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Dos agentes de la CIA y dos de la DEA forman parte de un nuevo operativo encubierto.
Jaime salvatierra/ La época
A menos de un mes de que el presidente Evo Morales anunciara la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por injerencia en asuntos internos, una operación encubierta de Inteligencia se viene desarrollando por los servicios estadounidenses para involucrar a algunas autoridades bolivianas, particularmente al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, en actividades de narcotráfico.
Todavía es muy difícil precisar el tiempo que se está desarrollando la operación encubierta y combinada de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos: la Central de Inteligencia Americana (CIA) o la Drug Enforcement Administration (DEA) ¿Antes o después de la expulsión de Usaid?, ¿es una reacción ante la medida adoptada el 1 de mayo de 2013 o forma parte de los intentos de construir una matriz de opinión nacional e internacional que levante sospechas contra el grado de compromiso real del gobierno boliviano en la lucha contra el narcotráfico?
Hay razones que pueden apuntalar cada una de estas interrogantes. En oportunidades anteriores hemos denunciado los constantes intentos de Washington en tratar de presentar a Bolivia como un Estado fallido en el enfrentamiento al narcotráfico. Todos recordamos cómo hace dos años atrás la embajada norteamericana en Bolivia coordinó un operativo conjunto de la CIA y la DEA para convertir al ex general de Policía, René Sanabria, de colaborador de la DEA en narcotraficante.
Una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria —que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA—, se produjo una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz entre Reginald Tillery —un ex agente de la DEA que se quedó en Bolivia para trabajar con la NAS luego de la expulsión de la agencia antidrogas estadounidense en 2008—, con Rodney Delano Smith —alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a cargo de asuntos regionales—.
En la mencionada reunión, y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba; al igual que otros agentes de la DEA, se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el Gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.
El objetivo de ese operativo, en febrero de 2011, estaba claro: montar una campaña difamatoria contra el Gobierno boliviano, alegando la existencia de una supuesta corrupción y vínculos con el narcotráfico en sus más altas esferas.
DE NUEVO A LA CARGA
A los dos años de ese operativo, todo parece indicar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, especialmente la DEA y la CIA en Bolivia, preparan en contubernio con algunas fracciones de la oposición de derecha, una nueva campaña de descrédito e intentos de desestabilización contra el gobierno popular de Evo Morales, recurriendo a las mismas mentiras de supuestos vínculos de altas personalidades del Ejecutivo con el narcotráfico.
Ahora el blanco aparente de los ataques es el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, contra quien los servicios de inteligencia norteamericanos están fabricando un expediente con supuestas evidencias que tratan de relacionarlo con actividades de narcotráfico.
Según fuentes bien informadas, los planes de la embajada norteamericana en La Paz pretenden utilizar a ex miembros y a algunos oficiales activos de la Policía como supuestos testigos y denunciantes contra el viceministro Cáceres, un ex dirigente de los productores de la hoja de coca del Chapare, ex alcalde de Villa Tunari y amigo personal del presidente Evo Morales.
El desarrollo del operativo cuenta con la participación de dos oscuros personajes que bajo la fachada de hombres de negocios radicados en la ciudad de Santa Cruz realizan su labor encubierta como agentes de la CIA y la DEA desde hace varios años.
Se trata de los norteamericanos David Wayne Paiz y Bert Davi Castorino. El primero es un viejo agente de la CIA y la DEA, quien por orientación de estas agencias se radicó en Bolivia hace varios años, luego de contraer matrimonio con una joven boliviana y obtener la ciudadanía de este país.
Wayne fue infiltrado por la CIA en los servicios policiales bolivianos como profesor de artes marciales, posición que le permitió desarrollar su actividad de espionaje y captación de posibles candidatos dentro de las fuerzas de seguridad bolivianas y su utilización como fuente de información para la embajada de los Estados Unidos.
De acuerdo con la información obtenida, el ciudadano norteamericano también participó de alguna manera en la campaña de desestabilización que la ultraderecha boliviana, apoyada por las corrientes internacionales, llevó delante de forma muy activa contra el proceso popular que encabeza el presidente Evo Morales durante el periodo 2006-2009.
Las agencias de inteligencia estadounidenses, aprovechando esos vínculos estrechos, le asignaron a Wayne la tarea de contratar posibles denunciantes contra el viceministro Cáceres, los que se encargarían de presentar y sustentar supuestas evidencias de los vínculos de la autoridad boliviana con actividades de tráfico de drogas, según se plantea.
La CIA, a través de Wayne, ha llegado a ofrecer hasta un millón de dólares a estos falsos testigos como pago a su colaboración, según se desprende de la información obtenida.
Wayne reporta directamente a Bert Davi Castorino, persona de origen italiano, nacionalizado en Estados Unidos y con un largo historial de servicio dentro de la CIA.
