TITULARES
• Termina juicio contra expresidente Sánchez de Lozada que fugó a EE.UU.
• Expresidente es responsable de 67 muertos y 400 heridos
• Más de 2.000 pruebas para condenar a Sánchez de Lozada
• Lo que esconde la marcha indígena, Por Juan Carlos Zambrana M.
• EE.UU. ejecuta segunda fase de su plan para derrocar a Evo
• Central Indígena recibe millones de dólares de EE.UU.
• Dirigente indígena opositor a Evo viaja en avión de EE.UU.
• Cuatro empresas explotan de forma ilegal la madera del Tipnis
• Censuran a dirigente de ayllus por ser el “mimado” de EEUU
• Comenzó el diálogo con indígenas opositores
• Carretera por el Tipnis recibe apoyo de 300 organizaciones
• En riesgo la reanudación de relaciones entre Bolivia y EE.UU.
• Gobierno recupera tierras que estaban en manos de extranjeros
• Se creó Consejo de Ministros de Cultura de la Comunidad Andina
• Cancilleres de UNASUR crean bloque común frente a la crisis
• Evita y la economía tienen código, Por Martín Granovsky
Termina juicio contra expresidente Sánchez de Lozada que fugó a EE.UU.
DIARIO LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136303&EditionId=2632
El juicio de responsabilidades por el caso Octubre quedó a la espera del veredicto, tras dos años, tres meses y seis días de proceso penal oral y público. Sólo falta que el Tribunal de la Corte Suprema dicte su veredicto contra los siete procesados.
Este juicio, que por primera vez en Bolivia se entabla en contra de exautoridades de un régimen democrático, el de Gonzalo Sánchez de Lozada, y en el que se juzga a la cúpula de las Fuerzas Armadas del 2003, terminó con la fase de los alegatos finales ayer después de dos meses.
En ese lapso, el Tribunal escuchó los testimonios de casi una veintena de víctimas y a los siete militares acusados.
En la tarde de ayer, el último exjefe militar acusado en utilizar su derecho a la última palabra, fue el almirante Luis Alberto Aranda Granados. Durante dos horas y 15 minutos, Aranda explicó la participación de la Fuerza Naval en los hechos de septiembre y octubre.
Testimonio. Aranda aseguró que bajo su mando, la tropa, no provocó ningún herido entre las miles de personas que se manifestaban en La Paz y El Alto, y menos algún muerto.
“Las Fuerzas Armadas somos inocentes de toda la acusación, las FFAA no somos criminales, no somos asesinos, no somos organizaciones tipo mafia siciliana, no somos como se nos dijo psicópatas, somos el pueblo con armas”, dijo Aranda durante su exposición frente a sus juzgadores.
Una vez terminados los alegatos de Aranda, el presidente del Tribunal de Sentencia, Ángel Irusta, dio por concluida la fase de debates y anunció que el Tribunal comenzará inmediatamente a sesionar a puertas cerradas, para luego emitir su veredicto final.
Previamente se produjo una reunión improvisada en el mismo salón de debates entre todos los abogados de las partes, el Ministerio Público y los ministros. Para evitar fugas, Irusta informó que los acusados deben asistir “todos los días, absolutamente todos los días, aun si llegamos a sábado o domingo, deberán estar presentes de 09.00 a 12.00 y de 14.30 a 18.00 en esta sala”.
Perspectiva. Al término de la audiencia, el fiscal general Mario Uribe dijo que concluyó uno de los procesos históricos en Bolivia y luego aseguró que el Ministerio Público produjo pruebas suficientes que demuestran la culpabilidad de los acusados, por lo que señaló que espera una sentencia condenatoria.
En la misma línea, el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, afirmó que una vez que se conozca la sentencia en este proceso, “continuaremos persiguiendo a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y los otros exministros para que sean procesados y cumplan su sentencia en Bolivia”.
El representante de las víctimas, Juan Patricio Quispe, aseguró que ellos permanecerán en una vigilia pacífica ante el edificio de la Suprema, hasta que se conozca la sentencia, y anunció la presencia de más dirigentes sociales de El Alto y La Paz que llegarán a Sucre para escuchar el dictamen.
Entretanto, el abogado del general Juan Véliz Herrera, Germán Quiroz, pidió al Tribunal que analice cada una de las pruebas de descargo presentadas para que emitan su veredicto con base en esa documentación.
Defensa. Manifestó que tiene la esperanza de que el Tribunal resolverá la absolución de su defendido, “porque el Ministerio Público y la acusación fiscal no han demostrado la figura de masacre sangrienta. En septiembre y octubre del 2003 no ha habido una masacre sangrienta, lo que hubo fue un enfrentamiento entre los movimientos sociales y las fuerzas del orden, que ha derivado en la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada”, acotó el letrado.
Los dos ministros y cuatro conjueces se replegaron la tarde de ayer a sesionar para debatir el contenido de la sentencia. Según fuentes consultadas por La Razón, el Tribunal podría tomarse al menos tres días o, incluso, trabajarían durante el fin de semana para redactar la parte resolutiva de la sentencia.
Audiencia final, sólo por la Tv
La sentencia en el juicio de responsabilidades por el caso Octubre genera expectativa en el exterior. Cadenas internacionales como CNN y BBC pidieron acreditación para transmitir la lectura del dictamen, sin embargo, el trabajo de los medios estará restringido porque no podrán ingresar al salón de audiencias.
La presidenta de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, confirmó que varios medios de comunicación nacionales e internacionales se acreditaron para asistir al juicio, y anunció que se están habilitando varias salas desde donde los periodistas podrán cubrir la información.
Cuando se le consultó si la prensa ingresará al salón en el que se leerá el veredicto, Sandóval dijo que esa decisión le corresponde al Tribunal y no a su autoridad. La preocupación de los medios fue expresada por el dirigente nacional de trabajadores de la prensa, Ramiro Echazú, quien lamentó que no se den las comodidades del caso para desarrollar el trabajo periodístico.
Desde el inicio del juicio, el 18 de mayo del 2009, los camarógrafos y fotógrafos no han tenido permiso para ingresar al salón de debates y las imágenes que se difundieron al país fueron tomadas de un televisor de 32 pulgadas. Similar situación se presentará el día en que se lea la sentencia.
La sala ya ha visto fallos históricos
El salón de audiencias de la Corte Suprema será una vez más testigo de un fallo histórico en la vida de Bolivia. En él se leerá la sentencia contra los acusados por el caso octubre. Hace 16 años, en el mismo recinto, Luis García Meza y Luis Arce Gómez fueron condenados a 30 años de cárcel, pena que cumplen en Chonchocoro.
Este salón que tiene un ancho aproximado de 10 metros y 35 de largo, está equipado con última tecnología. Cada uno de los 12 sillones dispuestos para los ministros de la Corte tiene un micrófono, y hay instaladas dos cámaras de seguridad y tres de video que cubren el recinto.
