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Política
La investigación en cinco casos en contra del senador Róger Pinto identificó a asambleístas, ex congresistas e incluso al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y otros políticos.
LA PAZ - Cambio
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ayer que asambleístas opositores recibieron dinero de la casa de juegos Bingo Bahiti en la época en la que se trató la Ley de Juegos, entre ellos el senador Róger Pinto, quien pidió asilo a Brasil para escapar de los procesos penales en su contra.
“El señor (José María) Peñaranda, ex gerente de Bingo Bahiti, entregaba (dinero) a algunos parlamentarios, entre ellos el señor Róger Pinto, Luis Felipe Dorado, Javier Orosco, Julio Cortez, Adrián Esteban Oliva, Neiva Paola Irma Zapata, Roy Moroni, Franz Choque, Vanesa Moreno, Jaqueline Lavive, María del Carmen España de Alpire, todos ellos recibían dineros de los bingos Bahiti, nosotros pensamos que era para favorecer a esta casa de juegos”, aseveró Suxo.
La Ministra explicó en el programa El pueblo es noticia que las fechas de los cheques hallados en un allanamiento en la casa de juegos coinciden con el tratamiento de la Ley de Juegos. También puntualizó que las sumas en algunos casos fueron muy pequeñas, pero en el caso del senador Róger Pinto representan montos altos.
La titular de Transparencia también recordó la campaña de desprestigio con solicitadas que se publicaron en varios periódicos a nivel nacional, en las que se difamó a su familia. Pero en la investigación se supo que fue el Bingo Bahiti el que pagó, firmado por el senador Pinto y su bancada.
Suxo aseveró que el daño que hizo Pinto fue millonario y que las cifras que se tienen son provisionales, ya que las investigaciones que se hacen en el proceso verificarán el monto total.
Pinto es investigado desde el año 2006 y 2008, recién se pudo colectar las evidencias para presentar un sumario judicial al Ministerio Público.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción denunció cinco casos de corrupción en contra del senador Pinto: por la transferencia de un porcentaje de los ingresos de Zofra a la Universidad Amazónica de Pando; porque el asambleísta dispuso cuando era Prefecto terrenos de propiedad del Estado, vendiéndolos a particulares; por permitir una irregular asignación de fondos en avance; por irregularidades en el proceso de contratación de empresas para la construcción de cuatro desembarcaderos en el departamento de Pando; y por indicios de su favorecimiento económico, presuntamente, a cambio de propiciar la aprobación de la Ley 060 para favorecer a las casas de juego.
En estos casos, no solamente está imputado o procesado el senador Pinto, “hay otras personas, por ejemplo en el caso de la Zofra Universidad está el señor Becerra, Remberto Oni, Fernando Castillo Valdez, todos ellos tanto de la Aduana Cobija como de la Prefectura. En el caso de Zofra Terrenos tenemos también que están siendo procesados el señor Efrén Balcázar, Ángel Boris Salvatierra, David Ángel Muracami García”, dijo Pinto.
En el caso de la otorgación irregular de fondos en avance, la Ministra
identificó además de Pinto a José Ricardo Jimocagua, Carlos Camacho
Baur, Leopoldo Fernández, María Angélica Seguers, Erson Rivera, Wálter
Méndez, José Antonio Castedo, Henry Tuesta, Liliana Becerra y otros, que
llegan a una veintena.
“En el tema de los desembarcaderos quiero hacer notar que el señor Pinto hace un acuerdo para la construcción de desembarcaderos que aún no fueron entregados desde la gestión de Pinto, entre el año 2000 y 2001, y los imputados son Leopoldo Fernández, Paulo Bravo, Carlos Camacho Bauh, María Seguers Vargas, Nico Ulloa, Celso Rojas, Óscar Camacho, Pedro Villafiel Villarroel, todos ellos ex funcionarios, en esta caso de manera ilícita se le da este contrato al ingeniero José Villavicencio Amuruz (UN) y su esposa Paola Terrazas de Villavicencio cuando este señor era senador de la República (presidente de la Cámara Alta), se le da un contrato a un servidor público haciendo uso indebido de influencias, y el contrato es de más casi un millón de bolivianos sin procesos de licitación, siendo de manera directa”, señaló.
