TITULARES
- Año 2003: 5 partidos neoliberales se cuotearon el Poder Judicial
- Lo jueces eran elegidos con padrinazgo y no por méritos
- Ex presidente Mesa reconoce que hubo cuoteo en elección de jueces
- Cuando el Poder Judicial fue botín de guerra de la derecha
· Del Granado: De aliado neoliberal a opositor a la elección popular de jueces
- Neoliberales gastaron $us 36 millones en maquillaje del Poder Judicial
- Las órdenes a los magistrados salían del Palacio de Gobierno
- El 36% de candidatos a jueces es indígena
· Unos 160.000 jóvenes son nuevos electores
· Los Ayoréode están marginados de la salud plurinacional
· Independencia de Bolivia: Desde Sucre Evo emitirá mensaje
- Evo: “EEUU quiere vincularme con el narcotráfico y el terrorismo”
· Frente al contrabando, proponen exportar hojas de coca a la Argentina
- Crearán Consulado en Europa para los inmigrantes andinos
· El 74% de la carga del puerto chileno de Arica es para Bolivia
· Cambiarán los números de cédulas de identidad duplicadas
- Carnet de identidad para la CIA, Por Antonio Peredo
· Agosto mes de la Pachamama: Chacha y Warmi Supay, Por Édgar Arandia
- Bolivia logra más medallas que antes en Juegos del Alba
Año 2003: 5 partidos neoliberales se cuotearon el Poder Judicial
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-31&idn=51109
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) se repartieron los puestos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Constitucional el año 2003, según publicaciones del periódico La Razón, de La Paz, entre el 1 y el 7 de octubre de ese año.
Los impresos fueron mostrados en un documental realizado por Bolivia Tv titulado Cuoteo Político en el Poder Judicial.
El cual revela cómo se eligieron a los integrantes del Poder Judicial el año 2003, durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El 1 de octubre, por ejemplo, ese diario se refirió a la distribución de espacios para el Poder Judicial: “La Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados para el MNR, 2 para el MIR y uno para NFR”.
“Consejo de la Judicatura: Hay problemas. Un acuerdo inicial estableció un espacio para el MNR y otro para el NFR. Sin embargo, el MNR dice que consiguió desplazar a los eneferistas, motivando su molestia. El MIR plantea que el MNR ceda su lugar a la espera de que otro consejero renuncie y deje su lugar vacío. El proceso para destituir a dos consejeros que quedan —Guido Chávez y María Teresa Rivero— está en marcha”, indica una de sus noticias.
Sobre el Tribunal Constitucional: “Un tribuno para el MNR, uno para el MIR y otro para NFR”. Todavía no se había definido el cuoteo de la Corte Nacional Electoral. El 2 de octubre, se publicó los 15 nombres semiconcertados por los partidos políticos de entonces:
“Corte Suprema de Justicia: Marlene Terán, del MIR; Beatríz Sandóval, del MNR; Eddy Fernández, de NFR, Luis Molina, del MIR, y Alberto Ruiz, del MNR. Al Consejo de la Judicatura: Luis Dabdoub, del MNR; Jaime Sosa, del MIR y Rodolfo Mérida, de NFR. Al Tribunal Constitucional: Antonio Rivera, de MNR; Franz Rivera de NFR, Wálter Raña, del MIR”, indica otra de las noticias de ese periódico.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que esos postulantes “eran personas que aparecían de la nada y estaban en deuda eterna con los partidos políticos, su misión y su consigna era reproducir el poder de su partido político para las células de abogados que existían, para los grupos partidarios que tomaban al asalto el Poder Judicial”.
Por su parte, el ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, comentó que el proceso de elección de magistrados fue “asquerosamente descarado”.
Relató que una vez “no había un cupo para el ADN (Acción Democrática Nacionalista). En ese momento, para que el ADN entre en la coalición y no dejarle sin su cuotita, su parte de la torta, inventan a último momento, a las 12 de la noche una sesión”.
Recordó también que esos días se llamaba a sesión a las cuatro de la tarde, pero durante cuatro días, no había nada. Sin embargo, el presidente del Congreso salía a las 23.59 y anunciaba la clausura y la inauguración de la nueva sesión, aunque nunca se había inaugurado nada.
“Era la coalición negociando los puestos judiciales”, aseguró Torrico.
El 2 de octubre del 2003, La Razón informó: “El problema de fondo (para no designar aún a los magistrados judiciales) fue la disputa entre el MIR, NFR y el MNR por tener a una representante en el Consejo de la Judicatura. Fuentes políticas explicaron que hay dos puestos vacantes en el Consejo. Uno sería para el MNR y otro para NFR. Sin embargo, el MIR quiere desplazar a los eneferistas ocupando ese lugar. Ese hecho molestó al partido de Manfred Reyes Villa”.
El 4 de octubre, se publicó: “El MNR, MIR y NFR no pudieron lograr los votos para cuotearse las 16 designaciones que pretendían. Para la votación hubo cuatro irregularidades, Iván Zegada fue designado Defensor del Pueblo. La coalición no pudo echar al consejero Franz Rivera”.
La Razón en sus notas del 7 de octubre indica: “Una abogada que ha sido echada de la Corte Suprema es parte del Tribunal: La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional arroja más dudas. Además del cuoteo oficialista consumado la noche del viernes, ayer surgieron cuestionamientos a dos de las magistradas elegidas, Silvia Salame y Martha Rojas”.
Salame, abogada de Chuquisaca, fue destituida de la Suprema en diciembre de 2000. Se desempeñaba como abogada asistente de la sala plena de la Corte Suprema cuando fue echada por desacato y porque la Sala le quitó la confianza. Fue elegida como magistrada suplente del Tribunal Constitucional de una lista de postulantes a la Corte Suprema al igual que Martha Rojas y Artemio Arias. Los tres pretendían ser ministros de la Suprema y resultaron elegidos como tribunos”, según difundió ese medio de difusión.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) se repartieron los puestos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Constitucional el año 2003, según publicaciones del periódico La Razón, de La Paz, entre el 1 y el 7 de octubre de ese año.
Los impresos fueron mostrados en un documental realizado por Bolivia Tv titulado Cuoteo Político en el Poder Judicial.
El cual revela cómo se eligieron a los integrantes del Poder Judicial el año 2003, durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El 1 de octubre, por ejemplo, ese diario se refirió a la distribución de espacios para el Poder Judicial: “La Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados para el MNR, 2 para el MIR y uno para NFR”.
“Consejo de la Judicatura: Hay problemas. Un acuerdo inicial estableció un espacio para el MNR y otro para el NFR. Sin embargo, el MNR dice que consiguió desplazar a los eneferistas, motivando su molestia. El MIR plantea que el MNR ceda su lugar a la espera de que otro consejero renuncie y deje su lugar vacío. El proceso para destituir a dos consejeros que quedan —Guido Chávez y María Teresa Rivero— está en marcha”, indica una de sus noticias.
Sobre el Tribunal Constitucional: “Un tribuno para el MNR, uno para el MIR y otro para NFR”. Todavía no se había definido el cuoteo de la Corte Nacional Electoral. El 2 de octubre, se publicó los 15 nombres semiconcertados por los partidos políticos de entonces:
“Corte Suprema de Justicia: Marlene Terán, del MIR; Beatríz Sandóval, del MNR; Eddy Fernández, de NFR, Luis Molina, del MIR, y Alberto Ruiz, del MNR. Al Consejo de la Judicatura: Luis Dabdoub, del MNR; Jaime Sosa, del MIR y Rodolfo Mérida, de NFR. Al Tribunal Constitucional: Antonio Rivera, de MNR; Franz Rivera de NFR, Wálter Raña, del MIR”, indica otra de las noticias de ese periódico.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que esos postulantes “eran personas que aparecían de la nada y estaban en deuda eterna con los partidos políticos, su misión y su consigna era reproducir el poder de su partido político para las células de abogados que existían, para los grupos partidarios que tomaban al asalto el Poder Judicial”.
Por su parte, el ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, comentó que el proceso de elección de magistrados fue “asquerosamente descarado”.
Relató que una vez “no había un cupo para el ADN (Acción Democrática Nacionalista). En ese momento, para que el ADN entre en la coalición y no dejarle sin su cuotita, su parte de la torta, inventan a último momento, a las 12 de la noche una sesión”.
Recordó también que esos días se llamaba a sesión a las cuatro de la tarde, pero durante cuatro días, no había nada. Sin embargo, el presidente del Congreso salía a las 23.59 y anunciaba la clausura y la inauguración de la nueva sesión, aunque nunca se había inaugurado nada.
“Era la coalición negociando los puestos judiciales”, aseguró Torrico.
El 2 de octubre del 2003, La Razón informó: “El problema de fondo (para no designar aún a los magistrados judiciales) fue la disputa entre el MIR, NFR y el MNR por tener a una representante en el Consejo de la Judicatura. Fuentes políticas explicaron que hay dos puestos vacantes en el Consejo. Uno sería para el MNR y otro para NFR. Sin embargo, el MIR quiere desplazar a los eneferistas ocupando ese lugar. Ese hecho molestó al partido de Manfred Reyes Villa”.
El 4 de octubre, se publicó: “El MNR, MIR y NFR no pudieron lograr los votos para cuotearse las 16 designaciones que pretendían. Para la votación hubo cuatro irregularidades, Iván Zegada fue designado Defensor del Pueblo. La coalición no pudo echar al consejero Franz Rivera”.
La Razón en sus notas del 7 de octubre indica: “Una abogada que ha sido echada de la Corte Suprema es parte del Tribunal: La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional arroja más dudas. Además del cuoteo oficialista consumado la noche del viernes, ayer surgieron cuestionamientos a dos de las magistradas elegidas, Silvia Salame y Martha Rojas”.
Salame, abogada de Chuquisaca, fue destituida de la Suprema en diciembre de 2000. Se desempeñaba como abogada asistente de la sala plena de la Corte Suprema cuando fue echada por desacato y porque la Sala le quitó la confianza. Fue elegida como magistrada suplente del Tribunal Constitucional de una lista de postulantes a la Corte Suprema al igual que Martha Rojas y Artemio Arias. Los tres pretendían ser ministros de la Suprema y resultaron elegidos como tribunos”, según difundió ese medio de difusión.
Lo jueces eran elegidos con padrinazgo y no por méritos
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-31&idn=51104
Los anteriores congresos nacionales no tomaban en cuenta los méritos ni las calificaciones de los abogados postulantes a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional, sino el padrinazgo político del magistrado, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce.
En un informe del canal televisivo Bolivia TV, recordó que en gobiernos anteriores se elegían a autoridades judiciales “entre gallos y medianoche”.
“No era importante ni la presentación de méritos ni la calificación. Era importante el padrinazgo político. Muchas veces elegían a personas que ni siquiera habían participado en la convocatoria. Sin que nadie les consulte, sin que nadie les diga nada, entre gallos y medianoche, a las cuatro, cinco de la mañana aparecían designados los nuevos magistrados”, insistió.
Explicó que antes había acuerdos congresales que no respetaban la capacidad y el mérito de las personas. Hubo convocatorias que se hacían sin ningún reglamento, y en periodos tan cortos para que los abogados no puedan presentarse.
Por su parte, el ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gustavo Torrico criticó a los opositores que hoy hacen campaña por el voto nulo en las elecciones judiciales previstas para el 16 de octubre.
“Se los elegía (magistrados) en el Congreso directamente y era un proceso asquerosamente descarado donde se veía el cuoteo político. Hoy escucho mucho a la oposición hablar de méritos, que es un proceso apañado, sucio, pero en ese tiempo no se respetaban ni méritos ni nada. El único mérito era ser un buen militante”, dijo.
Estas declaraciones surgen en momentos en que algunos partidos políticos de oposición, como Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Unidad Nacional (UN) y Alianza Social (AS), impulsan una campaña por el voto nulo en los comicios judiciales. El opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), de Juan Del Granado, convocó a la ciudadanía a convertir las elecciones en un plebiscito (figura no contemplada en la Ley Fundamental) contra las políticas del Gobierno. Por ello, el MSM pidió votar NO en las elecciones.
Partidos querían privatizar recursos
El analista político William Bascopé explicó que la intención que tenían entonces partidos como el MNR, MIR, ADN y NFR era copar el poder judicial para lograr la privatización de los recursos naturales del país.
“El poder judicial estaba a su favor porque ellos tenían que legitimar jurídica y constitucionalmente la privatización de las empresas más estratégicas, que la Constitución de ese entonces no permitía, (buscando) que los recursos naturales sean de propiedad de manos ajenas, extranjeras”, señaló.
“A (Carlos) Sánchez Berzaín (ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada) le interesaba tener el Tribunal Constitucional para que de alguna forma validara la privatización, la enajenación de los recursos estratégicos”, agregó Bascopé.
El ex diputado del MAS Gustavo Torrico relató una de las experiencias ocurridas durante la gestión de Gonzalo Sánchez. “Cuando Manuel Morales Dávila (abogado) inició un proceso a Sánchez de Lozada, impulsó un recurso de inconstitucionalidad diciendo que la Ley de Capitalización de los hidrocarburos vulneraba la Constitución Política del Estado, cosa que era cierta, pero en el fallo del Tribunal Constitucional dicen que es constitucional dicha ley”, comentó el ex parlamentario.
Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce también criticó las acciones tomadas por el anterior Tribunal Constitucional. “Si analizáramos los fallos del anterior Tribunal Constitucional nos llenaríamos de pena y pavor, hubo fallos que han sido vergonzosos para la jurisprudencia boliviana”, sostuvo.