También hay espacio destinado para los acusados y sus abogados, además de los miembros de la Fiscalía General. Una baranda de madera separa a los abogados y magistrados del público, y sólo hay 44 sillas para las personas que oirán la sentencia.
Desde el 2005, cuando el ambiente fue reacondicionado como sala para juicios penales orales, se dictó sentencias contra el exministro de Salud Tonchi Marinkovic, el exprefecto tarijeño Gustavo Aguirre y el exprefecto paceño Luis Alberto Valle.
El edificio de la Suprema, ubicado frente al parque Simón Bolívar, fue construido entre 1925 y 1945. El presidente Gualberto Villarroel entregó el Palacio de Justicia al presidente de la Corte de ese entonces, Cástulo Chávez. Por entonces, la sala en la que se leerá la sentencia por el caso Octubre, era el salón de honor de la Corte Superior de Chuquisaca y ocupaba la planta baja.
Fiscalía: Expresidente es responsable de 67 muertos y 400 heridos
AGENCIA PRENSA LATINA.-
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=317704&Itemid=1
Sucre, Bolivia, 24 ago (PL).- La Fiscalía General de Bolivia anunció hoy la conformación de un equipo especial de jueces para lograr extraditar de Estados Unidos al expresidente Gonzalo Sanchez de Lozada, principal responsable del genocidio de octubre de 2003.
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, señaló a medios de prensa que también trabajarán para lograr que otros políticos del gabinete del ex mandatario vuelvan al país andino y rindan cuentas ante la justicia por sus actos.
Explicó que posteriormente se prevé un debate sobre argumentos y hechos entre el Ministerio Público, la acusación en representación de las víctimas y la defensa de los imputados, cinco exmilitares y dos exministros de aquella administración, como parte del juicio por este caso, llamado Octubre negro.
Más adelante se espera la deliberación del tribunal y la emisión de la sentencia, apuntó.
Desde hace más de un mes los familiares de las víctimas mantienen una vigilia en las puertas de la actual Corte Suprema en la ciudad de Sucre para evitar nuevos obstáculos al proceso que ya dura casi ocho años.
En octubre de 2003, miles de vecinos bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas de Sánchez de Lozada, como las de exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.
El exmandatario envió a militares a acabar con las protestas, lo cual derivó en 67 muertes y más de 400 heridos.
La revuelta lo obligó a renunciar y se refugió en Estados Unidos, seguido de algunos de sus ministros.
Más de 2.000 pruebas para condenar a Sánchez de Lozada
NOTA DE PRENSA DE LA FISCALIA GENERAL DE BOLIVIA.-
“Luego de casi ocho años de proceso penal, este miércoles 24 de agosto concluyó el histórico Juicio de Responsabilidades denominado “Octubre Negro”, donde la Fiscalía General acusó y probó la comisión de delitos como Genocidio en su modalidad de masacre sangrienta y otros contra siete acusados que ahora esperan sentencia por parte del Alto Tribunal de Justicia de la Corte Suprema.
El Fiscal General, Dr. Mario Uribe manifestó su complacencia por haber llegado al final de un juicio histórico para el pueblo boliviano y reiteró que el Ministerio Público en todo momento actuó con responsabilidad dentro del marco de sus atribuciones y con estricto apego a la Constitución Política del Estado, al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, Convenio y Tratados Internacionales vigente.
La máxima autoridad del Ministerio Público, enfatizó que la Fiscalía General cumplió con todos los pasos legales necesarios para lograr una sentencia condenatoria.
Recordó que en la fase probatoria la fiscalía General presentó un total 2117 pruebas: se trajo a testificar a 325 personas, entre autoridades del gobierno de aquel entonces, allegados al ex Presidente, sindicalistas, dirigentes, sacerdotes, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, periodistas que hicieron cobertura, víctimas, parientes de los fallecidos y otros.
Asimismo, se contó con informes periciales, en un total de 308 pruebas periciales, además se presentó 1.364 documentos y 117 pruebas materiales entre casquillos de balas, ropa ensangrentada, entre otros objetos para graficar cómo fue el ataque de las Fuerzas Armadas contra un Pueblo desarmado.
“Toda esa prueba que fue legalmente fundamentada es suficiente para generar en el Tribunal la convicción respecto de la responsabilidad en la participación de los hechos acusados con relación a cada uno de los acusados dentro de este Juicio”, expresó.
Por otra parte, el Ministerio Público solicitó al Tribunal las medidas previsoras para garantizar la presencia de todos los acusados en el momento en el que el Tribunal dé a conocer su veredicto final. Ante esa petición, el Tribunal decidió que las partes aguarden la sentencia en la Sala de
Audiencias de la Corte Suprema con asistencia diaria incluyendo los días inhábiles.
Por otra parte, el Tribunal de Sentencia decidió que el día que emita su veredicto será leída solo la en su parte resolutiva, considerando que la sentencia será un documento ampuloso cuya fecha de lectura total se dará a conocer dentro del paso legal”.
Lo que esconde la marcha indígena
Por Juan Carlos Zambrana Marchetti
http://www.kaosenlared.net/noticia/bolivia-esconde-marcha-indigena
El medio ambiente y los derechos de los indígenas, son temas tan importantes que el conflicto entorno al tramo II de la carretera que pasa por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), captó rápidamente la atención de la opinión pública aunque no se conociera el meollo del asunto. La información disponible era insuficiente para hacer un análisis honesto, lo que daba la impresión de que algo oculto había en el conflicto. Los marchistas pedían diálogo, pero condicionado a que fuese sólo con el presidente, y bajo la presión de hacerlo en medio de la marcha de protesta. Un pedido irracional con la única función de bloquear el diálogo que se pedía en el discurso.
Eso cambió el día en que se publicaron los 16 puntos que demandaban discutir. Resultaron ser reveladores, no sólo por su contenido, sino además por sus omisiones, y por lo que demostraban con respecto al precio que pagan las causas justas por el apoyo que reciben de fuentes injustas. El pedido original sufrió una mutación tan grande que sólo uno de los 16 puntos tocó el tramo II de la carretera, y lo hizo una vez más sin proponer solución propia ni opinar sobre las cinco alternativas ofrecidas por el gobierno. Los demás puntos pretendían simplemente extender el conflicto a todo el territorio nacional.
Eso quedó expuesto cuando los marchistas se olvidaron de pedir, por ejemplo, la penalización para quien plante coca en el parque, y prefirieron pedir de inmediato el censo nacional que reclama un sector de la oposición a Morales. Se olvidaron de proponer la ruta que prefieren, por pedir la paralización de la explotación petrolera en Tarija, cuestionando la política energética del gobierno como lo hace otra parte de su oposición.
