Eduardo Rosza, principal cabecilla del caso separatismo.
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A seis años de haber sido desarticulado el plan Rózsa, el gobierno del presidente Evo Morales impidió un enfrentamiento armado entre los separatistas y las Fuerzas Armadas, afirmó ayer el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo Gustavo Torrico Landa.
El también ex diputado que formó parte de la Comisión Especial Multipartidaria de Investigación de los hechos y atentados acaecidos hace seis años en la ciudad de Santa Cruz refrendó las conclusiones del informe de esta Comisión, que destaca que “el grupo irregular —liderado por Eduardo Rózsa Flores (+)— tendría como objetivo la fragmentación del territorio nacional de Bolivia”.
Explicó que transcurridos seis años de la desarticulación del grupo ‘separatista’, en la capital cruceña, se presentan dos etapas, la de seguridad y la jurídica, que busca la aplicación de la justicia en contra de quienes fueron parte de estos hechos irregulares.
“Desde el punto policial y de seguridad se ha logrado desactivar una red malvada que si se dejaba crecer, nos hubiera traído consecuencias muy terribles, podía habernos llevado a un enfrentamiento armado”, puntualizó Torrico.
‘Extorsionadores’
En tanto, en el campo jurídico sostuvo que el proceso no fue bien encaminado, al existir “extorsionadores vivillos”, quienes metieron o sacaron gente de acuerdo con su conveniencia y que desvirtuaron el caso inicial.
Se conoció que el Estado boliviano, hace seis años, reaccionó de forma oportuna y a tiempo para quedar libre del separatismo gestado en la ciudad de Santa Cruz.
“Más allá del trabajo de la Comisión Especial de Diputados, en la investigación que se da, aparecen unos ‘vivillos’, el mismo Fiscal que llevó el caso, su ayudante, etc., que ante este hecho a lo que se dedicaron fue a encontrar una forma de extorsionar y por ende se fue deformando el proceso como tal”, señaló.
Lamentó que en el primer proceso no se incluyera a Juan Carlos Guillén, quien según su punto de vista es uno de los más implicados porque fue la persona que alojó y dio alimentación al grupo irregular, tres de cuyos miembros fallecieron en el hotel Las Américas.
Ampliación a involucrados
En criterio del ex Viceministro de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, en el actual proceso legal varios quedaron al margen del proceso, pero uno de los notables es Juan Carlos Guillén, ahora el resto que cayó está preso.
“Guillen es uno de los principales financiadores, les pagó —a los miembros del grupo irregular— los hoteles Las Américas, Santa Cruz, atentaron contra el Cardenal, ¡y cómo los van a dejar libres! Aquí ha habido una mala intención, ha existido un tema de cohecho del Fiscal y por eso hay que iniciarle un proceso penal”, aseveró.
El caso Terrorismo se investiga desde abril de 2009, después de que la Policía desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba encabezada por Rózsa Flores e integrada por bolivianos y extranjeros.
