Los contrabandistas
de bebidas alcohólicas en Bolivia utilizan las técnicas de la mafia
italiana de los años 20, pero con la tecnología del siglo XXI, afirma la
presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, al
describir esta millonaria actividad ilegal.
El 70% de las bebidas alcohólicas que ingresan al mercado boliviano es
internado por diez puntos fronterizos.
Decenas de clanes familiares,
con un alto nivel de organización, con ingentes recursos y equipos de
tecnología de punta, utilizan técnicas de la mafia italiana para burlar
los controles aduaneros, generando millonarias pérdidas (se calcula unos
$us 100 millones al año) y arriesgando la salud de los consumidores.
Según las autoridades de diversas instituciones, unas 30 marcas de
whisky, ron, vodka, vino y cerveza ingresan vía contrabando y son
comercializadas en mercados, licorerías, tiendas, discotecas y bares.
Cada día, lejos de los puestos fronterizos, dos a tres vehículos, por
lo general indocumentados, se ubican a cinco kilómetros de los camiones
de alto tonelaje que transportan cajas de bebidas alcohólicas, valuadas
en cientos de miles de dólares.
Los contrabandistas, algunos con armas
sofisticadas, realizan un reconocimiento previo a las rutas clandestinas
para ingresar la carga ilegal a territorio boliviano. A través de
teléfonos satelitales alertan si los efectivos del Control Operativo
Aduanero (COA) realizan o no el patrullaje. De esta manera, evitan el
decomiso de gran parte de su mercadería.
Mientras los vehículos de avanzada hacen su trabajo, otro grupo vigila
minuciosamente a los administradores aduaneros en los puntos de control
y, al mínimo movimiento de éstos, alertan al destacamento de
contrabandistas. Otros, hacen llamadas telefónicas a los agentes del COA
proporcionando datos falsos del lugar por donde se estaría internando
la mercadería ilegal.
Los contrabandistas, incluso, prevén la “pérdida”
de un camión en una zona, mientras cantidades de camiones ingresan por
otra ruta salvando todo tipo de control y logrando su cometido.
Estas tácticas utilizadas por los traficantes de licores son descritas
por la presidenta de la Aduana. “Es muy difícil controlar a estas redes
ilegales que mantienen este nivel de organización, porque el destino de
estos líquidos no solo es Bolivia, sino también otros países vecinos”,
asegura la autoridad en una entrevista con Informe La Razón.
“La forma en la que operan es como en la época de Al Capone
(traficante de bebidas que organizó una red criminal en EEUU tras la
aprobación de la Ley Seca, que prohibía la elaboración e importación de
estos líquidos a principios del siglo XX). Son como una mafia y estamos
hablando de ese nivel de organización. Son familias que tienen medios y
mecanismos de control y cuentan con tecnología de punta. Tecnología que
no tiene la administración aduanera, porque la mercadería que están
internando es de alto valor. Realizamos operativos, pero es insuficiente
para proteger los 7.000 kilómetros de frontera que tiene el país”,
revela.
Marcas
Aprovechando esta debilidad de la ANB —entidad que cuenta con 180
efectivos del COA— los contrabandistas internan al mercado boliviano al
menos 30 marcas de bebidas alcohólicas como destilados: Johnnie Walker,
Jack Daniel’s, ron Abuelo, vodka Stolichnaya, Fernet Branca, Capri,
Cachaca 51, Café Coñac y Tres Plumas; fermentadas: Brahma, Trujillo,
Cristal, Quilmes (en lata y botella), Salta (botella y lata), Schneider
(lata), Heineken, Budweiser (lata), Isenbeck (lata), Samba, Colonia,
Kaiser, Brahma, Skol (lata) y Nava Schin.
Además, abarrotan los mercados del país las marcas Vino Toro, Viñas
del Balbo, Vino Uvita, Wine Up, Vino Viejo Tonel (en cartón y botella) y
Saque, según los datos proporcionados por el Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la ANB, el
Estudio Socioeconómico de la Cadena Uvas, Vinos y Singanis Bolivia
(CUVS) y el Análisis del Mercado Ilegal de Bebidas Alcohólicas en
Bolivia realizado por Euromonitor Internacional.