Empezó a aceptarse como concebible la aberrante idea de que hasta las banderas de la ecología y el indigenismo habían sido utilizadas por intereses mezquinos extraños al TIPNIS. El gobierno empezó a presentar sus pruebas y entre esos intereses aparecieron los hegemónicos de Estados Unidos, los engañosos de algunas ONGs, los políticos de la oposición, y los económicos de la legión de sectores interesados en el tráfico de tierras y madera, sin olvidar los de las grandes industrias agrícolas transnacionales, que se oponen al proyecto del Chapare como polo de desarrollo bajo el modelo productivo comunitario. Lo que pudo ser una legítima preocupación de los indígenas del TIPNIS terminó siendo una alianza de las fuerzas opositoras al gobierno popular y anti-colonialista de Morales.
Desde el punto de vista de la razón, es un error garrafal de algunos dirigentes indígenas del Tipnis hacer de este conflicto el detonante para la masificación de la protesta que pretende la oposición. Es tan irracional y tan desubicada la entrega que han hecho de su causa, que carece de simpatías, aunque la prensa opositora se empeñe en fabricarla a punta de publicar desinformación.
El desarrollo de los acontecimientos, y la forma en que la prensa de derecha cubre la noticia, demuestran claramente que se sigue un formato desestabilizador. Todos los movimientos, resoluciones adoptadas, declaraciones hechas, y cobertura periodística, siguen al pie de la letra los manuales conocidos de agitación subversiva con apoyo mediático.
Esto no es más que el accionar de una oposición frustrada que, ante la carencia de representatividad política para canalizar sus aspiraciones, recurre al método de crear conflicto entorno a los cambios propuestos por el gobierno, para de alguna forma meterse en la solución, como si ellos fuesen los salvadores del pueblo.
Con respecto a las formas de distorsión mediática para sacar el conflicto de su cause original, dice el escritor Noam Chomsky, “Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional.” Eso es exactamente lo que la prensa opositora intenta hacer, publicando constantemente fotografías de jóvenes mujeres cargando en sus brazos a sus hijos de corta edad. Menciona la inclemencia del clima, la carencia de alimentos y las dificultades que confrontan los marchistas, nada de lo cual está relacionado de forma alguna con la solución del problema, y que más bien demuestra la utilización y abuso que se hace de esos sectores frágiles de la sociedad.
Mantener al público en la ignorancia y hablarle como si fuesen niños, son otros de los métodos utilizados para desinformar, pero nada de eso les permitirá imponer su irracionalidad. Ningún método le servirá a la oposición para impedir el avance del cambio hacia la descolonización, por la simple razón de que el gobierno de Morales es un gobierno con legitimidad que se apoya en la verdadera voluntad de las grandes masas populares.
Es demasiado simplista pensar que porque Evo llegó al poder por el apoyo indígena, la opción para derrocarlo sería manipular esa voluntad indígena. Es demasiado simplista pensar que los métodos de resistencia contra las dictaduras y los gobiernos traidores a los intereses del pueblo, puedan funcionar contra un gobierno popular, y es simplista que la prensa de la extrema derecha siga apostando a la ignorancia del pueblo boliviano.
Mejor favor se harían los dirigentes opositores de las comunidades del TIPNIS desprendiéndose del apoyo circunstancial de sus eternos enemigos, que está descarrilando su causa original, para poder concentrar esfuerzos y voluntades en beneficio de su gente y su territorio: la protección del medio ambiente y de sus tierras, la elección más conveniente para el paso de la carretera, y el acceso de sus comunidades a los servicios de salud, educación, y protección de sus medios de vida, lo que incluiría la penalización para quien plante ahí la hoja de coca. Para encontrar esa solución, el conflicto del TIPNIS tiene que volver a su cauce original.
EE.UU. ejecuta segunda fase de su plan para derrocar a Evo
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-25&idn=52971
El Ejecutivo denunció ayer que el Gobierno de EEUU puso en marcha, mediante Usaid, una segunda ofensiva de conspiración que implica desestabilizar las elecciones judiciales, dividir a los sectores sociales, criminalizar al Estado boliviano y generar conflictos mediante la Iniciativa para la Conservación de la Amazonia.
La denuncia fue realizada por el director de la Agencia de Desarrollo de Macrorregiones y Fronteras (Ademaf), Juan Ramón Quintana, quien explicó que la marcha realizada por la Cidob por el caso Tipnis “forma parte de esta estrategia de desestabilización”.
Explicó que la Cidob recibió financiamiento millonario de Usaid, montos que no se sabe en qué se gastaron. Ante ello, Quintana planteó la expulsión del organismo estadounidense.
Ese pedido de expulsión fue apoyado por las federaciones de campesinos de Cochabamba, Chuquisaca, de otros sectores indígenas y de la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Estamos ante la segunda fase de la ofensiva desestabilizadora de la conspiración del Gobierno de Estados Unidos a través de Usaid. Esta segunda fase tiene como objetivo desestabilizar el proceso electoral para los órganos judiciales de octubre de este año, dividir las organizaciones sociales y los pueblos indígenas, y generar conflictos para el empleo de la fuerza pública y la victimización de algunos sectores que están siendo manipulados políticamente”, aseguró Quintana.
El Director recordó que la primera fase de esta ofensiva se realizó en agosto de 2008, con el denominado golpe cívico prefectural visibilizado en Santa Cruz y otros sitios. Esos propósitos fueron rematados con un intento de terrorismo separatista.
Como consecuencia de eso, se expulsó al ex embajador de EEUU en Bolivia Philip Goldberg, “cuyo resultado fue el desmantelamiento de ese proceso de conspiración”.
CAPACITAN A DIRIGENTES
Quintana explicó que las ONG patrocinadas por EEUU, mediante Usaid, buscan capacitar a los dirigentes indígenas para defender los intereses de ese país, ello mediante programas de becas.
El Director de Ademaf dio lectura de correos electrónicos que mostraban una comunicación constante entre Usaid de Estados Unidos y Bolivia.
“Los documentos internos entre funcionarios de Usaid (eran) para envilecer y corromper a dirigentes indígenas con recursos de Usaid y con maniobras políticas desde la Embajada de Estados Unidos”, aseveró.
Otro de los documentos muestra que mediante los programas, los representantes norteamericanos sugieren “más seguimiento y apoyo a los pasantes indígenas en la Usaid y en la Embajada para construir y consolidar una red de graduados que abogue por el Gobierno de los Estados Unidos en áreas (indígenas) claves”.
Según la denuncia, ese programa busca contrarrestar las críticas realizadas por el presidente Evo Morales y algunos otros Ministros “claves” de Bolivia en contra del Gobierno de EEUU y de Usaid.
RESERVAS MADE IN USA
Otro de los objetivos de EEUU, según la denuncia, es la transnacionalización de los recursos naturales existentes en las áreas indígenas que cuentan con protección territorial por parte del Estado.
Quintana explicó que mediante la denominada política medioambiental (que consiste en preservar espacios verdes como bosques y parques naturales), Estados Unidos busca saquear los recursos naturales con ayuda de los dirigentes indígenas.
