La administración del presidente Evo Morales promulgó cinco leyes que viabilizan la contratación de préstamos de instancias internacionales por un total de 292.993.647 dólares para diferentes obras de infraestructura caminera, aeroportuaria y para un programa destinado al apoyo de la efectividad del gasto público.
Uno de los contratos, ratificado por ley 443, fue firmado con el Fondo OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para el Desarrollo Internacional OFID por un monto hasta los 20 millones de dólares para el financiamiento parcial del proyecto de construcción de la doble vía Ruta F-04 entre Sacaba-Chiñata y Quillacollo-Suticollo, en Cochabamba. La ley fue promulgada el 25 de noviembre.
La ley 440 del 21 de noviembre dio curso al préstamo con la Corporación Andina de Fomento – CAF por 73.493.647 dólares para el financiamiento parcial de la doble vía Montero-Cristal Mayu, Tramo II: Puente Yapacanía-Puente Ichilo. La ley fija que el Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, asumirá el repago de la obligación contraída.
Otra de las normas promulgadas, tras su consideración y aprobación en la Asamblea Legislativa, es la que da curso al préstamos de 73.500.000 dólares para el ‘Programa de Infraestructura Aeroportuaria’ Etapa I. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió el crédito el 14 de agosto. La ley 437 fue promulgada el 18 de noviembre.
La Constitución Política del Estado, en su parágrafo 10 del artículo 158 establece que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es ‘aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos’.
La ley 436 concreta del BID un crédito de 20 millones de dólares para el financiamiento del ‘Programa para la Implementación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Bolivia’. El Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, asumirá el repago de33,4% de las obligaciones contraídas.
El BID también facilitó un crédito de 106 millones de dólares para el ‘Programa de Apoyo a la Efectividad del Gasto Público III’. El Estado ratificó el acuerdo mediante ley 442 del 25 de noviembre.