Ex presidente Mesa reconoce que hubo cuoteo en elección de jueces
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-31&idn=51133
‘El cuoteo como método’, subtitula un capítulo del libro Presidencia Sitiada del ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa Gisbert, en el que da testimonio de la repartija del Poder Judicial en 2003 y revela la lógica maquiavélica del entonces operador político Óscar Eid Franco.
Mesa, también ex vicepresidente del país, no duda en afirmar que, entonces, el MNR, MIR y NFR pusieron sus “fichas” en la administración de justicia del país.
El libro de las memorias de Mesa Gisbert revela uno de los males de la justicia, como es el cuoteo político, que el ex Mandatario describe desde su experiencia como ex autoridad.
Por ejemplo, relata como los partidos políticos Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) dominaban la estrategia de la repartición de puestos en la administración pública.
El cuoteo era un dogma que los operadores no aceptaban poner en tela de juicio— comenta Mesa Gisbert en su libro— donde revela el perfil y actitudes del entonces operador político mirista Óscar Eid Franco.
“Para qué hemos llegado al poder sino para ejercerlo, lo más que podemos hacer es encontrar a los mejores dentro de aquellos que vamos a imponer, decían muy tranquilos, especialmente Eid, que en privado nunca andaba con largos y tediosos rodeos que daba en público”, menciona el ex Presidente.
Cuenta que días y días se reunían en “estériles discusiones en torno a cuántos cargos para cada partido, agravados por el reciente ingreso de NFR al Gobierno”.
“Era una historia loca que terminó mal”, escribió.
LOS ESPACIOS EN DISPUTA
Mesa señala en el recuento de su memoria que paralelamente a la acefalía de la Defensora del Pueblo, estaban los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura.
“El 21 de octubre del 2002, el 5 de mayo, el 28 de julio y el 7 de octubre de 2003 nos reunimos en el despacho vicepresidencial con Eduardo Rodríguez, en algún caso junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Villafuerte”.
Indica que en esas reuniones que siempre lo acompañó Jorge Cortés, secretario de Desarrollo Institucional de Vicepresidencia, tenían el objetivo de hacer viable una reforma judicial y en las últimas tres reuniones hacer un análisis de los nombres que se barajaban para la elección congresal de los cargos en el Poder Judicial.
Según Mesa, el pedido de los magistrados, “que compartíamos plenamente”, era evitar en lo posible la inclusión de ex garciamezistas y militantes de los partidos de gobierno que se conviertan en fichas de uso del poder político.
“En varias reuniones, (en) la cúpula de la coalición y jefes de bancada, intenté infructuosamente evitar ese cuoteo que irónicamente fue inevitable en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, dadas las posiciones irreductibles de los partidos que querían imponer sus propios candidatos. En el Tribunal, en cambio, MNR, MIR y NFR lograron un acuerdo y pusieron sus fichas”, detalla el ex Presidente.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Mesa explica que al comienzo del mes de Octubre (2003), los nombramientos y las designaciones se convirtieron en otro factor de distanciamiento en el Gobierno.
“Óscar Eid sostenía y difundía por esos días una tesis que expuso a quien se la quisiera oir: Ana María Romero era la punta de lanza de la guerra de los antipartidos contra el sistema de partidos (básicamente MIR-MNR)”.
La reelección de Ana María Romero como Defensora del Pueblo se convertiría, desde ese cargo, en un factor grave de desestabilización, razones por las que se instruyó a la bancada votar en contra de su reelección. El veto del presidente (Gonzalo) Sanchez de Lozada a su reelección en el cargo contribuyó a agudizar la crisis política del 2003.
En el capitulo ‘Un disparo contra la independencia del Poder Judicial’, Mesa se refiere al fallido intento de cubrir las vacantes de los órganos judiciales lejos del cuoteo.
“El 31 de julio de 2004, en virtud de la potestad que me daba la Ley en pleno receso parlamentario nombré con carácter interino a seis magistrados de la Corte Suprema: Virginia Kolle, Nelly de la Cruz, José Luis Baptista, Gonzalo Castellanos, René Berindoague y Carlos R. Cardona. Dos miembros del Consejo de la Judicatura, Germán Gutiérrez y Ricardo Pol, y nueve fiscales (...)”.
Explica Mesa que con estas designaciones resolvía dos problemas; por un lado las vacancias que habían dejado al Poder Judicial al borde del colapso, “ante la imposibilidad del Congreso de nombrar (repartirse), en más de tres años los cargos vacantes”.
Expresa que con esta actitud garantizaba la independencia del Poder Judicial, “descarnadamente controlado por los partidos en función de gobierno en connivencia (confabulación) con la oposición, práctica común en todo el período democrático”.
Sin embargo, en su libro el ex Mandatario relata que el 11 de noviembre de ese año (2004) el Tribunal Constitucional falló en contra de esos nombramientos, “desconociendo de manera incorrecta el receso parlamentario que los legitimizaba incuestionablemente. Existen registros grabados, tanto en Diputados como en Senadores, del momento en que los presidentes de ambas cámaras cierran la última sesión de la Legislatura 2003-2004 y declaran el receso”.
Ex Presidente, historiador y ex ‘Vice’ de Goni
Carlos Diego Mesa Gisbert (nacido en La Paz, 12 de agosto de 1953), historiador, periodista, escritor y político que fue Presidente constitucional de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005.
Se visibilizó en 2002 como candidato vicepresidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) formando el binomio del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
El 6 de junio de 2005, presentó su renuncia irrevocable a la presidencia debido a la presión de sectores tanto de izquierda como de derecha que pedían el cierre del Congreso, la elección inmediata de asambleístas constituyentes, la realización del Referendo Autonómico (el Presidente había presentado como proyectos de ley las dos medidas, que el Congreso le había bloqueado sistemáticamente) y la nacionalización del gas. El 9 de junio, le sucedió en la primera magistratura el presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé, después de la renuncia a la sucesión constitucional presentada por los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez; y de la Cámara de Diputados, Mario Cossío.
‘El cuoteo como método’, subtitula un capítulo del libro Presidencia Sitiada del ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa Gisbert, en el que da testimonio de la repartija del Poder Judicial en 2003 y revela la lógica maquiavélica del entonces operador político Óscar Eid Franco.
Mesa, también ex vicepresidente del país, no duda en afirmar que, entonces, el MNR, MIR y NFR pusieron sus “fichas” en la administración de justicia del país.
El libro de las memorias de Mesa Gisbert revela uno de los males de la justicia, como es el cuoteo político, que el ex Mandatario describe desde su experiencia como ex autoridad.
Por ejemplo, relata como los partidos políticos Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR) dominaban la estrategia de la repartición de puestos en la administración pública.
El cuoteo era un dogma que los operadores no aceptaban poner en tela de juicio— comenta Mesa Gisbert en su libro— donde revela el perfil y actitudes del entonces operador político mirista Óscar Eid Franco.
“Para qué hemos llegado al poder sino para ejercerlo, lo más que podemos hacer es encontrar a los mejores dentro de aquellos que vamos a imponer, decían muy tranquilos, especialmente Eid, que en privado nunca andaba con largos y tediosos rodeos que daba en público”, menciona el ex Presidente.
Cuenta que días y días se reunían en “estériles discusiones en torno a cuántos cargos para cada partido, agravados por el reciente ingreso de NFR al Gobierno”.
“Era una historia loca que terminó mal”, escribió.
LOS ESPACIOS EN DISPUTA
Mesa señala en el recuento de su memoria que paralelamente a la acefalía de la Defensora del Pueblo, estaban los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura.
“El 21 de octubre del 2002, el 5 de mayo, el 28 de julio y el 7 de octubre de 2003 nos reunimos en el despacho vicepresidencial con Eduardo Rodríguez, en algún caso junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Villafuerte”.
Indica que en esas reuniones que siempre lo acompañó Jorge Cortés, secretario de Desarrollo Institucional de Vicepresidencia, tenían el objetivo de hacer viable una reforma judicial y en las últimas tres reuniones hacer un análisis de los nombres que se barajaban para la elección congresal de los cargos en el Poder Judicial.
Según Mesa, el pedido de los magistrados, “que compartíamos plenamente”, era evitar en lo posible la inclusión de ex garciamezistas y militantes de los partidos de gobierno que se conviertan en fichas de uso del poder político.
“En varias reuniones, (en) la cúpula de la coalición y jefes de bancada, intenté infructuosamente evitar ese cuoteo que irónicamente fue inevitable en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, dadas las posiciones irreductibles de los partidos que querían imponer sus propios candidatos. En el Tribunal, en cambio, MNR, MIR y NFR lograron un acuerdo y pusieron sus fichas”, detalla el ex Presidente.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Mesa explica que al comienzo del mes de Octubre (2003), los nombramientos y las designaciones se convirtieron en otro factor de distanciamiento en el Gobierno.
“Óscar Eid sostenía y difundía por esos días una tesis que expuso a quien se la quisiera oir: Ana María Romero era la punta de lanza de la guerra de los antipartidos contra el sistema de partidos (básicamente MIR-MNR)”.
La reelección de Ana María Romero como Defensora del Pueblo se convertiría, desde ese cargo, en un factor grave de desestabilización, razones por las que se instruyó a la bancada votar en contra de su reelección. El veto del presidente (Gonzalo) Sanchez de Lozada a su reelección en el cargo contribuyó a agudizar la crisis política del 2003.
En el capitulo ‘Un disparo contra la independencia del Poder Judicial’, Mesa se refiere al fallido intento de cubrir las vacantes de los órganos judiciales lejos del cuoteo.
“El 31 de julio de 2004, en virtud de la potestad que me daba la Ley en pleno receso parlamentario nombré con carácter interino a seis magistrados de la Corte Suprema: Virginia Kolle, Nelly de la Cruz, José Luis Baptista, Gonzalo Castellanos, René Berindoague y Carlos R. Cardona. Dos miembros del Consejo de la Judicatura, Germán Gutiérrez y Ricardo Pol, y nueve fiscales (...)”.
Explica Mesa que con estas designaciones resolvía dos problemas; por un lado las vacancias que habían dejado al Poder Judicial al borde del colapso, “ante la imposibilidad del Congreso de nombrar (repartirse), en más de tres años los cargos vacantes”.
Expresa que con esta actitud garantizaba la independencia del Poder Judicial, “descarnadamente controlado por los partidos en función de gobierno en connivencia (confabulación) con la oposición, práctica común en todo el período democrático”.
Sin embargo, en su libro el ex Mandatario relata que el 11 de noviembre de ese año (2004) el Tribunal Constitucional falló en contra de esos nombramientos, “desconociendo de manera incorrecta el receso parlamentario que los legitimizaba incuestionablemente. Existen registros grabados, tanto en Diputados como en Senadores, del momento en que los presidentes de ambas cámaras cierran la última sesión de la Legislatura 2003-2004 y declaran el receso”.
Ex Presidente, historiador y ex ‘Vice’ de Goni
Carlos Diego Mesa Gisbert (nacido en La Paz, 12 de agosto de 1953), historiador, periodista, escritor y político que fue Presidente constitucional de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005.
Se visibilizó en 2002 como candidato vicepresidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) formando el binomio del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),
El 6 de junio de 2005, presentó su renuncia irrevocable a la presidencia debido a la presión de sectores tanto de izquierda como de derecha que pedían el cierre del Congreso, la elección inmediata de asambleístas constituyentes, la realización del Referendo Autonómico (el Presidente había presentado como proyectos de ley las dos medidas, que el Congreso le había bloqueado sistemáticamente) y la nacionalización del gas. El 9 de junio, le sucedió en la primera magistratura el presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé, después de la renuncia a la sucesión constitucional presentada por los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez; y de la Cámara de Diputados, Mario Cossío.
Cuando el Poder Judicial fue botín de guerra de la derecha
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-31&idn=51132
Octubre de 1993, cuando se dio la caída del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el extinto Édgar Oblitas Fernández, fue uno de los hitos de la intromisión del poder político al Poder Judicial, según políticos y analistas.
Es decir, según los entrevistados, el tercer Poder del Estado se convirtió en el botín de los partidos de la época, como el MNR, ADN, UCS, MIR, NFR y otros.
“Estamos ante la mejor oportunidad de renovar la Corte Suprema de Justicia”, fue la frase con la que el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), justificó la instauración de un juicio de responsabilidades y con ello la suspensión de Oblitas Fernández (Última Hora 21-10-93).
El entonces jefe de bancada del MNR en la Cámara de Diputados, Edil Sandóval, confesó públicamente que su partido actuó en “consigna política” (al defenestrar a Oblitas), según un artículo del periodista y ex ministro Andrés Soliz Rada divulgado en el sitio http://www.cedib.org.
Mientras que el extinto jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Max Fernández Rojas, aliado del MNR, admitió en ese tiempo que “la caída del presidente de la Suprema fue negociada con Sánchez de Lozada”.
El caso Oblitas se refiere al supuesto soborno que montó el MNR de la mano del ministro de la Presidencia de entonces y ahora prófugo en Estados Unidos Carlos Sánchez Berzaín.
El agente de la CIA Antonio Ybarra (nacido en Nicaragua), el entonces cónsul de la Embajada de EEUU en Cochabamba, Willy Scarborough, una fiscal y otros fueron cómplices de la “tramoya”, agrega la publicación de Última Hora.
