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Especial
Organizaciones sociales sostienen que “el golpe constituye una etapa táctica de la imposición del ‘libre comercio’, como la entrega de territorios estratégicos a las transnacionales”. Creen que llegó el turno de Paraguay.
Natasha Pitts - Adital
Los verdaderos motivos para la destitución de Fernando Lugo, ex presidente de Paraguay, van mucho más allá de la muerte de los campesinos y policías en la hacienda de Curuguaty, van más allá de la inseguridad del país y del apoyo de Lugo a la aprobación del Protocolo de Ushuaia. En el documento “Paraguay: Ocupación Corporativa y Tejido de Resistencia de los Pueblos”, la organización ‘Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida (ACIN)’ pone en evidencia las verdaderas motivaciones del que fue llamado por Fernando Lugo ‘golpe de Estado expreso’.
En el documento se asegura que la destitución fue un golpe minuciosamente planeado y ejecutado por y para el capital transnacional y las élites. En el caso paraguayo, el apoyo vino de las grandes empresas Monsanto, Cargill, Syngenta y Río Tinto, interesadas en blancos como el Chaco paraguayo, región que viene siendo codiciada para fines como la transformación de los bosques en pasto y para la construcción de megaproyectos.
De esta forma, las organizaciones sociales sostienen que “el golpe constituye una etapa táctica de la imposición del ‘Libre Comercio’, como entrega de territorios estratégicos a las transnacionales”. Y creen que, así como ocurrió en Colombia, México, Honduras y Haití, ahora en Paraguay “se mueve una ficha más hacia la ocupación global fascista para la acumulación”.
El interés en la ocupación de territorios paraguayos puede ser comprobado por el establecimiento, por parte del Comando Sur de Estados Unidos, de la base militar Mariscal Estigarribia en área estratégica, siempre con la disculpa de guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero en 2009 Fernando Lugo decidió acabar con el convenio que permitía el mantenimiento de la base militar, decisión que, definitivamente, no agradó.
El 22 de junio se ocuparon de Fernando Lugo, ahora, según el documento, el objetivo es la eliminación de procesos y movimientos indígenas y populares, la eliminación de todas las formas de resistencia. La táctica pasa por acciones como desapariciones forzadas, tortura, amenazas, masacres, persecuciones, procesos, criminalización de la protesta social, compra de líderes y cooptación.
Pero a pesar de la represión y persecución, los movimientos populares paraguayos e internacionales aún están de pie y exigen que Fernando Lugo, único presidente de Paraguay, sea restituido en el poder para que pueda dar continuidad a su mandato popular. En consecuencia, el grupo golpista comandado por Federico Franco y al servicio de los ‘aparatos militares y paramilitares de terror en función de intereses corporativos transnacionales’ debe ser destituido y procesado.
Lugo pide anular sentencia
El ex presidente Fernando Lugo pidió este miércoles que la Corte Suprema de Justicia anule la sentencia del juicio político que decidió su separación del poder.
“La acción de inconstitucionalidad es solamente contra la sentencia y esperamos que en unos treinta días la Corte la resuelva favorablemente para nuestro cliente’’, dijo a The Associated Press el abogado del ex mandatario, Emilio Camacho, quien fue uno de los tres letrados que defendieron a Lugo ante el Senado.
Según Camacho, los abogados defensores “entendemos que no tuvo fundamentación’’ lo resuelto en el breve juicio al mandatario.
El 22 de junio el Senado paraguayo realizó un juicio político a Lugo, de 61 años, bajo la acusación de mal desempeño de sus funciones, por la que lo halló culpable y decidió su remoción del puesto.
Designó como sucesor al vicepresidente Federico Franco. Camacho y otros dos letrados, Adolfo Ferreiro y Enrique García, ejercieron la defensa de Lugo ante el Senado. El jurisconsulto indicó que la sala constitucional de la Corte “normalmente debería responder a nuestra solicitud en unos treinta días’’, pero en la práctica el máximo tribunal demora unos tres años en resolver las presentaciones, por sobrecarga de trabajo.
Expresó su confianza en que los miembros de la Corte actúen con celeridad, “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos’’. Horas antes de desarrollarse el juicio político, los tres abogados defensores de Lugo presentaron una inconstitucionalidad contra las entonces intenciones del Senado de enjuiciar a su patrocinado.
Tres días después, la Corte comunicó su decisión de rechazar el pedido por considerar que “el juicio político juzga conductas políticas; no es un juicio ordinario’’, especificando que la “cámara de senadores es un poder autónomo’’.
Bases militares, la otra razón de la conspiración
El diputado José López Chávez, que respondía al grupo disidente del Partido Colorado, la UNACE, encabezado por el general golpista Lino Oviedo, con el cual tiene algunas diferencias, y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja de ese país, confirmó su “esperanza” de que Estados Unidos instale bases militares en el Chaco, según fuentes del ABC Color.
De acuerdo con este medio, el más poderoso complejo mediático de la derecha en Paraguay y clave en la destitución del presidente Lugo, el diputado López Chávez —un hombre acusado de conductas mafiosas— confirmó que dialogó con jefes militares estadounidenses sobre la posibilidad de instalar las bases, aunque el tema está siendo analizado por el Pentágono.
El posible acuerdo bilateral además llevaría al lugar “ayuda humanitaria” de contingentes de tropas estadunidenses para la población local. (Tomado del artículo de Stella Calloni “Detrás del golpe: nuevas bases en Paraguay”)
Piden acciones claras contra la dictadura
Las organizaciones indígenas y populares nacionales esperan que los Gobiernos del continente también puedan colaborar y rechacen de manera firme el golpe del capital transnacional. Piden a los mandatarios que no se queden sólo en el campo de las palabras, sino que hagan algo en concreto y práctico para mostrar su indignación.
“No son discursos y declaraciones enérgicas lo que exigimos, sino acciones que desafíen a los golpistas, expongan la arquitectura de poder y los intereses corporativos que las dirigen y hagan todo lo que les corresponde para tratarlos como los criminales que son y para restituirle a Paraguay (y a América Latina toda) sus territorios, su soberanía y el proceso hacia la democracia que había logrado conquistar su pueblo”, reivindican, asegurando que el pueblo paraguayo no va a aceptar que el golpe sea encubierto con mentiras y legitimado, como ocurrió en Honduras.
Los próximos pasos son, a partir de ahora, fortalecer el Frente Único para la Defensa de la Democracia (FDD) como instancia articuladora de la resistencia y elaborar de inmediato una agenda o plan estratégico de resistencia popular con objetivos claros que puedan situar la resistencia interna y las acciones de solidaridad y movilización internacionales.
“Nos comprometemos a hacer lo que esté en nuestras manos para alcanzar sus objetivos con toda la creatividad y la ternura de la solidaridad de los pueblos. Ellos tienen la memoria de sus crímenes para aplastarnos, los pueblos tejemos nuestra memoria para resistir y hacer un mundo nuestro; no para la codicia y el despojo, sino para la justicia y la libertad en armonía con la Madre Tierra”, termina el documento.
