueblo del 22 de noviembre, que
refiere que entre el grupo de detenidos que se habían visitado en las
celdas de la FELCC, 18 presentaban heridas en distintas partes del
cuerpo, 2 de ellas graves, y todas requiriendo atención médica que no
se había provisto.
Ante la delegación de la CIDH, en la Cárcel de San Pedro en La
Paz, algunas personas detenidas denunciaron haber sido golpeadas e
insultadas por agentes de la Policía al momento de su detención, así
como obligadas a arrodillarse y otros vejámenes físicos.
El Servicio de
la Prevención de la Tortura (SEPRET) de Bolivia denunció que las
personas detenidas en las últimas semanas estarían siendo llevadas a
lugares distintos de los centros penitenciarios y carcelarios para allí
permanecer privadas de la libertad, donde se les habrían aplicado
castigos físicos, gases, golpes y otros ataques a su integridad. El
SEPRET también denunció ciertas limitaciones que habían sido impuestas a
sus funcionarios para acceder a los sitios de reclusión en todo el
país. La Comisión toma nota de la renuncia, el 18 de noviembre, del
Director de SEPRET, quien según lo informado, habría sido instado
verbalmente a presentar su dimisión.
La Comisión también recibió información sobre amenazas y agresiones
contra personas privadas de la libertad, así como sobre la carencia de
un registro detallado, al momento del ingreso, de las personas llevadas
a los centros de detención, exponiéndolas en consecuencia a
situaciones de alta vulnerabilidad, así como a un alto riesgo de ser
víctimas de tortura o desaparición forzada.
La CIDH recuerda que el Estado está en la obligación
internacional de prestar una especial protección a los derechos de las
personas privadas de la libertad, por su especial estado de
vulnerabilidad; por lo que se le exhorta a que cumpla en el presente
momento con esa obligación internacional básica.
Además, la CIDH
enfatiza la necesidad de proteger a las personas privadas de la libertad
que han dado sus testimonios a la comitiva de CIDH, especialmente en
la Cárcel de San Pedro, donde varios de ellos relataron haber recibido
amenazas tanto por otros presos como por los propios agentes policiales
custodios.
Masacres y asesinatos
En el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, la
comitiva de la CIDH tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida
en Bolivia. Durante su visita, la delegación de la CIDH recibió
abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en
Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales
perdieron la vida por lo menos 18 personas.
La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La Comisión
recibió información testimonial según la cual miembros de las seis
Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación
pacífica al municipio de Sacaba, exigiendo el retorno al gobierno de
Evo Morales y rechazando al Gobierno interino. A la altura del puente
Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera a Cochabamba, se habría
establecido un anillo de seguridad por parte de fuerzas combinadas de
la Policía y las Fuerzas Armadas.
Al momento en el que los
manifestantes intentaron pasar, inicialmente fueron contenidos con la
indicación verbal de que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para
mediar; sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los
pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego
contra la población civil allí reunida, a la que además habrían
atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas.
En estos hechos
habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan
López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando
Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas. También
habrían resultado heridas, inclusive por balas, numerosas personas que
fueron recibidas en distintos hospitales de Sacaba y Cochabamba.
La Comisión toma nota de que existen diferentes versiones sobre
la forma como tuvieron lugar los hechos. Por una parte, algunas
autoridades estatales, incluyendo el Instituto de Investigaciones
Forenses (IDIF) y los mandos policiales, han acusado a los
manifestantes de haberse disparado entre ellos, aduciendo razones tales
como el calibre de las balas que fueron encontradas en los cuerpos de
las personas fallecidas y heridas.
Por otra parte, los numerosos
testimonios recibidos por la CIDH son consistentes al indicar que las
personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por
iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego,
contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza
pública, de manera sorpresiva. En la operación participaron
helicópteros de la fuerza pública, según lo atestiguó el propio
Comandante de la Policía de Cochabamba ante la CIDH.
La masacre de Senkata ocurrió el día 19 de noviembre. Según la
información recibida, un grupo de personas partidarias del MAS
realizaba un bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos del sector
de Senkata, en El Alto. Esa mañana se permitió la salida de la planta
de sesenta vehículos contenedores de gasolina y gas, luego de lo cual
los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la
planta, momento en el cual habrían sido contenidos con armas de fuego
por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército.
En los hechos
resultaron nueve personas muertas por impacto de bala: Devi Posto Cusi,
Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan
José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander,
Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar. Entre las
víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban
participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en
camino a sus casas o trabajos.
También resultaron numerosas personas
heridas, por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras
causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto.
Al igual que con la masacre de Sacaba, algunos funcionarios públicos,
tanto forenses como policiales, han cuestionado que las balas que
mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas
reglamentarias de la fuerza pública.
Al respecto, según declaraciones
públicas, y ante la CIDH, en forma reiterada por las propias víctimas,
estas personas se estaban manifestando públicamente sin violencia y
fueron objeto de represión con armas de fuego por agentes estatales.
También se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de
varios cuerpos sin vida de personas que habrían fallecido en esta misma
masacre, los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin
que se haya vuelto a tener noticia de las personas muertas. En
particular se denunció ante la CIDH que este fue el caso de una mujer
campesina, y de una niña de aproximadamente 12 años, entre otros. Las
víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos
fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera
enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría
incurrido en graves violaciones de los derechos humanos.
En criterio de
la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el
número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y
lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de
personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado
ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial.
El
derecho a la vida, protegido bajo la Convención Americana, es
inviolable, y por su carácter esencial es la precondición para el
ejercicio de todos los demás derechos humanos. Los órganos del Sistema
Interamericano han reiterado que el uso de la fuerza por el Estado debe
ajustarse a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y
proporcionalidad.
