miércoles, 7 de septiembre de 2011
BOLIVIA INFORMA, MIÉRCOLES 7, SEPTIEMBRE 2011
TITULARES
• Bolivia: ¿Un “narco-Estado”?, Por J. Carlos Zambrana M.
• Según analistas la derecha y su prensa atacan al gobierno
• ONU destaca la lucha antidroga de Bolivia
• Buenos Aires: Condenan a boliviano por explotar en taller textil
• Boliviano millonario explotaba a sus compatriotas en Mendoza
• Rescatan en Bolivia a joven argentina víctima de trata
• Suprema argentina analizará caso de boliviana sin casa
• Aduana boliviana devolverá 8.000 autos robados en 4 países
• Avión de Aerocon, con nueve personas a bordo, desaparece
• Otra excusa: Indígenas opositores ahora piden la presencia de Evo
• Evo lamenta que dirigentes velen sólo por intereses sectoriales
• Campesinos apoyan construcción de nueva carretera
• Destituyen a 4 fiscales por faltas graves
• Piden juicio contra 2 expresidentes por petrocontratos
• Separatismo será un nuevo delito penal
• En Sucre abren la primera oficina contra el racismo
• Brigada Andina Solidaria inicia travesía de 26 días por Uyuni
• Unos 1.000 empresarios de Argentina y Brasil en Expocruz 2011
• En Bolivia advierten: Palomas pueden causar unos 40 males
• Sudamericano de ciclismo: Bolivia logra 4 oros en cross country
• Tenis de mesa: Bolivianos ganan tres medallas en Paraguay
Bolivia: ¿Un “narco-Estado”?
Por Juan Carlos Zambrana Marchetti
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-07&idn=53978
La cadena Univisión denunció recientemente la penetración del cártel de Sinaloa en Bolivia, calificó al país de narco-Estado, y acusó de negligentes a la policía y a dos ministros de Estado, presumiblemente, por no haber actuado para impedirla. Para nadie es un secreto que el narcotráfico se ha exacerbado en todo el continente debido al efecto salchicha, por el cual brota, por otro lado, todo lo que se aprieta con el Plan Colombia y el Plan Mérida. Tampoco es misterio que, debido al alto grado de politización que tuvo la DEA en Bolivia, el Gobierno de Evo Morales decidiera expulsarla para afrontar el narcotráfico con recursos propios y la cooperación de los países vecinos. La nueva política antidroga es transparente, se está introduciendo nueva legislación, tecnología moderna, software contra al lavado de dinero, escáners terrestres, y aviones no tripulados. Es incuestionable que los esfuerzos y resultados son loables.
Univisión se empeña en ignorar toda esa evidencia para establecer, basándose en información generada por la oposición a Morales, alguna conexión entre el narcotráfico internacional y el Gobierno boliviano. Su careta de imparcialidad se desvanece al tomar en cuenta que el video utiliza como experto en asuntos bolivianos a Douglas Farah, el autor de una serie de libros cortos destinados a justificar la intervención en los gobiernos revolucionarios latinoamericanos. Dos de esos libros, uno contra Bolivia y otro contra Ecuador, fueron repartidos en forma gratuita en el Capitolio, el 17 de noviembre de 2010, durante un evento de la extrema derecha internacional llamado Peligro en los Andes: Amenazas contra la Democracia, Derechos Humanos y Seguridad Interamericana.
En dicho evento se reunía lo más radical del partido republicano, que, tras su victoria en las elecciones de medio término, empezaba a satanizar a Ecuador, Venezuela y Bolivia como amenazas para los intereses estadounidenses y la seguridad interamericana, apoyados en los “testimonios” de las oposiciones locales de dichos gobiernos, las cuales se habían hecho presente una vez más en Washington pidiendo la intervención en sus países. Los republicanos, por su lado, con base en ese pedido, pretendían radicalizar la política exterior estadounidense, aduciendo la “erosión que estaba sufriendo la democracia de esos países por la perniciosa influencia de actores hostiles como Irán, grupos terroristas y narcotráfico”.
Entre los panelistas, figuraban Alejandro Aguirre, presidente del Inter-American Press Association; Marcial Fabricano, líder indígena boliviano; Enrique Herrera, congresista ecuatoriano opositor de Rafael Correa; Luis Núñez, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz y enemigo acérrimo de Morales; Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, negando su guerra mediática contra Hugo Chávez; Javier El-Hage, de la Fundación de Derechos Humanos con base en Nueva York, dirigida por el cubano Armando Valladares e implicada en el financiamiento del grupo terrorista desarticulado en Bolivia cuando éste trataba de dividir el país y asesinar al presidente Morales; José Cárdenas, ex subadministrador de Usaid para Latinoamérica y ex miembro del Consejo Nacional de Seguridad; Joseph Humire, del Atlas Economic Research Foundation; Jon Perdue, del Fund for American Studies; Víctor Hugo Velazco, otro líder indígena boliviano opuesto a Morales; y Róger Noriega y Otto J. Reich, ambos ex subsecretarios de Estado para el hemisferio occidental durante la administración de George W. Bush.
El video emitido ahora por Univisión conecta los dos eventos en una trama de largo alcance que intenta producir una especie de Primavera Árabe en la región andina. El concepto de 'Estado fallido' ha sido desde siempre utilizado para intervenir en países que intentaban desmarcarse de la política señalada por Washington. El fantasma del comunismo fue usado constantemente en Latinoamérica, pero con el desplome de la Unión Soviética y del muro de Berlín, por un lado, y el surgimiento de China como potencia mundial acreedora de Estados Unidos, por el otro, el comunismo no sirve ya para estigmatizar a nadie. Las nuevas causas son ahora las mencionadas en el panel de la derecha reunida en noviembre de 2010 en el Capitolio: erosión de la democracia, violaciones a los derechos humanos, terrorismo y narcotráfico, este último utilizado ahora por Univisión.
El nexo entre el video y la conferencia es Douglas Farah, autor de la serie de libritos propaganda de la extrema derecha republicana, publicados por el Instituto Interamericano por la Democracia, una organización que supuestamente se dedica a promover la democracia, pero que en realidad promueve a la derecha internacional. Sobre esta organización, que funciona de parapeto para las grandes estrategias continentales de la extrema derecha, se conoce que su director ejecutivo es Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de defensa de Bolivia durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ambos prófugos de la justicia boliviana por ordenar disparar contra el pueblo que protestaba por el saqueo de su gas natural. Sánchez Berzaín vive protegido en Miami, estrechamente vinculado con el liderazgo político del exilio cubano, conspirando ya no sólo contra Bolivia, sino también contra Cuba, Ecuador y Venezuela. En su Concejo del IID figuran, entre otros, Carlos Montaner y Armando Valladares, dos conocidos cubanos anticastristas vinculados con la CIA.
Al principio de la administración Obama, el mundo confiaba aún en que los demócratas pudieran resistir los embates republicanos en cuanto a imponer la política exterior de intervenciones que aún mata gente alrededor del mundo y destroza la economía de Estados Unidos. Hoy, tendremos que ser más sobrios en nuestras expectativas y reconocer que la amenaza contra los pueblos de Los Andes toma cuerpo. En el caso boliviano, actores conspirativos que trabajan encubiertos para producir una avalancha de desinformación con la cual están montando un clima de tormenta perfecta contra Morales.
Con respecto al problema real del narcotráfico, el mundo progresista espera que el Gobierno de Evo Morales logre hacer realidad, a la brevedad posible, la transición definitiva de los cocaleros del Chapare a la producción agrícola diversificada con capacidad de exportación. Que pasen a ser gestores del propuesto polo de desarrollo bajo el modelo productivo comunitario. Si logran acelerar la sustitución de cultivos, desvirtuarán todas las campañas difamatorias que la oposición ha montado contra Morales por la coca excedentaria, se defenderá el acullicu con la hoja masticable de los Yungas y lloverán recursos internacionales para el despegue del chapare.