“Esta área consiste en desarrollar la idea de que los parques nacionales, las tierras comunitarias de origen (TCO) se conviertan en reservas indígenas como las que los
Estados Unidos han convertido a sus pueblos indígenas, para que se autogobiernen, se autofinancien saqueando luego esas reservas y, por supuesto, haciendo que esas reservas pasen a depender de empresas transnacionales”, dijo.
En esta estrategia, EEUU “coloca a la Cidob como el actor más importante, como el caballo de batalla más importante de la estrategia de transnacionalización de nuestros recursos naturales”, sostuvo.
Similares programas están siendo aplicados en otros países como Brasil, Perú y Ecuador.
“En el caso de Bolivia, el territorio que se pretende transnacionalizar, bajo la alianza con la Cidob y otros dirigentes de los pueblos indígenas, es la amazonia boliviana del norte, Pando, Beni y la chiquitania boliviana”, detalló.
Explicó que para la aplicación de esa estrategia de control de los recursos naturales, el Gobierno de Washington usa a un “ejército” de ONG.
“Se trata de una política que busca la balcanización, la penetración” del territorio boliviano, según agregó Quintana en Bolivia TV.
La Cidob, junto con algunos dirigentes indígenas del oriente, iniciaron el 15 de este mes una marcha en contra de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (entre Cochabamba y Beni). Esa posición es respaldada por decenas de ONG.
Central Indígena recibe millones de dólares de EE.UU.
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) recibió varios millones de dólares por parte de las organizaciones de Estados Unidos, por supuestos programas de protección al medio ambiente, según denunció el director de la Agencia de Desarrollo de Macrorregiones y Fronteras (Ademaf), Juan Ramón Quintana.
“La (Cidob) ha recibido jugosos beneficios económicos de los Estados Unidos, millones. Acá (en la región oriental) 3,5 millones de dólares, también ha recibido por parte de Usaid ocho millones de dólares”, afirmó el Director.
“La pregunta es: ¿a quién rinden cuentas los dirigentes de esos millones y millones de dólares?, ¿qué política es la que sigue la Cidob respecto del medio ambiente? ¿Se han convertido en los peones, los voceros de la política medioambiental de los países industrializados, en particular de Estados Unidos?”, cuestionó Quintana, quien también aseguró que se manejan más de $us 100 millones en políticas medioambientales.
Por su parte, el presidente del Senado, René Martínez, no descartó analizar la posible expulsión de Usaid debido a las denuncias y pruebas de injerencia política de esa institución.
“Esta vinculación con organismos no gubernamentales como el caso de Usaid nos está mostrando una triangulación (...) una articulación (para) generar conflictividad en el país y afectar la gobernabilidad de los bolivianos. Esto es lo que nos preocupa a raíz de estas denuncias hechas públicas”, aseguró, según un boletín de prensa del Senado.
Asimismo, organizaciones de Cochabamba y de Chuquisaca respaldaron el pedido realizado por Quintana de expulsar a Usaid, “no sólo como un acto de soberanía, sino de defensa de este proceso de cambio”.
Cacique: Gobierno no nos ayuda
El pueblo Mosetén del norte de La Paz admitió tener contacto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), sólo para la ejecución de proyectos de salud, educación y agricultura que el Gobierno del presidente Evo Morales no logró atender.
“Juan Ramón Quintana dice una cosa, condenando a Usaid, sin embargo, aquí los mosetenes desde hace años hemos recibido ayuda de Usaid en cuanto a mejoramiento de caminos, instalación de agua potable, de postas sanitarias, de escuelas, entonces ¿a cuál lado condenamos a Usaid, si el Gobierno no ha hecho nada por no soltar ni un centavo y ayudarnos?”, declaró el cacique mayor, Daniel Gigasi, a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Explicó que ese organismo internacional trabajó con los mosetenes durante cinco años y que continúa porque no ven otra forma de que los pueblos indígenas se desarrollen.
“No hemos recibido dinero para movilizarnos en contra de nadie, si vamos a participar en la marcha por el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) es de forma voluntaria y con lo poco que tenemos”, puntualizó el representante.
Dirigente indígena opositor a Evo viaja en avión de EE.UU.
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-25&idn=52972
La Federación de Campesinos de Santa Cruz denunció ayer que la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés) financia una avioneta para la protesta que comanda el líder de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez.
“La avioneta que usa Adolfo Chávez para ir y venir de la marcha indígena está camuflada como cualquier cosa, pero de lo que estamos seguros es de que Usaid está detrás de esto, es por eso que pedimos la expulsión inmediata del país de esta ONG”, demandó el secretario general de la organización, José Antonio Chungara.
“Somos contundentes en calificar que esa marcha está extranjerizada; en tal sentido, pedimos al Presidente que se expulse a Usaid, porque no sólo se está inmiscuyendo en sabotear o financiar a grupos para perjudicar este proceso de cambio, y sobre todo deslegitimar la imagen del Presidente, sino también en la vida interna de las organizaciones sociales”, reiteró el dirigente.
Chungara también dijo que las oenegés sólo utilizan al país para pedir financiamiento que no se sabe a dónde va, ya que no existe ni un 10 por ciento de inversión en el país.
“Usaid es el monstruo grande de las oenegés. A partir de ahí viene hasta sucursales que reciben otros financiamientos y todo el dinero se utiliza para financiar movimientos en contra del Gobierno, lo camuflan en programas, proyectos, talleres, seminarios, pero Usaid está por detrás financiando a dirigentes prebendalistas”, finalizó el dirigente campesino.
Cuatro empresas explotan de forma ilegal la madera del Tipnis
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-25&idn=52952
El viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, afirmó ayer que al menos cuatro empresas están explotando de manera ilegal la madera del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
“Hay empresarios madereros en el Tipnis, hay como cuatro empresas grandes que están explotando madera ahí”, indicó.
La denuncia surge en medio de una marcha que desarrollan dirigentes indígenas del oriente en contra de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y por nuevas demandas que se incluyeron en los últimos días.
El martes, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, acusó a los indígenas movilizados de socapar el tráfico ilegal de tierras y de madera.
Es más, dijo que existen varias concesiones forestales de empresas madereras como Bolivian Magomi, Fátima y otras como Suri, que sirven como una suerte de paraguas que justifica la extracción de madera, circulación y comercialización de madera, que en realidad se extrae del territorio Isiboro Sécure y del territorio chimán”.
Pinto señaló, incluso, que la red de madereros se extiende a Pando, donde hacen explotación irracional de madera y la llevan al Brasil. Esta misma situación se presenta en el territorio comunitario de origen (TCO) Guarayos, donde se denunció tráfico ilegal de tierras.
Censuran a dirigente de ayllus por ser el “mimado” de EEUU
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-25&idn=52973
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), filial La Paz, desconoció a Rafael Quispe por estar presuntamente vinculado a la embajada de Estados Unidos y mostrar sus “apetitos personales” al respaldar la marcha de los indígenas del Tipnis.