Asimismo, se recuerda al Estado boliviano que la
fuerza letal no puede ser utilizada para meramente mantener o restituir
el orden público; sólo la protección de la vida y la integridad física
ante amenazas inminentes y reales puede ser un objetivo legítimo para
aplicar la fuerza letal por parte de agentes estatales. En ese sentido,
la CIDH urge al Estado que implemente en forma inmediata y apremiante
mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la
fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de
manifestaciones públicas. La Comisión además reitera que las armas de
fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los
operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios
policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la
manifestación no deben portar armas de fuego o de otra manera letales.
Adicionalmente, la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con
su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de
los responsables de estos hechos criminales.
Además de las muertes registradas en las masacres de Sacaba y de
Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de
Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera,
de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de
Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha
determinado, todos ellos durante la contención de una protesta
realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y
Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre.
Según la
información presentada por la Defensoría del Pueblo, estas muertes, así
como varias lesiones a personas, fueron producidas durante el ingreso
de las fuerzas policiales y militares al lugar de la protesta,
habiéndose identificado un uso desmedido y desproporcionado de la
fuerza pública en este incidente.
El mismo día, según la información recibida por la CIDH, se
produjo la muerte de Miguel Ledezma González, de 24 años, al parecer
por un impacto de perdigones metálicos no reglamentarios, en un
enfrentamiento con fuerzas policiales y militares en Sacaba. Asimismo,
la CIDH fue informada sobre la muerte de otras personas, incluyendo
agentes de la fuerza pública, en sucesos ocurridos en distintas zonas
del país.
Por otra parte, la comitiva delegada por la CIDH fue informada
sobre la muerte de varias personas durante conflictos violentos entre
diferentes grupos de particulares en el marco de las protestas, como la
muerte, el 11 de noviembre, de Filemón Soria Díaz, de 45 años, cuyo
cuerpo fue encontrado en Cochabamba atado de pies y manos, quien habría
muerto por estrangulamiento con un lazo.
El 12 de noviembre murió Juan
José Mamani, de 35 años, en Cochabamba, tras ser golpeado a muerte por
un grupo de personas; y Marcelino Jarata Estrada murió en Potosí por
un impacto de arma de fuego. En Santa Cruz, en la zona de Montero, el 30
de octubre murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por impactos
de bala, al igual que el joven Roberth C.S., abaleado el 13 de
noviembre en la misma ciudad; las muertes ocurrieron durante
enfrentamientos entre personas que realizaban bloqueos y partidarios de
grupos de opositores al MAS, en los que aparentemente participaron
francotiradores.
Dada la gravedad de los sucesos violentos observados, la CIDH
condena las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el contexto de la
violencia electoral. Al mismo tiempo, hace un firme llamado al Estado
boliviano para que, en cumplimiento de sus obligaciones
internacionales, investigue y esclarezca cada uno de los hechos, con el
fin de establecer los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como
a que provea reparación integral a las víctimas y sus familiares.
La CIDH advierte que se trata de hechos de violencia
extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza
pública como de distintos sectores sociales, en un contexto de zozobra y
conmoción social, en el que han surgido distintas versiones de lo
ocurrido. Más aun, no es claro que la institucionalidad nacional esté
en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal
internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los
responsables. Por lo tanto, en criterio de la CIDH se trata de una
situación típica en la que se plantea al Estado la necesidad de
permitir la instauración de una investigación internacional
independiente e imparcial sobre estos hechos, para coadyuvar a las
autoridades nacionales en dicho cometido, por parte de un Grupo
Internacional de Expertos Independientes.
Heridos entre la población civil
Los hechos de violencia ocurridos en Bolivia han causado un
número de heridos hasta el momento no precisado, pero que claramente
supera las 800 personas y resultará ser mucho más alto cuando se
consoliden los registros completos de las víctimas de las últimas
semanas. Las mediciones del número de heridos y lesionados con ocasión
de los sucesos de las últimas semanas han variado, como es razonable
esperar. Por ejemplo, para el 8 de noviembre la Defensoría del Pueblo
había registrado 466 personas heridas, incluyendo niños, adultos mayores
y personas con discapacidad; para el 18 de noviembre se había
aumentado esa cifra a 715 personas, y en el informe defensorial
preliminar del 22 de noviembre se había elevado el estimativo a 804
personas. Muchos de estos heridos habrían sido lesionados por la
Policía y las Fuerzas Armadas en el curso de las acciones de represión
de las marchas y manifestaciones, fuera con golpes, disparos, gases
lacrimógenos u objetos contundentes; otros fueron lesionados durante
enfrentamientos con otros actores y grupos sociales. Esta cifra incluye
las personas que resultaron heridas durante las masacres de Sacaba y
de Senkata. La CIDH nota que también han resultado heridos en los
enfrentamientos numerosos agentes de la fuerza pública.
Muchos de los heridos han recibido algún grado de atención
médica en diversos centros hospitalarios y de salud, y varios
permanecen a la fecha de hoy hospitalizados. La CIDH visitó a algunas
de estas personas en hospitales de El Alto y en Cochabamba, observando
directamente la gravedad de sus lesiones y su preocupación por los
costos de los tratamientos médicos a su cargo. Sin embargo, también se
recibió información según la cual una alta cantidad de personas heridas
no habría tenido acceso al servicio de salud, especialmente quienes
están privados de la libertad. Ante la CIDH recurrentemente se expresó
la preocupación de las personas heridas y sus familiares por no contar
con dinero para pagar el costo de medicamentos, exámenes y tratamientos
que no están cubiertos por ningún tipo de aseguramiento y de cuyo pago
depende la continuidad del servicio respectivo.
El derecho a la integridad personal es uno de los derechos
fundamentales de la persona humana protegidos por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de
investigar esos hechos y tomar las medidas necesarias para reparar las
violaciones en las que se identifique a sus agentes como responsables.
De conformidad con el derecho a la salud, los Estados tienen la
obligación inderogable de asegurar el derecho de acceso a las
instalaciones, bienes y servicios de salud por quienes lo requieran.