Aunque el narcotráfico en Bolivia no fue inventado por Evo Morales sino por las dictaduras de los años setenta, ni los mineros fueron relocalizados en el chapare por Evo sino por la derecha que les cerró las minas en los años ochenta; en el presente, esa producción de coca excedentaria es la única mancha de desprestigio internacional que la derecha ha tenido algún éxito en promover contra el proceso de descolonización más prolífico que haya vivido el pueblo boliviano. Evo y los cocaleros no son los culpables del narcotráfico, pero pueden terminar con él definitivamente eliminando la coca excedentaria.
No hay que permitir que Bolivia sea intervenida con esa excusa, pero la iniciativa tiene que seguir siendo revolucionaria, acertada y oportuna. Evo lo está haciendo extraordinariamente bien con su política de “coca sí, cocaína no”. No es una política perfecta, porque incluye la contradicción de que mientras exista la coca excedentaria habrá cocaína, pero es lo mejor que se puede hacer por el momento, ya que esa hoja es lo más rentable que se produce allí por ser un producto liviano y fácil para transportar. La racionalización es la forma temporal que se ha encontrado para permitirle sobrevivir al campesino, mientras se construyen las carreteras y plantas de procesamiento de frutas y vegetales, además de la apertura de los mercados que hagan rentable la sustitución de cultivos. Creo que hacia ese objetivo marchan los proyectos del Gobierno boliviano, por eso el polo de desarrollo del chapare es un sueño de justicia social que cuenta con simpatías en el mundo entero. Las acusaciones contra Evo y su Gobierno son obviamente interesadas y de origen político, como ha sido demostrado.
Según analistas la derecha y su prensa atacan al gobierno
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-07&idn=53977
Grupos de la ultraderecha nacional e internacional aplican una estrategia desestabilizadora en contra del Gobierno, utilizan como instrumento el narcotráfico y a algunos medios privados, según dijeron, en declaraciones separadas, dos analistas.
Estas declaraciones surgieron a raíz de un reportaje emitido por la cadena Univisión, en Estados Unidos, en el cual se denunció, el jueves, que supuestos "cárteles del narcotráfico" operan en Bolivia.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, desmintió esos informes y denunció una campaña de estigmatización en contra del Estado, que utiliza para ese fin "laboratorios mediáticos".
Al respecto, el abogado constitucionalista Williams Bascopé dijo que detrás está una estrategia mediática e intereses políticos y económicos de sectores de la ultraderecha nacional y del mismo Pentágono, a fin de debilitar la imagen del Gobierno.
"La seguridad es prioridad de cualquier Estado. En este sentido, cuando se mediatiza el asunto de la seguridad del Estado y se comienza a mostrar fragilidad, se genera una desconfianza en la ciudadanía, y a eso apuntan justamente los sectores conservadores de extrema derecha en Bolivia y obviamente están muy bien conducidos por alguna estrategia mediática que no sólo se incuba acá, sino que se ensaya a partir de redes internacionales", afirmó.
"No nos sorprendamos —agregó— de que los replicadores de estas noticias sean justamente los medios de comunicación más conservadores que tenemos en Bolivia. Estigmatizar a todo un Gobierno, a todo un Estado, de que es un 'narcoestado', raya justamente en la resistencia de estos sectores, que no aceptan su derrota política y son un brazo operativo del Pentágono, de la CIA y de la misma Embajada".
Parecida lectura hace el analista Marcos Domic, quien califica la versión televisiva como una estrategia prefabricada y digitada con algunos medios por la derecha, con el ánimo de desprestigiar al Gobierno. Esto, dijo, no es la primera vez que pasa.
"Es un asunto delicado, pero lo que la opinión pública tiene que reconocer, fundamentalmente, es que esto es prefabricado, con el ánimo de desprestigiar al Gobierno, y no es el único aspecto (...) todo esto es coincidente con el intento de utilizar hasta a las organizaciones sociales, campesinas e indígenas con este motivo del Tipnis (...) todo esto parece realmente orquestado, y es un asunto de los medios de comunicación de la derecha, digitados desde el exterior, y no es la primera vez que pasa", dijo Domic.
Difundir los logros
Según Domic, "lo que corresponde es investigar y debatir estas supuestas pruebas delincuenciales de la manera más responsable posible"
Para Bascopé, es necesario que el Gobierno mejore las estrategias de difusión de las políticas y tareas contra el narcotráfico, ya que los medios de la derecha están aprovechando y ganan terreno.
POSICIONES DE DOS AUTORIDADES
Juan Ramón Quintana, el 26 de agosto, denunció que el Gobierno de EEUU puso en marcha, mediante Usaid, una segunda ofensiva de conspiración que implica desestabilizar las elecciones judiciales, dividir a los sectores sociales, criminalizar al Estado boliviano y generar conflictos mediante la Iniciativa para la Conservación de la Amazonia.
El ministro Sacha Llorenti denunció el domingo una campaña "fabricada en laboratorios mediáticos" que pretende estigmatizar al país con el narcotráfico.
APLP: Medios no tienen culpa de los errores
El fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, manifestó que ningún medio de comunicación guarda especial interés en desacreditar al Gobierno usando el asunto del narcotráfico.
"No creo que ningún medio de comunicación nacional o internacional tenga interés concreto en desprestigiar al Gobierno de Evo Morales. El narcotráfico es algo que afecta a la humanidad toda, no solamente a los medios de comunicación".
Asimismo, dijo que no se puede atribuir a los medios de información masiva las políticas erróneas implementadas por el Ejecutivo, en tanto que —opinó— el narcotráfico en Bolivia se ha incrementado.
"Está absolutamente demostrado que el narcotráfico se ha incrementado en Bolivia, de tal manera que el fracaso de las políticas públicas elaboradas desde el Ministerio de Gobierno no puede ser atribuible a ningún medio de comunicación", dijo Vargas.
"El reportaje de Univisión debe alertar al ministro Llorenti, lejos de ofenderlo", agregó el dirigente.
ONU destaca la lucha antidroga de Bolivia
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-07&idn=53927
El representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDD) en Bolivia, César Guedes, destacó ayer los esfuerzos y logros del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
“La ONUDD está viendo resultados en la lucha contra el narcotráfico, porque el Gobierno a través del Tesoro General de la Nación (TGN) invierte 20 millones de dólares tanto en las tareas de racionalización de cocales como en el combate a los narcos”, resaltó Guedes.
Anotó que la entidad que representa hará público un informe al respecto, en el marco del Programa F-57 de la ONU sobre cultivos de coca en Bolivia
Guedes destacó la decisión gubernamental de sancionar a quienes incumplen con el cato de coca o se vieron vinculados al narcotráfico, en especial en el trópico de Cochabamba.
La guerra contra el narcotráfico —aseguró— es larga y complicada, hay batallas que se ganan y otras que se pierden, pero la unidad entre Gobierno, sociedad civil y los medios de comunicación es importante para lograr éxito en la lucha contra esa lacra.
“Nuestro consejo es que Bolivia prosiga con la lucha directa contra el narcotráfico, junto a las acciones de Inteligencia, para que se desechen percepciones de que no se hace lo suficiente, como indican algunos medios”, recomendó el representante de la ONU.
Por otro lado, sostuvo que el dinero producto de las actividades ilícitas ingresa por todos los sectores en un país con problemas de narcotráfico.
Por su lado, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres anunció que el Gobierno superará ampliamente la meta de cinco mil hectáreas anuales de erradicación de cultivos excedentes, y ésta vez se pretende superar las 12.700 hectáreas hasta fin de año.
La autoridad recordó que en 2010 erradicaron 8.200 hectáreas, tres mil más que lo establecido por la Ley 1008 y los organismos internacionales como las Naciones Unidas.
El titular de Defensa Social aseveró además que desde la suspensión de actividades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) el combate contra este flagelo es más afectivo.
