 |
PROCESO
La audiencia se instalará el 27 de mayo y se procederá a la toma de declaraciones de los 22 acusados presentes en el país.
Redacción central / Cambio
El Ministerio Público acusó formalmente a 39 personas por terrorismo y alzamiento armado.
Los acusados rechazan las denuncias y argumentan que fue un montaje del Gobierno para perseguir a opositores.
Los fiscales Sergio Céspedes e Iván Ortiz, asignados a la comisión del Ministerio Público en el caso Terrorismo I, informaron que cuentan con más de 160 pruebas, entre materiales, testificales, periciales y documentales, para lograr una sentencia condenatoria de los acusados por separatismo.
Céspedes apuntó que el proceso penal se desarrolla con normalidad a pesar de que hubo mucha dilación ocasionada por la parte acusada, que interpuso incidentes y excepciones de diversa índole que han ocasionado la retardación del caso.
Explicó que en la actualidad el proceso se encuentra en la etapa de recibir declaraciones de los 22 acusados presentes. Sin embargo, existen otras formas de alargar el proceso porque se presentan personas enfermas y peticiones insulsas que causan la suspensión de la audiencia.
Sostuvo que el juez de la causa al fin colocó un alto a toda esa chicana jurídica, ya que impuso severas multas económicas e incluso advirtió que revocará la detención domiciliaria de los acusados beneficiados. En cuanto a las pruebas del caso, el fiscal Ortiz sostuvo que existe una mala información proporcionada por la defensa en los medios de comunicación, en el sentido de que han sido obtenidas ilegalmente, que el proceso se estaría derrumbando como consecuencia de las denuncias de extorsión y que ya no tendría sustento, lo que es completamente falso.
También aclaró que las denuncias sobre extorsión y los videos o grabaciones presentados no tienen relevancia alguna.
Obtención de las pruebas
- En relación con la supuesta mala obtención de las pruebas, se aclaró que dentro la investigación vigente existe una juez de garantías, quien controla todas las actividades que realiza la Fiscalía y la Policía.
Supuesta Violación a los derechos humanos
- La supuesta violación de derechos debía ser denunciada en su oportunidad ante el juez instructor en lo penal, por lo que no se puede permitir que un abogado ignore la labor del administrador de justicia.
Antecedentes del caso
- El 16 de abril de 2009, una operación policial desarticuló un grupo de mercenarios extranjeros que tenía como fin armar una guerra civil para independizar Santa Cruz.