Cuando las personas no puedan hacer valer ese derecho por sí mismas,
como es el caso de los heridos y enfermos, los Estados deben adoptar
las medidas necesarias para facilitar ese acceso, lo cual puede incluir
la búsqueda y recogida de dichas personas, así como su atención
inmediata. Esto incluye la obligación de los Estados de adoptar medidas
positivas para asegurar la atención integral de la salud,
especialmente en circunstancias de peligro para la vida. Así mismo, los
Estados deben abstenerse de impedir que el personal sanitario imparta
tratamientos médicos a las personas que lo necesiten en el marco de
estas situaciones.
La CIDH llama al Estado de Bolivia a que cesen los actos de
violencia atribuibles a agentes estatales, o a grupos privados actuando
en asocio o connivencia con, o bajo la tolerancia de los mismos, y a
que garantice que cada persona lesionada en el contexto sociopolítico
actual reciba el tratamiento médico y sanitario integral al que tiene
derecho bajo la Convención Americana.
Criminalización y persecución de opositores políticos, reales o percibidos
La delegación de la CIDH también recibió reportes sobre la
persecución judicial de numerosas personas a través de investigaciones
penales o procesos judiciales iniciados en razón de sus opiniones,
convicciones o posturas políticas, incluso en razón de su trabajo como
funcionarios públicos del gobierno del MAS.
En particular, altos
funcionarios del Estado del nivel ministerial del actual Gobierno
interino han emitido declaraciones públicas anunciando la presentación
de denuncias y la apertura de investigaciones penales por sedición y
terrorismo contra miembros del MAS. El clima de persecución judicial y
extrajudicial de opositores ha resultado en renuncias masivas y en
cadena de servidores públicos a todo nivel; por ejemplo, la Asociación
de Alcaldes de Bolivia denunció a la CIDH que no menos de 65
autoridades locales habrían presentado su renuncia como parte de este
patrón de presión e intimidación en la vida cotidiana de todo el país.
También es de público conocimiento que a quienes eran vocales
del Tribunal Supremo Electoral -Organo Electoral Plurinacional- de
Bolivia al momento de las elecciones del 20 de octubre se les iniciaron
sendas investigaciones penales, como consecuencia de lo cual
actualmente están privados de la libertad o prófugos.
Tal fue el caso
de vocal Antonio Costas, con quien el equipo técnico de la CIDH se
entrevistó en la Cárcel de San Pedro, en La Paz, al igual que con su
familia, recibiendo testimonios sobre el uso y valoración irregulares,
en su proceso, de pruebas testimoniales exculpatorias, y sobre la
transmisión pública de su detención por los medios de comunicación. La
Comisión manifiesta su preocupación por la situación jurídica suya y de
los demás vocales presos o investigados, y por la garantía de sus
derechos procesales, y demás derechos humanos, bajo la Convención
Americana.
Adicionalmente, el 17 de noviembre se anunció la creación de un
aparato especial en la Fiscalía para detener y procesar a legisladores y
otras personas, supuestamente por actos de subversión y sedición.
También se tuvo conocimiento de la emisión de amenazas de iniciación de
procesos penales por sedición contra un grupo de defensores y
activistas de nacionalidad argentina en Santa Cruz.
Por otra parte, la CIDH tuvo conocimiento de la difusión, a
través de redes sociales, de anuncios, panfletos e informaciones de
carácter persecutorio contra funcionarios y activistas del MAS. En este
sentido, distintos exministros han descrito ante la CIDH la
circulación de listas con sus direcciones particulares, teléfonos,
residencias de sus familiares y otros datos personales, a través de
WhatsApp, Facebook y otros medios, así como de montajes en los que sus
fotografías aparecen bajo signos de “Se Busca” y frases similares; en
varios casos tal distribución de información personal precedió al
saqueo, destrucción e incendio de sus viviendas, o de las de sus
familiares.
La CIDH precisa que también recibió denuncias, durante su
visita, de actos y patrones de persecución judicial de opositores que
habrían tenido lugar durante el Gobierno del Evo Morales; aunque estos
hechos rebasan el marco temporal de las observaciones de esta visita,
para la Comisión es claro que, de verificarse, entrañarían violaciones
de los derechos humanos que deben ser investigadas, juzgadas y
sancionadas oportunamente.
Libertad de expresión, y rol de la prensa en la crisis
Durante la visita a Bolivia, la delegación de la CIDH se reunió,
entre otros, con periodistas, trabajadores de la prensa, comunicadores
comunitarios e independientes en las ciudades de La Paz y Cochabamba,
donde pudo identificar una serie de vulneraciones al derecho a la
libertad de expresión y acceso a la información pública.
En esta
oportunidad, la delegación de la CIDH también recibió información de
organizaciones de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo, la
cual el 28 de octubre, emitió un comunicado exigiendo a los sectores
sociales movilizados, al Estado, a la policía y a los medios de
comunicación, que garantizasen la seguridad e integridad física de los
periodistas durante el desarrollo de su trabajo.
De igual manera, fue
informado que el 16 de noviembre, la Federación Sindical de
Trabajadores de la Prensa (FSTP) de Cochabamba denunció el peligro que
enfrenta la prensa y el riesgo actual para la vida e integridad de los
periodistas que cubren las protestas y manifestaciones sociales en esa
región.
Sobre el particular, durante la visita, la CIDH identificó dos
momentos fundamentales que caracterizarían la situación de la libertad
de expresión y del acceso a la información en el país: antes de la
renuncia del entonces Presidente Evo Morales, el 10 de noviembre; y
después de la misma, cuando la Policía Nacional se amotinó y las
Fuerzas Armadas solicitaron la renuncia del entonces mandatario, para
luego dar lugar a un Gobierno interino, presidido por la senadora
Jeanine Añez.
Según información recabada por la CIDH, del 20 de octubre al 2
de diciembre, se habrían registrado al menos 50 periodistas agredidos
de 20 medios de comunicación nacional e internacional. Dichas
agresiones habrían sido originadas tanto por parte de manifestantes,
como también por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas.