Buenos Aires: Condenan a boliviano por explotar en taller textil
Por Mariana Carbajal
PAGINA 12, BUENOS AIRES.-
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-176212-2011-09-07.html
Un ciudadano boliviano, dueño de un taller textil clandestino en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, se convirtió en el primer condenado por trata de personas para trabajo forzoso, desde que se tipificó el delito en 2008. El hombre recibió una pena de cuatro años de prisión. El fallo fue dictado por la Cámara Federal N0 2 de San Martín. A sus víctimas, tres mujeres, una de ellas adolescente, las fue a buscar a su pueblo natal, en el departamento de Cochabamba, y las trajo a la Argentina “bajo engaño”, aprovechándose de su “situación de vulnerabilidad social”, destaca la sentencia. Como suele suceder en estos casos, originalmente les ofreció un puesto como costureras pero luego las obligó a trabajar más de quince horas por día en tareas de limpieza y con el pretexto de que le debían el costo del pasaje no les pagó nada. Cuando se produjo el allanamiento a la vivienda-taller se encontró un par de esposas colgadas en la habitación donde dormían.
Tampoco les permitía salir a la calle, si no era con un permiso o acompañadas de un familiar de él. “Esto es claramente una situación objetiva de maltrato y reducción a condiciones inhumanas de trabajo, situación que también aparece en los dichos de las víctimas que refieren maltrato verbal y hasta en el plano simbólico, pues ese carácter presentan las esposas colgadas en la habitación donde dormían las víctimas. Qué mensaje más claro que ése. No es necesaria palabra alguna”, dice la sentencia del Tribunal Federal Nº 2 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Alberto Cisneros, Marcelo Díaz Cabral y Víctor Horacio Bianco.
El fallo tiene fecha del 5 de agosto pero recién trasciende ahora. El dueño del taller textil clandestino fue identificado por sus iniciales como RCV. El hombre acordó someterse a un juicio abreviado para lo cual reconoció su culpabilidad y se acordó la pena leve, de cuatro años. Su defensor oficial fue Sergio Moreno. Quedó probado en la causa que RCV viajó a su pueblo natal, Punata, en Bolivia, entre agosto y principios de septiembre de 2009, para localizar personal para trabajar en su taller textil. Contactó así a sus víctimas: ESC, a su tía SC y a la hija de ella, DC, de 17 años.
“Las convenció de ir a trabajar a su taller, aprovechándose de sus necesidades económicas, prometiéndoles engañosamente un ingreso que nunca iba a cumplir. Para ello las trasladó de manera irregular a nuestro país, al ingresar el 8 de septiembre de ese año como turistas cuando su finalidad era otra”, detalla la sentencia. Las llevó a su domicilio, ubicado en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde también funcionaba el taller clandestino. Ahí “las sometió a trabajos forzosos” hasta que ESC, aprovechando un permiso para ver a su marido, se alejó del lugar y realizó la denuncia que originó la causa judicial.
El 12 de noviembre de 2009 se produjo un allanamiento al taller, en el que participaron además de fuerzas de seguridad, inspectores de Trabajo, de Migraciones, de la AFIP y de la municipalidad de La Matanza. Detectaron que se encontraba “fuera de todas las reglamentaciones y control estatal, y que las víctimas estaban en situación migratoria irregular”. En ese procedimiento se encontró que RCV tenía sin autorización legal una pistola Bersa calibre 45, sin número visible que resultó apta para disparar.
La sentencia destaca que se probó que el reclutamiento fue “mediante engaño” y con “aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”. Una de las mujeres tenía una deuda por un crédito bancario. Les ofrecieron 40 centavos por pieza. Pero ni siquiera cumplió con esa miserable propuesta laboral. En cuanto a la forma en que se desarrolló el trabajo dentro del taller “la voz de las víctimas fue concluyente”, indica el fallo. ESC contó que cuando llegaron le dieron solamente tareas de limpieza, luego las de costura, y pese a la promesa de 40 centavos por persona y por pieza, la paga debía ser dividida entre las tres. “Esto por cierto era meramente declarativo, pues a pesar de haber excedido largamente el mes de trabajo, nada de dinero les dio. Que siempre les decía que tenían una deuda con él. El trabajo comenzaba entre las 5 y las 6 de la mañana y seguía hasta las 23, diciéndoles siempre el imputado que debían trabajar por lo menos una temporada –ocho meses– para cobrar, si no les iba a dar la mitad”, describe la sentencia.
RCV fue condenado por ser autor del delito de trata de personas “con fines de explotación para trabajo forzoso, por haber mediado engaño y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, agravado por el número de víctimas y por ser una de ellas menor de edad, en concurso ideal con facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional agravado por el abuso de necesidad e inexperiencia de las víctimas, todo en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra”.
Ciento veinte procesamientos
Al 30 de agosto de 2011, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), que encabeza el fiscal Marcelo Colombo, registra 120 procesamientos por trata, 93 de ellos en causas iniciadas por explotación sexual y 27 por explotación laboral. Hay, además, otros 25 autos de procesamiento cuyas copias todavía no fueron enviadas al organismo. La jurisdicción que contabiliza el mayor número de causas por trata es Misiones, con 19, seguida por San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con 18, y La Plata, con 15. De las 383 investigaciones preliminares que impulsó desde la sanción de la ley de trata en 2008, el 61 por ciento corresponden a trata para explotación sexual y el 33 por ciento, laboral.
¿Por qué hay un porcentaje muy superior de procesamientos por trata para explotación sexual que laboral? El fiscal explicó que se debe a que la explotación sexual ocurre en locales como whisquerías y burdeles, cuya actividad se anuncia públicamente, lo que favorece la cantidad de investigaciones y denuncias. Colombo observó que otro problema de las investigaciones de trata con finalidad de explotación laboral es determinar cuándo hay “reducción a servidumbre” y cuándo sólo una relación laboral abusiva. Para establecer esa distinción desde la Procuración General de la Nación se elaboró una guía orientativa para los investigadores.
Boliviano millonario explotaba a sus compatriotas en Mendoza
LA VOZ, ARGENTINA.-
http://www.lavoz.com.ar/noticias/negocios/millonario-empresario-empleaba-indocumentados-para-construir-barrio-cerrado
En un operativo de rutina de control de empleo registrado, la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó a 17 trabajadores bolivianos dedicados a la construcción, que no estaban declarados ni contaban con la documentación necesaria para trabajar en el país, según informó el organismo mediante un comunicado.
Asimismo, la Afip descubrió que su empleador –de la misma nacionalidad– no sólo evadía las cargas sociales de su personal, "sino que también tenía orquestada una empresa constructora e inmobiliaria fuera del circuito legal".
Durante el operativo realizado en una obra en el municipio de Guaymallén, los agentes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social relevaron a los trabajadores y todos manifestaron que trabajaban para Onofre Paco Vega.
"Acorralado, el capataz de la obra se comunicó telefónicamente con su empleador, que se presentó a los pocos minutos ante los inspectores fiscales mientras continuaban con el relevamiento", agrega el comunicado.
Empleador. El empleador llegó al predio manejando una camioneta BMW, modelo X6 último modelo valuada en $400.000 (UNOS 100.000 DOLARES), lo que despertó grandes sospechas a los agentes fiscales. Durante el interrogatorio, el empleador comenzó asegurando que no tenía nada que ver con la obra a decir que era el vicepresidente de la firma Chilcaneños SA.
De la misma manera, el empleador iba modificando sus respuestas con relación a sus empleados. Comenzó diciendo que no los conocía, luego aseguró que eran sus parientes y terminó prometiendo que pronto iba a regularizar la situación de los trabajadores. Paco Vega concluyó afirmando que el capataz de la obra era en realidad el presidente de la firma y lo obligó a firmar el acta de la Afip.
El empleador quiso que se incluya en el acta de la Afip que ellos sólo estaban encargados de la construcción de las acequias del predio.
Sin embargo, el área de fiscalización descubrió que Onofre Paco Vega "era accionista y director de Chilcaneños SA. Asimismo, el contribuyente jamás realizó pagos a la Afip por Ganancias, IVA o Bienes Personales, pero en cruces informáticos se pudo determinar que realizó al menos 58 operaciones de compra-venta de inmuebles en los últimos tres años, por un valor superior a 5.500.000 pesos".
