Control. El edificio del Fondo Indígena que está intervenido por el Ministerio de Transparencia.
José Lavayén.
El Juzgado 2° de Instrucción en lo Penal de Beni envió a la cárcel de Mocoví, preventivamente, al exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) César Quisbert por corrupción en el Fondo Indígena. Dos personas tienen medidas sustitutivas.
Este proceso
corresponde a uno de los 153 proyectos no ejecutados denunciados por la
Contraloría General el 12 de febrero. En la sindicación se indicó que
hubo un daño económico de Bs 71 millones del Fondo de Desarrollo
Indígena Originario Campesino, informó Víctor Tapia, abogado de esa
entidad.
“Se hizo la denuncia por parte del Fondo Indígena por irregularidades en el proyecto de Mejoramiento de Ganado Lechero en la comunidad El Cerrito (Beni) y, a raíz de eso, se envió a la cárcel a Quisbert, acusado por enriquecimiento ilícito con afectación del Estado”, informó Tapia.
Legalidad. El Fondo
Indígena dio más de Bs 643.000 (67% del total de la inversión del
proyecto) a favor de los dirigentes encargados en la comunidad, quienes,
según el jurista, depositaron ese dinero en la cuenta bancaria personal
de Quisbert.
Tapia agregó que junto a Quisbert fueron llevados ante el juez Carlos Aníbal y Vicenta Moisan, acusados de los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos, por lo que la autoridad jurisdiccional otorgó medidas sustitutivas a ambas personas, con arraigo y la obligación de presentarse cada lunes ante el órgano jurisdiccional para firmar el libro de asistencia.
Según el fiscal general, Ramiro Guerrero, dentro de este caso también existen otros dos imputados, Daniel Zapata (que tiene orden de aprehensión en otro proceso del Fondo Indígena) y Marco Antonio Aramayo (que se encuentra con medidas sustitutivas).
“Realizadas las investigaciones, se evidenció que el proyecto no tiene avance alguno respecto al porcentaje de desembolso de los fondos públicos. Se establece que los recursos fueron a parar a la cuenta privada de Quisbert, perjudicando a 34 familias que debían ser beneficiadas”, dijo Guerrero.
El Fiscal General anunció que en las próximas horas será ejecutada otra orden de aprehensión, esta vez en contra de Rubén Darío Navia, implicado en la causa de El Cerrito, acto que demuestra que el Ministerio Público realiza de manera objetiva la investigación del caso Fondo Indígena, por lo que continuará con las pesquisas hasta esclarecer los hechos.
La demanda legal en contra de las personas citadas fue presentada por Lariza Fuentes, directora ejecutiva interventora del Fondo Indígena, luego de realizar la evaluación de los proyectos que fueron cuestionados. Según Erbol, Quisbert fue electo secretario general segundo de los campesinos en 2010 y, tras su gestión, estuvo como dirigente de base en su comunidad en tierras orientales.
En el marco de las investigaciones del fraude en el Fondo Indígena, el 5 de marzo, el Juzgado 1° de Instrucción Anticorrupción de La Paz envió al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes a la exejecutiva de la institución Elvira Parra, por enriquecimiento ilícito. También se ordenó la detención domiciliaria para Marco Antonio Aramayo, acusado de manejo económico irregular. En Beni, la Fiscalía también investiga una obra fantasma de un criadero de chanchos para la que se desembolsó cerca de Bs 500.000 y hasta la fecha solo se construyó un galpón.
Previsión de la Fiscalía
Proceso
En la obra inconclusa del criadero de chanchos en Beni, la Fiscalía de
La Paz informó que se pedirá colaboración a un fiscal de Trinidad para
que tome declaraciones a cuatro dirigentes implicados en el caso.
También anunció una inspección ocular.