Sobre el particular, fue informado que
en el marco de las protestas y manifestaciones sociales, los
comunicadores de los periódicos El Deber, La Razón, Página Siete, Los
Tiempos, Opinión, de la Agencia de Noticias Fides (ANF), de los canales
de televisión ATB, UNITEL, Gigavisión, Red Uno, Bolivisión, PAT, Tele C
y de las radios Pio XII y Radio San Simón, entre otras, habrían sido
objeto de ataques.
De acuerdo con la información recibida, las
agresiones provendrían de ambos sectores de manifestantes, es decir,
los que estaban a favor del entonces presidente Morales y los que
pedían su renuncia y la anulación de las elecciones de octubre. Entre
las agresiones reportadas se encontrarían golpes, insultos, incautación
y destrucción de equipos, así como obstaculización de coberturas
periodísticas. Así, por ejemplo, fue informado que la motocicleta del
periodista Adalid Peredo de la Red Uno fue quemada a fines de octubre
mientras cubría el paro cívico en Cochabamba. También se reportó la
retención de varios periodistas en El Alto, cuando, según lo informado,
manifestantes a favor del gobierno de Morales habrían rodeado el
aeropuerto, impidiendo la salida del presidente del Comité Cívico de
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se dirigía a La Paz para
entregarle una carta al entonces mandatario solicitándole su renuncia.
Adicionalmente, de acuerdo con la información compartida con la
CIDH, el 8 de noviembre, la situación de violencia en Bolivia habría
tenido una escalada tras el motín policial, alcanzando al menos las
ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Según lo informado,
debido a la ausencia de la fuerza pública se habrían registrado
saqueos e incendios provocados en sedes de partidos políticos,
domicilios particulares de políticos y dirigentes, medios de
comunicación estatales e independientes, así como ataques y
hostigamientos a sus funcionarios. Entre ellos, se registra la quema de
la sede de las Seis Federaciones del Trópico del Chapare y del
Movimiento Al Socialismo (MAS) donde se encontraban las instalaciones
de la Radio Comunitaria Kawsachun Coca; y la toma de instalaciones de
diferentes medios de comunicación estatales y otros canales privados
como TVU, Red Uno, UNITEL.
Durante la visita también fue informado que, el 9 de noviembre,
el director de la radio estatal Radio Tupak Katari y del periódico
Prensa Rural, José Aramayo, fue amarrado a un árbol y vejado durante
horas por vecinos de la zona de Miraflores, en La Paz, incidente que
habría sido documentado por el corresponsal del periódico argentino,
Página 12, Sebastián Moro, quien un día después fue encontrado
inconsciente en su domicilio, con traumatismo en distintos lugares del
cuerpo y luego de seis días falleció. Según lo informado, la familia
del periodista habría denunciado que materiales periodísticos y
herramientas suyas de trabajo habrían sido sustraídas, y pidieron una
investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.
Por otra parte, según la información disponible, el 9 de
noviembre, grupos de manifestantes contra el entonces gobierno de
Morales habrían cercado los medios de comunicación estatal, Bolivia TV y
Radio Patria Nueva en La Paz, bloqueando la salida de cerca de 30
trabajadores y obligándolos a cortar la transmisión de sus señales.
Además, fue informado que, el 10 de noviembre, en el municipio de
Yapacaní (Santa Cruz), militantes del MAS habrían tomado y destruido
las instalaciones de la Radio Ichilo. De igual forma, los canales Red
Uno y Televisión Universitaria de La Paz interrumpieron su producción
debido a amenazas de ataque a sus instalaciones, así como la red
UNITEL, la cual comunicó que la planta transmisora para las ciudades de
La Paz y El Alto habría sido objeto de ataque.
Adicionalmente, la
televisora Abya Yala suspendió sus servicios de prensa, denunciando que
sus trabajadores habrían sido agredidos por manifestantes opositores
del entonces gobierno de Morales tras asistir a una conferencia de
prensa, y que en esta oportunidad se habría amenazado con dinamitar a
ese medio de comunicación.
Adicionalmente, fue informado que, el 12 de noviembre, los
periódicos Página Siete en La Paz, Los Tiempos y Opinión de Cochabamba,
habrían suspendido la circulación de sus respectivas ediciones
impresas, dado el clima de inseguridad y amedrentamiento a periodistas y
sus medios. El periódico El Día de Santa Cruz reportó que dejo de
circular en formato impreso desde el 23 de octubre debido al paro
indefinido en la región.
La CIDH observa que al clima de silenciamiento de la prensa
también han contribuido declaraciones de altos funcionarios
gubernamentales. En este sentido, el 14 de noviembre, la recientemente
designada Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a
periodistas nacionales e internacionales con procesos penales por
sedición, declarando que “aquellos periodistas o pseudo periodistas que
estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo
que hacen algunos periodistas que son bolivianos o extranjeros que
están causando sedición en nuestro país tienen que responder a la ley
boliviana” (sic). Además, indicó que “esos periodistas ya están
identificados” y que el ministro de Gobierno "va a tomar las acciones
pertinentes”.
En este contexto, la CIDH ha registrado agresiones a periodistas
extranjeros de, entre otros, Página 12, TN, Crónica, América, Telefé,
TeleSur y Aljazeera. Sobre este último medio, Aljazeera, fue informado
que su reportera Teresa Bo, fue gasificada de manera intencional por
miembros de la Policía mientras hacía transmisión en vivo de las
protestas. De acuerdo con la información recabada, la mayoría de
corresponsales extranjeros abandonaron el país debido a la alegada
falta de garantías, la presunta presión por parte de manifestantes
contra el gobierno de Evo Morales, y también debido a campañas de
difamación que habrían sido compartidas en diferentes redes sociales
con sus fotografías y la dirección de los hoteles en los que se
encontraban alojados.