GARANTIZAR LA CAPITALIZACIÓN
La movida que defenestró a Oblitas fue para evitar que esa entidad dilucide la legalidad o ilegalidad de la Ley de Capitalización de las empresas estratégicas que aprobó el Congreso entonces dominado por el MNR.
Las cualidades de “digno y probo magistrado”, pero “fundamentalmente defensor de la democracia y la soberanía nacional” de Oblitas —como describió el consejero de la Judicatura Rodolfo Mérida (discurso del XII aniversario del Consejo de la Judicatura)—, infundieron la desconfianza y temor del gobierno de Sánchez de Lozada.
Según el Atlas Electoral de la ex Corte Nacional Electoral, Sánchez de Lozada asumió ese año (1993) su primer mandato con 35,7% de votos de la población.
El dirigente del Partido Comunista de Bolivia y analista político Marcos Domich calificó ese hecho (suspensión de Oblitas) como el golpe más “nefasto” al Poder Judicial en la historia contemporánea de Bolivia.
EVITAR INTROMISIÓN
En ese contexto, el abogado Jerjes Justiniano y el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, coincidieron, por separado, en que los citados casos son sólo una muestra del cuoteo político del Poder Judicial para sus intereses económicos y políticos.
Por eso, las inéditas elecciones judiciales concebidas en la Constitución Política del Estado (CPE) apuntan a quebrar definitivamente esa dependencia y acabar con el estigma de justicia corrupta y víctima de una descarada “intromisión” gubernamental, afirmó el presidente de la Cámara de Senadores.
Por su lado, la ministra de Justicia, Nilda Copa, señaló que antes los partidos políticos se partían los espacios judiciales pero ahora será la población quien elegirá a las mejores autoridades en las elecciones que se realizaran este 16 de octubre.
“Se cuoteaban y se distribuían los espacios de acuerdo a los candidatos que se tenían, ahora eso se acabó y vamos a esperar la conciencia del pueblo boliviano que decida por lo mejores hombres y mujeres”, afirmó ayer en el canal televisivo Bolivia TV.
Jefes políticos eran los que decidían
El ex rector de la Universidad Gabriel René Moreno y ex diputado nacional Jerjes Justiniano recordó que los magistrados en la época del neoliberalismo eran elegidos por 2/3 del ex Congreso Nacional de una lista designada por los jefes o altos dirigentes de los partidos.
“Antiguamente (...) la Corte Suprema era conformada por personeros elegidos por 2/3 de votos de la Cámara de Diputados, y en consecuencia cuatro personajes, tres partidos políticos grandes y algún acompañante se repartían los cargos de ese Poder del Estado”, afirmó Justiniano.
Del Granado, ayer aliado neoliberal, hoy opositor a elección popular de jueces
Octubre de 1993, cuando se dio la caída del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el extinto Édgar Oblitas Fernández, fue uno de los hitos de la intromisión del poder político al Poder Judicial, según políticos y analistas.
Es decir, según los entrevistados, el tercer Poder del Estado se convirtió en el botín de los partidos de la época, como el MNR, ADN, UCS, MIR, NFR y otros.
“Estamos ante la mejor oportunidad de renovar la Corte Suprema de Justicia”, fue la frase con la que el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), justificó la instauración de un juicio de responsabilidades y con ello la suspensión de Oblitas Fernández (Última Hora 21-10-93).
El entonces jefe de bancada del MNR en la Cámara de Diputados, Edil Sandóval, confesó públicamente que su partido actuó en “consigna política” (al defenestrar a Oblitas), según un artículo del periodista y ex ministro Andrés Soliz Rada divulgado en el sitio http://www.cedib.org.
Mientras que el extinto jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Max Fernández Rojas, aliado del MNR, admitió en ese tiempo que “la caída del presidente de la Suprema fue negociada con Sánchez de Lozada”.
El caso Oblitas se refiere al supuesto soborno que montó el MNR de la mano del ministro de la Presidencia de entonces y ahora prófugo en Estados Unidos Carlos Sánchez Berzaín.
El agente de la CIA Antonio Ybarra (nacido en Nicaragua), el entonces cónsul de la Embajada de EEUU en Cochabamba, Willy Scarborough, una fiscal y otros fueron cómplices de la “tramoya”, agrega la publicación de Última Hora.
GARANTIZAR LA CAPITALIZACIÓN
La movida que defenestró a Oblitas fue para evitar que esa entidad dilucide la legalidad o ilegalidad de la Ley de Capitalización de las empresas estratégicas que aprobó el Congreso entonces dominado por el MNR.
Las cualidades de “digno y probo magistrado”, pero “fundamentalmente defensor de la democracia y la soberanía nacional” de Oblitas —como describió el consejero de la Judicatura Rodolfo Mérida (discurso del XII aniversario del Consejo de la Judicatura)—, infundieron la desconfianza y temor del gobierno de Sánchez de Lozada.
Según el Atlas Electoral de la ex Corte Nacional Electoral, Sánchez de Lozada asumió ese año (1993) su primer mandato con 35,7% de votos de la población.
El dirigente del Partido Comunista de Bolivia y analista político Marcos Domich calificó ese hecho (suspensión de Oblitas) como el golpe más “nefasto” al Poder Judicial en la historia contemporánea de Bolivia.
EVITAR INTROMISIÓN
En ese contexto, el abogado Jerjes Justiniano y el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, coincidieron, por separado, en que los citados casos son sólo una muestra del cuoteo político del Poder Judicial para sus intereses económicos y políticos.
Por eso, las inéditas elecciones judiciales concebidas en la Constitución Política del Estado (CPE) apuntan a quebrar definitivamente esa dependencia y acabar con el estigma de justicia corrupta y víctima de una descarada “intromisión” gubernamental, afirmó el presidente de la Cámara de Senadores.
Por su lado, la ministra de Justicia, Nilda Copa, señaló que antes los partidos políticos se partían los espacios judiciales pero ahora será la población quien elegirá a las mejores autoridades en las elecciones que se realizaran este 16 de octubre.
“Se cuoteaban y se distribuían los espacios de acuerdo a los candidatos que se tenían, ahora eso se acabó y vamos a esperar la conciencia del pueblo boliviano que decida por lo mejores hombres y mujeres”, afirmó ayer en el canal televisivo Bolivia TV.
Jefes políticos eran los que decidían
El ex rector de la Universidad Gabriel René Moreno y ex diputado nacional Jerjes Justiniano recordó que los magistrados en la época del neoliberalismo eran elegidos por 2/3 del ex Congreso Nacional de una lista designada por los jefes o altos dirigentes de los partidos.
“Antiguamente (...) la Corte Suprema era conformada por personeros elegidos por 2/3 de votos de la Cámara de Diputados, y en consecuencia cuatro personajes, tres partidos políticos grandes y algún acompañante se repartían los cargos de ese Poder del Estado”, afirmó Justiniano.
Del Granado, ayer aliado neoliberal, hoy opositor a elección popular de jueces
Al respecto, el ex diputado criticó las acciones contrarias a las elecciones judiciales del 16 octubre, como las impulsadas por el partido opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), del ex alcalde de La Paz Juan Del Granado.
“Yo no creo que él quiera volver al pasado, pese a que fue aliado de los partidos mayoritarios de entonces, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)”, dijo Justiniano con relación a la campaña que emprendió el MSM para que la gente vote NO en los comicios judiciales previstos para el 16 de octubre.
El MSM considera que el gubernamental MAS busca copar el Órgano Judicial con la elección de magistrados.
Justiniano —en ese marco— es partidario de cambiar la administración de justicia en el país a partir de las elecciones de 56 magistrados para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Lo que se está planteando, en este momento, es que el pueblo va a elegir a los miembros del Órgano Judicial, más allá de los nombres, y eso es lo que estamos apoyando”, sostuvo.
Neoliberales gastaron $us 36 millones en maquillaje del Poder Judicial
El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, denunció que en el proceso de supuestas reformas judiciales en el país durante el neoliberalismo el Estado erogó más de 36 millones de dólares.
“Los millonarios gastos para los maquillajes reformistas de la justicia sólo fueron para enriquecer a unos cuantos y aumentar la corruptela en los gobiernos de entonces”, afirmó el titular de la Cámara Alta.
Según cálculos, los pagos a las consultorías para las reformas constitucionales y normativas —además de otros “intentos sin resultados concretos” para cambiar la justicia— “superan los 36 millones de dólares, si mal no recuerdo”, sostuvo la autoridad legislativa.
Martínez dijo que la “élite política” del pasado no sólo se cuoteó los cargos jerárquicos de la judicatura, sino se repartió hasta los “jueces de mínima cuantía”. En su criterio, estas designaciones con favoritismo político y familiar profundizaron la crisis de la administración de la justicia y los designados ni siquiera “cumplían los requisitos necesarios”.
Martínez coincidió en que la suspensión y posterior restitución a su cargo del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Édgar Oblitas Fernández en 1993, durante el gobierno del MNR, fue una de las demostraciones “más descaradas de injerencia política a ese Poder del Estado para implementar la Ley de Capitalización, que enajenó las empresas estratégicas (YPFB, Entel, Ende y Enfe)”. A partir de ese hecho, “la justicia fue más dependiente del Ejecutivo”, expresó.
En ese contexto, Martínez afirmó que las elecciones judiciales de octubre “van a cimentar el primer paso importante del derecho colectivo, como es el desafío de acabar con la retardación de justicia y dejar de lado la llamada chicanería y la dependencia al poder económico y político”.
Las órdenes a los magistrados salían del Palacio de Gobierno
Antonio Peredo Leigue, ex senador
El entrevistado recordó que el ex presidente de facto de Hugo Banzer instruyó a un juez que procese a los presos políticos.
La urgente necesidad de cambiar la imagen de la justicia para acabar con la corrupción —aunque ese proceso no se dará sólo con reemplazar a los magistrados en las elecciones del 16 de octubre— fue una de las reflexiones que expresó el periodista, ex senador del MAS y docente universitario Antonio Peredo Leigue, en un breve diálogo con Cambio.
—En su criterio, ¿por qué es imperioso cambiar la administración de justicia en el país?
—Impartir justicia es un desafío de todos, el pueblo boliviano tiene que aprenderla. Los bolivianos nos dedicamos a criticarla cuando todos sabemos que la justicia siempre ha estado amañada. Pese a que hubo meritorios abogados, la administración de justicia siempre fue corrupta. Pero poniéndolo en casos concretos, a lo largo de siete años de la dictadura de Hugo Banzer (en la década de los ‘70), ni un solo caso de hábeas corpus de los miles de presos políticos fue admitido por la justicia en ninguna parte de Bolivia. ¿Eso puede llamarse justicia?
—¿A qué caso se refiere concretamente?
—Me refiero al caso concreto nuestro. Yo fui parte de doce personas que después de la huelga de hambre fuimos encausadas. Nos pusieron como delitos: asociación ilícita, apropiación ilegal de la representación popular, propaganda subversiva; con eso estaban pidiendo para nosotros 30 años de cárcel. Banzer eligió a doce de los miles de presos políticos que había en el país antes de darles la amnistía, en la Navidad de 1977. Nos mantuvo presos e inició juicio contra cada uno de nosotros. El actual ministro de Minería José Pimentel estaba entre los presos políticos encausados.
Por supuesto que el juicio no prosperó, pero el juez quería llevarlo adelante porque así se lo ordenaban. No se lo ordenaba el presidente de un tribunal ni cosa por estilo, sino era el propio Banzer.
—Eso era una intromisión al Poder Judicial para corromperlo...
—Recuerdo un caso más cercano todavía. Siendo senador (anterior legislatura), teníamos en nuestras manos, junto a otros 26 senadores, el caso de una ministra de la Corte Suprema de Justicia que evidentemente cometió una serie de irregularidades ilegales en el enjuiciamiento del llamado caso ‘Chitochatarra’ (venta ilegal de maquinaria y otros por el ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle, procesado y encarcelado este año). Entonces, estamos en ese proceso de cambiar la justicia, por supuesto que no va a ser fácil, (porque) no se trata de sólo cambiar a los miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura, sino que después de eso hay que encarar el cambio de las otras instancias inferiores de la justicia nacional, porque la corrupción en la actual estructura de la justicia es inevitable.
—¿Qué nos puede decir sobre el caso del suspendido ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Édgar Oblitas, en 1993?
—En ese tiempo, aunque ahora lo es todavía, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran juzgados por el Congreso, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público y la Cámara de Senadores como juez. Evidentemente, en el caso de Édgar Oblitas hubo una orden desde el Palacio de Gobierno para que le sancionaran y lo sacaran de su cargo, aun cuando muchos años después los mismos senadores del MNR tuvieron que reconocer públicamente que había sido un fallo corrupto.
—En esa época se dice también que en el ex Congreso Nacional los partidos se cuoteaban el Poder Judicial...
—Así ha sido mucho tiempo, y esto no va a cambiar porque se realicen las elecciones judiciales. Es un proceso que tomará algún tiempo, hasta erradicar la corrupción en la administración de justicia en Bolivia, será todavía un proceso.
—¿Usted recuerda o ha visto cómo en el ex Congreso Nacional circulaban los famosos maletines negros con dinero para comprar votos?
—Ésa es una leyenda, si hubiera tenido yo alguna constancia de que entregaban un maletín diría que sí. Pero la leyenda se da, siempre está basada en algo.
—Sin embargo, se dice esos dineros eran para pagar a los parlamentarios para que voten por determinados aspirantes a magistrados del Poder Judicial elegidos por el gobierno...
—Se cuoteaban todo. Anteriores parlamentarios decían que cada voto tenía un precio, no se votaba así nomás, pero ése es otro tema.
