TITULARES
• EE.UU. revela que recoge información directa de dirigentes
• Comisión Legislativa investigará contacto entre EE.UU. y opositores
• EE.UU. nunca dejó de conspirar para derrocar a Evo
• EE.UU. protege a terroristas, separatistas y prófugos
• Traficantes de tierra y madera apoyan la marcha de opositores
• Extranjeros admiten que compraron tierras de dirigentes indígenas
• Dirigente de CONAMAQ en la mira de sus bases por vínculos con EE.UU.
• Tras ser desenmascarados, los marchistas quieren dialogar
• Gobierno cumplió con la ley al pedir registro de llamadas
• Ex ministro de Salud deberá devolver millonario sobreprecio
• Por enfermedad fallece el dueño de TV opositora
• Evo: Oponerse a elecciones judiciales es antidemocrático
• Inspector de Migración, preso por falsificación
• La migración boliviana es un fenómeno histórico en Jujuy
• Hoteles construidos con sal en Uyuni
EE.UU. revela que recoge información directa de dirigentes
DIARIO LA RAZON, LA PAZ.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136239&EditionId=2631
La Embajada de EEUU reveló que recoge información no oficial y de forma directa de dirigentes sociales, como líderes de la marcha indígena, para conocer el contexto social nacional, informó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero.
La información fue proporcionada por el ministro consejero de la embajada, William Mozdzierz, en la reunión que sostuvo con Romero, canciller interino, para explicar las razones de los contactos telefónicos entre líderes de la marcha indígena y un personero de la legación.
“Nos han comentado que estas comunicaciones que sostienen, también con otros líderes, inclusive con algunos analistas, tienen el objetivo de confirmar información acerca de la situación del país, del contexto de las dinámicas sociales y políticas para tener una valoración de la situación contextual en cada coyuntura”, dijo Romero.
Agregó que manifestó la preocupación del Gobierno por este accionar porque en materia diplomática los representantes de la embajada deben acudir a la Cancillería para recabar información, y no tomar contactos directos con actores de las movilizaciones sociales.
El presidente Evo Morales acusó el domingo, apoyado en un registro de llamadas telefónicas, a los dirigentes de la marcha indígena Pedro Nuni, Rafael Quispe y a Roxana Marupa Tórrez, esposa del líder indígena Adolfo Chávez, de tener contactos con la embajada del país del norte.
Mozdzierz confirmó, siempre según Romero, los contactos telefónicos e identificó al asesor de la Sección Política y Económica de la embajada, Eliseo Abelo, como la persona que hizo y recibió llamadas en este caso.
El ministro consideró que las acciones reveladas vulneran el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El referido artículo prevé, entre otros aspectos, la obligación del diplomático a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado en el que prestan servicios.
No obstante, Mozdzierz aseguró que, “de ninguna manera han querido inmiscuirse en asuntos internos”, aunque —informó el ministro— “en caso de que el Estado boliviano pueda producir nuevas investigaciones que revelen que funcionarios de la embajada o funcionarios de Usaid han incurrido en una injerencia política interna que afecte al Estado boliviano, ellos se comprometen a tomar las medidas que corresponda”.
Acuerdo. Los indígenas iniciaron el 15 de agosto una marcha desde Trinidad hasta La Paz en rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque pasa por el corazón de la reserva natural TIPNIS. El fin de semana aprobaron una plataforma de lucha en la que se oponen a toda la carretera y ampliaron sus demandas a 16 puntos.
Romero recordó que las llamadas descubiertas fueron antes y durante la marcha. “Nos han comentado parcialmente acerca del contenido de las llamadas telefónicas, pero no vamos a revelar los contenidos por un acuerdo de caballeros”, añadió.
El encuentro fue en el Salón?Verde de la Cancillería. Empezó pasadas las 17.00 y se prolongó por al menos 40 minutos. Mozdzierz asistió a la cita en lugar del titular de la embajada, John Creamer, quien está fuera del país.
Al salir de la reunión, Mozdzierz declaró que la embajada y su gobierno "no tienen nada que ver con la marcha indígena" y que mantienen el compromiso "de mejorar relaciones dentro del marco del respeto mutuo".
Un día antes, a través de un comunicado oficial, explicaron que, como cualquier otra misión diplomática en Bolivia y en el mundo, mantiene diálogo con los diversos sectores de la sociedad boliviana. “Este dialogo es el trabajo cotidiano de la diplomacia; y es usual y apropiado”.
Romero informó que a partir de la situación presente se acordó mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación en el marco de la Comisión Mixta que trabaja para pactar un nuevo acuerdo marco bajo principios como el respeto a la soberanía.
El asesor de la Sección Política de la embajada
El asesor de la Sección Política y Económica de la Embajada de Estados Unidos, Eliseo Abelo, fue quien tomó contacto con los líderes de la marcha indígena, informó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, a partir del informe que proporcionó el ministro consejero de la embajada, William Mozdzierz.
El presidente Evo Morales denunció el domingo los contactos telefónicos con quien, en ese entonces, identificó como el encargado de asuntos indígenas de la legación diplomática.
Según la denuncia, Abelo se comunicó con el indígena y diputado del MAS Pedro Nuni, el 29 de julio, y con la esposa de Chávez, Roxana Marupa Tórrez, el 15 de agosto. También, de acuerdo al reporte de llamadas, habló en varias ocasiones, antes y durante la marcha, con el dirigente del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), Rafael Quispe,
“No puede una embajada a partir de su Sección Política mantener una comunicación permanente con los líderes de una movilización social, porque de algún modo la movilización tiene una connotación política”, criticó.
Comisión Legislativa investigará contacto entre EE.UU. y opositores
Luego de recibir la explicación de los ministros Carlos Romero y Sacha Llorenti sobre las llamadas telefónicas entre dirigentes indígenas y la Embajada de Estados Unidos, la bancada legislativa del MAS determinó formar una comisión “multipartidaria” para investigar los nexos entre la legación y los dirigentes de la marcha indígena.
El presidente del Senado, René Martínez (MAS), informó que los resultados del trabajo de la comisión determinarán el futuro accionar en contra de los dirigentes indígenas, entre ellos el diputado Pedro Nuni, quien es diputado por el partido del oficialismo.
“Nos parece anormal de que haya una fuente de financiamiento, indicios que nos está permitiendo ratificar, no solamente una articulación de la Embajada (de Estados Unidos) con algunos dirigentes, sino también un posicionamiento político con la que fue llamada media luna, con esas entidades de asalto a las instituciones”, sostuvo el senador.
El jefe de bancada del MAS en Diputados, Edwin Tupa, afirmó que se invitará a legisladores de la oposición para que participen de la investigación legislativa. “Esta comisión verificará si existe esa vinculación entre dirigentes y el imperialismo. El neoliberalismo intenta desestabilizar el proyecto del proceso de cambio”, afirmó.
El diputado opositor Mauricio Muñoz descartó que Convergencia Nacional participe de la comisión investigadora. “No vamos a ser parte de una comisión inquisidora que vaya a perseguir a dirigentes”, anticipó.
EE.UU. nunca dejó de conspirar para derrocar a Evo
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-24&idn=52898
Un vistazo a los archivos de prensa desde 2006 dan cuenta de al menos una decena de denuncias de injerencia, intromisión y conspiración contra el gobierno del presidente Evo Morales por parte de organismos de Estados Unidos.
Morales sumó el domingo otro hecho de injerencia en la marcha que protagoniza un grupo de indígenas de tierras bajas en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“Es una estrategia del imperialismo y de Estados Unidos a través de sus agencias (Usaid) para impedir la integración nacional y provocar un enfrentamiento entre los pueblos”, aseveró Morales.
La oposición para la ejecución de ese proyecto es porque la vía supuestamente afecta el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Morales mostró registros de comunicaciones telefónicas entre líderes de la marcha con funcionarios de la Embajada de EEUU.