Además, fue reportado que, el 15 de noviembre, en Sacaba el
periodista y camarógrafo de la cadena televisiva ATB, Sergio Figueroa,
habría sido agredido por campesinos, quienes le habrían golpeado,
habrían tratado de arrebatarle su equipo, y habrían intentado rociarlo
con gasolina, reclamándole por el silencio de la prensa nacional ante
la masacre allí ocurrida. Según lo informado, en ese mismo episodio,
habría sido lanzado por personas desconocidas un petardo que habría
estallado en medio de los periodistas y militares que estaban en el
lugar, causando presuntamente heridas a cuatro reporteros: Fernando
Bustamante, César Baldelomar, Ronald Aguilar y Sergio Figueroa.
Asimismo, fue indicado que habrían sido apedreados por los
manifestantes otros seis periodistas, a quienes nuevamente se les
habría recriminado por su falta de cobertura. Sobre esta presunta falta
de cobertura, varios comunicadores alegaron que no se encontraban en
condiciones de dar coberturas a las protestas y manifestaciones
sociales en el país debido a la falta de garantías de seguridad.
Igualmente, fue informado que personas presuntamente del Comité
Cívico de Santa Cruz, habrían llamado al analista político y periodista
Carlos Valverde para intimidarlo si seguía criticando al gobierno de
transición y si persistía con sus críticas hacia el presidente del
Comité, Luis Fernando Camacho. Más recientemente, el 3 de diciembre,
fue informado que el caricaturista del periódico La Razón, Alejandro
Salazar, comunicó a la dirección del medio de comunicación que dado el
asedio y amedrentamiento del cual estaba siendo víctima decidió dejar
de publicar sus viñetas alegando que no tenía las condiciones para
continuar realizando su trabajo. Durante la visita, a la delegación de
la CIDH también fue reportado el bloqueo de señal de los canales
internacionales TeleSur y Actualidad RT por parte de empresas privadas,
como Cotas y Comteco, y por parte de Entel, la empresa estatal. Lo
anterior, presuntamente sin ninguna justificación.
Por otro lado, según información proporcionada a la CIDH, desde
la renuncia del entonces presidente Morales se habría identificado el
uso de falsas cuentas en Twitter como parte de la campaña de apoyo al
presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y al
gobierno interino de Jeanine Añez.
Los datos mostrarían alrededor de 68
mil cuentas creadas, las cuales compartieron 14 hashtags que habrían
sido compartidas por 252.090 cuentas diferentes, que hicieron 1’048.575
tuits del 9 al 17 de noviembre., Algunos de estos hashtags son:
#BoliviaLibreyDemocratica, #NoHayGolpeEnBolivia, #EvoEsFraude,
#BoliviaUnida, entre otros.
Finalmente, durante su visita al país, la delegación de la CIDH
también recibió denuncias por parte de periodistas independientes y
comunitarios quienes, debido a la alegada ausencia de medios de
comunicación nacional en la cobertura de los conflictos, habrían
decidido reportar a través de redes sociales y blogs. Según lo
informado, estos periodistas habrían recibido amenazas de muerte y
amedrentamiento por parte de grupos privados de choque, tales como los
así denominados “Resistencia Juvenil Cochala”.
Asimismo, periodistas,
familiares de víctimas y heridos han denunciado la falta de acceso a la
información pública durante la transición de gobiernos. Sobre el
particular, fue informado que a los familiares de los heridos en la
masacre de Sacaba se les habría sido negada información en el Hospital
Viedma de Cochabamba.
Por todo lo expuesto, la Comisión recuerda al Estado que el rol
de la prensa en una sociedad democrática es fundamental, más en
situaciones de alta tensión social y violencia, en las cuales el
ejercicio de la profesión periodística constituye una forma de
denunciar violaciones de los derechos humanos y garantizar la dimensión
colectiva de la libertad de expresión, esto es, el derecho de la
sociedad como un todo a estar informada. Es igualmente importante el
papel de la prensa en el curso de las protestas sociales, y el Estado
debe garantizar que ésta puedan ejercer su labor periodística sin ser
objeto de detenciones, amenazas, agresiones o limitaciones en cualquier
forma.
La CIDH también recuerda al Estado de Bolivia que los
funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse de que con sus
pronunciamientos no estén lesionando los derechos de quienes
contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión
de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y
organizaciones defensoras de derechos humanos; y que deben atender al
contexto en el cual se expresan para asegurarse de que sus expresiones
no constituyan formas de injerencia directa o indirecta o presión
lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la
deliberación pública mediante la expresión y difusión de su
pensamiento.
Asilo y refugio
Según fue relatado al equipo de la CIDH, varios funcionarios que
conformaron el gabinete de gobierno del Presidente Evo Morales habrían
recibido asilo en sedes diplomáticas, específicamente en las de
Argentina y México. Sin embargo, según lo relatado, el Gobierno
interino se habría rehusado a expedir los salvoconductos que dichos
exfuncionarios requieren para salir del país, aduciendo distintas
razones, entre ellas, la apertura de investigaciones penales en su
contra, o su papel en ciertas negociaciones que están en curso. La
Comisión toma nota de la información de que a algunos de los familiares
de esos funcionarios se les habrían otorgado salvoconductos, pero a
ellos no, lo cual podría afectar la integridad de sus familias.
Uso de la violencia por grupos privados y ciudadanos particulares
La Comisión destaca que los enfrentamientos violentos entre
personas particulares han sido una constante de las manifestaciones y
protestas. Desde el primer día del paro cívico, se registraron
enfrentamientos en Santa Cruz en la zona del Plan 3000, en los cuales
por lo menos una persona resultó herida.
Asimismo, personas
entrevistadas por la delegación de la Comisión reportaron la
participación directa en la violencia de grupos privados de diferente
tamaño y con distintos niveles de armamento, así como de
enfrentamientos de distintos grados de violencia ocurridos en el curso
de las manifestaciones.