Estos líquidos son internados por “miles de caminos clandestinos”, pero
las rutas más utilizadas, según las fuentes consultadas por Informe La
Razón, son por Perú, mediante el puesto fronterizo de Desaguadero; por
Argentina, a través de Yacuiba, Villazón y Bermejo; por Brasil, mediante
Puerto Suárez, San Matías, Guayaramerín, Puerto Aguirre y Cobija; y
por Chile, a través de las ciudades fronterizas de Pisiga y Charaña. Los
destinos son los mercados de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Oruro,
Potosí y La Paz.
“Nadie
puede tapar el sol con un dedo. Son cantidades ingentes (enormes) de
bebidas alcohólicas, llámese vinos, licores, whiskys o cervezas, que
ingresan de Argentina”, informa el nuevo alcalde de la ciudad fronteriza
de Villazón, Jorge Fernando Acho, electo en las subnacionales del 29 de
marzo.
Estas mercancías y otras son trasladadas de La Playa de Estibaje
de La Quiaca (Argentina) a La Playa de Villazón a través del
contrabando hormiga, donde más de 7.000 estibadores (personas que cargan
y descargan las mercancías de las embarcaciones) acopian productos en
almacenes, de donde son trasladados cada siete días en 50 a 60 camiones
con una capacidad de 30 toneladas cada uno.
Debido a este “contrabando desmedido e incontrolable” los centros de
abasto están “inundados” de licores argentinos. Estas bebidas no solo
están siendo internadas por los puntos fronterizos como el puente
internacional Horacio Guzmán —pasadero que une las capitales fronterizas
de Villazón y La Quiaca—, sino que el contrabando se ha extendido a lo
largo de las fronteras del país. Existen por toda la provincia Modesto
Omiste, Potosí, rutas clandestinas por donde ingresan, en desmedro de la
producción nacional y provocando un daño económico al Estado por
evasión de impuestos, detalla el Alcalde villazonense.
El análisis del mercado ilegal de bebidas alcohólicas de Bolivia, de
2014, señala que la evasión impositiva por contrabando, falsificaciones y
producción artesanal ilegal de licores llega a $us 101 millones, monto
que deja de percibir el Estado de Bolivia.
En el caso de la cerveza que ingresa de forma ilegal, sobre todo de
Argentina y Brasil, la evasión impositiva es de $us 24 millones, según
el estudio realizado, entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, por
Euromonitor Internacional —red de investigación y análisis de productos y
servicios, con cobertura en 210 países—, que fue financiado por la
Cervecería Boliviana Nacional (CBN).
En tanto, el análisis de mercado de 2012 de la CUVS —realizado por
Captura Consulting— refleja que el valor del contrabando de bebidas
alcohólicas es de $us 66 millones. Y la pérdida económica por la
internación ilegal de vino es de $us 9 millones, por el ingreso de 3,8
millones de litros.
La
mayor cantidad de whisky ingresa por Desaguadero (Perú); por Yacuiba,
Villazón y Bermejo, en la frontera con Argentina, circulan vinos y
sidras; en tanto que desde Chile ingresa diversidad de bebidas por Tambo
Quemado; y desde Brasil por Puerto Quijarro.
Según la presidenta de la ANB, la recaudación por la importación de
este tipo de mercancía es cerca de $us 52 millones. “No es algo muy
significativo para nosotros, porque no es un producto esencial, no todos
consumen bebidas alcohólicas. Ahora nuestra prioridad es pelear por la
harina, azúcar, por la soya y otros productos que consumen todos. Las
bebidas alcohólicas son para un grupo reducido. Eso tiene que ver con la
preferencia que tiene cada uno”.
Los que se dedican a esta actividad conforman una “red de
contrabandistas de bebidas alcohólicas”, porque cuando se realizan
incautaciones de estos productos, al igual que con otros, una multitud
de personas evita el traslado de estas mercancías a los depósitos
aduaneros. Rompen los parabrisas de las vagonetas de la Aduana y del
COA. “Contratan mucha gente para defender un cargamento. Se habla de una
importante cantidad de dinero, más aún si se trata de marcas
reconocidas en el ámbito mundial, como el whisky Jack Daniel’s”, indica
Ardaya.