Carmelo Titirico, mallku de Justicia del Conamaq, manifestó que Quispe se encuentra expulsado desde hace tres meses.
Afirmó que Rafael Quispe utiliza esa organización para alcanzar sus intereses personales y que el Conamaq nacional no tiene una autoridad legalmente elegida porque fenecieron todos los cargos. Anunció que el 8 y 9 de septiembre se realizará en Oruro un Congreso Nacional para renovar su liderazgo.
“Rafael Quispe ya está expulsado hace tres meses, yo tengo documentos desde su suyo, desde su marka, ya no representa a nadie, ya no es un dirigente”, dijo Titirico.
Afirmó que los seis indígenas del occidente que participan en la marcha del Tipnis tienen afanes prebendales. “Rafael Quispe está entrometido como niño mimado con Estado Unidos, con afán de desestabilizar al Gobierno. El pliego de 16 puntos del Tipnis es atentatorio. ¿Cómo es posible que no vamos a querer exploración y explotación de petróleo? Sabemos que el pueblo boliviano vive de las ganancias de los hidrocarburos”, dijo el dirigente.
Titirico rechazó la marcha y apoyó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Comenzó el diálogo con indígenas opositores
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.-
http://www2.abi.bo/#
San Ignacio de Moxos, BOLIVIA, 24 ago (ABI).- El gobierno de Evo Morales y líderes y la masa de protagonistas de la marcha indígena en oposición a la construcción de una carretera que vinculará los departamentos de Beni y Cochabamba, sentaron finalmente el miércoles las bases de una negociación en la localidad de San Ignacio de Moxos, informó el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, cabeza de la misión oficial.
"Primera vez que nosotros los vemos a los dirigentes y las vemos a las bases que están marchando- antes nos vimos cuando más con los asesores-, de manera que a pesar de las dificultades, de lo duro de la reunión, creo que ha sido un buen inicio, esperamos que auspicioso y que mañana podamos seguir trabajando", afirmó.
No más de 20 de las 64 organizaciones de originarios del Territorio Indígena parque Isiboro Sécure (TIPNIS) alientan una marcha, de entre 1.000 y 1.200, que demanda un nuevo trazo a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que evite la reserva ecológica amazónica en el nordeste boliviano.
"Parece que ha sido un primer momento de encuentro importante, porque es la primera vez en todo este curso del conflicto que nos encontramos con la dirección, que nos encontramos con las bases, en este caso sólo marchistas, y decidimos un cierto encaminamiento que nos permita entablar un diálogo más o menos fructífero", explicó a renglón seguido.
Tras una serie de intentos, al menos 4 en las últimas tres semanas, por establecer el diálogo con los líderes indígenas, incluso antes de que la marcha part6a de Trinidad, hace 10 días, la misión en cabeza de Delgadillo habló por primera vez con los líderes de la protesta, entre otros, el titular de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez y su par de la Asamblea del Pueblo Guaraní (Apg), Celso Padilla, además del diputado oficialista Pedro Nuni, en presencia del grueso de los marchistas.
El cabildeo de este miércoles sentó un primer método, en una reunión de 2 horas, para discutir los temas planteados por la dirigencia de los marchistas, en una plataforma de 16 puntos.
"La reunión fue con todos los marchistas y todas las marchistas. Da la impresión que la gente quiere escuchar lo que se está hablando, y eso es una demostración de falta de confianza ciertamente en la dirección", estimó Delgadillo.
Las conversaciones proseguirán este jueves, desde las 9h00, en un punto cercano a San Ignacio de Moxos, Puerto San Borja, donde la marcha se encuentra detenida hace 3 días.
"Ellos han propuesto que venga la mitad del gabinete para tratar sus diferentes temas que son más o menos 16, según la plataforma, y nosotros estamos trabajando una otra manera de ver una agrupación por temáticas y les vamos a proponer esto el día de mañana" en Puerto San Borja, reseñó Delgadillo.
El jueves podrían establecerse las condiciones para que las partes discutan, ya en firme, el petitorio de 16 puntos.
"Uno a uno o en conjunto, eso lo tenemos que ver mañana", anticipó el Ministro.
Un tercer estadio de la negociación, que podría resolver la marcha en oposición a que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos discurra por el TIPNIS, contemplaría la posibilidad de que, eventualmente, los puntos aún en disenso sean debatidos en una mesa extraordinaria en La Paz, con la participación del presidente Evo Morales.
"Los temas que no puedan resolverse en estas mesas de trabajo que instalarán con ministerios tendrán que ir a un nivel superior", representado por el Presidente, "que los recibe en la ciudad de La Paz", apuntó.
Durante una entrevista el domingo último, Morales denunció que entre los 16 puntos de la plataforma elevada por la Cidob y la Apg, figuran pedidos irracionales, tales como paralizar la explotación y exploración de hidrocarburos en el país, a los que tachó, de plano, de intratables.
"Así es y así les diremos mañana", afirmó Delgadillo.
Carretera por el Tipnis recibe apoyo de 300 organizaciones
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-25&idn=52977
Más de 300 organizaciones sociales e institucionales de todo el país manifestaron su respaldo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Por el contrario, unas 10 organizaciones marchan en contra de la vía.
Los que se oponen a la construcción de la carretera son la Confederación de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob), algunos sectores del Tipnis, originarios de la amazonia de Pando, además de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas, entre otros.
Su marcha se inició el 15 de agosto desde la ciudad de Trinidad. Ellos aducen que la carretera afectará el medio ambiente. Sin embargo, en el transcurso de su medida de presión, aumentaron sus demandas a 16 puntos, entre ellos suspender la explotación hidrocarburífera en zonas clave.
En tanto, otras organizaciones, principalmente de Cochabamba y Beni, expresaron su apoyo a favor de la carretera que, según las resoluciones, les permitirá la integración de ambos departamentos no sólo para trasladar alimentos, también para el desarrollo turístico.
EMPRESARIOS PRIVADOS
La Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, por ejemplo, pidió que se privilegie el diálogo entre el Gobierno y los representantes del Tipnis y que se priorice el desarrollo de los departamentos.
Los empresarios señalan, en un manifiesto, que el proyecto vial del Tipnis es de vital importancia para la vinculación regional y nacional de importantes zonas geográficas que conectan a cuatro departamentos del país con economías complementarias, como Pando, Beni, La Paz y Cochabamba; los dos primeros, postergados históricamente, indica el documento.
“Es imperioso que las autoridades del Ejecutivo y los representantes del Tipnis entablen, a la brevedad posible, un diálogo sincero que permita allanar diferencias en torno de este proyecto, y analizar todas las variantes posibles para elegir la mejor alternativa de solución”, dicen los empresarios.