En la justicia, lo que yo recuerdo es un video filmado en Santa Cruz, (en el que se muestra) a un juez en la plaza principal recibiendo dinero. Ese juez fue juzgado por esa razón, pero nunca tuvo una pena que cumplir.
El 36% de candidatos a jueces es indígena
RADIO ERBOL.-
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483947722
La Paz, 30 Jul (Erbol).- De los 118 candidatos para las elecciones judiciales del próximo 16 de octubre, el 35.6% (22 mujeres y 20 varones) de los aspirantes representan a los pueblos indígenas originarios campesinos del país, aseguró la senadora por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Nélida Sifuentes Cueto.
La legisladora afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió con el mandato constitucional de garantizar la equidad de género, 50% de mujeres y otro tanto de varones, al seleccionar 59 mujeres candidatas y 59 varones de un total de 118 candidatas y candidatos para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia.
En relación a la representación de los pueblos indígenas originarios campesinos en la administración de justicia en el país, Sifuentes dijo que de 118 candidatos para las cuatro instancias judiciales, 42 (35.6%) se autoidentifican como indígenas originarios campesinos, y de las cuales, 22 (18.6%) son mujeres y 20 (16.9) varones.
La senadora afirmó que del total de mujeres que se postularon a diferentes cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, para el Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental la mayoría son mujeres indígenas.
“Por su puesto estos cargos son altos y los requisitos también, antes una mujer no podía ir a la escuela, peor todavía para mujeres indígenas, por eso, estos profesionales que se han presentado son de las primeras promociones. Año tras año se está mejorando, están estudiando en diferentes universidades”, afirmó y detalló.
Para el Consejo de la Magistratura, de 7 mujeres candidatas, 4 (57%) son indígenas; y de 7 varones, 2 (28.6%) son indígenas. En suma, de 14 candidatos a consejeras y consejeros, 6 (42.9%) se autoidentifican como indígena originario campesinos.
Para el Tribunal Agroambiental, de 14 mujeres candidatas, 9 (64%) son indígenas; y de 14 varones, 7 (50%) son indígenas. En conjunto, de 28 candidatos a magistradas y magistrados agrarios, 16 (57%) se autoidentifican como indígena originario campesinos.
Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, de 14 mujeres candidatas, 4 (28.6%) son indígenas; y de 14 varones, 5 (35.7%) son indígenas. En total, de 28 competidores a cargos de este Tribunal, 9 (32.1%) se autoidentifican como indígena originario campesinos.
Finalmente, para el Tribunal Supremo de Justicia, de 24 mujeres candidatas, 5 (20.8%) son mujeres; y de 24 varones, 6 (25%) indígenas. En general, de 48 candidatos seleccionados para este órgano, 11 (22.9%) se autoidentifican como indígena originario campesinos.
Sifuentes ponderó que hoy en día las mujeres tienen mayor oportunidad para ocupar espacios de decisión y que el presidente del Estado, Evo Morales, es el primero en apoyarlos. Pidió a las mujeres apoyarse entre sí en las elecciones judiciales y revertir las “peleas” entre mujeres.
La legisladora afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió con el mandato constitucional de garantizar la equidad de género, 50% de mujeres y otro tanto de varones, al seleccionar 59 mujeres candidatas y 59 varones de un total de 118 candidatas y candidatos para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia.
En relación a la representación de los pueblos indígenas originarios campesinos en la administración de justicia en el país, Sifuentes dijo que de 118 candidatos para las cuatro instancias judiciales, 42 (35.6%) se autoidentifican como indígenas originarios campesinos, y de las cuales, 22 (18.6%) son mujeres y 20 (16.9) varones.
La senadora afirmó que del total de mujeres que se postularon a diferentes cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, para el Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental la mayoría son mujeres indígenas.
“Por su puesto estos cargos son altos y los requisitos también, antes una mujer no podía ir a la escuela, peor todavía para mujeres indígenas, por eso, estos profesionales que se han presentado son de las primeras promociones. Año tras año se está mejorando, están estudiando en diferentes universidades”, afirmó y detalló.
Para el Consejo de la Magistratura, de 7 mujeres candidatas, 4 (57%) son indígenas; y de 7 varones, 2 (28.6%) son indígenas. En suma, de 14 candidatos a consejeras y consejeros, 6 (42.9%) se autoidentifican como indígena originario campesinos.
Para el Tribunal Agroambiental, de 14 mujeres candidatas, 9 (64%) son indígenas; y de 14 varones, 7 (50%) son indígenas. En conjunto, de 28 candidatos a magistradas y magistrados agrarios, 16 (57%) se autoidentifican como indígena originario campesinos.
Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, de 14 mujeres candidatas, 4 (28.6%) son indígenas; y de 14 varones, 5 (35.7%) son indígenas. En total, de 28 competidores a cargos de este Tribunal, 9 (32.1%) se autoidentifican como indígena originario campesinos.
Finalmente, para el Tribunal Supremo de Justicia, de 24 mujeres candidatas, 5 (20.8%) son mujeres; y de 24 varones, 6 (25%) indígenas. En general, de 48 candidatos seleccionados para este órgano, 11 (22.9%) se autoidentifican como indígena originario campesinos.
Sifuentes ponderó que hoy en día las mujeres tienen mayor oportunidad para ocupar espacios de decisión y que el presidente del Estado, Evo Morales, es el primero en apoyarlos. Pidió a las mujeres apoyarse entre sí en las elecciones judiciales y revertir las “peleas” entre mujeres.
Unos 160.000 jóvenes son nuevos electores
RADIO PATRIA NUEVA.-
http://www.patrianueva.bo/
El Director Nacional de Registro Cívico, Juan Carlos Luna, señaló que se estima que 160 mil jóvenes de ambos sexos que cumplen 18 años se inscribieron en el Registro Biométrico para sufragar en las elecciones de autoridades judiciales el 16 de octubre próximo.
Indicó que a la fecha se tiene contablilzado el 98 por ciento (%) de las personas que se registraron en el Padrón Biométrico que llegan a 344 mil personas de los cuales se estiman que 160 mil son jóvenes que cumplen 18 años en el 2011.
Indicó que luego de ese registro, el Tribunal Supremo Electoral 45 días antes del proceso electoral, se publicará en la página web la nómina de las personas depuradas y si tienen reclamos pueden acudir a los Tribunales Electorales Departamentales.
Indicó que luego de ese registro, el Tribunal Supremo Electoral 45 días antes del proceso electoral, se publicará en la página web la nómina de las personas depuradas y si tienen reclamos pueden acudir a los Tribunales Electorales Departamentales.
Los Ayoréode están marginados de la salud plurinacional
DIARIO EL DEBER, SANTA CRUZ DE LA SIERRA.-
http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-07-31/vernotanacional.php?id=110730201706
A los Ayoréode les duele más el olvido que la muerte. Dos años y medio han pasado desde la instauración del Estado Plurinacional de Bolivia, pero las infecciones respiratorias (IRA), la desnutrición, la diarrea y las enfermedades de transmisión sexual (ETS) siguen siendo como los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Son cerca de 4.000 mujeres y hombres de este pueblo que viven en Santa Cruz amenazados por estos males, porque el brazo de la salud pública todavía no les da el abrigo al que tiene derecho todo hijo de este país, según establece la CPE.
Observaciones de este tipo son las que salieron del Primer Encuentro Binacional del Pueblo Ayoreo de Bolivia y Paraguay, realizado esta semana en la comunidad Campo Loro (departamento de Boquerón, Paraguay), donde participaron delegados de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob) y de la Unión de Nativos Ayorea de Paraguay (Unap). EL DEBER registró las definiciones de la reunión. Esta vez hay un pedido formal a los estados de Bolivia y Paraguay de adecuar sus sistemas de salud de forma inclusiva.
Aunque no hay un registro estadístico que refleje el impacto de las enfermedades, los ayoreos hablan de cómo han aprendido a convivir con las dolencias. Rubén Picanerai, vicepresidente de la Canob, cuenta que solo hay cuatro postas sanitarias dotadas con algunos medicamentos en las cinco Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del departamento (Zapocó, en Concepción; Rincón del Tigre, en Carmen Rivero Tórrez; Tobité, en Roboré; Santa Teresita, en San José de Chiquitos y Puesto Paz, en Pailón). Tobité no tiene centro médico y en Ricón del Tigre atiende una misión menonita.
Es conocido el asentamiento en el barrio Bolívar (Villa Primero de Mayo) en la capital, donde tampoco existe un centro de salud. Las emergencias que se presentan por afecciones graves recaen sobre los hospitales de Santa Cruz. Las distancias, las demoras, la cultura, la lengua y la falta de dinero hacen casi imposible recibir la atención que indica el marco jurídico de la seguridad social nacional.
Ninguno de los asentamientos tiene atención continua y el servicio médico se reduce a visitas mensuales de estudiantes de Medicina del programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci) y de misioneros menonitas. Pero las dolencias se dan a diario.
Martín Maturano, viceministro de Salud, asegura que la cobertura médica para los pueblos excluidos es una competencia que comparte el Gobierno con la Gobernación. Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación cruceña, explica que es difícil distribuir los ítems que necesitan los pueblos indígenas porque el Gobierno solo ha dotado 120 este año, cuando el departamento demanda 4.000.
“Mi pueblo y muchos otros pueblos indígenas se sienten marginados del sistema de salud. Somos de diferentes culturas, pero somos hijos de Bolivia”, dice Arturo Chiqueno, cacique de la Canob. Reconoce que hay mayor participación política para los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional y que algunos seguros sociales (SUMI y Seguro de vejez) son conquistas vigentes después de 20 años de lucha. El problema es que no se ha avanzado un solo milímetro para adecuar el sistema de salud pública a la realidad de las 38 naciones y etnias reconocidas por la CPE. Hay apenas algunos médicos Safci (170 graduados, según datos del Gobierno) que desde 2009 los visitan.
“Mi esposa se cayó y se quebró el brazo derecho. Estábamos en Rincón del Tigre, era de noche. No había quien atienda y le dolía mucho. La traje a los días a Santa Cruz. En la posta cercana al barrio Bolívar nos hicieron esperar tres horas antes de decirnos que no podían atenderla. Nos mandaron al hospital Japonés”, relata el vicepresidente de la Canob.
La sífilis y el VIH, entre otras ETS, son algunas de las afecciones que mayor daño han causado a la etnia desde que hubo un profuso contacto con los ‘cojñone’ (hombre extraño, sinónimo de hombre blanco).
Manuel Chiqueno, secretario de economía de la Canob, confirma que estos males siguen cobrando vidas en su pueblo por falta de educación sexual. Mientras que las IRA y las ETS atacan a los adultos, las diarreas y la desnutrición son el pan nuestro de cada día de los niños pequeños.
Roxana Melgar, técnica de la Canob y socióloga, expone que la falta de respuesta en materia de salud de parte de los tres niveles de Estado es una de las amenazas que hace al pueblo ayoreo muy vulnerable. Ella señala que se necesitan medidas concretas de adecuación del sistema sanitario a la realidad de las naciones originarias, pues mientras se insista en que los indígenas adopten el sistema se continuará marginándolos.
Son cerca de 4.000 mujeres y hombres de este pueblo que viven en Santa Cruz amenazados por estos males, porque el brazo de la salud pública todavía no les da el abrigo al que tiene derecho todo hijo de este país, según establece la CPE.
Observaciones de este tipo son las que salieron del Primer Encuentro Binacional del Pueblo Ayoreo de Bolivia y Paraguay, realizado esta semana en la comunidad Campo Loro (departamento de Boquerón, Paraguay), donde participaron delegados de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob) y de la Unión de Nativos Ayorea de Paraguay (Unap). EL DEBER registró las definiciones de la reunión. Esta vez hay un pedido formal a los estados de Bolivia y Paraguay de adecuar sus sistemas de salud de forma inclusiva.
Aunque no hay un registro estadístico que refleje el impacto de las enfermedades, los ayoreos hablan de cómo han aprendido a convivir con las dolencias. Rubén Picanerai, vicepresidente de la Canob, cuenta que solo hay cuatro postas sanitarias dotadas con algunos medicamentos en las cinco Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del departamento (Zapocó, en Concepción; Rincón del Tigre, en Carmen Rivero Tórrez; Tobité, en Roboré; Santa Teresita, en San José de Chiquitos y Puesto Paz, en Pailón). Tobité no tiene centro médico y en Ricón del Tigre atiende una misión menonita.
Es conocido el asentamiento en el barrio Bolívar (Villa Primero de Mayo) en la capital, donde tampoco existe un centro de salud. Las emergencias que se presentan por afecciones graves recaen sobre los hospitales de Santa Cruz. Las distancias, las demoras, la cultura, la lengua y la falta de dinero hacen casi imposible recibir la atención que indica el marco jurídico de la seguridad social nacional.
Ninguno de los asentamientos tiene atención continua y el servicio médico se reduce a visitas mensuales de estudiantes de Medicina del programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci) y de misioneros menonitas. Pero las dolencias se dan a diario.
Martín Maturano, viceministro de Salud, asegura que la cobertura médica para los pueblos excluidos es una competencia que comparte el Gobierno con la Gobernación. Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación cruceña, explica que es difícil distribuir los ítems que necesitan los pueblos indígenas porque el Gobierno solo ha dotado 120 este año, cuando el departamento demanda 4.000.