Este conjunto
de personas actúa a través del contrabando organizado mediante camiones;
el pilar de esta actividad es el comerciante mayorista, que por lo
regular se traslada a las ciudades fronterizas de Bolivia para adquirir
productos, y luego transportar a las ciudades capitales o áreas rurales
sus mercancías.
Algunas
veces lo hacen con la ayuda de funcionarios aduaneros, una vez que
llegan a su destino distribuyen las bebidas alcohólicas a mayoristas
informales (tienen bodegas clandestinas), éstos se encargan de vender o
distribuir estos licores a mercados informales; venden al por menor o al
detalle. También pueden entregar estas bebidas a centros de
comercialización que no emiten facturas.
Luego llega al consumidor final, éste puede ser del área rural o urbana, según Euromonitor Internacional.
En ocasiones camuflan el producto en medio de otras mercancías. La
mayorista sale del país para adquirir los productos de otros
comerciantes, interna en camiones las bebidas que se encuentran ocultas
en medio de otros productos y declara una parte de la carga. Una vez
dentro del país entrega los licores a importadoras, éstas pasan la
mercadería a distribuidores, los cuales venden al por menor o al
detalle, incluso a centros de comercialización que no emiten factura.
El contrabando hormiga es otra forma de acopio de bebidas alcohólicas,
entre otros productos. La mayorista sale del país, compra productos en
poblaciones fronterizas fuera de Bolivia. Esta vendedora entrega las
mercancías a un intermediario, éste utiliza el flujo permanente de
personas (bagalleros, estibadores, bicicleteros o lanchas) que cruzan
los puntos fronterizos para acopiarlas en depósitos. Después, la
mercadería es entregada a minoristas o distribuidores pequeños o a
tiendas que no emiten factura, para el consumidor final, que por lo
general son los habitantes de las ciudades lindantes o del área rural.
Estas personas aprovechan la Circular N° 254/2006 de la ANB y el Decreto
Supremo 708, que permite el despacho de importación de menor cuantía
que no debe superar los $us 2.000, para acopiar productos en almacenes.
Los ilegales también utilizan vuelos internacionales para internar
sobre todo whisky de la marca Jack Daniel’s, uno de los destilados más
caros, y su valor puede superar los $us 1.000 —uno de etiqueta azul—,
informa la presidenta de la ANB.
El vino es la bebida de producción nacional más afectada por el
contrabando, que no solo genera pérdidas por evasión al Estado, sino
también frena el crecimiento de la industria nacional, señala la
tarijeña Mercedes Rojas, propietaria de Viñedos y Bodega Sfarcich.
Indica que el mercado boliviano de destilados o licores tiene un
consumo estimado de 7,8 millones de litros de bebidas. De éste, el 50%
es comercializado de manera legal, el otro 50% proviene del contrabando,
la falsificación, adulteración o venta de alcohol no apto para el
consumo humano. Este 50% de comercio ilegal le quita ingresos al país
por un estimado de aproximadamente Bs 315 millones al año ($us 4,2
millones).
“Nosotros
sentimos esta presión competitiva injusta y distorsionada del
contrabando de alcohol, porque para los comerciantes hoy es más rentable
importar y traer licores de forma ilegal de los países vecinos por la
crisis económica que están atravesando, sobre todo Argentina”, dice
Mauricio Hoyos, gerente general de Vinos Aranjuez, Bodegas Milcast Corp.
DAÑO
Como consecuencia de estas transgresiones el mercado nacional se
está cerrando para los productores nacionales, ya que los ilegales son
comercializados a “precios regalados”.
El 70% de las bebidas que se encuentran en los mercados, locales de
diversión y tiendas son de contrabando, informa Rudy Barrón, presidente
de la Asociación de Medianos Productores de Vino de Tarija (Amevit).
Esta ilegalidad ya es una tradición que tiene lugar sobre todo en las
ciudades fronterizas a través del contrabando hormiga o traslado masivo
de mercaderías en pequeñas cantidades en bicicletas, bolsos, entre otras
formas.