La Afip rastreó las propiedades vendidas por Paco Vega Onofre y se observó que las propiedades se encuentran en complejos de similares características al predio donde se estaban realizando las acequias, aunque los precios por los que se comercializan son hasta tres o cuatro veces superiores a las declaradas en las escrituras, encontrándose los mismos en zonas residenciales del Gran Mendoza – Guaymallén – cuyo valor del metro cuadrado es sumamente significativo.
Su madre. Por otros cruces informáticos, también se determinó que el capataz no era el presidente de la firma, sino lo era la madre de Onofre Paco Vega. Esta mujer, que no declara ninguna actividad ante la AFIP, compró en 2008 el 50 por ciento de una camioneta Toyota Land Crusier (valuada en $ 422.000) y es titular de seis propiedades adquiridas en el año 2005. Además, en los últimos años vendió 8 propiedades, valuadas en más de un millón de pesos.
Ahora, la AFIP investiga los activos a nombre del contribuyente, pero también los activos de sus familiares, personas y sociedades relacionadas que no tienen capacidad para justificar sus actividades y bienes.
Indicador Mínimo de Trabajadores. Para calcular la evasión previsional generada por el empleador, la Administración Federal de Ingresos Públicos hará uso de la Herramienta IMT (Indicador Mínimo de Trabajadores) establecida en la Ley 26.063 y reglamentada por la Resolución General (Afip) Nº 2927.
Básicamente consiste en un sistema de determinación de oficio de la cantidad de personas que deben emplearse para cada actividad y los consiguientes aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social.
Buenos Aires, 6 de septiembre (Télam).- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relevó a 17 ciudadanos bolivianos sin documentación, que eran explotados por un empresario de su misma nacionalidad en la construcción de un complejo de viviendas en Guaymallén, Mendoza, se informó en un comunicado.
"El titular de la empresa constructora evadía cargas sociales, impuestos y las ganancias que obtenía de la compra de terrenos y venta de inmuebles", aclara el texto.
La AFIP descubrió que "el empleador, de nombre Onofre Paco Vega, tenía una empresa constructora e inmobiliaria fuera del circuito legal".
El empresario arribó al operativo "manejando una camioneta BMW, modelo X6 (valuada en 400 mil pesos)", y llegó a admitir que "era el vicepresidente de la firma Chilcaneños SA", continúa la gacetilla.
La AFIP rastreó las propiedades vendidas y observó que se encontraban en complejos de similares características al predio donde se estaban realizando las acequias, aunque los precios por los que se comercializan son hasta tres o cuatro veces superiores a las declaradas en las escrituras.
Por otros cruces informáticos, también se determinó que "el presidente de la firma era la madre de Onofre Paco Vega, quien no declara ninguna actividad ante la AFIP, pero compró en 2008 el 50 por ciento de una camioneta Toyota Land Crusier (valuada en 422 mil pesos) y es titular de seis propiedades adquiridas en el año 2005".
"Además, en los últimos años vendió 8 propiedades, valuadas en más de un millón de pesos", determinó el organismo.
Ahora, la AFIP investiga los activos a nombre del contribuyente, y los de sus familiares, personas y sociedades relacionadas que no tienen capacidad para justificar sus actividades y bienes.
Para calcular la evasión previsional, se utilizará un sistema de determinación de oficio de la cantidad de personas que deben emplearse, los aportes y las contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social. (Télam).-
Rescatan en Bolivia a joven argentina víctima de trata
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137065&EditionId=2645
Una joven de La Quiaca (localidad fronteriza de Argentina) fue sometida a explotación sexual en la población de Villazón (Bolivia) por una red de trata y tráfico de personas que la capturó al salir de una actividad educativa.
La adolescente fue buscada durante 23 días por sus padres y autoridades de su país con apoyo del Consulado argentino en Potosí. Fue liberada por sus captores después de que se supo que la tenían en un burdel en la capital, Sucre.
El portal de radio Erbol relata que la adolescente fue “levantada” a principios de agosto, cuando salía de un colegio de secundaria de Villazón. En esa población, la Policía detectó que había una joven en un prostíbulo e hizo el allanamiento, pero los traficantes de personas ya la habían llevado a la ciudad de Sucre, donde la drogaron y obligaron a prostituirse.
CIFRAS. En Bolivia, la Policía reportó para el primer semestre del 2011 que se denunciaron 113 casos de trata y tráfico de personas, siendo Cochabamba el departamento con más casos, según los datos del Observatorio de Trata de Personas difundido por ANF.
En ese departamento, en seis meses, se reportaron 47 casos de trata de seres humanos y tres casos de tráfico de emigrantes; en La Paz fueron 27; en Santa Cruz, 20; Tarija, nueve; Oruro, cuatro; Potosí, dos; Chuquisaca, dos; y a uno en Beni y Pando.
Sin embargo, el 2007, el entonces defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, presentó un informe en el que se reveló que 15.984 menores de edad salieron del país a la Argentina por diferentes pasos fronterizos, información que fue corroborada para 2010 por el actual Defensor, Rolando Villena.
Suprema argentina analizará caso de boliviana sin casa
Por Irina Hauser
PAGINA 12, BUENOS AIRES.-
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-176250-2011-09-07.html
Sonia Yolanda Quisbeth Castro y su hijo de 6 años vivían en la calle. Ella es una madre sola, de nacionalidad boliviana. El nene padece una discapacidad causada por una encefalopatía crónica. Cuando consiguieron el subsidio para familias en situación de calle pudieron irse a vivir a una habitación, pero la ayuda sólo duraba diez cuotas (meses) de 450 pesos cada una, según un decreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y después? Para esa pregunta no había respuesta. En 2008 estaban otra vez a la intemperie, en la intersección entre Pichincha y Brasil. Por eso Sonia, representada por la Defensoría Pública, pidió con un recurso de amparo que se le garantizara “el derecho a una vivienda adecuada”: ganó en primera y segunda instancia, pero todo se dio vuelta en el Superior Tribunal porteño. Su apelación finalmente llegó hasta la Corte Suprema, que, sorpresivamente, resolvió ayer convocar a una audiencia pública para el 15 de septiembre. Allí la Defensoría tendrá que explicar las razones del reclamo y el gobierno de Mauricio Macri deberá decir por qué sostiene que no hay un derecho irrestricto a la vivienda e invoca un límite presupuestario (a pesar de que subejecuta las partidas destinadas a resolver el problema habitacional). Pero la convocatoria, más allá del peliagudo debate, anuncia una decisión de los jueces supremos de intentar definir si, en definitiva, existe tal “derecho a la vivienda” y cómo se garantiza.
El defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, informó a Página/12 que hay cientos de demandas en trámite similares a la de Sonia. Cerca de cuarenta, señaló, ya están en la Corte. En su mayoría reclaman lo mismo: la garantía del derecho a una vivienda adecuada o, en el caso de que se los incorpore a un plan habitacional, que el subsidio permita efectivamente acceder a pagar el costo íntegro de un alojamiento. Y el reclamo judicial suele venir ante la falta de una respuesta política (o de política habitacional) que no se ciña a dar subsidios limitados en tiempo y montos, como sucede en la actualidad. O a ofrecer los “paradores” para pernoctar, que no admiten grupos familiares y algunos están denunciados por falta de condiciones mínimas de higiene. El reclamo de Sonia tiene el agravante de que su hijo es menor de edad y padece una enfermedad que requiere tratamiento específico. En el máximo tribunal admiten que, aunque se trate de un planteo individual, la solución judicial que le proporcione podría convertirse en “caso testigo” para todos los demás, no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las provincias y a nivel nacional.
La Corte suele convocar a audiencia pública cuando tiene un tema a estudio con implicancias políticas y/o sociales, como éste, y cuya discusión seguramente dará que hablar. El hecho de abrir el debate ante la sociedad pondrá al gobierno de Mauricio Macri en la situación de tener que sincerar una posición que hasta ahora viene traduciendo en decisiones como: haber gastado apenas el 19 por ciento del dinero destinado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad en el primer semestre de este año, o sea que la tendencia a la subejecución (el año pasado ejecutó 44 por ciento) no cambió ni después de las muertes en el Parque Indoamericano en diciembre; fomentar los desalojos y acompañar con frases tales como la que pronunció el propio Macri tras el desalojo en el Indoamericano, cuando culpó a “la inmigración descontrolada”.
