TITULARES
•    Evo alerta que buscan derrocarlo vía referendo revocatorio
•    Denuncian que una parte de la prensa alienta el Golpe contra Evo
•    Preparan informe sobre los autores de la represión a indígenas
•    Fiscalía investiga al Presidente Evo
•    Guaraníes y Gobierno logran acuerdo
•    Empiezan movilizaciones para defender la revolución boliviana
•    Brasil dice que nueva carretera beneficia a toda la región
•    Fiscalía General crea institución para combatir trata de personas

Evo alerta que buscan derrocarlo vía referendo revocatorio
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-01&idn=55583

El presidente Evo Morales expresó ayer su convencimiento de que la marcha que se dirigía a La Paz desde Trinidad tenía como objetivos “perjudicar” la realización de las elecciones judiciales y alentar la revocatoria de su mandato y el del vicepresidente Álvaro García Linera.

Las declaraciones en la localidad de Tacopaya (Cochabamba) se refirieron a la marcha indígena  en rechazo a la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que fue intervenida el domingo.

“El plan había sido perjudicar la elección del Órgano Judicial, y después de llegar a La Paz, y como hay un sentimiento de respaldar esa marcha, otra vez pedir revocatorio del Presidente y del Vicepresidente”, enfatizó Morales.

El Primer Mandatario aseguró  que llegó a esa conclusión luego de un análisis del conflicto,  la madrugada de ayer en el Palacio de Gobierno, con dirigentes del llamado Pacto de Unidad.

“La derecha, los opositores, traen conflictos. Claro, ahora todos son ‘tipnistas’; todos son ‘tipnólogos’. Sin saber, hablan cualquier cosa.  Hermanas y hermanos, cómo inventan problemas para perjudicar la elección del Órgano Judicial”, subrayó.

Sin embargo, el Primer Mandatario expresó su confianza en que la mayoría de los bolivianos, en octubre, apoyará el proceso  de democratización de la justicia

“Si ése es el plan de esta marcha, que sigan marchando, pero también nosotros seguimos marchando para garantizar nuestras elecciones”, desafió en su discurso por el 70 aniversario del municipio de Tacopaya, provincia Arque de Cochabamba.

Enfatizó que las inéditas elecciones de autoridades judiciales del 16 de octubre se hacen en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, aprobada en referendo en enero de 2009. 

Morales recordó además que no es la primera vez que su Gobierno soporta las arremetidas de la oposición, la derecha y algunos medios de comunicación.

En la oportunidad reiteró sus críticas al manejo informativo en el conflicto por el Tipnis, en el cual algunos medios informaron sobre la muerte de un bebé.  

“Cuando nos acusan, nos calumnian, inventan muertos. La gente se está dando cuenta de esas calumnias y (...) mentiras.  Dicen nueve muertos, seis muertos, un niño muerto en Yucumo. Ahora, esos medios de prensa que digan dónde está el niño muerto”, insistió.

Morales también recordó que su persona fue víctima de ataques desde cuando era dirigente, luego diputado, y en 2008 cuando intentaron sacarlo del Gobierno a través de un golpe cívico-prefectural por la ex ‘media luna’.  

Denuncian que una parte de la prensa alienta el Golpe contra Evo
La Paz, 30 sep (ABI).- El director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, denunció el viernes que los medios de comunicación atacaron al Gobierno y callaron la afrenta contra la democracia y los afanes para derrocar al presidente, Evo Morales.

    "Detrás de la marcha indígena está una afrenta en contra de la democracia y la intención para derrocar al presidente Evo Morales, pero esos hechos no fueron denunciados por los medios de comunicación que callaron y concentraron sus ataques al Gobierno", dijo.

    En su opinión, esos hechos deben constituirse en la punta del ovillo para la investigación que realizará una Comisión Especial de Alto Nivel que indagará la verdad de lo sucedido el pasado domingo en Puente San Lorenzo, a tres kilómetros de Yucumo.

    Ese día se produjo la intervención policial para trasladar a los marchistas indígenas del oriente a San Borja o Rurrenabaque a fin de impedir un choque con un grupo de colonizadores de Yucumo.

    Quintana señaló que la prueba clara está en las afirmaciones del ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, que desnuda lo que está detrás del conflicto y de la marcha indígena que rechaza la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

    Enfatizó que cuando se produjo el problema,  Almaraz afirmó textualmente "Vamos a tumbar a Evo".

    Para el director Ejecutivo de ADEMAF, "en una sociedad democrática donde interviene el Ministerio Público para una investigación, Almaraz debe ser puesto ante un juez para explicar la razón por la cual se atrevió a desafiar a un régimen democrático, a las leyes y al Estado de Derecho".

    A su juicio, que un ciudadano diga "vamos a tumbar al presidente Evo Morales, significa el desafío más temerario contra un régimen democrático y una afrenta al voto mayoritario del pueblo boliviano expresado en varias consultas electorales".

    Lamentó que, pese a ese exceso, algunos medios de comunicación no dijeron nada, ni denunciaron esas intenciones antidemocráticas, al contrario dieron micrófonos a la difusión de falsedades".