“El contrabando
de bebidas alcohólicas es un mal que nos está afectando, sobre todo el
ingreso de vinos de Argentina, que son comercializados en nuestro país a
precios sumamente baratos, porque tienen sobreproducción y el único
lugar donde pueden internarlos es Bolivia. A Chile, Perú y otros países
no lo pueden hacer porque sus fronteras están muy bien resguardadas”,
manifiesta Franz Molina, presidente de la Asociación Nacional de
Industriales Vitivinícolas (ANIV), organización que aglutina a ocho
bodegas dedicadas a la elaboración de vino y singani.
“El contrabando de cerveza afecta de manera notable en los ingresos y
posibilidades de ampliar la industria nacional, para generar mayores
fuentes de empleo”, expresa el director ejecutivo de la Cámara Boliviana
de Fabricantes de Cervezas (Caboface), Alfredo Candia. Explica que en
esta organización se encuentran afiliadas cuatro empresas dedicadas a la
elaboración de fermentados: Cervecería Boliviana Nacional SA (CBN SA),
Sociedad Industrial del Sur SA (SIDS SA), Cervecería Nacional Potosí
Ltda. (CNP Ltda.) y Bebidas Bolivianas SA (BBO SA).
“Los clanes de comerciantes internan bebidas del tamaño de una empresa,
con la evasión de esos recursos tranquilamente se hubiera construido
una fábrica en la que deberían trabajar muchas personas de la región. La
cerveza ilegal está ingresando sobre todo de Brasil y Argentina”,
asegura el gerente de la Cervecería Nacional Potosí (CNP), Carlos Vil.
Según un reporte enviado a Informe La Razón por la CBN, a consecuencia
de esta ilegalidad, las ventas de la cerveza Ducal de Santa Cruz cayeron
en $us 34,18 millones.
“El tema principal no es el daño económico que provoca esta ilegalidad,
sino el deterioro a la salud de las personas, porque no sabemos hasta
qué nivel pueden estar contaminados, si tienen o no las medidas
sanitarias que se exige a las importadoras”, advierte Ardaya, de la ANB,
y añade que existen cerca de 200 empresas que se dedican a la
importación de bebidas del exterior.
Datos proporcionados a Informe La Razón por el Senasag dan cuenta de
que existen 112 compradoras de bebidas alcohólicas registradas. Toda
empresa que desee internar legalmente estos productos debe presentar el
Número de Identificación Tributaria (NIT), croquis de ubicación de sus
almacenes y contar con certificado sanitario de origen del producto que
avale la certeza de que es apto para el consumo humano.
Una vez que cumplen con los requisitos, los importadores deberán tener
un almacén apropiado, con buenas prácticas en el almacenamiento y los
procedimientos operativos estandarizados de saneamiento de sus
depósitos.
“Las bebidas
que ingresan de contrabando, muchas veces, no cuentan con registro
sanitario”, indica Alejandro Mattos, jefe nacional de Inocuidad
Alimentaria del Senasag. Este documento garantiza la calidad de las
bebidas y de cualquier otro producto. Los licores que no tienen este
aval podrían provocar intoxicaciones e incluso ceguera entre los
consumidores.
Esta
entidad sanitaria decomisa y destruye cada año cerca de 40 toneladas
(40.000 litros aproximadamente) de bebidas alcohólicas de contrabando.
Lo que mayormente intercepta es ron, whisky, licores, cerveza, vinos,
vodka, entre otros.
Los
informes oficiales aseguran que además de ingresar por la vía del
contrabando, desde los países vecinos, estos líquidos llegan a Bolivia
de forma ilegal desde Europa, Escocia, Alemania, Estados Unidos y
México. Por lo general éstos son comercializados en La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz.
Esta
ilegalidad pone en riesgo la salud de las personas, porque al ser de
contrabando no existe una garantía o certificación que avale su
procedencia y cumplimiento de la norma sanitaria de origen, además se
desconoce las condiciones de transporte, almacenamiento y manipulación
de estos productos, manifiesta Normando Solano, jefe distrital del
Senasag Tarija.
Las
bebidas de contrabando mayormente llegan de Argentina. “Las comerciantes
están trayendo sobre todo vinos en cartón”, señala Lizeth García,
directora distrital del Senasag Oruro.
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