A la audiencia del jueves de la semana próxima están convocados, a las 10 de la mañana, representantes de la Defensoría Pública (seguramente irá Graciela Christe, quien se ocupa del caso de Sonia y su hijo), funcionarios del Gobierno de la Ciudad y el procurador general de la Nación, Esteban Righi. El procurador porteño, Ramiro Monner Sans, le dijo a este diario que aún no tienen definido quién irá en nombre de la administración PRO. Consultado por su posición (ya plasmada en la causa), dijo: “Recién empezamos a analizar el caso; a veces quienes reclaman piden cifras no previstas en los subsidios, y a veces lo hacen porque ya cobraron la totalidad y se les terminó, si después de eso no hay otra respuesta u ofrecimiento es una decisión política”.
Sonia había conseguido que en primera instancia la jueza Alejandra Petrella le concediera una medida cautelar en la que disponía que a ella y su hijo se los debía incluir en “un programa de emergencia habitacional que asegurara la unidad del grupo familiar”, y luego ordenó al gobierno porteño que le diera “adecuada asistencia habitacional” mientras continuara su situación de calle, mediante los subsidios previstos por decreto o cualquier otro plan equivalente “que resguarde los fines habitacionales perseguidos”. La administración de Macri apeló: uno de los argumentos que utilizó es que no hay un derecho liso y llano a la vivienda y que existe un límite presupuestario que maneja el Poder Ejecutivo local sobre el cual la Justicia no puede opinar. La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sí avanzó en el análisis del monto del subsidio y señaló que ante la “acreditada situación de vulnerabilidad” del grupo familiar, incluso las cuotas de 700 pesos (fijado por el decreto 960 del 2008, que a su vez añadió exigencias para recibirlos) “podrían resultar insuficientes”. Condenó entonces otra vez al Gobierno de la Ciudad a “proveer un subsidio que asegure a la parte actora un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad (...) hasta tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que su estado de necesidad ha cesado”.
Después de ese fallo, Macri llevó el tema al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde encontró una respuesta favorable. El fallo no hizo más que remitirse a uno anterior, conocido como “Alba Quintana Pablo, c/GCBA”, con el que la Corte porteña sentó su jurisprudencia en la materia. En resumidas cuentas, dice que las normas que regulan la cuestión habitacional no brindan “un derecho inmediato e irrestricto a obtener una vivienda, los subsidios son medios paliativos que pueden ostentar carácter parcial y temporario, sin que corresponda a los jueces asignarlos”. Aunque lo consideraron un asunto que excede la órbita judicial, dijeron de todos modos que los paradores que ofrece el gobierno porteño para pasar la noche constituyen una respuesta suficiente. El caso “Alba Quintana” es uno de los tantos que se encuentran en la Corte Suprema. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (Copadi) presentaron un “amicus curiae” ante la Corte Suprema en el que cuestionan los términos de la resolución del tribunal porteño.
“El derecho a la vivienda es una garantía reconocida en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, en el 14 bis de la Constitución Nacional y en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero no la ofrecen los paradores ni la ayuda momentánea y excepcional”, dijo Diego Morales, del CELS, para explicar su planteo. “O se sostiene el subsidio mientras dura la emergencia habitacional o se planifican alternativas para cada grupo familiar, desde construir casas hasta promover créditos. Hay que buscar una salida definitiva pero hasta ahora no ha habido una política que piense en la solución a este problema”, advirtió.
La Defensoría y las ONG recibieron con elogios la decisión de la Corte de llamar a una audiencia pública. Luego, a sus señorías se les viene encima un debate de lo más complejo: definir los alcances del llamado derecho a la vivienda; qué pasa con quienes siguen en situación de calle cuando se les termina el subsidio (los excluidos del sistema); hasta qué punto la Justicia puede meterse con las políticas de un gobierno y sus prioridades presupuestarias; qué pasa –como en este caso– cuando hay un menor que para colmo padece una enfermedad y, un punto sensible, qué pasa cuando quien reclama es una ciudadana de otro país que vive en territorio argentino.
Aduana boliviana devolverá 8.000 autos robados en 4 países
PAGINA SIETE.-
http://www.paginasiete.bo/2011-09-07/Economia/Destacados/9Eco00307-eco.aspx
Hasta la fecha, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) detectó en el proceso de legalización de vehículos indocumentados al menos 8.000 vehículos que fueron reportados como robados en Chile, Argentina, Brasil y Perú.
Según ANF, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, señaló que de los propietarios que pagaron sus DUI, sólo un 20% , es decir 30.000, se acogió al sistema de plan de pagos.
“Esa situación demuestra que los aranceles están al alcance de todas las personas que importaron los vehículos o que los tenían en su poder y procedieron a su saneamiento”, informó Ardaya.
De la misma manera, anticipó que se encuentra en estudio la forma o el mecanismo por el cual se devolverán los 8.000 vehículos que la Dirección de Robo y Prevención de Vehículos (Diprove) detectó como robados en los países vecinos.
La titular de la Aduana, según ANF, dejó entrever que se analiza el procedimiento para realizarlo a través de la Cancillería o a través de la entidad policial y que una vez se determine la forma en la que se haga, se procederá a su devolución.
Ardaya recordó que el registro de vehículos indocumentados concluye el próximo 7 de noviembre. El trabajo que realiza esa entidad se hace a base de datos de las alcaldías del país y del Registro Único de Automotores (RUA), lo que permite detectar motorizados que circulan ilegalmente en el país.
El Gobierno puso en marcha la legalización de motorizados indocumentados en junio pasado, medida que generó rechazo en diferentes sectores.
Avión de Aerocon, con nueve personas a bordo, desaparece
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137079&EditionId=2645
Una aeronave de la línea Aerocon, con matrícula CP 2548 con 7 pasajeros y 2 tripulantes, desapareció anoche cerca del aero- puerto de Trinidad. Hasta pasada la medianoche, la nave no había sido encontrada por los equipos de búsqueda.
Según la información preliminar de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la nave partió del aeropuerto de El Trompillo (Santa Cruz) a las 18.00, con destino a Trinidad (Beni). “Aproximadamente a 10 millas (16 kilómetros) de su destino tuvo el último contacto con la torre de control del aeropuerto Jorge Henrich, que indicaba iniciar procedimiento de aproximación”.
Nelson Kin, gerente de Marketing y Ventas de Aerocon, señaló a la red PAT que el último contacto de la nave fue alrededor de las 19.00 y no descartó que hubiera sufrido los efectos de la humareda de los chaqueos del Beni o fallas mecánicas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que la visibilidad en los llanos orientales, la chiquitanía, Santa Cruz y Beni se redujo a tres kilómetros.
Kin dijo que el avión, con capacidad para 20 pasajeros, estaba tripulado por Santiago Román y Mauricio Blajovich, que transportaban a Eddy Martínez, Sergio Marañón, Minor Vidal, Óscar Valencia, William Lara, Daniel Montenegro y Joaquín Gutiérrez. Este último no fue confirmado. Sin embargo, se adelantó que dos de ellos serían de nacionalidad colombiana.
La DGAC desplazó un equipo de búsqueda hacia Loma Suárez y Chuchini, que es el área del último contacto y hoy un equipo técnico investigará el hecho en la zona del incidente.
Otra excusa: Indígenas opositores ahora piden la presencia de Evo
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.-
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San Borja, BOLIVIA, 6 sep (ABI).- El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, denunció que la "impostura" socavó otra vez el diálogo entre el gobierno del presidente Evo Morales y los dirigentes de los marchistas indígenas opuestos a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, el martes en la ciudad amazónica de San Borja.