“Mi pueblo y muchos otros pueblos indígenas se sienten marginados del sistema de salud. Somos de diferentes culturas, pero somos hijos de Bolivia”, dice Arturo Chiqueno, cacique de la Canob. Reconoce que hay mayor participación política para los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional y que algunos seguros sociales (SUMI y Seguro de vejez) son conquistas vigentes después de 20 años de lucha. El problema es que no se ha avanzado un solo milímetro para adecuar el sistema de salud pública a la realidad de las 38 naciones y etnias reconocidas por la CPE. Hay apenas algunos médicos Safci (170 graduados, según datos del Gobierno) que desde 2009 los visitan.
“Mi esposa se cayó y se quebró el brazo derecho. Estábamos en Rincón del Tigre, era de noche. No había quien atienda y le dolía mucho. La traje a los días a Santa Cruz. En la posta cercana al barrio Bolívar nos hicieron esperar tres horas antes de decirnos que no podían atenderla. Nos mandaron al hospital Japonés”, relata el vicepresidente de la Canob.
La sífilis y el VIH, entre otras ETS, son algunas de las afecciones que mayor daño han causado a la etnia desde que hubo un profuso contacto con los ‘cojñone’ (hombre extraño, sinónimo de hombre blanco).
Manuel Chiqueno, secretario de economía de la Canob, confirma que estos males siguen cobrando vidas en su pueblo por falta de educación sexual. Mientras que las IRA y las ETS atacan a los adultos, las diarreas y la desnutrición son el pan nuestro de cada día de los niños pequeños.
Roxana Melgar, técnica de la Canob y socióloga, expone que la falta de respuesta en materia de salud de parte de los tres niveles de Estado es una de las amenazas que hace al pueblo ayoreo muy vulnerable. Ella señala que se necesitan medidas concretas de adecuación del sistema sanitario a la realidad de las naciones originarias, pues mientras se insista en que los indígenas adopten el sistema se continuará marginándolos.
La CPE garantiza la atención
Art. 18. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.
Art. 30. 17. Los pueblos indígenas de Bolivia gozan del derecho a acceder a un sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
Art. 31. I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.
Art. 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
Art. 38. II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.
Art. 45. I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
Art 45. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
Art 218. II. Corresponderá a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales. (Fuente: Constitución Política del Estado promulgada en enero de 2009)
Art. 18. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.
Art. 30. 17. Los pueblos indígenas de Bolivia gozan del derecho a acceder a un sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
Art. 31. I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.
Art. 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
Art. 38. II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.
Art. 45. I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
Art 45. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
Art 218. II. Corresponderá a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales. (Fuente: Constitución Política del Estado promulgada en enero de 2009)
Una anciana suple al Estado en gestión médica
Luisa Picanerai tiene la piel del rostro marcado por el esfuerzo. Con 75 años de edad encima, esta mujer de voz dulce infunde respeto por el suelo que pisa, porque gracias a su afanoso trajín al menos 3.000 ayoreos han recibido tratamiento o han sido operados de urgencia.
Sin el concurso de su esfuerzo, de haber dejado a los enfermos de su pueblo en manos del sistema boliviano de salud pública, quizás ella hubiese alcanzado a ver a los últimos mil ayoreos del país. Así lo sostienen Isaac Chiqueno y Rubén Picanerai, que son hombres del alto mando de la Canob.
“Ella trabajó desde sus 20 años así porque tenía muchos amigos cojñone (blancos), entonces conseguía que atiendan a nuestros abuelos y padres”, dice Isaac Chiqueno.
Por ese motivo, Luisa es secretaria de Salud de la Canob. Ella es bien conocida en los hospitales cruceños porque ha recorrido de canto a punta en cada uno de ellos, buscando que los médicos calmen el dolor de los suyos.
“Son unos 55 años que trabajo así, quiero que mi gente viva”, dice en zamuco (lengua ayorea). Luisa es viuda. Se gana la vida ofreciendo tejidos que llevan las figuras y colores que identifican a su pueblo. A veces pide limosna, porque no hay qué vender.
Roxana Melgar, técnica de salud de la Canob, dice que Luisa es la respuesta viviente a las fallas de atención del Estado boliviano para con la nación ayorea. “Entre los ayoreos, los líderes no tienen privilegios materiales porque eso es ajeno a su cultura, aunque sí tienen voz de mando”, explica Melgar.
¿Qué pasaría si no existiera Luisa Picanerai para los ayoreode? “Es seguro que muchos no hubiésemos vivido para contarla”, responde Rubén Picanerai.
“Seguro nos hubiesen querido cobrar un dinero que no tenemos por hacernos operar. Luisa se ganó la confianza de los médicos de tanto andar por los pasillos de los hospitales”, cuenta Isaac Chiqueno.
En su historia, varios han sido operados por apendicitis y problemas de vesícula o han recibido tratamiento contra el cáncer y la diabetes.
Luisa dice que ha tenido más suerte cuando ha tocado el corazón de los médicos y de algunas instituciones que cuando ha apelado a los derechos y garantías que ofrece por ley el Estado a cualquier ciudadano.
“Los ayoreos tenemos miedo de que algún día nos falte Luisa. No sé qué haremos”, dice Chiqueno.
Luisa Picanerai tiene la piel del rostro marcado por el esfuerzo. Con 75 años de edad encima, esta mujer de voz dulce infunde respeto por el suelo que pisa, porque gracias a su afanoso trajín al menos 3.000 ayoreos han recibido tratamiento o han sido operados de urgencia.
Sin el concurso de su esfuerzo, de haber dejado a los enfermos de su pueblo en manos del sistema boliviano de salud pública, quizás ella hubiese alcanzado a ver a los últimos mil ayoreos del país. Así lo sostienen Isaac Chiqueno y Rubén Picanerai, que son hombres del alto mando de la Canob.
“Ella trabajó desde sus 20 años así porque tenía muchos amigos cojñone (blancos), entonces conseguía que atiendan a nuestros abuelos y padres”, dice Isaac Chiqueno.
Por ese motivo, Luisa es secretaria de Salud de la Canob. Ella es bien conocida en los hospitales cruceños porque ha recorrido de canto a punta en cada uno de ellos, buscando que los médicos calmen el dolor de los suyos.
“Son unos 55 años que trabajo así, quiero que mi gente viva”, dice en zamuco (lengua ayorea). Luisa es viuda. Se gana la vida ofreciendo tejidos que llevan las figuras y colores que identifican a su pueblo. A veces pide limosna, porque no hay qué vender.
Roxana Melgar, técnica de salud de la Canob, dice que Luisa es la respuesta viviente a las fallas de atención del Estado boliviano para con la nación ayorea. “Entre los ayoreos, los líderes no tienen privilegios materiales porque eso es ajeno a su cultura, aunque sí tienen voz de mando”, explica Melgar.
¿Qué pasaría si no existiera Luisa Picanerai para los ayoreode? “Es seguro que muchos no hubiésemos vivido para contarla”, responde Rubén Picanerai.
“Seguro nos hubiesen querido cobrar un dinero que no tenemos por hacernos operar. Luisa se ganó la confianza de los médicos de tanto andar por los pasillos de los hospitales”, cuenta Isaac Chiqueno.
En su historia, varios han sido operados por apendicitis y problemas de vesícula o han recibido tratamiento contra el cáncer y la diabetes.
Luisa dice que ha tenido más suerte cuando ha tocado el corazón de los médicos y de algunas instituciones que cuando ha apelado a los derechos y garantías que ofrece por ley el Estado a cualquier ciudadano.
“Los ayoreos tenemos miedo de que algún día nos falte Luisa. No sé qué haremos”, dice Chiqueno.
Hay barreras que se deben superar ya
Lenny Rodríguez | Técnica de Apcob
Hablando de la problemática de salud del pueblo ayoreo, hay barreras que hasta ahora no se han podido saltar para responder a sus necesidades básicas. Se vulnera por tanto el derecho a la salud de este pueblo y de muchos otros.
Hay una barrera cultural y lingüística. El Estado blanco no comprende a los ayoreode, por tanto no le da la atención médica que necesita. Hay una barrera económica y social. Este pueblo no vive en la lógica económica (capitalista) del hombre de la ciudad, por tanto sus miembros no disponen de recursos para pagar los servicios de salud y esto les afecta a pesar de que hay tres seguros sociales (SUMI, Seguro de vejez y Bono Juana Azurduy) que de alguna manera alcanzan a percibir. La mayoría de los ayoreode no tienen documentación, así que cuesta acceder a estos beneficios genéricos que ofrece el Estado.
Hay una barrera geográfica. Son demasiado lejanas las comunidades de los centros de salud. Todas estas son barreras que necesitan de cambios estructurales en el Estado para adecuarlo a la realidad indígena de las 38 naciones y etnias.
Lenny Rodríguez | Técnica de Apcob
Hablando de la problemática de salud del pueblo ayoreo, hay barreras que hasta ahora no se han podido saltar para responder a sus necesidades básicas. Se vulnera por tanto el derecho a la salud de este pueblo y de muchos otros.
Hay una barrera cultural y lingüística. El Estado blanco no comprende a los ayoreode, por tanto no le da la atención médica que necesita. Hay una barrera económica y social. Este pueblo no vive en la lógica económica (capitalista) del hombre de la ciudad, por tanto sus miembros no disponen de recursos para pagar los servicios de salud y esto les afecta a pesar de que hay tres seguros sociales (SUMI, Seguro de vejez y Bono Juana Azurduy) que de alguna manera alcanzan a percibir. La mayoría de los ayoreode no tienen documentación, así que cuesta acceder a estos beneficios genéricos que ofrece el Estado.
Hay una barrera geográfica. Son demasiado lejanas las comunidades de los centros de salud. Todas estas son barreras que necesitan de cambios estructurales en el Estado para adecuarlo a la realidad indígena de las 38 naciones y etnias.
Canob y Unap trazan agenda política común
En el marco del Primer Encuentro Binacional del Pueblo Ayoreo de Bolivia y Paraguay, celebrado en el vecino país, los representantes de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob) y de la Unión de Nativos Ayorea de Paraguay (Unab) definieron una agenda común para demandar a ambos estados reformas en materia de salud, educación y de-sarrollo acorde a la realidad de la nación indígena.
“Se debe pasar del discurso electoral a la práctica, queremos que cumplan con los pueblos indígenas”, puntualizó Arturo Chiqueno, presidente de la Canob, respecto a la falta de adecuación del Estado a la realidad de los originarios. “Queremos ser nosotros mismos, no queremos que nos manejen como si fuésemos niños”, sostuvo Mateo Sobode, asesor político de la Unab.
En el marco del Primer Encuentro Binacional del Pueblo Ayoreo de Bolivia y Paraguay, celebrado en el vecino país, los representantes de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob) y de la Unión de Nativos Ayorea de Paraguay (Unab) definieron una agenda común para demandar a ambos estados reformas en materia de salud, educación y de-sarrollo acorde a la realidad de la nación indígena.
“Se debe pasar del discurso electoral a la práctica, queremos que cumplan con los pueblos indígenas”, puntualizó Arturo Chiqueno, presidente de la Canob, respecto a la falta de adecuación del Estado a la realidad de los originarios. “Queremos ser nosotros mismos, no queremos que nos manejen como si fuésemos niños”, sostuvo Mateo Sobode, asesor político de la Unab.
En Sucre, el Presidente Evo conmemorará 186 años de la Independencia de Bolivia
RADIO PATRIA NUEVA, LA PAZ.-
http://www.patrianueva.bo/
El Presidente Evo Morales dirigirá mensaje a la Nación , el sábado 6 de Agosto en una sesión del Congreso que se realizará en la Casa de la Libertad de ésta ciudad, de acuerdo al programa oficial que dio a conocer el secretario general de la Gobernación de Chuquisaca Gerson Oblitas.
Indicó que el Primer Mandatario estará en Sucre desde el 4 de agosto con el propósito de entregar la tercera fase del Estadio Patria ,la entrega de recursos del programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple" a las alcaldías de Chuquisaca en su segunda fase.
El 4 de agosto se cumplirá con el desfile escolar y el 6 de agosto se iniciará con un Te Deum, la Misa Intercultural, Ofrendas Florales y luego se realizará la
El 4 de agosto se cumplirá con el desfile escolar y el 6 de agosto se iniciará con un Te Deum, la Misa Intercultural, Ofrendas Florales y luego se realizará la
Sesión de Honor del Congreso en la que el Presidente Evo Morales dirigirá su mensaje al país.
Evo: EEUU quiere vincularme con el narcotráfico y el terrorismo
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.-
http://www2.abi.bo/#
La Paz, 30 jul (ABI).- "Estados Unidos intentó cooptarme, neutralizarme y derrotarme y, al no lograrlo, busca ahora implicarme en actividades ilícitas como el narcotráfico, o el terrorismo", dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales.
En una entrevista exclusiva al sistema RT de Estados Unidos, señaló que "Estados Unidos puede recurrir a cualquier método para desprestigiar a los presidentes y gobiernos de América Latina".
El mandatario anotó con firmeza que "Nadie podrá chantajearme y decidir con quién Bolivia va a tener relaciones diplomáticas y con quién no".
El Jefe de Estrado hizo referencia implícita a los cuestionamientos de Estados Unidos a Bolivia y otras naciones latinoamericanas por mantener relaciones diplomáticas con Irán.
Se refirió igualmente a la difusión de informes errados sobre una supuesta detención del avión Presidencial boliviano en Estados Unidos con restos de cocaína, lo que fue desmentido totalmente ante la evidencia de que la aeronave se encontraba en Bolivia y trasladaba al Mandatario a diversas regiones para entregar obras.