A favor de la VÍA
Cochabamba: Central Obrera Departamental de Cochabamba (COD), Federación de Gremiales, Federación de Fabriles, Asociación de Municipios, Empresarios Privados. Sindical Central Obrera Regional. Comunidades del Consejo Indígena del Sur (Conisur) que firmaron el documento de apoyo a la carretera: El Carmen, San Antonio, Limo del Isiboro, Fátima, Tres de Mayo, San Juan del Isiboro, Puerto Pancho, San José de Angosta, Santa Rosita y Secejsama. La Coordinadora Departamental para el Cambio (Codecam) organizará una concentración el 3 de septiembre, decisión que fue asumida por más de 30 organizaciones sociales. Federación Yungas-Chapare, Federación del Trópico.
Beni: las autoridades elegidas de San Ignacio de Moxos, como el subgobernador y antiguo dirigente indígena, Sixto Bejarano Congo, encabezaron una reunión interinstitucional en la que participaron al menos 120 representantes de varias organizaciones sociales que expresaron su respaldo a la construcción de la carretera. Otras organizaciones sociales e instituciones públicas en Riberalta: asociaciones de profesionales de Riberalta, Federación Regional de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de la provincia Vaca Díez, Sindicato de Moto Taxis, Central Sindical Campesina, Territorio Florida, Sindicato Único de Trabajadores de Luz y Fuerza de Riberalta, Federación de Mujeres Amazónicas.
Santa Cruz: la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Apiaguaiki Tumpa. El Movimiento al Socialismo Juventudes de Bolivia.
Chuquisaca: la Federación Regional Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, conformada por dirigentes de las provincias Hernando Siles y Luis Calvo.
Monteagudo: Cooperativa de Servicios Públicos, Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Básico (EPSA), Federación Regional Sindical Única de Trabajadores Campesinos.
En todo el país: la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCB-BS). La Organización de Mujeres Mineras de Bolivia. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB). Distrito Municipal Indígena Segunda Mayor del Ayllu Puraca-Layme, primera sección de la provincia Rafael Bustillo de Potosí. Consejo de Ayllus y Markas Qullanas, Nación Qhapaq Uma Suyu, afiliado al Conamaq, resolución firmada por más de 15 afiliadas. Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, firman 9 representantes.Gobierno
Neutrales
Defensor del Pueblo. Consejo de Ayllus Originarios de Potosí. Central Obrera Boliviana (COB).
Rechazan
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). Central de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP). Subcentral de Pueblos. Varios indígenas del Parque Isiboro Sécure. Central de Organizaciones de los Guarayos (COPNAG). Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo). Rafael Quispe, de la comisión de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Sin embargo esa entidad desconoció a Quispe y dijo que dejó de ser dirigente hace tres meses. Coordinadora de los Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO). Gran Consejo Chimán San Borja. Varias ONG. Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade).
Fundación Tierra (según medios de prensa). Algunos estudiantes indígenas de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz.
En riesgo la reanudación de relaciones entre Bolivia y EE.UU.
Por Coco Cuba
La Paz, 24 ago (ABI).- Las actividades políticas de la estadounidense Agencia de Cooperación (Usaid, por sus siglas en inglés) erosionaron el miércoles las relaciones frágiles de Bolivia y Estados Unidos, en su nivel más bajo desde fines de 2008, y mandaron a la congeladora el Acuerdo Marco, tendente a la restauración plena del vínculo bilateral, que las cancillerías de ambos países estaban a punto de abrochar.
La relación bilateral, caracterizada por una estabilidad de fondo de pozo desde 2008, cuando el presidente Evo Morales expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Golberg, tras denunciarle por conspiración, y desde que su entonces colega George W Bush hiciera lo propio en reciprocidad con el boliviano Gustavo Guzmán, tendía a corromperse más aún luego que La Paz denunciara, con documentos, que personeros de la Secretaría de Estados de EEUU contactaban a dirigentes indígenas bolivianos involucrados en una protesta.
La denuncia de La Paz no fue desmentida específicamente por el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, William Mozdzierz, sino, más bien, admitida, de manera tácita, durante una consulta a que fue convocado por la Cancillería boliviana en La Paz.
"Yo no voy a entrar en detalle acerca de nuestras conversaciones, pero puedo decir que hemos confirmado lo que dijimos ayer (lunes, en un comunicado escrito) que la Embajada y el gobierno de los Estados Unidos no tiene nada que ver con la marcha indígena", afirmó el diplomático estadounidense.
El lunes, la legación estadounidense en La Paz confirmó, por escrito, que efectivamente sostuvo "contactos" con "sectores" sociales bolivianos, pero no desmintió que entre éstos se incluyeran a los líderes de la marcha de originarios de 20 de las 64 organizaciones que habitan el Territorio Indígena Parque Nacional Isibore Sécure (TIPNIS) que marchan hace 10 días en oposición a la construcción de una carretera que vinculará el centro subandino con el nordeste amazónico de Bolivia.
Cinco legaciones diplomáticas consultadas en La Paz explicaron, a condición de anonimato, que contactan por sí o por medio de sus agentes de cooperación, efectivamente a representantes de sectores con los que cooperan, pero remarcaron que "no es de estilo" hablar con dirigentes de sectores o grupos en conflicto interno.
El domingo último, Morales enseñó públicamente registros de llamada telefónicas, obtenidos vía requerimiento fiscal, que cruzaron funcionarios estadounidenses con dirigentes de la protesta indígena, entre otros a la esposa del líder de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, Adolfo Chávez, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Rafael Quispe y, de manera inopinada, también con el diputado oficialista Pedro Nuni.
Los contactos fueron entablados por un funcionario de la Embajada de Washington, el boliviano Eliseo Abelo.
"La Embajada de Estados Unidos ha reconocido de manera expresa que esas comunicaciones registradas corresponden verazmente a llamadas sostenidas entre el asesor de la sección política y económica de la Embajada norteamericana con los líderes y personas indígenas informadas por el Gobierno, es decir Rafael Quispe, Pedro Nuni, la esposa del presidente de la Cidob Adolfo Chávez", confirmó el ministro de la Presidencia y canciller interino, Carlos Romero, que se entrevistó con Mozdzierz.
Un mes después que La Paz y Washington informaran que tenían prácticamente a punto el Acuerdo Marco, el director de la Agencia de Desarrollo de Macrorregiones y Fronteras, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia (2006-2009), denunció que EEUU ha montado la segunda conspiración para tumbar a Morales, desde 2008, oculta detrás de la caminata de indígenas en oposición a la construcción de la carretera de 300 km entre los departamentos inconexos de Cochabamba y Beni, cuyo trazo toca el TIPNIS.
"Así como desmantelamos el golpe cívico prefectural (de 2008), con la misma firmeza y templanza tenemos que expulsar inmediatamente a Usaid. Este es un acto patriótico. La expulsión de Usaid tiene que convertirse en mecanismo de autodefensa de nuestro territorio. Usaid financia becas a indígenas para defender la política imperial en el país", proclamó el funcionario.
