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El legislador explicó que la democracia comunitaria se enmarca en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara "constitucional" a la consulta para la construcción o no de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por ese parque nacional, pero previo a un acuerdo sobre en el contenido y el procedimiento de ese proceso, que es rechazado por la IX marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
"Hay una diferencia sustancial entre la figura del consenso a partir de mecanismos de democracia representativa y la figura del consenso a partir de democracia intercultural, democracia comunitaria. En la democracia comunitaria, el consenso se construye a partir de las normas y los procedimientos propios, en este caso de los pueblos del TIPNIS con el Estado", manifestó.
Mendoza sostuvo que para realizar ese proceso los indígenas tienen "claro" cómo construyen sus consensos, ya sea mediante una asamblea, un cabildo o un espacio de deliberación "no de voto", en la que se emite una resolución que detalla los acuerdos.
"No hay voto, no es una cuestión de mayoría, de dos tercios o figuras parecidas, sino es el carácter del consenso", subrayó.
En esa dirección, Mendoza instó a los corregidores de las 63 comunidades del TIPNIS a iniciar el diálogo con el Gobierno para consolidar la consulta como una "nueva institucionalidad en democracia".
Indicó que el consenso deberá ser alcanzado por los representantes de los tres pueblos del TIPNIS, trinitarios-mojeños, yuracarés y chimanes, que habitan las 63 comunidades de esa reserva natural.
"Es necesario que ellos con base en sus normas y procedimientos y con la presencia del Estado se pongan de acuerdo en los alcances del protocolo, tomando en cuenta la sentencia constitucional y la Ley 222", manifestó.
Precisó que el objetivo de ese consenso es encontrar la "guía" para realización de la consulta o el protocolo, por lo que consideró a ese procedimiento como una "condición básica" que debe tomar su tiempo.
En ese marco, el legislador llamó a las partes a avanzar en la aplicación de la sentencia del TCP, que es de cumplimiento obligatorio, enmarcada en la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
"No podemos apelar en términos normativos a otra instancia, no puede haber otra resolución, entonces en algún momento los actores en conflicto se tienen que sentar para que el proceso de la consulta fluya", dijo.
Consultado sobre el escenario de la concertación, Mendoza consideró que se debe realizar en la ciudad de La Paz con la participación de los 63 corregidores del Tipnis, para lo que el Estado debería brindar los mecanismos logísticos necesarios a fin de generar las condiciones del diálogo.
Fuente: ABI