INJERENCIA ETERNA
La argentina Premio Latinoamericano de Periodismo, Stella Calloni, en la introducción de su libro Evo en la mira. CIA y DEA en Bolivia menciona que el ingreso de organismos de inteligencia a Bolivia a partir de los años 50, del siglo pasado, marca el inicio de la injerencia eterna.
Un artículo publicado por Prensa Latina recuerda que Washington se apropió del verdadero poder en Bolivia, donde los gobernantes eran simples “gerenciadores” de ese poder externo. Esa injerencia se profundizó con el neoliberalismo.
Bajo esas circunstancias, señala, “nació un nuevo proceso de emancipación que encuentra en el líder cocalero Evo Morales Ayma al hombre capaz de encauzar esas luchas, desafiar el neocolonialismo y desde entonces está en la mira de atentados, espionajes y conspiraciones”.
La politóloga Helena Argirakis, en una entrevista anterior, afirmó que la derecha estadounidense en complicidad con la oposición boliviana también recurre a la guerra de la “cuarta generación” que consiste en lanzar rumores mediáticos para afectar la imagen del presidente Morales y su gestión presidencial. Eso sucedió con el avión presidencial, el cual, según información falsa de ciertos medios, estuvo detenido en Estados Unidos por cargar droga, cuando la aeronave estaba en La Paz.
El atizar conflictos referidos al alza de precios de algunos alimentos también fue parte de esa estrategia conspirativa, según analistas.
CHANTAJE Y ESPIONAJE
Esas acciones conspirativas están acompañadas también con chantajes. El 22 abril de 2006, el presidente Evo Morales denunció que EEUU negó la visa a su ministro de Aguas de entonces, René Orellana.
A esto se suma el espionaje. El 9 de febrero de 2009, la Agencia Boliviana de Información, citando a la Associated Press, reveló que un becario denunció a funcionarios de la Embajada de espiar a ciudadanos venezolanos y cubanos en Bolivia.
El Gobierno, en 2009, emplazó a Estados Unidos para que explique qué hace en Bolivia el ciudadano de origen mexicano Francisco Martínez, e insistió en que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) confabula contra la gestión del presidente Morales.
Desactivó treinta misiles
El 24 de octubre de 2006, el entonces embajador de los Estados Unidos, Philip S. Goldberg, pidió olvidar el asunto de la desactivación de los misiles chinos y argumentó que, como resultado de lo que se hizo con esas armas, “Bolivia y el mundo son más seguros ahora”.
Consultado sobre la posibilidad de que su Gobierno coadyuve en las investigaciones para esclarecer la desactivación de una treintena de misiles de fabricación china durante el Gobierno del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, Goldberg explicó que todo lo que hizo Estados Unidos fue dentro de los parámetros de los acuerdos mutuos.
“De hecho, Bolivia y el mundo son más seguros hoy como resultado de lo que pasó con los misiles. Me gustaría, como nuevo embajador, dejar este asunto como superado y del pasado. No le sirve a nadie continuar hablando de algo que ha mejorado la seguridad en Bolivia”, dijo en la ocasión.
El caso de la desactivación de los misiles chinos que adquirió ribetes de escándalo debido a la falta de transparencia y por ser traición a la patria fue derivado al ex Congreso.
Tres casos referidos a extranjeros
En 2006, el ciudadano estadounidense Lestat Claudio de Orleans realizó atentados con bombas en hoteles de La Paz que causaron dos muertos.
En 2007, la estadounidense Donna Thin fue detenida en el aeropuerto de El Alto con cinco paquetes que contenían 100 balas cada uno.
En 2008, el becario del programa Fulbright John van Schaick denunció a la prensa internacional y ante la Cancillería boliviana haber recibido una solicitud de información o espionaje (de parte de la embajada de Estados Unidos en Bolivia) a ciudadanos venezolanos y cubanos en el país.
Embajador echado por conspirar
“Sin miedo a nadie, sin miedo al imperio, declaro ante el pueblo boliviano persona no grata al embajador de Estados Unidos”, Philip Goldberg. Con esa frase el presidente Evo Morales expulsó el 11 de septiembre de 2008 al diplomático por “conspirar para buscar la división de Bolivia”.
Durante un acto en el Palacio de Gobierno, Morales recordó que Goldberg es un “experto en dirigir conflictos separatistas”. Entre 1994 y 1996, durante la guerra separatista de los Balcanes, fue “jefe de oficinas del Departamento de Estado para Bosnia”.
Morales justificó la salida de Goldberg arguyendo que sostuvo reiteradas reuniones con partidarios de la oposición antes y durante la toma de instituciones, cuando se gestó la intención del llamado golpe cívico-prefectural, encabezado por cívicos y prefectos de la ex media luna.
El atpdea para la intromisión política
El 5 de julio de 2009, el entonces ministro de Defensa, Wálker San Miguel, declaró que los argumentos de EEUU para suspender la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) a las exportaciones bolivianas revelan en sí mismos su carácter injerencista.
“Ningún Estado tiene derecho de referirse de manera unilateral y arrogante respecto a la política de otro Estado”, sostuvo. En su criterio, los argumentos expuestos por Washington “son la muestra de una franca y abierta intromisión en los asuntos del Estado de Bolivia”, denunció.
EEUU justificó su decisión y reprochó la administración del presidente Evo Morales por alejarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Labor de espionaje de la DEA
El 1 de noviembre de 2008, el presidente Evo Morales anunció la expulsión de la oficina Antidroga de Estados Unidos (DEA) por “espionaje” y “conspiración” contra el Gobierno.
El Jefe de Estado denunció que la DEA apoyó económicamente el golpe cívico-prefectural fallido contra su Gobierno entre agosto y septiembre de 2008, por lo cual ordenó la suspensión indefinida de sus actividades en Bolivia.
“Tenemos la obligación de defender la soberanía del pueblo boliviano“, sentenció Morales, quien reveló que la DEA al parecer financió las tomas de los aeropuertos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, en septiembre de ese año, cuando éstos impulsaban un golpe cívico-prefectural contra su Gobierno.
Presencia de ongs y usaid
El 17 de junio de 2010, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, mostró en el Palacio de Gobierno el libro titulado Plan Estratégico Institucional 2008-2012 de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en el cual aparece la agencia estadounidense Usaid como una de las entidades que apoyó ese trabajo.
Antes de esa acusación, el presidente Evo Morales denunció la infiltración de Estados Unidos en organizaciones sociales a través de sus agencias operadoras para alentar movimientos de desestabilización de la democracia en Bolivia y de su Gobierno.
En la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) que exigía la modificación del proyecto de Ley de Autonomía, y en el bloqueo de la carretera de Caranavi (La Paz) el Gobierno ya denunció injerencia de las ONG.
El Ejecutivo, en la última marcha de la Cidob, también denunció la participación de las ONG a través de demandas que atentan el medio ambiente como el Fondo Verde.
EEUU. recibe a terroristas, separatistas y prófugos
REBELION ESPAÑA (www.rebelion.org)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-24&idn=52881
Promotor de una llamada “lista de países patrocinadores del terrorismo”, que tiene como real propósito denigrar a países que rechazan sus políticas de dominio, Estados Unidos da asilo a decenas de terroristas, prófugos y estafadores de todos tipos, reclamados por varios países de América Latina.
El sitio web contrainjerencia.com ha establecido, desde principios del año, una lista de los fugitivos más conocidos. Son unos sesenta los delincuentes que identificó como prófugos latinoamericanos radicados en territorio estadounidense, la mayoría de ellos con pasado terrorista.
Con la comunidad cubanoamericana de Miami, el ‘Fichero’ tuvo que limitarse a los más ‘famosos’ de los terroristas y sicarios. La caída del régimen de Fulgencio Batista, sostenido por Washington, marcó la llegada al sur de la Florida de miles de cómplices de la dictadura que la CIA luego reclutó para las operaciones terroristas que ejecutó y encubrió contra la revolución cubana.
Varios cómplices de acciones terroristas ocurridas en Venezuela, en los últimos años, han encontrado en EEUU un asilo seguro tal como varios de los autores de la conspiración asesina de Santa Cruz, Bolivia.