Según la información recibida, dichos grupos
habrían actuado en ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia
de, agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Tal es
el caso, en particular, de la autodenominada “Resistencia Cochala”,
grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de
participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e
intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en
particular la integridad personal y la circulación de las personas.
Algunos de estos grupos privados ejercen control territorial y limitan
la circulación sobre amplios sectores de las ciudades; incluso sobre la
Plaza Murillo, en La Paz, donde se encuentran las oficinas del Alto
Gobierno y del Poder Legislativo.
Según se informó a la Comisión, el 9 de noviembre, numerosas
personas provenientes de Chuquisaca y Potosí marcharon hacia La Paz
pidiendo la renuncia del entonces Presidente Evo Morales, pero habrían
sido retenidas y torturadas en el sector de Vila Vila por un grupo de
particulares, comuneros de Huancane, que bloquearon el camino e
ingresaron a los buses, desnudaron a hombres y mujeres, y les
amarraron, los obligaron a arrodillarse y acostarse sobre el asfalto
caliente, los apedrearon, rociaron con gasolina y golpearon, además de
robar sus documentos y pertenencias. Simultáneamente, otros grupos
afines al MAS habrían bloqueado distintos puntos de esa misma carretera
para evitar el ingreso de dichos manifestantes a La Paz. La
confrontación habría generado al menos 34 personas heridas; quienes
pretendían marchar se replegaron a la localidad de Challapata, y hubo
una situación de toma recíproca de rehenes de ambos grupos, que fue
resuelta con la mediación de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, se denunció que el activista y defensor Julio Llanos,
adulto mayor que abogaba por los derechos de las víctimas de la
dictadura, fue golpeado el 29 de octubre por dos personas que
participaban en una marcha que pasaba frente a su lugar permanente de
activismo ante el Ministerio de Justicia en La Paz, y luego de estar
hospitalizado por más de un mes, falleció a consecuencia de la agresión.
La Comisión también tuvo conocimiento de que entre los días 28 y
31 de octubre grupos de mineros afines al partido MAS habrían hecho
estallar grandes cantidades de explosivos para dispersar las protestas
en La Paz, sin que las autoridades de policía o gubernamentales lo
impidieran o les impusieran las sanciones de ley.
Según la datos presentados por la Defensoría del Pueblo a la
CIDH, el 30 de octubre, en enfrentamientos entre manifestantes y
personas que querían dispersarlos, murieron en el municipio de Montero
los señores Mario Salvatierra, Marcelo Terrazas y Marcelino Jarata,
todos ellos al parecer por impactos de bala, que según el Instituto de
Investigaciones Forenses no corresponderían a armas de dotación
reglamentaria de las fuerzas de seguridad del Estado. De igual manera,
una confrontación en el municipio de Vinto, el día 6 de noviembre, entre
personas que apoyaban el paro cívico y grupos llegados del campo,
causó la muerte del joven Limbert Guzmán Vásquez, al parecer por
fractura craneal con objeto contundente.
La Comisión nota que la violencia desembocó también en numerosos
actos de incendio, saqueo, destrucción y amedrentamiento. En
Cochabamba el 23 de octubre una manifestación de estudiantes de la
Universidad Mayor de San Simón recorrió las calles, y un grupo de la
misma marcha destrozó el edificio de la sede de las Seis Federaciones
del Trópico de Cochabamba y del MAS. Además, el 21 de octubre fue
quemado por un grupo de manifestantes el edificio del Tribunal
Electoral Departamental de Chuquisaca, con saldo de tres personas
heridas, y el 22 de octubre marchistas quemaron las oficinas del
Tribunal Electoral Departamental de Potosí, del Tribunal Electoral
Departamental de Beni y del Servicio de Registro Cívico de Beni, así
como el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.
El 9 de noviembre, también, quemaron la casa del gobernador del
Departamento de Oruro, quien renunció públicamente, así como la del
Alcalde municipal de Oruro, a quien también quemaron su emisora de
radio, motivando su renuncia. La Comisión observa que fueron quemadas o
destruidas y saqueadas también las residencias y demás propiedades de
la hermana del entonces presidente Evo Morales, del gobernador del
departamento de Chuquisaca, del ex diputado y presidente de la Cámara
de Diputados Víctor Borda -cuyo hermano fue tomado como rehén-, del
senador del MAS Omar Aguilar, de la asambleísta departamental del MAS
Sandra Siñani, del diputado David Ramos, del Ministro de Minería y
Metalurgia César Navarro -así como la casa de su madre en la ciudad de
Potosí-, del entonces presidente Evo Morales, del Ministro de la
Presidencia Juan Ramón Quintana, de la Alcaldesa de El Alto, Soledad
Chapetón, y del dirigente indígena Nelson Condori, representante de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en
el municipio de Guaqui; asimismo, del Rector de la Universidad Mayor de
San Andrés y dirigente del CONADE, Waldo Albarracín.
Al respecto, la CIDH destaca que más de 40 funcionarios públicos
de todos los niveles y ramas del poder renunciaron en cadena por temor
a ser víctimas de actos como estos, incluyendo varios senadores,
diputados, alcaldes, gobernadores, ministros, y viceministros, entre
otros. Varios familiares de los funcionarios públicos respectivos
también fueron víctimas de actos violentos, ataques, retenciones,
insultos y otro tipo de agresiones, incluyendo sus cónyuges, hijos,
padres y hermanos. La Comisión observa que, asimismo, el 10 de
noviembre, empresas y organizaciones particulares fueron afectadas por
saqueos, incendios y destrozos, como fue el caso del incendio de 64
buses del servicio público en La Paz.
En este contexto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la
obligación de investigar los hechos de violencia, saqueo, incendio y
destrucción en los que han participado personas particulares,
identificando, juzgando y sancionando a los responsables, máxime cuando
han resultado personas heridas durante los mismos. Además, tiene la
obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia; de
investigar los hechos en los que han participado; y en el caso de que
lo hayan hecho en connivencia, en asociación, o bajo la permisividad o
inacción de las autoridades estatales, el Estado de Bolivia debe
investigar y sancionar a los funcionarios públicos que han permitido
dichas conductas.