"Parece que el portazo, la intransigencia, la impostura son dominantes para administrar este escenario del diálogo que, entiendo, la dirigencia (de los indígenas) da por finalizado", afirmó tras el fracaso de un nuevo intento por alcanzar un acuerdo con los líderes de la marcha que hace tres semanas discurre, con pausas, las ciudades de Trinidad y La Paz.
Romero denunció que pese a que la comisión de ministros, viceministros y directores del Ejecutivo se avino a los pedidos de la dirigencia de los marchistas, ésta evitó a toda costa la prosecución de las conversaciones en San Borja.
"Nos han hecho una solicitud y hemos respondido a esa solicitud. Nos hemos puesto a solicitud de ellos una y otra vez", narró luego que la dirigencia de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano y la Asamblea del Pueblo Guaraní volviera a descartar el diálogo bajo la condición de exigir a toda costa la presencia de Morales en un punto de la marcha y tras rechazar la propuesta del Ejecutivo de celebrar una consulta para elucidar el tema.
"Ha sido un escenario coreográfico, para fingir un diálogo. Lo cierto es que, sabemos a través de declaraciones en los medios de comunicación que los dirigentes están señalando que nosotros hemos abandonado el diálogo", deploró el Ministro durante una conferencia de prensa luego que los marchistas anunciaran su decisión de reanudar la protesta sin atender los ruegos de la comisión oficial.
El pedido a raja tabla de exigir la presencia de Morales en la marcha y de sortear, con infinidad de argumentos, los requerimientos y concesiones de los ministros, fue retratado por Romero como un camelo, oculto detrás de intereses políticos y sectoriales.
"Me parece un argumento muy inescrupuloso, muy poco ético", dijo Romero que citó de testigos a los medios de comunicación emplazados en San Borja, como también al defensor del Pueblo, Rolando Villena y el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Dennis Racicot.
La autoridad señaló, a manera de ilustrar la "impostura" asumida por los marchistas, que el 21 de agosto último el Gobierno ofreció una entrevista con Morales en La Paz, la misma que también fue rechazada.
"Esta solicitud fue denegada", afirmó al explicar que "esta mañana les pedimos que no se cierren en la única opción de que el Presidente baje a la marcha, sino que manejemos otras alternativas" y, otra vez, "se cerraron ante esta posibilidad".
"Nos pidieron entonces que demos una respuesta oficial hasta las 3 de la tarde (de este martes) y hemos enviado nuestra comunicación escrita recepcionada por el señor Miguel Champa del Comitè de Marcha", describió.
Pese a la negativa en rotundo de los dirigentes de los marchistas, un millar, según cálculos coincidentes privados y oficiosos, Romero subrayó que la comisión de ministros, integrada además por el de Hidrocarburos, José Gutiérrez, y de Justicia, Nilda Copa, permanecerá en San Borja a la espera de la eventual reanudación del diálogo.
"En todo caso la comisión de ministros se va a mantener en San Borja el tiempo necesario hasta recibir cualquier señal de reinstalación por parte de los marchistas", afirmó.
Romero expuso en detalle, en una suerte de marcha y contramarcha planificada de antemano, los pedidos atendidos de los marchistas y, a vuelta de hoja, rechazados.
Reveló que la dirigencia de los marchistas, que se oponen en rotundo a que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no transige en tratar los 16 puntos de su petitorio si antes no se dilucida el tema referido al trazo de la vía, lo que mantiene congelado el diálogo.
Los mismo, el tema referido a la paralización del Aguaragüe, centro neural de la exportación de hidrocarburos bolivianos a Brasil y Argentina.
Bajo el argumento que esto derivaría en la virtual paralización del país, cuya economía gira entorno a las ventas de gas y petróleo, el Gobierno ha rechazado de plano este punto, segundo de la Plataforma de pedidos de los marchistas, que representan a 20 de las 60 comunidades que habitan el TIPNIS.
Por último, como medida de contingencia, Romero dijo que el Gobierno efectuará todas las diligencias" para evitar cualquier tipo de colisión" entre los marchistas por el TIPNIS y otras comunidades que rechazan su postura, en el trayecto de la caminata.
Evo lamenta que dirigentes velen sólo por intereses sectoriales
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-07&idn=53974
El presidente Evo Morales lamentó ayer que los dirigentes de los marchistas indígenas del oriente velen por intereses sectoriales y no por los de la mayoría de los bolivianos al exigir demandas que afectan al desarrollo nacional.
El Jefe de Estado hizo algunas reflexiones sobre la marcha en la entrega de viviendas, títulos de tierras y un sistema de comunicación móvil, a los pobladores de Lagunillas, población ubicada en el departamento de Oruro.
Señaló que los proyectos que beneficiarán al país deben ser respetados y no estar sujetos al interés de pequeños grupos.
Asimismo, agregó que los dirigentes de los pueblos del oriente que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) dicen que viven de la caza y la pesca, pero impiden que las extensas tierras que existen en la región sirvan para el mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos.
"Lamentablemente, los informes de la región muestran que algunos de sus pobladores están loteando Territorios Comunitarios de Origen (TCO), cuando la propia Constitución Política lo prohíbe", manifestó.
Remarcó que algunos de los habitantes del Tipnis "venden ilegalmente troncos de madera a los empresarios madereros nacionales y extranjeros sin preservar el medio ambiente y la reforestación, lo que provoca un grave daño a la zona".
Aseveró que, además, el sector ha incorporado en su pliego de peticiones "demandas inatendibles, como la paralización de las operaciones de exploración, explotación y exportación de hidrocarburos de la zona de Agüaragüe, en el chaco de Tarija".
"Bolivia no puede paralizar las exportaciones de gas a Argentina y Brasil porque son la fuente de recursos que le permiten llevar adelante programas de desarrollo social, como el pago de bonos a diversos sectores de la población", dijo.
Puntualizó que esos recursos también son entregados a las gobernaciones, municipios y universidades para que encaren programas que benefician a las regiones de todo el país.
Otra de las demandas de los dirigentes de los pueblos del oriente boliviano es paralizar las obras de construcción de carreteras en otras regiones, lo que generó diversas reacciones.
El Jefe de Estado lamentó que detrás de esas exigencias "existan intereses ocultos para perjudicar al desarrollo nacional". También destacó que el Gobierno siempre ha mostrado interés para dialogar y por ello envió a varios de sus ministros a tomar contacto con la dirigencia de los pueblos del oriente.
"Antes los gobiernos utilizaban gases y balines para reprimir a los pueblos y sus marchas, mientras que ahora prima el diálogo como el mejor mecanismo para solucionar los problemas y alcanzar acuerdos", enfatizó.
El Presidente añadió que las acciones realizadas por algunos dirigentes pretenden obstaculizar los programas de integración y de comunicación en Bolivia, uno de los cuales tiene que ver con la construcción de carreteras interdepartamentales.
Campesinos apoyan construcción de nueva carretera
La Paz, 6 sep (ABI).- La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) demandó el martes la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos como una necesidad de integración y para que los pueblos que viven en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) accedan a todos sus derechos constitucionales.
"La CSUTCB planteará al presidente Evo Morales como un requerimiento de nuestro sector la construcción de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, primero porque esta vía permitirá que nuestros hermanos indígenas salgan de la clandestinidad, que puedan tener todos los derechos y servicios que les otorga a los ciudadanos la Constitución, como asistencia del propio Estado", declaró en conferencia de prensa el líder campesino, Roberto Coraite.
Puntualizó que hasta el momento los indígenas de esa región "no tienen atención, no acceden a la educación, salud.
"No tienen absolutamente nada, viven como si estuvieran en otro mundo", matizó.
A su juicio, no se puede permitir que esa situación se mantenga porque los pueblos del TIPNIS deben tener las mimas oportunidades y privilegios que cualquier boliviano.
Además, coincidió con otros sectores en que la construcción de la carretera permitirá una mayor y efectiva integración de la amazonia con el occidente.