Entre otros individuos que promovieron el uso del terror en varios países del continente y que hoy radican en Estados Unidos, con el conocimiento y la aprobación del Departamento de Estado, contrainjerencia.com identifica los siguientes personajes (por orden de inscripción):
- Alejandro Melgar, cabecilla de la conspiración de Santa cruz, este negociante boliviano radica en EEUU con la entera complicidad de las autoridades migratorias.
- Ángel de Fana Serrano participó en 1997, en Isla Margarita, en un complot para asesinar al líder cubano Fidel Castro durante la Cumbre Iberoamericana. Socio de Luis Posada Carriles. De Fana conspiró también para asesinar al presidente Chávez.
- Armando Valladares, cómplice del intento de magnicidio de Santa Cruz, Bolivia, y de varios actos terroristas, fue preso en Cuba por poner bombas en tiendas y retomó su trabajo con la CIA desde su salida de la isla.
- Carlos Alberto Montaner, vive desde varias décadas de sus prestaciones contra Cuba. Prófugo de la justicia cubana por poner bombas en tiendas y cines en 1960, fue miembro de la red terrorista de Orlando Bosch. Tiene residencias en EEUU y España.
- Gaspar Jiménez, asesino del diplomático cubano Dartagnan Díaz Díaz, cómplice de Luis Posada Carriles y condenado por terrorismo en Panamá, radicado en Miami con protección del FBI.
- Guillermo Novo Sampoll, terrorista, cómplice del asesinato del ex ministro chileno Orlando Letelier, torturador del Plan Cóndor, asesino de dos diplomáticos cubanos en Argentina, cómplice de Luis Posada Carriles y condenado por terrorismo en Panamá. Radicado en Miami.
- Huber Matos, traidor cubano conocido por haber dirigido acciones terroristas. Sus lazos con el mundo del narcotráfico centroamericano son tan conocidos como los de su hijo, refugiado en Costa Rica. Radicado en Miami.
- Hugo Achá Melgar, financista de la pandilla terrorista conformada por neonazis húngaros y croatas que intentaron asesinar al presidente boliviano, Evo Morales, en 2009 en el complot de Santa Cruz. Radicado en EEUU.
- Joaquim Chaffardet, ex directivo de la policía secreta venezolana, vinculado al terrorista internacional Luis Posada Carriles, fue formado por los servicios de inteligencia de EEUU en la Escuela de las Américas (SOA). Radicado en EEUU.
- José Antonio Colina Pulido, responsable de atentados con bombas contra oficinas diplomáticas de España y Colombia en Caracas en 2003. Radicado en Miami con varios cómplices.
- Nelson Mezerhane, financista estafador, accionista de Globovisión, aparece entre los principales sospechosos del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Desapareció de Caracas robándose siete millones de dólares. Radicado en EEUU.
- Patricia Poleo, cómplice del asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson. Se encuentra detrás de distintas operaciones de la CIA realizadas con la Embajada norteamericana de Caracas contra la revolución bolivariana. Radicada en Miami.
- Pedro Remón, sicario de la CIA, asesino de Félix García Rodríguez y Eulalio Negrin, en Nueva York; cómplice de Luís Posada Carriles, condenado por terrorismo en Panamá. Radicado en Miami con protección del FBI.
- Luís Posada Carriles, agente de la CIA y terrorista internacional. Tiene un interminable historial de crímenes. Reclamado por Venezuela por los 73 homicidios del avión cubano destruido en pleno vuelo. Radicado en Miami.
- Reinol Rodríguez, asociado a Luís Posada Carriles, cómplice del asesinato en Puerto Rico de Carlos Muñiz Varela. Actual jefe militar del grupo terrorista Alpha 66, tolerado por el FBI. Radicado en Miami.
- Roberto Martín Pérez, hijo de uno de los más famosos esbirros de la dictadura de Batista, ex jefe del comité paramilitar de la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA).
- Raúl Díaz, condenado por ataques con explosivo C4 a dos embajadas en Caracas, ocurridos en 2003. Radicado en Miami.
- Carlos Yacaman, hondureño, asesino del ex ministro de vivienda de la administración Zelaya, Roland Valenzuela. Se encuentra en Miami. Branko Marinkovic, líder opositor boliviano de Santa Cruz, principal financista y cómplice de la banda terrorista desarticulada en 2009. Marinkovic entregó 200 mil dólares a los terroristas para la compra de armas. Vive en Miami.
- José Guillermo García, general salvadoreño, ex ministro de defensa, torturador y responsable del asesinato de cuatro monjas norteamericanas. Asilado en EEUU.
- Carlos Vides Casanova, ex jefe de la guardia nacional de El Salvador, torturador y responsable del asesinato de cuatro monjas norteamericanas. Asilado en EEUU.
- Michael Townley, oficial de la policía secreta de Pinochet, cómplice del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier. Radicado en Miami.
- Santiago Álvarez Fernández Magriña, terrorista y traficante de armas, cubanoamericano, cómplice de Posada Carriles. Radicado en Miami.
- Osvaldo Mitat, terrorista y traficante de armas, cubano, cómplice de Posada Carriles. Radicado en Miami.
- Héctor Alfonso Ruiz, alias ‘Héctor Fabian’, terrorista cubano, colocó bombas en sedes diplomáticas, asociado a Posada Carriles, radicado en Miami.
- Ramón Saúl Sánchez, sicario de Omega 7, cómplice de Eduardo Arocena y Pedro Remón. Radicado en Miami.
- Rodolfo Frómeta, terrorista cubano, jefe de comandos F4, autor confeso de acciones terroristas contra Cuba, radicado en Miami.
- Roberto Guillermo Bravo, militar argentino responsable de la masacre de Trelew que costó la vida de 16 jóvenes revolucionarios; vive en Miami.
- Virgilio Paz Romero, cómplice del asesinato del canciller chileno Orlando Letelier y su colaboradora Ronni Moffitt, indultado por George W. Bush, radicado en Miami.
- José Dionisio Suárez Esquivel, alias ‘Charco de Sangre’, cómplice del asesinato del canciller chileno Orlando Letelier y su colaboradora Ronni Moffitt, liberado por George W. Bush. Radicado en Miami.
- Félix Rodríguez Mendigutía, alias ‘El Gato’, agente CIA, ordenó el asesinato de Ernesto Che Guevara, cómplice de Posada Carriles en la base salvadoreña de Ilopango en tráfico armas contra la cocaína. Radicado en Miami.
- Salvador Romani, presidente de la terrorista Junta Patriótica cubana en Venezuela, asaltante de la Embajada cubana en Caracas, cómplice del asesinato del fiscal Anderson. Radicado en Miami.
Congresistas sugieren eliminación
En Miami, decenas de organizaciones cubanoamericanas vinculadas al terrorismo siguen activas, aunque el FBI conoce perfectamente su relación con actividades violentas. Los grupos terroristas Alpha 66 y Comandos F4 predican abiertamente el uso del terror contra Cuba, mientras las actividades de apoyo a acciones terroristas de los directivos de la FNCA y del Cuban Liberty Council han sido denunciadas públicamente en varias oportunidades.
Nada sorprende a nadie en esta materia en el estado del representante Connie Mack, quien sugirió el asesinato del presidente venezolano Hugo Chávez; y de su colega Ileana Ros-Lehtinen, quién propuso en una entrevista con la televisión británica la eliminación física del líder cubano Fidel Castro.
Ros-Lehtinen es presidente honorario del Fondo de Defensa del terrorista Luis Posada Carriles. Su colega del Senado Robert ‘Bob’ Menéndez se reunió el 17 de mayo con Luis Posada Carriles, en un restaurante de West New York, para celebrar su indulto por un tribunal tejano.