    Quintana enfatizó que, más allá de la legitimidad o ilegitimidad de la marcha indígena, se tejieron intereses políticos, para socavar la estabilidad del Gobierno.

    Dijo que no es casual que en esas instancias hayan emitido criterios y hasta participado en movilizaciones líderes de partidos políticos de oposición, como el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

    Quintana duda que Doria Medina sea un defensor de los derechos humanos y la democracia, como se auto tituló, cuando permanentemente visita al principal responsable del genocidio de Porvenir, el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien está detenido en la cárcel de San Pedro en La Paz para ser procesado por ese hecho.

    En la masacre de Porvenir murió más de una decena de campesinos que marchaban a un ampliado donde iban a debatir sus reivindicaciones de tierras, cuando fueron atacados por un grupo de paramilitares al servicio de Fernández. Ese hecho se produjo el pasado 11 de septiembre de 2008.

Preparan informe sobre los autores de la represión a indígenas
La Paz, 30 sep (ABI).- Por respeto a la opinión pública, el Gobierno entregará los informes con los que cuenta sobre el conflicto del pasado domingo en la marcha de pueblos indígenas del oriente a la Comisión investigadora de Alto Nivel que será conformada, dijo el viernes el Vicepresidente Alvaro García Linera.

    El conflicto se produjo tras la intervención policial al grupo de marchistas indígenas que se dirigían a La Paz.

    Entrevistado por cadena televisiva CNN, el Vicepresidente aseveró que "El Gobierno ha sido el primero en reprochar y condenar como imperdonable el abuso cometido en contra de los marchistas y ha asegurado el inicio de una investigación".

    Dijo que para la conformación de esa Comisión han sido invitados representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), además de la Defensoría del Pueblo y de organismos humanitarios nacionales.

    "Es a esa Comisión a la que las autoridades van a entregar los datos e información con los que cuentan", remarcó.

    García Linera sostuvo que lo que se busca es que, a la conclusión de esa investigación, que debe llevarse adelante de la forma más exhaustiva posible, puedan establecerse las sanciones "a la brutalidad ejercida contra los marchistas".

    Recalcó que "El Gobierno ha afirmado que la orden de intervención policial a la marcha indígena no la dio el Presidente, ni el Ministro de Gobierno, sino otras personas".

    Explicó que por ello se ha ordenado una investigación mediante la Comisión de Alto Nivel que comenzará a trabajar a la brevedad.

    Subrayó que lo que sucedió en las cercanías de la población de Yucumo, a 200 kilómetros al norte de La Paz, "fue una confrontación no ordenada por el Ejecutivo, ni instruida, ni mucho menos incitada para que haya agresiones y maltratos a los marchistas".

    El Vicepresidente enfatizó que "la Policía estaba ahí para impedir enfrentamientos entre grupos indígenas, una vez que de un lado estaban 500 personas de los marchistas del oriente, y, del otro un grupo de 1.500 colonizadores de Yucumo".

    Los colonizadores de Yucumo exigieron a los marchistas del oriente que levanten cinco de los 16 puntos de su pliego de demandas que tenían que ver con la suspensión de obras viales en diversos departamentos.

    Las demandas también exigían la paralización de las exportaciones de gas de Bolivia que pasan por la localidad de Aguaragüe, en el chaco boliviano, que es una de las principales fuentes de financiamiento de obras de desarrollo.

    "Una vez en el camino, los marchistas ya no planteaban la defensa de la Madre Tierra y del TIPNIS, sino la parálisis de las actividades hidrocarburíferas", anotó.

     "Suspender esas actividades significaría que Bolivia no tendría dinero para invertir en el desarrollo, salud, educación y la atención de la niñez, las mujeres y las personas de la tercera edad", puntualizó.

    García Linera manifestó que la marcha iniciada el pasado 15 de agosto desde Trinidad se oponía inicialmente a que el tramo II de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) no pase por el centro del Territorio Indígena Parque NacionaI Isiboro Sécure (TIPNIS).

    Sobre los objetivos políticos de los dirigentes de los marchistas, el Mandatario puntualizó en la CNN que, a la semana de iniciada la movilización, los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) incorporaron 15 demandas más, algunas de ellas sin que tengan nada que ver con sus iniciales planteamientos.

    La explicación fue valedera para demostrar las causas por las que los colonizadores de Yucumo se opusieron al paso de la marcha mientras sus integrantes no retiren cinco de las demandas que afectaban al desarrollo nacional, en especial a la integración vial entre los departamentos de La Paz y el Beni y a otras regiones.

    Agregó que, por esa razón y para evitar mayores problemas, se dispuso el envío a Yucumo de un contingente policial que impida enfrentamientos entre los dos grupos de indígenas.

    El Vicepresidente llamó la atención sobre la presencia de opositores en la marcha que instaban a los pueblos indígenas medidas radicales con fines políticos, antes que reivindicatorios del sector.