Bloqueos de vías, bienes y servicios básicos
La Comisión toma nota de que desde el 23 de octubre, momento en
que se inició el paro general, se empezaron a generar bloqueos a la
circulación de personas y bienes en todo el país por parte de
manifestantes, tanto en aeropuertos y carreteras como en las calles de
las principales ciudades. Los bloqueos afectaron tanto a líderes
sociales, tales como el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz,
como a legisladores nacionales y a ciudadanos del común, quienes se
habrían visto obligados a acatar las restricciones a la circulación y
acceso impuestas por distintos sectores sociales y por la fuerza
pública.
Al respecto, los presidentes del Senado y la Cámara de
Diputados relataron a la CIDH haber sido sometidos a interrogatorios y
vejámenes antes de poder acceder al recinto de la Asamblea Legislativa
en La Paz. Según la información recibida, algunos de los puntos de
control estarían siendo operados por grupos armados privados que
habrían actuado en connivencia con la Policía y las Fuerzas Armadas.
Se informó a la delegación de la Comisión que la principal
consecuencia directa de los bloqueos, ha sido la escasez de alimentos,
combustibles y bienes básicos, además del aumento de precios. También
se han visto afectados los servicios de salud y de educación, así como
el sector turístico.
Afectaciones a la institucionalidad y la administración pública
Por otra parte, la Comisión también recibió información relativa
a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por
funcionarios públicos, tanto civiles como policiales y militares, que
habrían sido víctimas de violencia en el contexto de la crisis
sociopolítica. La Comisión destaca el caso de la alcaldesa del
municipio de Vinto, Patricia Arce, quien el día 6 de noviembre fue
sometida a humillación y violencia física y verbal públicamente por un
grupo privado de personas, mediante actos que incluyeron cortarle el
pelo, empaparla de pintura y otros químicos, remover parcialmente su
ropa y conducirla forzadamente en público por un camino de insultos,
gritos y agresiones colectivas. La CIDH considera dichos hechos de la
mayor gravedad e insta al Estado a investigar, juzgar y sancionar a sus
responsables.
La CIDH también ha sido informada sobre la muerte de agentes de la
Policía en los disturbios. En particular, tuvo conocimiento de la
muerte del Sargento de la Policía Juan José Alcon Parra, por agresiones
que sufrió el día 11 de noviembre durante el saqueo y toma del Comando
Regional de la Policía de El Alto. Así mismo, se denunció la muerte
del Teniente Coronel Heybert Antelo, comandante de la Unidad Táctica de
Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz, quien falleció en el servicio
el 12 de noviembre tras sufrir una emboscada en un punto del bloqueo
en la ciudad de El Alto.
Adicionalmente, la Comisión recibió información sobre saqueos e
incendios de entidades públicas por turbas violentas. Entre otros, se
destacan, el ataque y saqueo del hospital municipal de la zona La
Portada, el 10 de noviembre; de la Estación de Policía Integral EPI-Sur
de Cochabamba, el 11 de noviembre; de las oficinas de Tránsito,
Radiopatrullas y el Comando Regional de la FELCC de la Ceja de El Alto,
el 11 de noviembre; y de la Estación Policial Integral 5 de la zona de
Ventilla en El Alto, que fue destrozada.
La Comisión observa con preocupación la práctica reiterada de
cercar despachos y oficinas públicas estatales por parte de grupos de
manifestantes, impidiendo el acceso y salida de funcionarios y
ciudadanos, con distintos propósitos y duraciones. La delegación
recibió información de que el 4 de noviembre se cercó el Palacio de
Justicia en Santa Cruz, así como las oficinas de la Fiscalía General
del Estado y del Tribunal Constitucional en Sucre. El 5 de noviembre se
cercaron las oficinas de Impuestos Nacionales, el Banco Unión, la
Aduana Nacional, la Fiscalía, el YPFB, el INRA, Migración y la
Dirección de Trabajo en Santa Cruz. El mismo día, una marcha de
empleados del magisterio encerró las oficinas del Servicio de Impuestos
Nacionales, el Banco Unión, la Alcaldía y la Gobernación de Oruro; y
el 6 de noviembre se cercaron numerosas instituciones públicas en La
Paz incluyendo el Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía
Departamental, el Ministerio de Educación y la Jefatura Departamental
del Trabajo.
Al respecto, la CIDH toma nota de que la Defensoría del Pueblo
en particular ha sido objeto de varios cercos de este tipo e intentos
de toma, entre otras los días 30 de octubre en Potosí, 4 de noviembre
en Cochabamba, 6, 7 y 27 de noviembre en La Paz.
El principal efecto de estos bloqueos ha sido el de generar
temor entre los funcionarios públicos y ciudadanos atrapados, así como
bloquear la provisión de los servicios y funciones que cada una de
estas entidades cumple y presta a la ciudadanía, por lo menos durante
el tiempo que duren encerradas por la muchedumbre.
Conclusiones previas
La Comisión observa con extrema preocupación que, en el contexto
de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los
períodos previo y posterior a las elecciones generales, caracterizada
por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones
sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo,
se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de
amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del
contexto de la protesta social, al nivel más estructural y fundamental
de la sociedad boliviana, con profundas repercusiones sobre la vida
cotidiana del país.
La Comisión considera que cualquier salida a la crisis
sociopolítica, para ser compatible con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, debe priorizar el respeto a los derechos de la
persona humana y a la institucionalidad democrática, sobre los que se
erige el Estado de Derecho. De tal suerte que la transición hacia la
paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas, cesando de
inmediato la violencia y el uso excesivo de la fuerza. Construir un
diálogo nacional amplio y respetuoso se hace imperativo para retomar la
concordia, la convivencia pacífica y la tolerancia social y política
en Bolivia, en apego a los derechos humanos amparados en la Convención
Americana.