Traficantes de tierra y madera apoyan la marcha de opositores
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-24&idn=52899
El Gobierno denunció que algunos dirigentes indígenas facilitan el tráfico de tierra y madera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) a favor de empresas extranjeras.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, presentó en conferencia de prensa denuncias documentadas contra algunos dirigentes de organizaciones indígenas del oriente sobre la venta de Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
“Hay una dinámica ilegal de tráfico de tierra y tráfico de madera que compromete a algunos dirigentes indígenas, (como) el anterior presidente de la subcentral del Tipnis, actuales dirigentes de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), dirigentes de la Cidob comprometidos, sus nombres aparecen en estos contratos, en estos documentos”, aseguró.
La denuncia surge en medio de una marcha que desarrollan dirigentes indígenas del oriente en contra de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y nuevas demandas que se incluyeron en los últimos días.
Romero informó que, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en Guarayos se reportaron transacciones de 99.809 hectáreas por un monto de 1.163.675 dólares.
“Transacciones ilegales que comprometen a dirigentes indígenas como el señor Yubarone, que es actual dirigente de la Cidob; el señor Rojas, que es dirigente de Copnag, es decir, un gran fraude en materia de tráfico de tierras”, añadió la autoridad.
TRÁFICO DE MADERA
Otro caso se refiere a un contrato privado de compraventa de producto forestal que suscribe Alejandro Yuco Semo en calidad de presidente de la subcentral Tipnis; Santiago Viri Noe, secretario de Organizaciones de Comunicación Subcentral Sécure Tipnis; Pedro Gonzalo Vareyujo, hasta hace algunos días ex presidente del Tipnis.
La empresa maderera que firma este acuerdo es Suri, representada por los señores Juan Carlos Meneses Erqueta y Quintín Pérez Antelo.
Según el informe de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), en el periodo 2003 a 2010, en el territorio Guarayos se extrajo madera por 1.257.592 metros cúbicos, con un ingreso estimado de 12,5 millones de dólares. Ese volumen de madera extraído equivale al espacio de 63 mil camiones.
Dijo que en 2010 la ABT interceptó 500 camiones que trasladaban 12.354 metros cúbicos de madera.
Y manifestó su preocupación por que entre las 16 demandas de la Cidob se establezca como exigencia el control de bosques y tierras en la región, además del cambio de la directiva de la ABT, “solamente por haber sido denunciados por los indígenas y empresarios que estaban abocados a negocios para la extracción y comercialización ilegal de madera (...). No se puede permitir que el control de estas tareas esté en poder de grupos que negocian con los madereros acciones ilegales en la extracción de madera”, dijo Romero.
Agregó que existen varias concesiones forestales de empresas maderera s como “Bolivian Magomi, Fátima y otras como Suri, que sirven como una suerte de paraguas que justifica la extracción de madera, circulación y comercialización de madera, que en realidad se extrae del Territorio Isiboro Sécure y del Territorio Chimán”
Señaló que extrañamente la empresa Suri estuvo trasladando comunarios indígenas del Isiboro Sécure rumbo a la marcha que se desarrolla en contra del tramo II de la carretera por el Tipnis.
Mostró una fotografía donde se observan aserraderos móviles que desplaza la empresa Suri para extraer madera de territorios indígenas con el consentimiento de sus dirigentes.
La autoridad manifestó que “seguramente” la marcha de las comunidades del Isiboro Sécure es legítima, porque a los indígenas les preocupa la construcción de un camino que modificará su vida colectiva y es razonable discutir las condiciones del impacto de la carretera; “sin embargo, resulta que detrás de la movilización se encubren algunos intereses muy irregulares de dirigentes indígenas que hace mucho tiempo estuvieron interesados en controlar la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT)”, consideró.
Romero enfatizó que esos negocios fraudulentos (entre algunos dirigentes y extranjeros) al mismo tiempo les ha permitido establecer determinadas alianzas de todo orden con sectores conservadores.
CompraVenta de tierras fiscales
El Ministro de la Presidencia, Carlos Romero, indicó que existen archivos de compraventa de tierras que van desde los 20 mil dólares a más de 200 mil dólares. “Se están vendiendo tierras tituladas por el Estado boliviano a favor de comunidades indígenas”, añadió.
Señaló como ejemplo un contrato de compraventa de propiedad rústica suscrita entre la asociación agropecuaria Virgen de Cotoca y el señor Isaac Sawaski Peters, documento privado que luego es elevado a la condición de instrumento público, una transacción de venta real y enajenación perpetua, dice la cláusula segunda en referencia a una superficie de 1.000 hectáreas por un monto de 20 mil dólares.
Otro ejemplo es un contrato de compraventa de un predio rústico en la TCO Guarayos, entre la Asociación de Trabajadores Agropecuarios Casa de Pedro, por una parte, y los señores Lotario Geler, con pasaporte 105420; Reynaldo Eguino de Oliveira, con pasaporte 097619, y otros, por una superficie de 1.040.029 hectáreas y un monto de 210 mil dólares.
Derecho propietario se tergiversó con ilícitos
El Gobierno distribuyó 15,4 millones de hectáreas entre 2006 y 2010, con un promedio de titulación anual de 3,9 millones de hectáreas a favor de los pueblos indígenas, informó el Ministro de la Presidencia, Carlos Romero.
Recordó que entre 1996 y 2005 se habían titulado 5,8 millones de hectáreas en calidad de Tierras Comunitarias de Origen.
Explicó que, en total, 21,2 millones de hectáreas se distribuyeron a pobladores de tierras bajas y altas.
En las tierras bajas se distribuyeron 12,3 millones de hectáreas, que beneficiaron a 151 mil personas y 30.230 familias. Una superficie de 410 hectáreas por familia y 82 hectáreas por persona. En tierras altas se distribuyeron 8,9 millones de hectáreas. “El ejercicio de este derecho propietario se ha tergiversado por vínculos y nexos ilegales en torno al tráfico de tierras”, dijo el Ministro. Recordó que la Ley Fundamental prohíbe ventas o transacciones mercantiles en torno a tierras comunitarias descritas en el artículo 394, parágrafo III.
“El Estado reconoce y protege la propiedad unitaria y colectiva, que comprende el territorio indígena. La propiedad colectiva se declara indivisible; no se puede dividir. Imprescriptible, el derecho no se extingue por el transcurso del tiempo; inembargable, porque la tierra no puede ser objeto de embargo por hipotecas; inalienable, que no puede ser objeto de venta, arrendamiento o cualquier tipo de transacción mercantil; la tierra comunitaria es irreversible y no está sujeta a pago de impuestos a la propiedad agraria”, explicó el ministro de la Presidencia.
Indígenas abandonan la marcha por el tipnis
Decenas de Indígenas abandonan la marcha que se desarrolla en contra de la construcción de la carretera del tramo II del Tipnis.
Según los datos del corresponsal de radio Patria Nueva sobre los comunarios que hasta ayer se encontraban en Puerto San Borja, mucha gente retorna a sus regiones, como los indígenas del río Ichilo, del trópico de Cochabamba.
Los marchistas explicaron que retornan a sus regiones para volver la próxima semana hasta la población de San Borja al encuentro de la movilización. “Estamos retornando para traer más gente, y volveremos de aquí a una semana”, expresó un indígena de la región de Ichilo.
El relevo de los marchistas fue confirmado por el representante del Defensor del Pueblo en Trinidad, Luis Revollo, quién manifestó que la escasez de ropa y el frío provocó que muchos indígenas retornen a sus regiones.
“Es comprensible, hay mucha gente que no vino prevenida, no sabía que el frío sería intenso, además hay gente que se vino tan de prisa que sus familiares no saben que están en la marcha, todavía no se ha contabilizado cuántos se van y cuántos vienen”, dijo el representante. El lunes, 150 ayoreos abandonaron la marcha.
Invitación al presidente Morales
Por otro lado, la dirigente del Comité de la marcha por el Tipnis, Berta Bejarano, manifestó que invitarán al presidente Evo Morales a que pueda encontrar la marcha y dialogar, “pero la movilización continúa y está firme”,
En la población de Puerto San Borja, los marchistas sostuvieron una reunión en la que analizaron los 16 puntos que fueron entregados al Gobierno. “El Presidente (Morales) fue mal asesorado, nosotros le entregaremos una documentación real”, dijo Adolfo Chávez, presidente de la Cidob.