Quintana acusó a Usaid, convertida en incordio en la relación bilateral, de dividir a las organizaciones sociales y generar conflictos que obliguen la intervención de la fuerza pública.
El Acuerdo Marco se negoció bajo la premisa que la agencia antidroga de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), expulsada por Morales, también en 2008 por conspiración, no volvía bajo concepto alguno a operar en Bolivia.
Gobierno recupera tierras que estaban en manos de extranjeros
La Paz, 24 ago (ABI).- El Gobierno recuperó 10 mil hectáreas de tierra que estaban en manos de extranjeros de forma ilegal, aunque el objetivo es recobrar más de un millón, informó el miércoles el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto.
En una conferencia de prensa, el funcionario explicó que la familia Masané Rodríguez, de origen español, adquirió "ilegalmente" el predio El Triunfo, ubicado en la provincia Chiquitos de Santa Cruz, por lo que el Tribunal Agrario Nacional resolvió devolver al Estado, el mes pasado.
"Estos predios tienen un antecedente agrario con un Título Ejecutorial que dictó un juez que nunca fue designado como funcionario del ex Concejo de Reforma Agraria, entonces ipso facto (en el acto) tenía ilegalidad. En una sentencia del mes de julio se está declarando probada la demanda. Por lo tanto, esos predios pasarían (...) a propiedad del Estado para que estas tierras sean dotadas a las comunidades que necesitan", argumentó.
Pinto añadió que el Viceministerio de Tierras investiga, además, otras propiedades de los españoles Masané Rodríguez, que junto con ciudadanos estadounidenses se habrían apropiado de 44 mil hectáreas.
Asimismo, dijo que hay sospechas sobre la adquisición legal de más de 700 hectáreas, en Santa Cruz, de propiedad del brasileño Joao Geraldo Reymundo.
El Viceministro de Tierras subrayó que el objetivo del proceso de fiscalización a la adquisición de propiedades y el cumplimiento de la Función Económica Social es proteger los recursos productivos que tiene el país.
"Hasta el año pasado tenemos sospechas de que habían 1.300.000 hectáreas con actividades irregulares", puntualizó.
Según la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Bolivia "hay un progresivo acaparamiento extranjero de las mejores tierras agrícolas, especialmente por parte de ciudadanos brasileros y argentinos".
Se creó Consejo de Ministros de Cultura de la Comunidad Andina
Lima, PERÚ 24 ago (ABI/AGENCIAS).- Los cancilleres de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela crearon esta semana el Consejo Andino de Ministros de Cultura para promover el patrimonio e industrias culturales.
La decisión fue adoptada durante el encuentro que cumplieron en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); en el marco de los acuerdos logrados por los presidentes de los cuatro países el pasado 28 de julio en Lima.
Con este nuevo instrumento, la CAN coordinará a nivel Ministerial la formulación de propuestas que promuevan las industrias culturales, la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial y la difusión de las expresiones culturales, entre otros.
La medida forma parte de la Agenda Estratégica Andina que establece como uno de sus ejes a las acciones comunitarias en el ámbito de la cultura y del patrimonio cultural.
El Consejo Andino de Ministros de Cultura y de Culturas estará integrado por los Ministros de Cultura o Culturas de los Países Miembros.
Sus funciones serán formular propuestas de estrategias subregionales para el desarrollo y fomento de las industrias culturales, para la correcta gestión, puesta en valor y apropiación social del Patrimonio Cultural material e inmaterial, así como promover mecanismos de cooperación, complementariedad, promoción y difusión de las expresiones culturales y estrategias destinadas a reconocer y fortalecer la participación de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, en la promoción y protección de sus derechos culturales.
Igualmente tendrá bajo su responsabilidad propiciar la cooperación y coordinación de la Comunidad Andina con los órganos e instituciones de Naciones Unidas (UNESCO, SEGIB, OEI, etc), OEA, UNASUR, entre otros.
Para la implementación de esta norma comunitaria, los Cancilleres andinos dispusieron la creación, bajo la coordinación del Consejo Andino de Ministros de Cultura y de Culturas, del Comité Andino de Industrias Culturales y el Comité Andino de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, que se sumará al Comité Andino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que ya existe.
Cancilleres de UNASUR crean bloque común frente a la crisis
Por Fernando Cibeira
PAGINA 12, BUENOS AIRES.-
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175299-2011-08-25.html
En una reunión extraordinaria en Buenos Aires, los cancilleres de la Unasur avanzaron en una respuesta común del bloque a la crisis económica internacional. Los ministros consensuaron que este escudo para la región debe realizarse sobre tres ejes: la desdolarización del intercambio comercial entre los países del bloque impulsando el pago en monedas locales, la consolidación de una banca regional con el lanzamiento del Banco del Sur y la coordinación en el uso de las reservas propias que, sumadas, alcanzan los 550 mil millones de dólares. Los cancilleres de la Unasur, más los del resto de América latina, los de Asia del Este –incluidos las poderosas China y Japón– y de Oceanía seguirán discutiendo hoy sobre la mejor manera de hacerle frente a la crisis en la cumbre del Foro para la Cooperación que une estos continentes (Focalae). Ayer por la tarde, los cancilleres fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner (ver página 4).
Por la cumbre del Focalae, los cancilleres de la Unasur ya sabían que coincidirían en Buenos Aires.
Rápidamente entonces armaron un encuentro paralelo, que tuvo ayer la forma de un almuerzo en el Palacio San Martín. Desde la última cumbre presidencial en Lima, que coincidió con la asunción del presidente Ollanta Humala, la obsesión de los gobiernos del bloque es que la saludable economía sudamericana no se contagie con los virus que cunden de nuevo por el Norte desarrollado.
Luego de la decisión de los presidentes de avanzar en esa dirección, el 12 de agosto pasado se reunieron en extenso –también en Buenos Aires– los ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales. En la ocasión constituyeron el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, como el organismo que se encargará en el futuro de coordinar las medidas del bloque. La Unasur, lo señaló ayer Cristina Kirchner, aún es joven y su institucionalidad difusa. Con todo, eso no le ha impedido actuar rápidamente cuando fue necesario en situaciones de urgencia institucional en Bolivia y Ecuador o, como en este caso, armar sobre la marcha los organismos que resulten necesarios.
Los cancilleres sembraron en el terreno arado por los ministros de Economía. Como anfitrión, la sesión plenaria la presidió el argentino Héctor Timerman. Enfrente suyo, en la mesa del salón principal del Palacio San Martín, se ubicó la secretaria general de la Unasur, la colombiana María Emma Mejía.
En concreto, los ministros aprobaron dos documentos. Uno de ellos fue el estatuto del Consejo de Economía y Finanzas. El otro, un plan de acción que incluyó la constitución de tres grupos de trabajo: uno para crear el Fondo Latinoamericano de Reservas; otro, para analizar los Medios de Pago y Compensaciones Internacionales y, el tercero, para el Comercio Interregional y la posibilidad de integrar las cadenas de producción.