Sin embargo el Mandatario anotó que la difusión de esos informes falsos "hacen ver que por detrás hay un montaje, algún preparativo de los agentes encubiertos. Siento que algún grupo se estaba preparando para implicarme en el tema del narcotráfico, ¿pero quién puede creer eso? Nadie".
Morales subrayó que desde la administración del Norte se tiene una percepción de que países como Bolivia, Cuba y Venezuela formarían parte de un denominado "Eje del Mal".
El Jefe de Estado puntualizó que esa concepción se ha tejido en el país del norte por el solo hecho de que las tres naciones defienden su soberanía e independencia y reclaman por el respeto a sus decisiones contra la intromisión en los asuntos internos.
El Presidente manifestó en forma reiterada que en el pasado, durante los anteriores Gobiernos, Estados Unidos se entrometía en los asuntos internos de Bolivia, al punto de promover hasta la designación de Ministros y hasta de comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Anotó que, a poco de iniciar su mandato, en enero de 2006, fue descubierta que la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la Dirección Antidrogas de ese país (DEA) contaban con en el propio palacio de Gobierno con una oficina de escucha telefónica para captar y grabar las conversaciones de las autoridades.
El Mandatario hizo patente su convencimiento de que con la percepción de la Casa Blanca y del imperialismo y el capitalismo "Toda Sudamérica formaría parte del denominado "Eje del mal".
En una entrevista exclusiva al sistema RT de Estados Unidos, señaló que "Estados Unidos puede recurrir a cualquier método para desprestigiar a los presidentes y gobiernos de América Latina".
El mandatario anotó con firmeza que "Nadie podrá chantajearme y decidir con quién Bolivia va a tener relaciones diplomáticas y con quién no".
El Jefe de Estrado hizo referencia implícita a los cuestionamientos de Estados Unidos a Bolivia y otras naciones latinoamericanas por mantener relaciones diplomáticas con Irán.
Se refirió igualmente a la difusión de informes errados sobre una supuesta detención del avión Presidencial boliviano en Estados Unidos con restos de cocaína, lo que fue desmentido totalmente ante la evidencia de que la aeronave se encontraba en Bolivia y trasladaba al Mandatario a diversas regiones para entregar obras.
Sin embargo el Mandatario anotó que la difusión de esos informes falsos "hacen ver que por detrás hay un montaje, algún preparativo de los agentes encubiertos. Siento que algún grupo se estaba preparando para implicarme en el tema del narcotráfico, ¿pero quién puede creer eso? Nadie".
Morales subrayó que desde la administración del Norte se tiene una percepción de que países como Bolivia, Cuba y Venezuela formarían parte de un denominado "Eje del Mal".
El Jefe de Estado puntualizó que esa concepción se ha tejido en el país del norte por el solo hecho de que las tres naciones defienden su soberanía e independencia y reclaman por el respeto a sus decisiones contra la intromisión en los asuntos internos.
El Presidente manifestó en forma reiterada que en el pasado, durante los anteriores Gobiernos, Estados Unidos se entrometía en los asuntos internos de Bolivia, al punto de promover hasta la designación de Ministros y hasta de comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Anotó que, a poco de iniciar su mandato, en enero de 2006, fue descubierta que la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la Dirección Antidrogas de ese país (DEA) contaban con en el propio palacio de Gobierno con una oficina de escucha telefónica para captar y grabar las conversaciones de las autoridades.
El Mandatario hizo patente su convencimiento de que con la percepción de la Casa Blanca y del imperialismo y el capitalismo "Toda Sudamérica formaría parte del denominado "Eje del mal".
Frente al contrabando, proponen exportar hojas de coca a la Argentina
DIARIO LA PRENSA, LA PAZ.-
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/seguridad/20110731/el-gobierno-evalua-exportar-coca-a-argentina_2211_4233.html
El Gobierno pretende exportar hoja de coca a la Argentina con el fin de evitar el contrabando que se genera en la frontera y, sobre todo, porque hay una gran demanda de los residentes bolivianos para el acullico. El proyecto de Ley General de la Hoja de Coca planteará también llevar la hoja a otros países.
“En vez de que la coca vaya de contrabando, lo ideal es que se exporte legalmente a la Argentina. A nosotros, como control social, nos interesa que la hoja siempre tenga fines lícitos para el consumo, pijcheo, rituales o la industrialización”.
La declaración corresponde al director del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de la Hoja de Coca (PACS), Reinaldo Molina. Esta entidad depende del Viceministerio de Defensa Social.
VÍAS DE CONTRABANDO
“En vez de que la coca vaya de contrabando, lo ideal es que se exporte legalmente a la Argentina. A nosotros, como control social, nos interesa que la hoja siempre tenga fines lícitos para el consumo, pijcheo, rituales o la industrialización”.
La declaración corresponde al director del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de la Hoja de Coca (PACS), Reinaldo Molina. Esta entidad depende del Viceministerio de Defensa Social.
VÍAS DE CONTRABANDO
Desde hace muchos años, no es un secreto que la hoja de coca llega al norte argentino. Este hecho fue admitido públicamente por el viceministro Felipe Cáceres hace dos años.
No se conoce la cantidad de coca que sale por la frontera. Sin embargo, se sabe que el producto sale de Yacuiba, Bermejo y Villazón, y la demanda proviene de las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Tucumán.
En aquella oportunidad, el viceministro Cáceres dijo que el acullico en esas poblaciones argentinas es mayor que en Bolivia.
Molina insistió en que “no es un contrabando para fines ilícitos, como el narcotráfico, sino para el acullico. Gran parte va para los mismos bolivianos que viven en Argentina y que trabajan en el sector agrícola, que producen diferentes cosas y la utilizan en su faena laboral, aunque también hay argentinos que acullican”.
¿QUÉ HACE FALTA PARA EXPORTAR?
No se conoce la cantidad de coca que sale por la frontera. Sin embargo, se sabe que el producto sale de Yacuiba, Bermejo y Villazón, y la demanda proviene de las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Tucumán.
En aquella oportunidad, el viceministro Cáceres dijo que el acullico en esas poblaciones argentinas es mayor que en Bolivia.
Molina insistió en que “no es un contrabando para fines ilícitos, como el narcotráfico, sino para el acullico. Gran parte va para los mismos bolivianos que viven en Argentina y que trabajan en el sector agrícola, que producen diferentes cosas y la utilizan en su faena laboral, aunque también hay argentinos que acullican”.
¿QUÉ HACE FALTA PARA EXPORTAR?
El director de PACS insistió en que “en Argentina, felizmente, el uso y consumo de hoja de coca no está prohibido. Además, hay buena perspectiva porque autoridades de justicia de Argentina quieren importarla”.
La Convención Única de Estupefacientes de Viena, firmada en 1961, prohíbe la circulación de coca a los países signatarios de ese documento.
Pese a ello, según Molina, sólo falta un acercamiento entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países para firmar un convenio.
Por otro lado, se socializa el borrador del proyecto de Ley General de la Hoja de Coca, uno de cuyos planteamientos es la exportación del arbusto.
Hasta el momento, se realizaron dos talleres en el país en coordinación de las cámaras de Senadores y Diputados con organizaciones sociales, para discutir el proyecto.
Molina dijo que una vez aprobada esa ley, “países amigos”, como Venezuela y Cuba, también podrán importar la hoja para usos alimenticios, medicinales o industriales.
“Esos países tendrán que hacer el control para que no se desvíe al narcotráfico”.
Cáceres confirmó también, años atrás, que la hoja sagrada ingresaba por contrabando a Paraguay y Chile para su consumo tradicional.
En aquella oportunidad, sostuvo que “eso hay que admitirlo, y a nivel de cancillerías se debe legalizar el ingreso de coca a países vecinos para que la consuman de manera controlada y fiscalizada debidamente”.
Las policías de Bolivia y Argentina firmaron un acuerdo en 2009 para encarar conjuntamente la lucha contra el narcotráfico.
La Convención Única de Estupefacientes de Viena, firmada en 1961, prohíbe la circulación de coca a los países signatarios de ese documento.
Pese a ello, según Molina, sólo falta un acercamiento entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países para firmar un convenio.
Por otro lado, se socializa el borrador del proyecto de Ley General de la Hoja de Coca, uno de cuyos planteamientos es la exportación del arbusto.
Hasta el momento, se realizaron dos talleres en el país en coordinación de las cámaras de Senadores y Diputados con organizaciones sociales, para discutir el proyecto.
Molina dijo que una vez aprobada esa ley, “países amigos”, como Venezuela y Cuba, también podrán importar la hoja para usos alimenticios, medicinales o industriales.
“Esos países tendrán que hacer el control para que no se desvíe al narcotráfico”.
Cáceres confirmó también, años atrás, que la hoja sagrada ingresaba por contrabando a Paraguay y Chile para su consumo tradicional.
En aquella oportunidad, sostuvo que “eso hay que admitirlo, y a nivel de cancillerías se debe legalizar el ingreso de coca a países vecinos para que la consuman de manera controlada y fiscalizada debidamente”.
Las policías de Bolivia y Argentina firmaron un acuerdo en 2009 para encarar conjuntamente la lucha contra el narcotráfico.
3 provincias del norte argentino, Jujuy, Salta y Tucumán, demandan la hoja de coca.
Crearán Consulado en Europa para los inmigrantes andinos
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.-
http://www2.abi.bo/#
La Paz, 30 jul (ABI).- La Comunidad Andina de Naciones (CAN) creará un Consulado Especial para los migrantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que residen en Europa para que se respeten sus derechos humanos y laborales, informó la diputada boliviana Rebeca Delgado.
En una entrevista a la radio Patria Nueva, Delgado dijo que ese Consulado "aunará las gestiones de los migrantes andinos en diversos continentes para el respeto de sus derechos y evitar criminalización de la migración".
Explicó que ese Consulado encaminará las acciones de aquellos migrantes de países andinos que no cuenten con un mecanismo que defienda sus derechos.
Agregó que otro de los programas que pondrá en marcha la CAN es el funcionamiento de la tarjeta laboral andina que otorgará facilidades de empleo y trabajo en los cuatro países, al igual que para el libre tránsito y el comercio.
Dijo que en febrero pasado, los países andinos convinieron en llevar adelante un Plan andino de lucha contra la corrupción para que esos delitos sean imprescriptibles.
"Igualmente está el compromiso de no dar refugio y asilo a personas involucradas con hechos de corrupción en ninguno de los cuatro países que conforman la Comunidad Andina de Naciones", aseveró.
Agregó que otro programa que está en elaboración es la creación de un Observatorio Regional de Lucha contra la Corrupción.
Delgado confirmó que el Parlamento Andino se reunirá el 8 de agosto en La Paz para analizar una serie de programas que permitan dar mayor vitalidad a la marcha del acuerdo de integración regional.
En una entrevista a la radio Patria Nueva, Delgado dijo que ese Consulado "aunará las gestiones de los migrantes andinos en diversos continentes para el respeto de sus derechos y evitar criminalización de la migración".
Explicó que ese Consulado encaminará las acciones de aquellos migrantes de países andinos que no cuenten con un mecanismo que defienda sus derechos.
Agregó que otro de los programas que pondrá en marcha la CAN es el funcionamiento de la tarjeta laboral andina que otorgará facilidades de empleo y trabajo en los cuatro países, al igual que para el libre tránsito y el comercio.
Dijo que en febrero pasado, los países andinos convinieron en llevar adelante un Plan andino de lucha contra la corrupción para que esos delitos sean imprescriptibles.
"Igualmente está el compromiso de no dar refugio y asilo a personas involucradas con hechos de corrupción en ninguno de los cuatro países que conforman la Comunidad Andina de Naciones", aseveró.
Agregó que otro programa que está en elaboración es la creación de un Observatorio Regional de Lucha contra la Corrupción.
Delgado confirmó que el Parlamento Andino se reunirá el 8 de agosto en La Paz para analizar una serie de programas que permitan dar mayor vitalidad a la marcha del acuerdo de integración regional.
El 74% de la carga del puerto chileno de Arica es para Bolivia
DIARIO LA PRENSA.-
Esa terminal recibe desde agujas hasta productos de alta tecnología para el país.
Llega de todo un poco para Bolivia. El 74 por ciento de la carga que recibe la Terminal Puerto Arica (TPA) de Chile, y que proviene de distintas partes del mundo, tiene por destino final a Bolivia.
Entre los envíos en tránsito hacia el país, es posible encontrar contenedores de alfileres hasta tuberías de gas.
El 26 por ciento restante de la carga está destinado a Chile, Perú y Argentina, aunque a ese país salen mínimas cantidades.
Alrededor de 2,12 millones de toneladas de diversas mercaderías fueron recibidas en 2010 para los diferentes destinos, volumen que se duplicó en seis años de operaciones, desde que la TPA fue entregada en concesión para su manejo privado por 30 años.
Cuatro chilenas y una peruana, entre otras, son las concesionarias de esa terminal.
Ese consorcio invierte más de 500 millones de dólares para mejorar los servicios a través del puerto de Arica.
Movimiento aduanero. Según el gerente general de la TPA, Pedro Jaramillo, hay más de 200 importadores bolivianos que operan en ese puerto.
“Nosotros somos la salida de Bolivia hacia el mundo por ser el puerto más cercano de comercio y con las facilidades que se le otorgan, además de la alta tecnología. Somos el punto de preferente atención del comercio de importación y exportación”.