Codecam ve intereses económicos
La Coordinadora Departamental para el Cambio de Cochabamba (Codecam) convocó ayer una concentración para el 3 de septiembre en la avenida Blanco Galindo para rechazar la marcha de indígenas por el Tipnis que va hacia La Paz.
El llamado a la movilización surgió de la reunión de emergencia efectuada el lunes por más de 30 organizaciones sociales, cuyos dirigentes establecieron que con sus recientes demandas los marchistas por el Tipnis pretenden atentar contra la producción de hidrocarburos y la integración vial.
“El objetivo de nuestra concentración será dar apoyo al proyecto caminero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, nuestros recursos, y defender la unidad de Bolivia y los beneficios del pueblo como el Juancito Pinto y la Renta Dignidad”, explicó la presidenta de la Codecam, Leonida Zurita.
Explicó que los delegados de más de 30 afiliadas a la coordinadora resolvieron rechazar de manera rotunda la marcha de los indígenas del Tipnis porque demostró que tiene fines políticos cuando surgieron pedidos como la suspensión de la construcción de carreteras y el rechazo a la explotación de hidrocarburos, que sustentan la economía nacional.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, Manuel Mamani, manifestó que la movilización perdió legitimidad porque tiene participación de extranjeros. “Hay reportes de que está marchando un gringo de Estados Unidos, de otros países, eso no es marcha de los compañeros indígenas”, manifestó.
Dijo que incluso existen denuncias de que empresarios madereros financian la marcha con el pago de entre 150 y 200 bolivianos por persona, con lo que está demostrado que hay intereses económicos detrás de la caminata que se dirige hacia La Paz. Mamani agregó que las organizaciones sociales mantienen, pese a todo, el pedido, incluso el ruego, de que los dirigentes de los movilizados acepten dialogar con las autoridades gubernamentales y que ordenen el regreso de los marchistas a sus comunidades.
Extranjeros admiten que compraron tierras de dirigentes indígenas
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-24&idn=52900
Propietarios de terrenos ubicados al noreste de Santa Cruz afirmaron que esas tierras les fueron vendidas por dirigentes indígenas de la región, quienes, cada vez que cambian de dirigencia, les piden dinero para no arrebatarles las propiedades.
De acuerdo con denuncias de los indígenas del oriente, los dirigentes de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), Ángel Yubanore y Jhony Rojas, al parecer vendieron las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a gente extranjera.
En un reportaje realizado por el canal televisivo Red Uno, el ruso Nicolás Murachedv, propietario de 1.900 hectáreas (ha) ubicadas al noreste del pueblo Guarayo, señaló que compró esas tierras hace diez años de un dirigente indígena.
"Teníamos 7.204 hectáreas. Ahorita nos quedamos con 1.900. Con la persona que negocié fue Alfonso Castro, dijo que era dirigente", señaló el ciudadano ruso que compró las tierras a un precio de $us 150 mil.
También denunció que desde el 2006 dirigentes de la Copnag exigen montos de dinero para que conserve esos terrenos.
"Cada ves se cambian los dirigentes. Viene otro y dice soy dirigente y necesito plata para la organización. Jhony Rojas fue el último", aseguró.
Otro de los casos es el de Sandra Pacolli, quien informó que pagó $us 1.500 por un parcela de tierra, aunque últimamente tiene el temor que le quiten su propiedad.
“Pagamos por parcela. Algunos vienen y nos dicen 'esta parcela es mía' el otro viene y dice 'es mío' y nos quieren cobrar por eso”, denunció.
De acuerdo con el informe del periodista de Red Uno hay otro terreno que comprende 40.000 Has y que pertenece a una ciudadana colombiana. La propiedad se llama Los Tucanes y se pudo observar en las imágenes, maquinaria industrial para la cosecha de arroz.
La TCO es una modalidad de propiedad agraria reconocida por la Constitución Política del Estado de 1994, donde pueblos campesinos y comunidades indígenas desarrollan sistemas de organización económica, social y cultural comunitarios.
La Constitución determina que los recursos naturales pueden usarse y aprovecharse, pero no poseerse porque son bienes comunes, reconoce la propiedad individual de la tierra siempre y cuando cumpla una función económica social (FES) y proteja el territorio indígena originario campesino como una forma de propiedad comunitaria indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable, irreversible según la página web www.constituyentesoberana.org
DENUNCIAS INTERNAS
Por su parte, algunos comunarios guarayos también denunciaron que los actuales y ex dirigentes de la Copnag negocian esa clase de tierras desde 2004.
Según las denuncias, hasta la fecha se han vendido más de 109 millones de hectáreas por un monto total de $us 1.168.275.
El comunario Óscar Zacu denunció que Ángel Yubanore, Jhony Rojas y Ricardo Moyes, son los dirigentes que manejan y se hacen cargo de las TCO.
"La superintendencia cobra 1 dólar por hectárea y ¿por qué la comuna cobra 2,50?, preguntó Zacu.
Asimismo, Ascencio Lavadenz (otro de los comunarios) aseveró que dichos dirigentes negocian los recortes de tierra entregados por el Gobierno.
"Lo más triste es que los que hacen estas irregularidades con las tierras son los propios dirigentes. Me atrevo a decir que son los dirigentes actuales quienes hacen esto", señaló.
Aseguraron que presentarán ante el Tribunal Disciplinario de la Copnag, la lista de dirigentes que comercializan las tierras y que son más de 20. Según estos comunarios, las cantidades de hectáreas que se venden van desde 60 hasta más de 11.000 mil, esto desde 2004.
Nativos se acusan entre sí
Los dirigentes de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag) Ángel Yubanore y Jhonny Rojas negaron las acusaciones realizadas por algunos comunarios de Guarayos, quienes aseguran que esas autoridades venden las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) pertenecientes a ese pueblo oriental.
Yubanore aseguró que las denuncias vienen de "personas como (Óscar) Zacu, que no representa a nadie, es un vividor. Elizabeth (Chemanderasi), una conocida traficante de tierras que la hemos identificado y denunciado a diversas instancias. Seguramente buscan entorpecer el buen desarrollo de nuestra dirigencia al mando de esta marcha porque estamos prácticamente en la Comisión Nacional".
Por su parte, el dirigente Rojas aseguró que son otros los dirigentes que realizaron las transacciones con los terrenos pertenecientes a los comunarios del pueblo Guarayo.
"Vendieron terrenos por un valor de 150 mil dólares a rusos y aquí, en el polígono, tres de los mismos dirigentes vendieron la cantidad de 14 mil hectáreas. Hemos recuperado la credibilidad y hemos recuperado ya 62 mil hectáreas, todas negociadas por ellos", acusó.
Ambos dirigentes, en la Red Uno, no descartaron iniciar un proceso legal contra esas personas por difamación y calumnia.
Las declaraciones surgen luego de que el presidente Evo Morales y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, mostraran pruebas por la venta de tierras en el oriente que fueron entregadas por el Gobierno para que los comunarios produzcan alimentos y vivan en ellas, no para que las enajenen.
Dirigente de CONAMAQ en la mira de sus bases por sus vínculos con EE.UU.
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION.-
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La Paz, 23 ago (ABI).- El máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), Sergio Hinojosa, informó el martes que desconoce los contactos telefónicos con la embajada de los Estados Unidos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), y exigió a Rafael Quispe que aclare.
Quispe, integrante de la CONAMAQ, fue denunciado por el Gobierno de mantener comunicación permanente con funcionarios de la embajada de Estados Unidos precisamente en instantes en que se desarrolla la movilización de los pueblos indígenas del oriente hacia La Paz para oponerse a la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
"Como Jiliri Apumallku quiero aclarar de que algunas ONG's o la embajada de los Estados Unidos no me han consultado nada y por eso quiero aclarar que el CONAMAQ no está metido con ese país", dijo a los periodistas.