Al igual que Wayne, el italo-norteamericano Castorino lleva varios años radicado en Bolivia y es un importante enlace entre la estación CIA en La Paz con los grupos y líderes de organizaciones de extrema derecha de la ciudad de Santa Cruz. También mantuvo relaciones con los dirigentes de la línea dura opositora contra el proceso de cambio.
Aún no se tiene plenamente identificada a la estructura de esa nueva conspiración contra el Gobierno de Evo Morales, pero todo indica que Castorino está a cargo y responde ante sus jefes de la CIA por la operación fabricada contra el viceministro Cáceres.
Como parte importante de estas acciones de la CIA, en colaboración con la DEA, Castorino está explorando qué personajes comprometidos con la justicia boliviana, ya sea jueces o fiscales, podrían servir al cumplimiento del operativo encubierto. Según señalan las informaciones preliminares, hace muy poco Castorino sostuvo un encuentro con el Fiscal cruceño Álvaro de la Torre, conocido por sus vínculos con los sectores más reaccionarios de la oposición y sobre quien existen sospechas de corrupción.
La reunión entre Castorino y Álvaro de la Torre se llevó a cabo en el Bar Discoteca Budu, al cual el enlace CIA acude con frecuencia y utiliza como lugar predilecto para tratar negocios que califica como delicados.
El representante de la CIA dispone de medio millón de dólares para el fiscal que investigue el caso, cuando la denuncia se haga efectiva contra Cáceres, y para que reciba la declaración de los falsos testigos y para que se encargue de promover una investigación sobre estos supuestos cargos.
Como parte del operativo encubierto, a partir del 13 de mayo dos agentes de la DEA se encuentran en Bolivia con el objetivo de encontrar y aportar más elementos al objetivo conspirativo.
La oportunidad para que los agentes DEA lleguen a Bolivia fue la organización de un curso antidrogas para los miembros del GIOE de la FELCN que se llevó a cabo en el Hotel Asturias de Santa Cruz.
La coordinación del curso, que tuvo que llevarse a cabo hasta el 24 de mayo, pero que por razones no conocidas se suspendió el viernes 17, fue entre la FELCN, la NAS, la DEA y Donald Frerich, director de capacitación de la embajada de Estados Unidos en La Paz.
¿Pero es Cáceres el objetivo último de la operación encubierta?
Los servicios secretos de los Estados Unidos, como ha ocurrido con el caso del general Sanabria, están trabajando para que el operativo esté acompañado por una repercusión mediática dentro y fuera de Bolivia. Ya sea con relación directa o no, la CIA y la DEA esperan que se produzca una reacción inmediata de líderes y políticos de oposición en sentido de pedir la renuncia del viceministro de Defensa Social y una investigación sobre hasta dónde conocía el presidente Evo Morales las supuestas actividades de tráfico de drogas de uno de sus más cercanos funcionarios.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos saben que el desarrollo de esta operación encubierta no producirá ningún terremoto que ponga en peligro la estabilidad del gobierno de Morales, dado el respaldo mayoritario que tiene de la población, según ha quedado demostrado en todos los sondeos de opinión desde que asumió la dirección del Estado boliviano.
Pero, por lo visto se pretende lograr dos objetivos: primero, alimentar una matriz de opinión internacional que criminalice y estigmatice aún más al Gobierno boliviano en la lucha contra el narcotráfico. A las autoridades estadounidenses les ha caído bastante mal que Bolivia haya conseguido exitosamente la defensa de la hoja de coca al denunciar la Convención de Viena de 1961 y luego su reincorporación.
El Gobierno de Morales también ha criticado duramente a la administración de Obama por incorporar a Bolivia con juicios negativos en su informe anual sobre la lucha contra las drogas, a pesar de que las Naciones Unidas han reconocido que es el país que más ha reducido sus cultivos de coca respecto de Colombia y Perú, y que también el que más acciones de represión al accionar del narcotráfico ha llevado a cabo.
El segundo objetivo es construir una matriz de opinión dentro de Bolivia para afectar la imagen del Gobierno boliviano y sobre todo del presidente Evo Morales, quien se dispone a participar en las elecciones de 2014 luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional habilitara su postulación al responder positivamente a una consulta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Es evidente, entonces, que una vez más los sectores más reaccionarios dentro de EEUU y los órganos de inteligencia de dicho país muestran la falsedad sobre su disposición de establecer una real y efectiva colaboración con el Gobierno boliviano para enfrentar el flagelo que constituye el narcotráfico, bajo principios de respeto a la soberanía y no injerencia en asuntos internos.
Como se ha señalado en oportunidades anteriores, la lucha contra el narcotráfico es el pretexto que Estados Unidos utiliza para tratar de imponer su presencia militar y el amplio despliegue de su enorme aparato que compone la llamada comunidad de inteligencia estadounidense, dirigido a la desestabilización y derrocamiento de los gobiernos progresistas en nuestra región que no se someten a los designios imperiales de Washington.