“Trabajaremos con el objetivo de preservar el mercado suramericano frente a la crisis y a la volatilidad financiera”, subrayó el viceministro de Economía, Roberto Feletti, quien actuó como vocero debido a que fue designado coordinador del grupo de Integración Financiera. En estas semanas, este grupo deberá encargarse de constituir el Consejo de Economía y Finanzas y, de paso, revisar “toda la arquitectura financiera regional”, que mueve unos 120 mil millones de dólares en términos de intercambio comercial y que quieren preservar del tembladeral.
Feletti planteó como prioridad el impulso al pago en monedas locales para que los países de la Unasur dejen de lado el dólar que, todo indica, entró en un período histórico de declive como moneda de referencia mundial. El viceministro recordó que Argentina y Brasil ya avanzaron en ese sentido, ahora el resto de los países debería tomar medidas similares.
“El segundo punto es la conformación de una banca de de- sarrollo regional propia y, para lo propio, los países que firmaron el acta constitutiva del Banco del Sur decidieron acelerar esa constitución y fortalecer la Corporación Andina de Fomento (CAF), que tuvo un rol muy importante en la región durante la crisis de 2009”, detalló Feletti. Los cancilleres consideraron este punto una prioridad debido a que el Congreso norteamericano demora –y todo indica que seguirá demorando– la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial atraviesa la misma crisis que el resto de los organismos financieros internacionales.
El tercer ítem es el de las reservas. “Se decidió la coordinación para proteger la región de la volatilidad y coordinar el uso de reservas, es decir, constituir un fondo de coordinación de reservas de modo que los bancos centrales puedan contar con rapidez con un stock de intervención aumentado, producto de la recurrencia a este fondo”, puntualizó Feletti.
Con estas resoluciones, los grupos de trabajo tendrán 60 días para trabajar en las definiciones. La idea es llegar a la próxima cumbre de presidentes que se realizará a fin de octubre o principios de noviembre en Asunción, Paraguay, con los detalles resueltos.
“Trabajaremos con el objetivo de preservar el mercado suramericano frente a la crisis y a la volatilidad financiera”, insistió Feletti. Los cancilleres coincidieron en señalar como “histórico” el nivel de acuerdos alcanzados, que por primera vez muestran a la región unida y actuando de manera coordinada en materia económica. Y que, a diferencia de otras épocas, no es para defender políticas de ajuste sino de crecimiento y de inclusión social.
Evita y la economía tienen código
Por Martín Granovsky
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175301-2011-08-25.html
El mural aplicado de Evita tiene su código Da Vinci. En el rodete figuran los números 20 y 25, por la hora de la noche en que Eva Perón murió, el 26 de julio de 1952.
Cristina Fernández de Kirchner dejó inaugurado ayer el mural en una videoconferencia de la que participaron, junto a viejos peronistas, los cancilleres de Unasur, los de América latina en general y los ministros o viceministros de la región Asia-Pacífico. Como el mural, esa mezcolanza en la Casa Rosada también tiene su código en números. Entre 1990 y 2010, las exportaciones de Asia-Pacífico a América latina-Caribe crecieron un 17 por ciento. El doble de la cifra mundial en el mismo período. Y las exportaciones de América latina-Caribe rumbo a Asia-Pacífico crecieron un 14 por ciento. El intercambio ocupa sólo el 13 por ciento del volumen mundial de comercio, pero un documento de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) registra como clave “un rápido crecimiento”.
Los cancilleres de Unasur (ver aparte) les pusieron fecha a las conclusiones de las tres comisiones que deben sugerir a los gobiernos medidas para que la crisis en Europa y los Estados Unidos afecte lo menos posible a la región. Será en menos de dos meses, el 12 de octubre, pero ya están trazadas las líneas maestras. El acuerdo que viene avanzando consiste en aumentar el comercio entre los vecinos de Unasur, pasar lo menos posible por el dólar como moneda de intercambio y apurar el análisis de la constitución de un Banco del Sur, un tema que según funcionarios latinoamericanos ahora Brasil parece más dispuesto a facilitar que un mes atrás.
El ministro Héctor Timerman fue anfitrión de sus colegas de Unasur. También comenzó a serlo y continuará siéndolo de la Fealac, la reunión de 34 países emergentes que incluye a Brasil y China, es decir dos de los cinco Brics (la erre es de Rusia, la i de India y la ese de Sudáfrica).
Como representantes de las dos zonas menos afectadas por la crisis mundial y con la presencia de ocho del total de miembros del G-20, los funcionarios comenzaron a discutir no sólo de comercio sino de poder. La palabra de moda es gobernanza. No es el gobierno del mundo propiamente dicho (no existe), sino la constelación de instituciones, formas y articulaciones.
“Es evidente que los Estados Unidos siguen siendo la superpotencia que asoma por encima del resto, y que Alemania es poderosa”, dijo uno de los participantes a este diario. “Pero Asia-Pacífico y Latinoamérica, especialmente Sudamérica, deben pensar en cómo traducen la realidad actual, la realidad de una crisis que los afecta menos, la realidad de su condición de motores de la economía mundial, en propuestas para cambiar el modo en que funciona el Fondo Monetario Internacional o para reformar la Organización de las Naciones Unidas.”
Salvo China, que no sufrió las crisis, el resto ya tuvo las suyas. El sudeste asiático, la de 1997. América latina, la crisis del Tequila, la crisis brasileña y la hecatombe argentina de 2001. Es como si asiáticos y latinoamericanos dijeran hoy: “Nadie minimiza lo que pasa en el mundo, porque además no es bueno, pero a la vez nosotros hablamos como expertos en burbujas después de haber sufrido su explosión”. Ninguna de las dos regiones experimenta problemas fiscales o financieros propios.
“En general las dos áreas avanzamos en la solución de la pobreza, pero Asia-Pacífico avanzó más en la superación de la de-sigualdad”, dijo anoche a Página/12 Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. En alusión al índice de Gini, que mide la desigualdad, Bárcena dijo que los países asiáticos más desiguales, Camboya y Filipinas, están cerca de los sudamericanos menos desiguales, que son Uruguay, Venezuela y la Argentina. “Otro de los temas a analizar es la productividad”, dijo Bárcena. “El factor de productividad en Asia resultó mejor que en América latina. Eso tenemos que resolverlo. Somos una región con más espacio fiscal, con más espacio social que antes, dispuesta a producir y a consumir mejor. Debemos ser más productivos y tener un mayor rendimiento.”
También destacó que la región Asia-Pacífico “controla el 57 por ciento de las reservas globales”.
Como los cancilleres aprovechan los dos foros para reuniones bilaterales, la Argentina se lleva un apoyo chino en dos temas que para el Gobierno tienen gran importancia: el respaldo a los mecanismos de control de lavado de dinero y la confirmación de la coincidencia de Beijing en el reclamo de soberanía por las Malvinas.
Cuestión de códigos.
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