El pasado lunes el Gobierno comprobó que el funcionario de la embajada estadounidense en Bolivia, Eliseo Abelo y dirigentes de la CIDOB, el ejecutivo del CONAMAQ, Rafael Quispe, el representante de los pueblos indígenas del oriente, Pedro Nuni, y la esposa de Adolfo Chávez, mantuvieron comunicaciones telefónicas permanentes.
"El hermano Rafael Quispe es miembro de CONAMAQ, pero en su instancia va a aclarar estas cosas", dijo Hinojosa al reiterar que desconoce esos contactos, que supuestamente están financiando la marcha de los indígenas del TIPNIS.
La embajada de Estados Unidos negó que apoye tras bambalinas la marcha de indígenas de tierras bajas contra la construcción de una carretera en Bolivia, después que el presidente Evo Morales mostró los registros telefónicos sobre contactos de sus personeros diplomáticos con dirigentes de la protesta indígena en el oriente.
Tras ser desenmascarados, los marchistas quieren dialogar
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136257&EditionId=2631
A través de una carta enviada a Palacio Quemado, indígenas que defienden el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) invitaron al Gobierno a instalar una mesa de diálogo en la Estación Biológica del Beni, cuya sede está en la población de San Borja.
Los indígenas de tierras bajas y altas expresaron su molestia por las acusaciones que hizo el presidente Evo Morales en contra de sus dirigentes, por presuntos contactos telefónicos con miembros de la embajada estadounidense.
"En armonía con el territorio y la naturaleza nuestra casa grande (…) se invita para que establezcamos el diálogo sin restricciones y trabajar en la solución de las demandas de pueblos y naciones", señala uno de los párrafos de la carta enviada al Ejecutivo.
Los indígenas repudiaron que el Mandatario boliviano en sus declaraciones haya tratado de entorpecer todo acercamiento con los pueblos indígenas, quienes marchan desde hace nueve días.
"Señor Presidente: analizando sus expresiones, apreciaciones, conceptos y juicios sobre la gran marcha y demandas, los pueblos indígenas nos sentimos indignados porque dichas expresiones carecen de veracidad y en vez de acercarnos al diálogo están abriendo brechas de manera equivocada y nos alejan de un encuentro proactivo y de búsquedas a nuestra demanda", acota la carta.
Por otro lado, invita a autoridades del Ejecutivo a establecer una mesa de diálogo con el objetivo de solucionar el conflicto por la construcción de la carretera.
Gobierno cumplió con la ley al pedir registro de llamadas
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136240&EditionId=2631
Una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno el 7 de abril fue el amparo legal a través del cual el Ejecutivo solicitó el extracto de llamadas de dos números de celular que revelaron contactos entre líderes de la marcha indígena y un personero de la Embajada de Estados Unidos.
La información la proporcionó el fiscal del caso, Félix Peralta, en una entrevista concedida el lunes al gubernamental Canal 7. El requerimiento para el extracto de llamadas fue presentado al fiscal Peralta el 18 de agosto, por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán.
El memorial tiene como base legal la solicitud del 7 de abril, hecha por el Ministerio de Gobierno para investigar los conflictos y bloqueos en el centro de la ciudad, en los que los manifestantes portaban artefactos explosivos como petardos y dinamitas. El caso tiene el código 2987/2011.
De reportes de inteligencia, refiere el memorial, “se tiene que durante estas manifestaciones existió un flujo de llamadas, de las cuales se presume se están dando instrucciones, llegándose a identificar los números de celular 71550964 y 77267645, por lo que con la finalidad de poder contar con suficientes indicios que corroboren la responsabilidad penal en cuanto a los hechos acaecidos y poder llegar a la verdad histórica de los hechos...” Por ello piden a las empresas Tigo y Entel el extracto de llamadas de los referidos números de celular entre junio, julio y agosto.
“En este contexto es que la Fiscalía, sobre la base de proposición de prueba (...) y con la finalidad de individualizar a las personas responsables de estos hechos, solicitó a través de la solicitud de los denunciantes extractos de llamadas entrantes y salientes de diferentes números telefónicos”, explicó Peralta.
Informe. A partir del reporte de llamadas, se estableció —según informó el Gobierno— que los líderes de la marcha indígena, el diputado del MAS Pedro Nuni, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe y Roxana Marupa Tórrez, esposa del dirigente indígena Adolfo Chávez, tuvieron contactos telefónicos con un personero de la Embajada de Estados Unidos.
“Este es un procedimiento común para determinar si existen amenazas, actos de extorsión, en todos los casos, delitos comunes y también de corrupción. Este caso, por su naturaleza compleja, también merecía ser investigado y de esa manera es que nosotros requerimos esta solicitud”, precisó el Fiscal.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó el lunes sobre el memorial presentado el 18 de agosto para conocer el nombre de los titulares y las llamadas entrantes y salientes de los dos números de celular.
“Nosotros recibimos información de distintas fuentes y nuestra obligación es corroborar (con el pedido de registro de llamadas)”, explicó en la conferencia del lunes, en la que también reconoció que se actuó de forma similar en un “caso previo, durante esa beligerante movilización que fue protagonizada por la COB”.
El 13 de mayo, Llorenti informó que consiguió, vía acciones legales, extractos del teléfono del ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares. En ese entonces se reveló que Solares tuvo comunicaciones con la diputada opositora Norma Piérola.
Dos números de celular llevaron a la denuncia
Ésta es parte de la transcripción del requerimiento fiscal para pedir el registro de llamadas:
Señor representante del Ministerio Público (Dr. Félix Peralta). Marcos Jaime Farfán Farjat, mayor de edad, hábil en toda forma de ley, en mi calidad de Viceministro de Régimen Interior y Policía del Ministerio de Gobierno y las facultades conferidas en el D. S. N° 29894-09 de fecha 07 de febrero de 2009, ante su autoridad, con el debido respeto expongo y solicito:
Señor fiscal, debo manifestar que el Ministerio de Gobierno puso en conocimiento de la Sra. Fiscal de Distrito, Dra. Betty Yañíquez, memorial en donde solicita se inicien las investigaciones referente a los conflictos y bloqueos que existían en el centro de la ciudad, en donde los manifestantes tenían en su poder artefactos explosivos como ser petardos, dinamitas, entre otros; es en ese sentido que se aperturó el caso N° 2987/11, bajo su dirección funcional de las investigaciones.
De reportes de Inteligencia se tiene que durante estas manifestaciones existió un flujo de llamadas, de las cuales se presume que se estarían dando instrucciones, llegándose a identificar los números de celular 71550964 y 77267645, por lo que con la finalidad de poder contar con suficientes indicios que corroboren la responsabilidad penal en cuanto a los hechos acaecidos y poder llegar a la verdad histórica de los hechos, amparado en la previsión contenida en el Art. 24 de la Constitución Política del Estado y Art. 306 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad se sirva requerir: Se solicita a Tigo y Entel el tráfico de llamadas entrantes y salientes cursadas, así como facturadas, no facturadas y titular de las líneas correspondientes al 71550964 y 77267645”.
Puede no informarse al titular
Por Marco Antonio Rodríguez
Fiscal inspector
Por mandato constitucional, el derecho a la intimidad es un derecho y una garantía constitucional por la cual no puede haber interferencia en las comunicaciones y en la vida íntima de las personas. Sin embargo, no es un derecho absoluto, es un derecho que también admite limitaciones. En el caso, por ejemplo, de investigaciones en el área penal, de corrupción pública o en el área de seguridad del Estado, sí pueden merecer una interferencia por parte de los órganos estatales, pero esta interferencia tiene que ser autorizada por un órgano judicial.
Los fiscales propiamente no estamos facultados a realizar ningún tipo de intervención o escucha de las llamadas telefónicas (‘pinchazos’) de ninguna persona, ni de centralizar las mismas, es más, constituyen delitos establecidos en el Código Penal.
Los extractos de llamadas, (…) a mi criterio no entran en el campo subjetivo de los derechos fundamentales de la intimidad, porque no están revelando ningún tipo de comunicación entre ambos interlocutores (…), sí hay un indicio de que se han comunicado, pero puede ser evidente o no esa situación.