"No queremos más seguir separándonos, no queremos que se pretenda considerar a esa región como la media luna, que es lo que siguen pretendiendo los separatistas, los anti patrias, que sigue pretendiendo mantenernos separados al oriente y la amazonia con el occidente", remarcó el principal dirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia.
Respecto al argumento de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) que pide que antes de la construcción de ese tramo se haga una consulta, dijo que el gobierno respeta esa decisión que está contemplada en la Constitución Política del Estado.
Recordó que el Gobierno anunció la consulta con todos los pueblos que viven en ese parque nacional, con observadores nacionales e internacionales.
"Mientras no exista un proyecto alternativo al menos, no había forma de ingresar con ninguna proyecto ni con ninguna consulta", apuntó.
Respecto a los bloqueos y el temor de posibles enfrentamientos, Coraite anunció que desde su organización están haciendo lo necesario para evitar cualquier acción violenta.
Destituyen a 4 fiscales por faltas graves
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-07&idn=53957
El fiscal inspector del Ministerio Público, Marco Rodríguez, informó ayer que fueron destituidos definitivamente cuatro fiscales de La Paz por faltas graves y muy graves, y que existen otros 16 con resoluciones conclusivas.
“Actualmente tenemos en la Fiscalía de Distrito de La Paz cuatro fiscales que han sido destituidos definitivamente y existen otros 16 procesos disciplinarios que ya han sido remitidos con resoluciones conclusivas luego de un proceso de investigación”, aseguró la autoridad.
La Fiscalía de Distrito de La Paz cuenta con una oficina de control interno anticorrupción que a la vez es parte de la Inspectoría General del Ministerio Público, en la que se tramitan y se desarrollan las investigaciones de los procesos disciplinarios.
Rodríguez explicó que estos procesos se deben a faltas graves y muy graves, y en ambas figuras son de infracciones disciplinarias que se han remitido ante la fiscalía distrital para los procesamientos correspondientes.
Los suspendidos, aseguró, son del presente año, pero a las identidades y a las divisiones que corresponden no se las debe mencionar porque responden a procesos administrativos internos que pueden mellar la dignidad de las personas.
Entre las faltas disciplinarias, según el inspector, está la ausencia injustificada del funcionario público por más de tres días, lo cual provoca su destitución porque no asiste a su fuente de trabajo. Existen también otros aspectos que son denunciados e investigados.
Los operadores de justicia que fueron destituidos de sus cargos no podrán en el futuro regresar a la carrera fiscal porque existe una dirección de escalafón nacional que registra todos los antecedentes de estas autoridades.
Piden juicio contra 2 expresidentes por petrocontratos
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-07&idn=53969
La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional concluyó ayer el informe que abre la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades a los ex presidentes Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y excluir al ex presidente Carlos Mesa por el caso denominado petrocontratos.
“La Comisión ha aprobado el informe para ser remitido a la Asamblea, son dos sugerencias que hemos efectuado. En el primer punto, que se autorice el enjuiciamiento a los ex presidentes Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga. Otra sugerencia que se pone en consideración del pleno es que no se autorice el enjuiciamiento al ex presidente Carlos Mesa y sus ministros porque hemos visto que no hay hechos de los que se les pueda acusar”, indicó la presidenta de la Comisión, Sandra Soriano (MAS).
Explicó, según un reporte de prensa de Diputados, que las recomendaciones se las realizó en función de los antecedentes que cursan en el proceso, lo que implica que no se hizo ninguna consideración ni se insertó ningún otro tipo de antecedentes.
Soriano dijo que las sugerencias serán remitidas al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a objeto de que se pronuncie por dos tercios aceptando o rechazando el informe.
En esa línea, el diputado Edwin Tupa (MAS) indicó que en el caso del ex presidente Mesa se evidenció que éste sólo protocolizó el contrato que fue firmado en la gestión de Sánchez de Lozada, por el Campo Montecristo que ya estaba siendo explotado.
“Lo que está haciendo la Comisión como tal son recomendaciones para que se pueda ampliar el juicio que se tiene en el aspecto penal a las ex autoridades que han hecho contratos que van en contra de la Constitución. En ese sentido, la Comisión recomienda al Fiscal General que se hagan mayores investigaciones, ya verá la Fiscalía si lo hace o no”, dijo.
El legislador explicó que los involucrados en el caso son Sánchez de Lozada que firmó más de 50 contratos a favor de petroleras transnacionales; y Quiroga con más de 40 contratos, según el boletín.
Separatismo será un nuevo delito penal
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137063&EditionId=2645
La Cámara Baja aprobó anoche en sus estaciones en grande y detalle el proyecto de ley que incorpora al Código Penal los tipos de financiamiento del terrorismo y separatismo, y modifica los delitos de terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas.
“El objeto es incorporar en el Código Penal los delitos de financiamiento de terrorismo y separatismo, modificar las tipificaciones del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas y asignar atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en materia del financiamiento al terrorismo”, explicó al pleno el ministro de Economía, Luis Arce.
La diputada Norma Piérola (CN) cuestionó la normativa, porque al Gobierno “se le cayó el tema de la acusación por terrorismo y, como no hay separatismo, ahora están calificando y tipificando como conducta típica al separatismo”.
En Sucre abren la primera oficina contra el racismo
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-07&idn=53914
La Gobernación de Chuquisaca abrió la primera oficina de lucha contra el racismo y la discriminación en el país, instancia donde se recibirán denuncias de la población para iniciar investigaciones que puedan desembocar en procesos legales en el marco de la Ley 045.
“El Gobernador (Esteban Urquizu) ha querido crear esta oficina de recepción de denuncias contra toda forma de racismo y discriminación en Chuquisaca. La oficina va a estar permanentemente al servicio de la población”, dijo Ramiro Velásquez, director de Interculturalidad del Gobierno Autónomo Departamental.
La autoridad agregó que la iniciativa fue posible gracias al apoyo del Viceministerio de Descolonización, y explicó que no es necesaria una denuncia por escrito, pues ésta puede ser realizada de manera verbal para iniciar un proceso de investigación.
Con la apertura de esa oficina se viabiliza el cumplimiento de la Ley 045, de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Paralelamente, desde ahí se realizará una labor de difusión de la norma para que la población conozca de sus derechos y se informe para prevenir este tipo de hechos.
Asimismo, la puesta en marcha de esa instancia es parte de la conformación del Comité Departamental de Lucha contra el Racismo y la Discriminación, para lo que un equipo trabaja en Sucre desde hace dos días presidido por el Viceministerio de Descolonización.
Brigada Andina Solidaria inicia travesía de 26 días por Uyuni
La Paz, 6 sep (ABI).- El director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, inaugurara el miércoles en Uyuni la travesía de 26 días de la "Brigada Andina Solidaria" que recorrerá el sudeste de Potosí para beneficiar a 10.498 habitantes.
"Por primera vez entraremos al altiplano con 24 brigadistas que por aproximadamente un mes estarán en la zona para coadyuvar una serie proyectos que mejoren la calidad de vida de sus pobladores, afirmó la Coordinadora General de la Brigada, Rossana Suárez.
La brigada recorrerá las poblaciones y las comunidades del sudeste del departamento de Potosí con servicios de atención médica y acción civil, además de proceder a la entrega de cédulas de identidad y el registro y pago de bonos a una población que por el difícil acceso y la lejanía no acceden a estos beneficios.
Articulado por ADEMAF, la brigada está conformada por funcionarios de los Ministerios de Gobierno y de Salud, Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y de la Gobernación de Potosí.
La brigada recorrerá la zona con apoyo del Ejército a lo largo de 86 poblaciones fronterizas en un recorrido de 1.479 kilómetros para apoyar a unos 10.498 habitantes.
La brigada iniciará su misión en Uyuni, Tahua, Llica, San Pedro de Quemez, Colcha "K", San Agustín, Villa Alota, Mallcu Villa Mar, Quetena Chico, San Antonio de Lípez, San Pablo de Lípez, San Antonio de Esmoruco, Mojinete, Estarca Casira, Berque, Talina, Quiriza para finalizar en Tupiza.