Exportación de productos bolivianos. En la terminal marítima ariqueña, se pudo observar también que el 68 por ciento de la mercadería exportada por Bolivia sale por ese punto.
Los principales productos destinados al comercio exterior boliviano son lingotes de estaño y borato (fertilizante), aunque el volumen despachado más importante es el de la soya que, según Jaramillo, se remite a Europa y Asia, por su alta demanda.
Los principales clientes bolivianos del TPA son los supermercados Hipermaxi, Ketal y Fidalga, la Empresa Metalúrgica Vinto, Unagro, Industrias Belén y La Papelera, mientras que entre las empresas transnacionales se cuenta a Nestlé y Coca-Cola, entre otras.
Ubicada a unos 360 kilómetros de La Paz, el acceso a Arica se hace a través de una carretera asfaltada. En realidad, es una de las tres rutas para el ingreso y la salida de productos desde y hacia Santa Cruz, pues el asfalto alcanza a esa capital.
Un camión que parte de la terminal portuaria del norte chileno demora hasta cinco o seis días en llegar a destino.
Las otras dos vías son el puerto de Iquique, también en el norte chileno, y Moquegua e Ilo, en el sur peruano.
Al primero aún no se accede por una carretera de primer orden y a los segundos, sí, a partir de la población del Desaguadero.
Entre los envíos en tránsito hacia el país, es posible encontrar contenedores de alfileres hasta tuberías de gas.
El 26 por ciento restante de la carga está destinado a Chile, Perú y Argentina, aunque a ese país salen mínimas cantidades.
Alrededor de 2,12 millones de toneladas de diversas mercaderías fueron recibidas en 2010 para los diferentes destinos, volumen que se duplicó en seis años de operaciones, desde que la TPA fue entregada en concesión para su manejo privado por 30 años.
Cuatro chilenas y una peruana, entre otras, son las concesionarias de esa terminal.
Ese consorcio invierte más de 500 millones de dólares para mejorar los servicios a través del puerto de Arica.
Movimiento aduanero. Según el gerente general de la TPA, Pedro Jaramillo, hay más de 200 importadores bolivianos que operan en ese puerto.
“Nosotros somos la salida de Bolivia hacia el mundo por ser el puerto más cercano de comercio y con las facilidades que se le otorgan, además de la alta tecnología. Somos el punto de preferente atención del comercio de importación y exportación”.
Exportación de productos bolivianos. En la terminal marítima ariqueña, se pudo observar también que el 68 por ciento de la mercadería exportada por Bolivia sale por ese punto.
Los principales productos destinados al comercio exterior boliviano son lingotes de estaño y borato (fertilizante), aunque el volumen despachado más importante es el de la soya que, según Jaramillo, se remite a Europa y Asia, por su alta demanda.
Los principales clientes bolivianos del TPA son los supermercados Hipermaxi, Ketal y Fidalga, la Empresa Metalúrgica Vinto, Unagro, Industrias Belén y La Papelera, mientras que entre las empresas transnacionales se cuenta a Nestlé y Coca-Cola, entre otras.
Ubicada a unos 360 kilómetros de La Paz, el acceso a Arica se hace a través de una carretera asfaltada. En realidad, es una de las tres rutas para el ingreso y la salida de productos desde y hacia Santa Cruz, pues el asfalto alcanza a esa capital.
Un camión que parte de la terminal portuaria del norte chileno demora hasta cinco o seis días en llegar a destino.
Las otras dos vías son el puerto de Iquique, también en el norte chileno, y Moquegua e Ilo, en el sur peruano.
Al primero aún no se accede por una carretera de primer orden y a los segundos, sí, a partir de la población del Desaguadero.
43 toneladas por día de minerales procedentes de Bolivia son manipuladas en el puerto de Arica.
Cambiarán los números de cédulas de identidad duplicadas
DIARIO PAGINA SIETE.-
http://www.paginasiete.bo/2011-07-31/Sociedad/NoticiaPrincipal/36Al-00131.aspx
El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) cambiará los números duplicados o hasta triplicados de cerca de 400 mil cédulas de identidad que fueron identificadas en esa situación.
“Se les va a dar un nuevo número que está en los rangos que se utilizaba habitualmente para las cédulas de identidad”, informó a Página Siete el director del SEGIP, Antonio Costas.
La autoridad explicó que entre esos 400 mil están personas que obtuvieron por primera vez el número de cédula de identidad, a las que se les dará prioridad para que lo conserven.
En cambio se asignará un nuevo número a aquellos ciudadanos a los que por segunda vez o que por tercera vez se le hubiera dado un mismo número.
Para hacer efectivo ese cambio, el SEGIP emitirá una resolución administrativa para que el ciudadano realice futuros trámites.
“No hay otra solución por el momento. Nosotros habíamos propuesto cambiar el número a todas las cédulas y la ley nos impide aquello, por lo que sólo se cambiará el número a las cédulas solamente para los casos que tengan problemas”, dijo Costas respecto de los posibles conflictos que pudieran enfrentar.
“Con eso (resolución, la persona) no tiene inconveniente. Si alguna vez le pregunta: ¿usted antes tenía este número y ahora tiene éste número?, él muestra la resolución administrativa y con eso corre el trámite”, dijo.
Según Costas, fue posible identificar números duplicados o hasta triplicados porque las tarjetas de identificación personal fueron digitalizadas.
Es por ello que el proceso para cambiar esos números ya comenzó con aquellos ciudadanos que hicieron un trámite y cuyo número de cédula fue observado. Una vez que ello sucede deben apersonarse al SEGIP para hacer el cambio.
La asignación del nuevo número será gratuito y voluntario, dijo Costas, quien aseguró que no existe un plazo para que se pueda hacer todo ese trabajo, pues será paulatino.
Consideró también que en el grupo de 400 mil cédulas de identidad deben haber personas que ya murieron o aquellas que están fuera del país, las que no requieren ese documento.
“Se les va a dar un nuevo número que está en los rangos que se utilizaba habitualmente para las cédulas de identidad”, informó a Página Siete el director del SEGIP, Antonio Costas.
La autoridad explicó que entre esos 400 mil están personas que obtuvieron por primera vez el número de cédula de identidad, a las que se les dará prioridad para que lo conserven.
En cambio se asignará un nuevo número a aquellos ciudadanos a los que por segunda vez o que por tercera vez se le hubiera dado un mismo número.
Para hacer efectivo ese cambio, el SEGIP emitirá una resolución administrativa para que el ciudadano realice futuros trámites.
“No hay otra solución por el momento. Nosotros habíamos propuesto cambiar el número a todas las cédulas y la ley nos impide aquello, por lo que sólo se cambiará el número a las cédulas solamente para los casos que tengan problemas”, dijo Costas respecto de los posibles conflictos que pudieran enfrentar.
“Con eso (resolución, la persona) no tiene inconveniente. Si alguna vez le pregunta: ¿usted antes tenía este número y ahora tiene éste número?, él muestra la resolución administrativa y con eso corre el trámite”, dijo.
Según Costas, fue posible identificar números duplicados o hasta triplicados porque las tarjetas de identificación personal fueron digitalizadas.
Es por ello que el proceso para cambiar esos números ya comenzó con aquellos ciudadanos que hicieron un trámite y cuyo número de cédula fue observado. Una vez que ello sucede deben apersonarse al SEGIP para hacer el cambio.
La asignación del nuevo número será gratuito y voluntario, dijo Costas, quien aseguró que no existe un plazo para que se pueda hacer todo ese trabajo, pues será paulatino.
Consideró también que en el grupo de 400 mil cédulas de identidad deben haber personas que ya murieron o aquellas que están fuera del país, las que no requieren ese documento.
Carnet de identidad para la CIA
Por Antonio Peredo
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-31&idn=51106
Con la creación del Servicio General de Identificación Personal (Segip), el control de la identidad de las bolivianas y los bolivianos dejó de ser una tarea de la Policía Nacional y —por primera vez— pasó a ser un trámite que se realizará en oficinas civiles. Para darle una imagen imparcial, según las autoridades, fue designado como ejecutivo de este servicio el Dr. Antonio Costas, quien fuera presidente de la Corte Nacional Electoral. Recordemos que bajo su dirección el órgano electoral realizó la primera etapa del padrón biométrico que el presidente Evo Morales comprometió como referente de transparencia en las elecciones de diciembre de 2009. Lastimosamente, después de ese primer impulso, el padrón electoral no dio ni un sólo paso más.
Convocado para esta nueva tarea, Costas se propone cambiar el documento de identidad por otro con características de alta tecnología que haga muy difícil una falsificación. Ya en sus primeras declaraciones, el director del SGIP anunció que el carnet “será un documento con base electrónica y estamos proponiendo que pueda tener un chip”. Para concretar su propósito, ha comenzado a trabajar con el National Endowment for Democracy (NED), organismo norteamericano especializado en varias actividades, entre las que se encuentra precisamente la estructuración de normas y la dotación de herramientas para una identificación de seguridad.
El Fondo Nacional para la Democracia (NED) tiene un nombre, y en su página Web una imagen, de absoluto profesionalismo imparcial dedicado a promover y apoyar la democracia en el mundo, especialmente en los países menos favorecidos. La realidad es muy diferente. Es un mecanismo mediante el cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) actúa especialmente en los países de nuestro continente como fundación y a través de otras cuatro subsidiarias: una que representa al Partido Demócrata y otra al Republicano, la tercera orientada al relacionamiento con las empresas privadas y la cuarta a conectarse con las organizaciones laborales.
Como verán, hay para todos los gustos; la CIA no tiene reparos en buscar buenas relaciones hasta con las tendencias más antagónicas, trabajando lenta y metódicamente para desviarlas; un día, casi inadvertidamente, los militantes antiestadounidenses se encuentran manteniendo las pautas del modelo neoliberal.
El Congreso de Estados Unidos de Norteamérica le asigna al NED un presupuesto anual para estas actividades. Por supuesto, se trata de imponer una democracia a la medida de Washington. Está en condiciones de canalizar fondos hacia partidos políticos y otras instituciones de la sociedad civil de países de bajos ingresos. La intención es favorecer los intereses norteamericanos, sobre todo la agenda neoliberal de privatización, desregulación, supresión de sindicatos, reducción de servicios sociales, eliminación de aranceles y libre acceso a mercados.
Y aquí está el NED trabajando en el diseño de un carnet de identidad de alta tecnología con un chip incorporado. Ingenuamente, podemos suponer que el chip tiene la misión de impedir la falsificación. Conociendo el objetivo para el que fue creado, es imposible tamaña ingenuidad. El chip será el mecanismo ideal para el trabajo de espionaje sobre todas y todos los bolivianos. Será lo mismo que ponernos ese chip en el cuerpo, pues difícilmente podemos desarrollar nuestra vida normal sin el carnet, que nos exigen en cualquier oficina a la que acudimos.
Pero, por supuesto, el NED no sólo diseñará y fabricará los carnets de identidad. También proveerá al SGIP las herramientas que trabajarán en la otorgación del documento de identidad. Es decir, los computadores que se distribuyan en el todo el país y los principales que estarán en las oficinas centrales serán comprados al NED y, en consecuencia, el material que se obtenga en éstos estará a disposición del organismo proveedor. Es muy posible que Washington tenga muchos sistemas para llevar a cabo su labor de espionaje, pero la contratación que está haciendo el SGIP le ahorrará tiempo y dinero a la CIA.
La idea del doctor Costas surge precisamente de su experiencia en la organización del Padrón Electoral Biométrico. Llegó sólo a un punto bastante primario, porque los tiempos fueron excesivamente cortos y no tuvo más remedio que aceptar el apoyo solidario de un país amigo para cumplir su tarea en tan pocas semanas. Para el entonces presidente de la Corte Nacional Electoral no fue precisamente grato ese apoyo de manera que ahora, sin premuras, eligió con quién trabajar.
El carnet que ha concebido el director ejecutivo del Segip será único. En este primer momento sólo será un carnet de identidad, pero posteriormente, y con alguna información adicional, sustituirá al brevet de conductor y, finalmente, servirá también como cédula electoral. Todas las actividades económicas, sociales y políticas se realizarán con la constancia de este documento. El chip dirá, en cualquier momento, qué, cuándo y cómo actuó la persona que se identifica con el carnet.
Pongamos el caso electoral. La manipulación de los datos de una elección, a través del sistema mediático de distorsión, es un hecho conocido, pero respecto del cual se va reduciendo la credibilidad. La CIA ha encontrado otras formas a través del NED y otros organismos que también controla.
El 16 de octubre se realizará la primera elección de magistrados judiciales en Bolivia. Conforme ha establecido el Órgano Electoral, la fiscalización de la votación estará bajo la responsabilidad de la ciudadanía, puesto que los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas no intervienen en esta consulta. Habrá observadores internacionales y los habrá de tantas instituciones que nadie sabrá qué función cumple cada uno.
Ni duda cabe que habrá observadores del NED. Las instrucciones que tienen esos funcionarios son muy precisas: vigilarán de cerca el procedimiento de la votación para descubrir, identificar y reportar cualquier comportamiento. El reporte, redactado en inglés, estará dirigido a una central en Washington. Allí se decidirá qué información se anuncia, cómo se difundirá y en qué momento se hará. De hecho, la CIA ya está en este trabajo conduciendo una opinión contraria a esa elección. No sería extraño que uno de sus instrumentos sea el NED, al que vamos a comprarle las herramientas y los materiales de nuestros carnets de identidad.