Para (requerir) los extractos de llamadas ya no es necesario el proceso abierto. Sí son susceptibles a que por simple orden judicial o un requerimiento fiscal puedan obtenerse cuando tengan utilidad para una investigación o sean de interés personal. Incluso sin denuncia, con orden judicial del juez instructor en lo Civil, fundamentando y argumentando el interés legal, es posible que se den este tipo de extractos de llamadas.
Si hay un proceso de investigación abierto, además, no es necesario que el titular de la línea sea informado de que se le hace un seguimiento. En todo caso, el requerimiento de extracto de llamadas lo hace la autoridad pertinente.
Ex ministro de Salud deberá devolver millonario sobreprecio
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-24&idn=52913
El ex ministro Tonchy Marinkovic Uzeda deberá pagar más de un millón trescientos mil dólares como reparación del daño civil ocasionado al Estado boliviano por la compra de vacunas con sobreprecio cuando fungía, en 1998, como titular de la cartera de Salud del gobierno del fallecido Hugo Banzer Suárez.
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, anunció que en el proceso seguido por el Ministerio Público contra el ex ministro por daño económico al Estado, el Tribunal de Juzgado Tercero del Distrito de La Paz emitió sentencia ayer contra la ex autoridad y le condenó a pagar la mencionada suma.
“El Juzgado Tercero de la ciudad de La Paz, a demanda de la Fiscalía General, y después de haber concluido el juicio de responsabilidades contra el ex ministro Tonchy Marinkovic, en proceso de reparación de daño civil, ha dictado sentencia condenando al pago de 1.333.000 dólares al Estado boliviano”, informó el Fiscal General.
Marinkovic fue condenado en 2009 en un juicio de responsabilidades a tres años de cárcel por la compra irregular de vacunas, pero no cumplió la pena porque fue beneficiado con la suspensión condicional.
Tonchy Marinkovic fue ministro de Salud entre los años 1997 y 1998, como cuota política del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en el gobierno del ex presidente Hugo Banzer Suárez, quien tuvo que destituirlo ante la evidencia de compra con sobreprecio de vacunas contra el sarampión, cuyo financiamiento fue otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Por enfermedad fallece el dueño de TV opositora
LA RAZON.-
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136253&EditionId=2631
El empresario y político, propietario de la red televisiva Unitel, Osvaldo Monasterio Áñez, falleció ayer en la mañana, a la edad de 85 años, en Buenos Aires-Argentina, donde era atendido por dolencias médicas, sobre las que no se dieron detalles.
Monasterio nació el 23 de marzo de 1926 en la ciudad de Santa Cruz, donde están asentadas sus principales empresas, como la importadora Ceibo, Frigor, Estancias Monasterio (dedicada a la ganadería), embotelladoras Unidas y Canada Dry, ente otras.
Su trayectoria empresarial comenzó a sus 19 años, fue fundador de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), del Banco Santa Cruz, de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. Entre 1993 y 1997 fue senador por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
En la actual gestión de gobierno fue objeto de tres expropiaciones de tierra que, según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), no cumplían con la función económica social (FES). El empresario acusó al Gobierno de emprender una persecución política.
En 1987, nace en Santa Cruz TeleOriente, Canal 9, precursor de la red Unitel que surge 10 años más tarde.
En 1997, después de negociaciones, el grupo Monasterio se quedó con las acciones de Telesistema Boliviano en La Paz y Oruro, lo que dio origen a la red nacional.
Osvaldo Monasterio tiene cuatro hijos: Ernesto, Patricia, Osvaldo y Fernando. En las últimas semanas, se había trasladado a Buenos Aires-Argentina.
Evo: Oponerse a elecciones judiciales es antidemocrático
Tolata, BOLIVIA, 23 ago (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el martes que quienes se oponen a las inéditas elecciones judiciales de octubre próximo y alientan votar por el No, son enemigos de la nueva Constitución Política del Estado y de la democracia.
En un encendido discurso pronunciado en la población de Tolata, donde entregó a los municipios rurales de esa región recursos del programa Bolivia cambia, Evo cumple e inauguró un moderno coliseo deportivo, el Jefe de Estado recordó que es una obligación de su Gobierno implementar la nueva Carta Magna aprobada por primera vez en las urnas por más del 64% de los votos.
"Es un derecho elegir a alguien, pero hay que ir a votar. Pero quienes hacen campaña por el No o por la abstención creo que cometen un grave error ante el pueblo boliviano. Hacer campaña por el No es rechazar la Constitución, es estar en contra de la democracia", aseguró.
A su juicio, quienes están en la campaña por el No, los partidos de la oposición con representación parlamentaria, "quieren dictadura militar, no quieren democracia".
En esa dirección, pidió a la población ser responsable con la Constitución Política del Estado y asistir a votar el 16 de octubre en las inéditas elecciones en las que los bolivianos elegirán en las urnas a los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
El Primer Mandatario dijo también que quienes se oponen a las elecciones judiciales son enemigos del movimiento campesino originario, que está representado con al menos 50 profesionales en la lista de 116 candidatos y de las mujeres, que representan el 50% de los postulantes.
"De los 116 candidatos, la mitad por primera vez son mujeres y quienes dicen no voten o no vayan a votar son enemigos de las mujeres. Es sencillo darnos cuenta. Además cerca a 50 son campesinos profesionales de toda Bolivia, y quienes dicen no vamos a votar son enemigos del movimiento campesino, son enemigos del movimiento indígena", argumentó.
Morales ratificó que es su obligación implementar la nueva Constitución con la que aseguró se ha comenzado a construir un nuevo Estado, "una nueva Bolivia", para pasar de un Estado colonial a un Estado Plurinacional, de una Bolivia indigna, mendiga, a una Bolivia que se libera económicamente.
En esa dirección, dijo que es obligación del Presidente, del Gabinete, del Vicepresidente, de las gobernaciones, de los alcaldes, la aplicación o la implementación de la nueva Constitución.
"Quien se niega a aplicar, yo diría que son enemigos de Bolivia", complementó y aseguró que su Gobierno defenderá la democracia, la Constitución y "fundamentalmente a las mujeres y al movimiento campesino indígena que tiene representantes en la lista".
Inspector de Migración, preso por falsificación
EL DEBER, SANTA CRUZ.-
http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-08-24/vernotaseguridad.php?id=110823225251
Un inspector de la Dirección Departamental de Migración asignado en el aeropuerto Viru Viru fue detenido y enviado a Palmasola por el juez Zenón Rodríguez, luego de ser imputado por la Fiscalía por usar sellos oficiales para favorecer de forma indiscriminada a ciudadanos extranjeros para su ingreso a nuestro país. En la misma audiencia, el juzgador dictaminó la deportación de un colombiano que fue favorecido por dicho funcionario público.
El inspector se desempeñó durante casi dos años en las oficinas de Migración en Viru Viru y fue identificado como Alexander Tejerina Alcócer, mientras que el colombiano deportado es Edwin Moncada Velásquez.
El fiscal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jorge Tamayo, señaló en la audiencia que tras investigaciones se logró detener al funcionario de Migración, que usaba sellos de seguridad de la institución para favorecer el ingreso de ciudadanos de diferentes nacionalidades.
El fiscal especificó que se hizo un seguimiento, e incluso se acumularon grabaciones y filmaciones en los que se evidencia que el inspector estaba incurriendo en el delito de falsedad y uso de instrumento falsificado.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el fiscal afirmó que los sellos de seguridad eran legales, pero lo ilícito era que el funcionario alteraba las fechas. Por ejemplo, si un extranjero ingresaba el 1 de enero le alteraba la fecha al 1 de agosto. “Favorecía al extranjero y lo liberaba tácitamente del pago de las multas, que es de Bs 20 por día. El monto de las multas iba directamente a sus bolsillos”, dijo el fiscal y añadió que uno de los favorecidos fue el colombiano Edwin Moncada Velásquez.