Al acto de inicio de las actividades de la brigada asistirán la Ministra de Salud Nila Heredia, el Comandante General del Ejército, General Antonio Cueto, el Gobernador de Potosí Félix González, el Director Ejecutivo de la ADEMAF y autoridades locales.
Esta es la primera fase de la Brigada Andina en la presente gestión que llegará posteriormente a poblaciones de Oruro y La Paz.
Unos 1.000 empresarios de Argentina y Brasil en Expocruz 2011
EL DEBER, SANTA CRUZ.-
http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-09-07/vernotaeconomia.php?id=110906213112
Como una prueba de que la Expocruz 2011 es el centro de negocios más importante de Bolivia, dos colosos de la región, Argentina y Brasil adelantan la participación de más de 1.000 empresarios en la muestra ferial a efectuarse del 16 al 25 de septiembre en la capital cruceña.
Ambos países duplican esfuerzos para presentar lo mejor de sus equipos y maquinaria agropecuaria, industrial y de la construcción. La delegación más grande es de Argentina con 300 empresarios y le sigue Brasil con 280. Sin embargo, el número se duplica con la participación estimada de 500 hombres de negocios en la Rueda de Negocios.
El cónsul general y director del Centro de Promoción de la República Argentina, Fernando R. de Martini, destaca la participación del sector privado, pues este año se incrementa entre un 10 y 15%. Asegura que el ‘perfil’ del pabellón es agroindustrial.
El diplomático agrega que en un área interior de 1.600 metros y un área externa de 1.100 metros, estarán presentes las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y del Chaco. Además menciona la participación de instituciones como Improtur, la Secretaría de Minería, Pro Argentina, Pro Córdoba, la Cámara de Comercio Argentina-Boliviana, la Cámara Empresarial de Integración y varias municipalidades.
Por su lado, el pabellón de Brasil tiene 91 estands, en los que los expositores representan desde una a más de ocho marcas, señala Valeria López, encargada de la empresa Fagga Eventos Internacional que está a cargo del pabellón.
Para darse una idea de lo que se prepara en los estands basta citar a la importadora Monterrey que representa la linea Belgopronto-Acerlomittal-Oerlikon, marcas que son el sustento de muchas de las edificaciones de Santa Cruz. Monterrey presentará un puente a escala normal.
También están presentes la empresa Boltec, representante de las marcas Tecnotoc, Menegotty, Sanmark, Lucato y Natreb, maquinarias para la industria comestible, como embolsadoras, selladoras y envasadoras; la metalúrgica Souza con máquinas cortadoras de madera; Ferrotodo, con su linea ESAB para pequeñas y grandes empresas, la misma que compite con Monterrey en la distribucion de hierro.
Asimismo, estarán el Centro Técnico de Filtros, Tramontina, Gedesa, Azabol, Calzados Picadilly, Cutex Colorina, ropas Manomo, juguetes La Ganga y cosméticos Lilas. En el pabellón de Brasil las empresas invierten $us 500.000.
En la muestra ferial participarán 2.200 expositores de diferentes países: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Dinamarca, España, EEUU, India, Italia, Kenia, México, Paraguay, Perú, Rusia, Turquía y de la Unión Europea, Austria, Irlanda, Suecia, Suiza y República Checa.
Datos y agenda
Visita de ejecutivos
El presidente de la Cainco, Luis Barbery y el titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Gabriel Dabdoub recorrieron ayer el predio ferial y aseguran que solo falta un 10% para dejar todo listo. Extraoficialmente se confirmó la presencia de Evo para la apertura de la Expocruz 2011.
Rueda de Negocios
Ocho países europeos participarán de la Rueda de Negocios. Italia es la delegación más numerosa con 21 compañías.
Imcruz con sorpresas
La firma presentará un sedán de lujo, un sedán Sport y un automóvil con un motor a inyección de 1,3 de cilindrada, de bajo consumo de combustible.
10 de septiembre
Comienza la recepción de bovinos cebuinos, raza Brahman para concurso y exhibición. A las 12:00 se presentarán los animales del remate internacional Nelore de Oro de Rancho la Caldera y a las 20:30 se dará inicio al primer remate Baby Brahman.
En Bolivia advierten: Palomas pueden causar unos 40 males
LA PRENSA.-
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20110907/las-palomas-pueden-causar-unos-40-males_5715_9898.html
El jefe de Control Sanitario y Zoonosis de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Uscamaita, informó que en la ciudad hay una sobrepoblación de palomas, las cuales son portadoras de 40 enfermedades que afectan la salud de los humanos.
Males comunes. La autoridad explicó que entre los males más comunes que pueden transmitir estas aves están las digestivas (salmonelosis) y las alérgicas (sarcoptosis).
Mencionó que estas patologías se transmiten por medio de los excrementos secos, de fácil diseminación; por la contaminación de alimentos con sus secreciones y a través de sus plumas, que suelen tener parásitos.
De acuerdo con el exdirector del Hospital de Clínicas Eduardo Chávez, los síntomas más comunes de la salmonelosis son: diarrea, vómitos y fiebre, a causa de la ingestión de alimentos contaminados.
El profesional mencionó que la infección puede originar deshidratación y debilidad, “algunas veces puede perforar el intestino y ocasionar la muerte”.
Con referencia a que si este mal es ocasionada por palomas, Chávez dijo que durante sus años de servicio no trató casos por contagio de estas aves.
Por su parte, Uscamaita aseveró que si una paloma contrae gripe aviar, no podrá transmitir la afección a los seres humanos debido a que es una patología que sólo ataca a animales de esa especie, no al hombre.
2 tipos de patologías pueden transmitir las palomas con mayor frecuencia, según autoridades ediles.
La comuna prepara un proyecto para adquirir esterilizadores a fin de evitar la reproducción de las palomas y frenar la sobrepoblación de aves, informó Gonzalo Uscamaita. Las autoridades ediles de El Alto, entretanto, aseguran que las gaviotas que antes vivían en cercanías del Parque Urbano Central y el río Choqueyapu abandonaron ese sitio al ser embovedado, por lo que se establecieron en Río Seco. Estas aves pueden transmitir los mismos males que las palomas.
Sudamericano de ciclismo: Bolivia logra 4 oros en cross country
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version_ma.php?ArticleId=6197&EditionId=2645&ids=542
Bolivia continúa a paso firme en el Campeonato Sudamericano de Ciclismo que se celebra en Sucre, luego de ganar otras cuatro medallas de oro en la prueba del cross country que se disputó ayer en la zona de Rumy Rumy, manteniéndose así en lo alto del medallero general con un total de 32 preseas.
Yamil Montaño fue el primero en colgarse una dorada, tras imponerse en la categoría élite, donde fue escoltado por el boliviano Deybi Reque y el chileno Eduardo Saenz. En élite damas, Gladys Choque fue la ganadora, seguida por su compatriota Patricia Padilla y la peruana Samantha Molina.
Teresa Nina y Mario Checa sumaron las otras dos preseas doradas, tras acabar en primer lugar en las categorías sub-17 y sub-19, respectivamente. En la sub-23 y en la sub-17 varones, los chilenos Patricio Campbell e Ignacio Peña fueron los ganadores.
Tenis de mesa: Bolivianos ganan tres medallas en Paraguay
LA RAZON.-
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Bolivia consiguió dos medallas de plata y una de bronce en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa, categorías Sub-10 y Sub-13, que se celebró en Asunción del Paraguay, gracias a Rodrigo Zamora, José Lizarazu, Isabel Medrano y Nicol Tudela.
Zamora fue el más destacado de la delegación nacional, en la categoría 10 años, tras ganar una medalla de plata en la modalidad individual, y también una de bronce junto con José Lizarazu en dobles. En la rama femenina, Tudela y Medrano alcanzaron a colgarse otra presea de plata tras caer en la final.
“Ésta es la primera vez que la Confederación organiza un torneo Sudamericano para estas dos categorías, y fue la primera presentación de Bolivia, que además ha sido excelente”, dijo Javier Mejía, presidente de la Federación Boliviana de Tenis de Mesa.
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