De esta manera, tal vez sin proponérselo expresamente, pero con gran simpatía por el país de George W. Bush y Barak Obama, el director ejecutivo del Segip hará que este sistema trabaje directamente para la CIA.
Convocado para esta nueva tarea, Costas se propone cambiar el documento de identidad por otro con características de alta tecnología que haga muy difícil una falsificación. Ya en sus primeras declaraciones, el director del SGIP anunció que el carnet “será un documento con base electrónica y estamos proponiendo que pueda tener un chip”. Para concretar su propósito, ha comenzado a trabajar con el National Endowment for Democracy (NED), organismo norteamericano especializado en varias actividades, entre las que se encuentra precisamente la estructuración de normas y la dotación de herramientas para una identificación de seguridad.
El Fondo Nacional para la Democracia (NED) tiene un nombre, y en su página Web una imagen, de absoluto profesionalismo imparcial dedicado a promover y apoyar la democracia en el mundo, especialmente en los países menos favorecidos. La realidad es muy diferente. Es un mecanismo mediante el cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) actúa especialmente en los países de nuestro continente como fundación y a través de otras cuatro subsidiarias: una que representa al Partido Demócrata y otra al Republicano, la tercera orientada al relacionamiento con las empresas privadas y la cuarta a conectarse con las organizaciones laborales.
Como verán, hay para todos los gustos; la CIA no tiene reparos en buscar buenas relaciones hasta con las tendencias más antagónicas, trabajando lenta y metódicamente para desviarlas; un día, casi inadvertidamente, los militantes antiestadounidenses se encuentran manteniendo las pautas del modelo neoliberal.
El Congreso de Estados Unidos de Norteamérica le asigna al NED un presupuesto anual para estas actividades. Por supuesto, se trata de imponer una democracia a la medida de Washington. Está en condiciones de canalizar fondos hacia partidos políticos y otras instituciones de la sociedad civil de países de bajos ingresos. La intención es favorecer los intereses norteamericanos, sobre todo la agenda neoliberal de privatización, desregulación, supresión de sindicatos, reducción de servicios sociales, eliminación de aranceles y libre acceso a mercados.
Y aquí está el NED trabajando en el diseño de un carnet de identidad de alta tecnología con un chip incorporado. Ingenuamente, podemos suponer que el chip tiene la misión de impedir la falsificación. Conociendo el objetivo para el que fue creado, es imposible tamaña ingenuidad. El chip será el mecanismo ideal para el trabajo de espionaje sobre todas y todos los bolivianos. Será lo mismo que ponernos ese chip en el cuerpo, pues difícilmente podemos desarrollar nuestra vida normal sin el carnet, que nos exigen en cualquier oficina a la que acudimos.
Pero, por supuesto, el NED no sólo diseñará y fabricará los carnets de identidad. También proveerá al SGIP las herramientas que trabajarán en la otorgación del documento de identidad. Es decir, los computadores que se distribuyan en el todo el país y los principales que estarán en las oficinas centrales serán comprados al NED y, en consecuencia, el material que se obtenga en éstos estará a disposición del organismo proveedor. Es muy posible que Washington tenga muchos sistemas para llevar a cabo su labor de espionaje, pero la contratación que está haciendo el SGIP le ahorrará tiempo y dinero a la CIA.
La idea del doctor Costas surge precisamente de su experiencia en la organización del Padrón Electoral Biométrico. Llegó sólo a un punto bastante primario, porque los tiempos fueron excesivamente cortos y no tuvo más remedio que aceptar el apoyo solidario de un país amigo para cumplir su tarea en tan pocas semanas. Para el entonces presidente de la Corte Nacional Electoral no fue precisamente grato ese apoyo de manera que ahora, sin premuras, eligió con quién trabajar.
El carnet que ha concebido el director ejecutivo del Segip será único. En este primer momento sólo será un carnet de identidad, pero posteriormente, y con alguna información adicional, sustituirá al brevet de conductor y, finalmente, servirá también como cédula electoral. Todas las actividades económicas, sociales y políticas se realizarán con la constancia de este documento. El chip dirá, en cualquier momento, qué, cuándo y cómo actuó la persona que se identifica con el carnet.
Pongamos el caso electoral. La manipulación de los datos de una elección, a través del sistema mediático de distorsión, es un hecho conocido, pero respecto del cual se va reduciendo la credibilidad. La CIA ha encontrado otras formas a través del NED y otros organismos que también controla.
El 16 de octubre se realizará la primera elección de magistrados judiciales en Bolivia. Conforme ha establecido el Órgano Electoral, la fiscalización de la votación estará bajo la responsabilidad de la ciudadanía, puesto que los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas no intervienen en esta consulta. Habrá observadores internacionales y los habrá de tantas instituciones que nadie sabrá qué función cumple cada uno.
Ni duda cabe que habrá observadores del NED. Las instrucciones que tienen esos funcionarios son muy precisas: vigilarán de cerca el procedimiento de la votación para descubrir, identificar y reportar cualquier comportamiento. El reporte, redactado en inglés, estará dirigido a una central en Washington. Allí se decidirá qué información se anuncia, cómo se difundirá y en qué momento se hará. De hecho, la CIA ya está en este trabajo conduciendo una opinión contraria a esa elección. No sería extraño que uno de sus instrumentos sea el NED, al que vamos a comprarle las herramientas y los materiales de nuestros carnets de identidad.
De esta manera, tal vez sin proponérselo expresamente, pero con gran simpatía por el país de George W. Bush y Barak Obama, el director ejecutivo del Segip hará que este sistema trabaje directamente para la CIA.
Agosto mes de la Pachamama: Chacha y Warmi Supay
Por Édgar Arandia
Director del Museo Nacional de Arte
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=134739&EditionId=2607
El primer día de agosto, muchas personas se dirigen a la apacheta en el camino a los Yungas para ofrecer su ritual a la Pachamama. Se queman mesas y se k’oa a las montañas para agradecer los favores recibidos de la Madre Tierra. El primer viernes de agosto, el ritual se multiplica, las dos grandes laderas de La Paz se convierten en Chuqiwayu Marka, la ciudad indígena que todavía causa temor a sectores de la sociedad conservadora. La seducción de la Madre Tierra se instaló silenciosamente en muchos hogares de Bolivia que comparten el compromiso de vivir con el medio ambiente, ideologema que utilizan todos los movimientos políticos como bandera para las nuevas generaciones.
Agosto, considerado por las culturas indígenas como el mes de la Pachamama, no es apto para casarse, hacer negocios ni compromisos importantes, porque la tierra se prepara para recibir las semillas en su seno. Al abrirse, permite que de su interior emerjan el Chacha Supay y la Warmi Supay, habitantes y divinidades de la Mankha Pacha.
Su misión es desordenar el mundo, generar caos creativo para que la Madre Tierra acoja las semillas que se convertirán en alimentos para todos sus hijos e hijas. Por eso, en este mes es frecuente —aseguran los devotos— olvidarse las llaves de la casa, quemar por descuido la comida, dejar las pilas de agua abiertas; cometer errores en la oficina, y las parejas que se casan tienen muchos problemas. También se venera a la Virgen de Copacabana, a la Virgen de las Nieves, advocaciones que representan en el imaginario indígena, a la Pachamama.
A las elites neo colonizadoras les cuesta entender que la conquista nunca se consolidó, porque la cultura occidental no logró fijar sus arquetipos de manera inconmovible; el olor de la k’oa es el mejor recordatorio de que esto es así.
Durante todo el mes, los rituales son constantes en el sector conocido como Waraku Apacheta, en la carretera hacia Oruro, es otra constatación de que la religiosidad indígena está vigente, y que en su práctica ritual se incorporan las bendiciones de la tradición judeo cristiana, junto a cultos evangélicos, bajo la maravillosa presencia del Illimani. Los yatiris cargan su cruz cristiana y su cruz andina; en tanto las filas de automotores esperan pacientemente la ch’alla para que circulen por las carreteras sin percances, es decir, están pidiendo permiso para usar la tierra.
En el imaginario minero boliviano, el Tío de la mina, otrora el Supay, es una construcción a la inversa de lo que sucedió con el Tata Santiago, devenido en Tata Illapa por la apropiación indígena, en este caso, el Supay fue apropiado por los mineros españoles para convertirlo en el Diablo o Satanás cristiano, colisionando dos conceptos del mal. En tanto el Supay o Tío de la mina puede ser benefactor o negativo, porque te da o te quita los tesoros del subsuelo, el diablo cristiano es la encarnación solo del mal. Pascale Absi, en su libro Los ministros del Diablo, se remonta hasta determinar comportamientos que preceden a las decisiones políticas. El Tío es venerado en las galerías nuevas, donde aparece fumando y abrigado por serpentinas multicolores. Muchas historias se tejen sobre él, y sabemos que el origen de la Diablada, en las primeras décadas del siglo XVI, en el proceso de la evangelización, luego del Taki Unkuy, tiene que ver con esta divinidad.
Los meses del agua, coincidente con el Carnaval o Anata y el mes de agosto son dos fechas en el calendario ritual muy importantes. A propósito, el primer intento de este artículo se borró inexplicablemente y vanos fueron los esfuerzos para rescatarlo.
Bolivia logra más medallas que antes en Juegos del Alba
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-31&idn=51118
Con la entrega de los trofeos a Cuba, Venezuela y Ecuador, que clasificaron en los primeros lugares, concluyeron ayer en Maracaibo los IV Juegos Deportivos de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA).
El evento se disputó desde el 16 de julio.
El encargado de clausurar la competición fue el ministro del Poder Popular para el Deporte de Venezuela, Héctor Rodríguez, quien ponderó el torneo en el que participaron 23 países.
Rodríguez entregó a las delegaciones de Cuba, Venezuela y Ecuador los trofeos como ocupantes de los tres primeros lugares en el medallero final.
La ceremonia concluyó con una fiesta multicolor latinoamericana y caribeña, con representaciones culturales y costumbristas de los países participantes escenificados por adolescentes barquisimetanos.
Rodríguez felicitó al comité organizador por el exitoso desarrollo de la edición, así como a los más de 5.000 atletas que intervinieron en 31 instalaciones de 10 Estados de Venezuela.
Los V Juegos del ALBA se celebrarán en 2013 en Ecuador.
Bolivia (séptimo) logró 51 medallas, entre ellas seis de oro, 12 de plata y 33 de bronce.
Cuba acumuló 283 medallas (152 de oro, 68 de plata y 63 de bronce), seguido de Venezuela, con 436 medallas (147 de oro, 184 de plata y 105 de bronce).
En el evento, Bolivia ratificó la supremacía que tiene en la región en el ráquetbol al lograr la mayoría de las preseas de oro.
La boliviana Carola Loma obtuvo la presea de oro en la categoría singles, Carola Loma-Jenny Daza y Luis Vargas-Felipe Mercado, en dobles, además de vencer en la categoría por equipos, damas y varones, para anotar las primeras cinco medallas doradas para los bolivianos.
Destacó también la presencia de Claudia Balderrama, que obtuvo la medalla de oro en la especialidad de 20 kilómetros marcha.
En otras pruebas de la especialidad del atletismo se destacaron Hilari Patzi, que ganó la medalla de plata en los 3.000 metros con obstáculos, y Daniel Tordoya en los 5.000 metros planos. Ronald Olmos accedió a la medalla de bronce en el lanzamiento del disco.
En los Juegos participaron 5.000 atletas de 23 países. (PL)
Con la entrega de los trofeos a Cuba, Venezuela y Ecuador, que clasificaron en los primeros lugares, concluyeron ayer en Maracaibo los IV Juegos Deportivos de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA).
El evento se disputó desde el 16 de julio.
El encargado de clausurar la competición fue el ministro del Poder Popular para el Deporte de Venezuela, Héctor Rodríguez, quien ponderó el torneo en el que participaron 23 países.
Rodríguez entregó a las delegaciones de Cuba, Venezuela y Ecuador los trofeos como ocupantes de los tres primeros lugares en el medallero final.
La ceremonia concluyó con una fiesta multicolor latinoamericana y caribeña, con representaciones culturales y costumbristas de los países participantes escenificados por adolescentes barquisimetanos.
Rodríguez felicitó al comité organizador por el exitoso desarrollo de la edición, así como a los más de 5.000 atletas que intervinieron en 31 instalaciones de 10 Estados de Venezuela.
Los V Juegos del ALBA se celebrarán en 2013 en Ecuador.
Bolivia (séptimo) logró 51 medallas, entre ellas seis de oro, 12 de plata y 33 de bronce.
Cuba acumuló 283 medallas (152 de oro, 68 de plata y 63 de bronce), seguido de Venezuela, con 436 medallas (147 de oro, 184 de plata y 105 de bronce).
En el evento, Bolivia ratificó la supremacía que tiene en la región en el ráquetbol al lograr la mayoría de las preseas de oro.
La boliviana Carola Loma obtuvo la presea de oro en la categoría singles, Carola Loma-Jenny Daza y Luis Vargas-Felipe Mercado, en dobles, además de vencer en la categoría por equipos, damas y varones, para anotar las primeras cinco medallas doradas para los bolivianos.
Destacó también la presencia de Claudia Balderrama, que obtuvo la medalla de oro en la especialidad de 20 kilómetros marcha.
En otras pruebas de la especialidad del atletismo se destacaron Hilari Patzi, que ganó la medalla de plata en los 3.000 metros con obstáculos, y Daniel Tordoya en los 5.000 metros planos. Ronald Olmos accedió a la medalla de bronce en el lanzamiento del disco.
En los Juegos participaron 5.000 atletas de 23 países. (PL)