No obstante, en la audiencia el funcionario acusado negó los cargos y aseguró que solo cumplió con su labor. Al final de la audiencia cautelar, el juez Rodríguez determinó su envío a Palmasola y la deportación del colombiano.
Mientras tanto, la Fiscalía anunció que esta investigación fue ampliada para saber si hay otros implicados en este hecho.
Cambios y más controles en fronteras
La Dirección Nacional de Migración instruyó una investigación seria a los servicios que se prestan en el aeropuerto Viru Viru, luego de la captura de uno de sus inspectores.
La nueva directora departamental María Victoria Arciénega Dávila, que asumió funciones hace cinco días, aseguró que se está procediendo al cambio de varios funcionarios y removiendo de puestos a otros con el fin de mejorar los servicios de control.
Arciénega dijo que en Santa Cruz se coordinan acciones con la Policía para realizar permanentes controles sobre la presencia de extranjeros ilegales.
Al mismo tiempo Migración procede al cambio e incremento de personal en las poblaciones fronterizas, como San Ignacio de Velasco, San Matías y Puerto Quijarro.
La Dirección de Interpol registra que en Santa Cruz hay mayor presencia de brasileños, colombianos, peruanos y argentinos.
La migración boliviana es un fenómeno histórico
EL TRIBUNO, JUJUY.-
http://www.eltribuno.info/jujuy/64221-La-migracion-boliviana-es-un-fenomeno-historico.note.aspx
Es antropóloga e investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), integra la Red de Investigadores Argentinos sobre Migraciones Internacionales (Iamic), estudia desde hace años la formación de la población de Jujuy, desde la formación del Estado y en la época contemporánea, y se especializa en tierras altas de Quebrada y Puna.
¿Cómo fue la migración en Jujuy?
Para comprender la dinámica de la provincia hay que comprender que junto con el aporte de la población nativa propia que había quedado luego de las transformaciones republicanas, coloniales y demás, esta provincia como otras del Noroeste recibieron muy poco aporte de migración transoceánica. El aporte principal que hoy sería extranjera por la cuestión de las fronteras es boliviana, siempre ha sido, es un fenómeno histórico y está en la base de la sociedad. Los diferentes aportes fueron desde el punto de vista de la cultura, y de los mercados de trabajo. Cuando el trabajador es extranjero, y no se ha nacionalizado, no ha hecho familia y no se ha asentado todavía, a veces por elementos pocos claros de la ley, porque en realidad las leyes argentinas les darían los mismos derechos que a los argentinos, se les están negando derechos, acceso a la salud y a la educación.
- ¿Sin embargo sigue habiendo este mito de que llega el trabajador boliviano a quitarle el trabajo y a usar los servicios?
Claro, depende cómo uno lo plantee. La economía jujeña de fines de siglo XIX cuando comienza el desarrollo del capitalismo y se comienza a necesitar trabajadores asalariados para los ingenios azucareros, empezó a demandar trabajadores de diferentes lugares, gratuitos si podían, primero indígenas chaqueños y durante el siglo XX ingresaron masivamente los trabajadores bolivianos. Luego se sumaron otros que ya estaban asentados y formaron contingentes muy importantes. Esto que se dice que le cuesta mucho dinero al Estado argentino diría que evidentemente la economía de algunos sectores concentrados del campo que reciben trabajadores migrantes en forma estacional, deberían hacerse cargo de esos trabajadores que están ingresando, y garantizarles las mejores condiciones de salud y nosotros como sociedad, las mejores condiciones de instalación, si ellos lo desearan.
- ¿Se sigue atribuyendo al pueblo boliviano que viene, estas cuestiones, más allá de que las migraciones están siendo de paso hacia Buenos Aires?
En parte sí, acá hay mucha gente boliviana asentada y algunos han llegado hace tantos años que son parte de nosotros. La gente que está ingresando, esto de que aumenta la desocupación, que entre comillas “nos generan” un gasto y demás, hay una manipulación de datos muy intencionada. Por un lado están los estudios económicos que han demostrado a nivel de Argentina y de la provincia, que la inmigración no aumenta de modo significativo, creo que cero puntos y no en Jujuy. Jujuy es el tercer distrito con población boliviana, la mayoría está yendo a Buenos Aires. Por otro lado nos preocupa mucho lo que está pasando en esta situación de ocupaciones de tierras y de viviendas por diferentes sectores, y hemos notado con mucha preocupación que en altas esferas de la política provincial, y en algunos voceros de algunos medios, ha salido una especie de denuncia que son bolivianos los que están tomando las viviendas. Olvidan que hay muchos pobres jujeños, entre esos pobres que viven en Jujuy seguramente hay gente que es boliviana, tucumana, que es de diferentes lugares, lo que están haciendo es agitar el fantasma de la discriminación para culpabilizar un sector.
Creo que lo que pasó ahora nos tiene que preocupar como jujeños, como universidad, como gente que está en la comunicación y en la investigación, porque nuestra obligación es brindar una voz crítica para ayudar a que todos comprendamos. Esta imagen de hordas que llegan de repente a tomar la tierra es una imagen que no se corresponde para nada con la realidad. Deberíamos pensar que Jujuy ha sido muy generoso con muchos de nosotros, en mi caso no nací en Jujuy y tuve la suerte de venir hace 20 años. Y los abuelos de los políticos por su apellido no deben haber sido población originaria y también han tenido la suerte de ser bien recibidos porque esa es la política del Estado argentino y más con la nueva Ley de Migración que apunta a la integración sudamericana. Creo que todos aquellos que sacaron desde esta defensa furiosa de la propiedad privada, el racismo, la xenofobia, creo que deberían pensar que tenemos una Constitución, derechos por defender y que estamos en un proceso de integración sudamericana y que lo mínimo que se espera de nosotros es una solidaridad entre hermanos.
Hoteles construidos con sal en Uyuni
VER FOTOS AQUÍ: http://www.gruponeva.es/blog/noticia/6566/hoteles-de-sal-de-uyuni-en-bolivia-construidos-con-bloques-de-sal-muebles-incluidos-atraen-mas-turistas-fotos.html
Posiblemente sea uno de los lugares más hermosos del planeta, pero también más desconocido. Aunque cada vez menos. Pero el Salar de Uyuni, sí es el más grande del mundo con sus 10.582 kilómetros cuadrados. Se encuentra en el departamento de Potosí en el Suroeste de Bolivia, cerca de la cresta de los Andes, a una altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar.
Hace 40.000 años, aquí estuvo ubicado el gigantesco lago prehistórico Minchin. Cuando se secó, quedaron dos lagos, el Poopó y el Uru Uru, y dos grandes desiertos salinos, el Salar de Coipasa y el mayor conocido como Uyuni (que para dar una idea diré que es 25 veces más grande que el salar de Bonneville de los estados Unidos). Se estiman que este salar contiene 10 billones de toneladas de sal de las cuales se extraen menos de 25.000 toneladas anualmente. (Además el Salar es reserva de litio, magnesio, potasio, bórax, salitre y oro)
Y en este extraño paraíso (pero paraíso sin duda, porque además es escenario de cría de tres especies de flamencos sudamericanos) se encuentran los hoteles de sal que cada año atraen a turistas del todo el mundo. Estos hoteles, construidos lejos de la ciudades, se han levantado, debido a la falta de materiales de construcción convencionales, con bloques de sal en su totalidad, incluyendo paredes, techos y, digo más, hasta los muebles. El primer hotel, cuya imagen encabeza el post, se llama Hotel de Sal Playa Blanca y fue construido en el centro del salar entre los años 1993 y 1995, y muy pronto pasó a ser un popular destino turístico. Después se construyeron más hoteles y más turistas vinieron.
Disfruta, querido o querida internauta, con el siguiente vídeo y estas fotos de estos hoteles de sal de un paraíso en la Tierra que merece la pena conocerse:
http://www.gruponeva.es/blog/noticia/6566/hoteles-de-sal-de-uyuni-en-bolivia-construidos-con-bloques-de-sal-muebles-incluidos-atraen-mas-turistas-fotos.html
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