En este preciso sentido, la Comisión toma nota, como un factor
de distensión positivo, de la convocatoria legislativa a las
elecciones, e insta a la pronta determinación de la fecha en que se
realizarán tales comicios. La importancia jurídica, política y social
de las elecciones presidenciales y legislativas próximas exige del
Estado la adopción de medidas dirigidas a garantizar el ejercicio pleno
no solamente de los derechos políticos, sino de todos los derechos de
los ciudadanos bolivianos.
La Comisión toma nota de la reciente expedición del Decreto
Supremo 4100, que establece una indemnización monetaria y servicios de
salud para las familias de las víctimas mortales y los heridos durante
la crisis sociopolítica, y dispone que una vez pagada tal
indemnización, los familiares de las víctimas “tendrán por reparado su
derecho ante cualquier instancia internacional”.
La CIDH advierte que
una norma administrativa nacional como ésta no puede jurídicamente
cerrar u obstruir el acceso de esas personas al Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. El derecho de petición ante el Sistema
Interamericano no resulta afectado en su vigencia o contenido por este
tipo de medidas de carácter nacional, pues tiene su fundamento en las
obligaciones convencionales internacionales del Estado de Bolivia.
Más
aún, la CIDH resalta que la compensación monetaria es solo uno de los
componentes del derecho a la reparación integral que tienen las
víctimas de la violencia electoral en Bolivia; tal derecho a la
reparación también les da un título jurídico para reclamar del Estado
medidas de satisfacción, justicia, verdad, rehabilitación y garantías
de no repetición, ante instancias internacionales y nacionales.
Recomendaciones preliminares de la CIDH
Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda en
forma preliminar al Estado de Bolivia:
- Crear un mecanismo de investigación internacional sobre
los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre
de 2019, con garantías de autonomía e independencia para asegurar
el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables;
específicamente, un Grupo Internacional de Expertos Independientes.
- Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la
protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a
la participación política de la población. En esa misma medida,
asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y
manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que estén
acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la
fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
- Tomar medidas dirigidas al cese de la violencia
y de la represión armada de las protestas sociales. Como medio
idóneo para ello, suspender el despliegue masivo de miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles de las ciudades y
poblaciones de Bolivia, y restablecerlos a sus posiciones normales en
tiempos de paz, conforme a sus criterios usuales de mando y
disposición. Igualmente, cesar de inmediato la represión a los
manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de
las protestas, así como garantizar la vida, integridad y seguridad
de todas las personas que se están manifestando y ejerciendo sus
derechos y libertades públicas.
- Desmantelar los grupos armados particulares que han
ejercido la violencia contra la población civil en todo el país,
del bando que sean.
- Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas y sus familias.
- Sistematizar la información de las personas
atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las
protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando
fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado
y en su caso motivos de muerte; dicha información debe ser
pública y desagregada como mínimo por edad y sexo, y debe proveer
un sustento informativo básico para las acciones de reparación de
los perjuicios causados, incluyendo la garantía por parte del
Estado de que a las personas heridas y lesionadas se les provea
atención integral en salud sin costo adicional para ellos.
- Entregar los salvoconductos a las personas que se
encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras
sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a
obtener asilo y refugio, en forma tal que no se fragmenten sus
respectivos núcleos familiares.
- Fortalecer la Defensoría del Pueblo, proteger a sus
funcionarios y respetar su autonomía e independencia para que pueda
cumplir sus funciones sin intervención política de ninguna índole.
- Realizar una revisión legal independiente e
individualizada de todas las imputaciones hechas a las personas
arrestadas y detenidas durante las protestas, y liberar en forma
inmediata a quienes estén detenidos en forma arbitraria o
injustificada a la fecha de hoy, en centros de detención de
cualquier tipo. Asimismo, respetar las garantías del debido
proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos
relacionados con las protestas, y asegurar su acceso a una defensa
técnica y a la administración de justicia.
- Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en
particular mediante la protección de los periodistas, comunicadores y
trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones,
hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de
acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de
los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el
Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los
medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de
censura.
- Garantizar que los periodistas y comunicadores
que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una
manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o
limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su
profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser
destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La
protección del derecho a la libertad de expresión exige que las
autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las
periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como
los referidos a las protestas sociales.
- Conducir desde el más alto nivel del Estado un
proceso nacional de diálogo y reconciliación que permita desactivar las
tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana.
- Adoptar medidas para investigar diligentemente,
juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de
violencia cometidos durante las protestas.
- Es deber del Estado proteger a quienes
testificaron, y continuarán testificando, ante la CIDH. Sin perjuicio de
la procedencia de medidas cautelares interamericanas para casos
concretos, en tanto medida preventiva básica, la CIDH solicita
formalmente al Estado boliviano que adopte las disposiciones
necesarias para garantizar la vida, integridad personal y
seguridad de todas y cada una de las personas que testificaron
ante la Comisión Interamericana en su visita y dialogaron de
alguna forma con ella. De especial interés es la situación de las
personas privadas de la libertad y hospitalizadas con las que
habló el equipo técnico de la CIDH, con respecto a las cuales se
urge al Estado que brinde una protección inmediata mediante las
medidas más expeditas y eficaces. El Estado también deberá
abstenerse de tomar represalias, o de permitir que se tomen
represalias, en su contra.
- Comprometerse a instalar de un Mecanismo
Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Bolivia para
operar en el territorio nacional y contribuir a la pacificación
social.
- Llamar a la CIDH a realizar una visita in loco
por la CIDH a la mayor brevedad, que haga posible a la Comisión ampliar
el marco temporal de verificación de la situación de los derechos
humanos en el país, incluyendo en su análisis hechos, procesos y
factores causales anteriores al periodo estricto de las
observaciones, que pueden tener alto valor explicativo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de
la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 320/19