    "Se ha detectado que antes y durante la marcha se realizaron comunicaciones telefónicas entre algunos de los dirigentes de la marcha con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en La Paz, además de la influencia de Organizaciones no Gubernamentales interesadas en impedir el desarrollo de la región amazónica de Bolivia", dijo.

   A ello se sumó que en una manifestación de apoyo a los marchistas indígenas del oriente realizada en La Paz el miércoles, algunos connotados dirigentes de los frentes de oposición participaron en la misma para desprestigiar al Gobierno y al proceso de cambio.

Fiscalía investiga al Presidente Evo
Sucre, 30 sep (ABI).- El fiscal general del Estado, Mario Uribe, informó el viernes por noche que la proposición acusatoria presentada por opositores contra el presidente Evo Morales, por  los hechos violentos contra indígenas registrados el 25 de septiembre, fue admitida y se iniciarán las investigaciones correspondientes en el marco de un juicio de responsabilidades por la investidura del primer mandatario.

    "Hemos anunciado ante la Corte Suprema que la Fiscalía General, específicamente el suscrito fiscal general, dará inicio al proceso investigativo. En definitiva este proceso ha de ser llevado por cuerda separada porque se trata de un proceso de privilegio constitucional", dijo la autoridad.

    Aclaró que las investigaciones que realiza el Ministerio Público en las cercanías de Yucumo corresponden a un proceso penal corriente, puesto que los probables responsables de las vejaciones a los derechos humanos de los marchistas indígenas no gozan de privilegio constitucional de altas autoridades como el presidente del Estado.

    El fiscal Uribe añadió que ?según la norma en vigencia-  tiene 30 días para pronunciarse si es que existen indicios o no a partir de los elementos de prueba que se reúnan en la fase investigativa, para luego continuar el proceso si el caso amerita.

    La proposición acusatoria contra el presidente Morales fue presentada el 28 de septiembre ante el Ministerio Público por los asambleístas nacionales Tomás Monasterios y Carmen Eva González, en representación de la bancada opositora de Convergencia Nacional, por las vejaciones cometidas por las fuerzas del orden contra los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS).

     Los asambleístas opositores acusan al primer mandatario de genocidio y violación de los derechos humanos de los marchistas indígenas del TIPNIS, que se oponen a la construcción de una carretera por su territorio.

Guaraníes y Gobierno logran acuerdo
DIARIO CAMBIO, LA PAZ.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-01&idn=55558

En un ambiente de cordialidad y amplia participación, las autoridades de Gobierno y dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) suscribieron ayer un acuerdo que, entre otros, suspende las medidas de presión de este sector y allana el restablecimiento del diálogo. 

La ministra de Autonomías, Claudia Peña, en contacto con radio Patria Nueva, informó que en la reunión en la localidad de Urundaití, a 17 kilómetros de Camiri (Santa Cruz),  se acordó además que el Gobierno asistirá con salud a los marchistas.

También se estableció la inclusión de representantes de este sector en la comisión internacional de investigación de la intervención policial a la marcha indígena el pasado domingo.  

Peña dijo que “ellos (APG) se comprometen a levantar los bloqueos que había en la zona del Chaco y la huelga de hambre, que se levantó a las 13.00 del jueves”.

Explicó que el Gobierno se comprometió a conformar una comisión humanitaria que se encargue del estado de salud de los marchistas, quienes sufrieron golpes por la acción policial que intervino la marcha indígena el domingo.

Asimismo, el Gobierno, a través de los cinco ministros desplegados al lugar, aceptó la inclusión de indígenas en la comisión de investigación de la intervención policial a la marcha indígena de Yucumo, el domingo.

“Hemos garantizado como Estado nacional una representación con los indígenas de tierras bajas a esta comisión”, aseguró la Ministra de Autonomías.

Agenda
Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, informó que el acuerdo además establece elementos preparatorios para la elaboración de una agenda de temas respecto a las demandas sectoriales de la APG.

Manifestó en la reunión se plantearon aspectos positivos para superar el contexto que presentó la movilización indígena, que se opone a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y por lo cual realizaban una marcha hacia La Paz.

Romero dijo que la reunión se desenvolvió en un ambiente de mucha cordialidad y de respeto, donde el Gobierno aclaró varios aspectos, entre ellos, la imposibilidad de tratar los otros pedidos de la plataforma de 16 puntos que plantearon los marchistas.

“En la mañana realizamos un análisis político referido a cómo va marchando el proceso de cambio, y después ingresamos a la agenda específica de la APG”, resumió la ministra de Autonomías.

Romero comunicó que el convenio fue suscrito con todas las representaciones, capitanías, que componen la APG y en una magna asamblea.

La reunión fue pactada después de que el Ejecutivo recibiera una nueva invitación de la APG para abrir el diálogo con varios temas y demandas, entre las cuales está abierta la posibilidad de hablar de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Tipnis.

DATOS
• Autoridades. La comisión de alto nivel del Gobierno que se trasladó hasta Camiri está compuesta por cinco ministros: los titulares de la Presidencia, Carlos Romero; de Autonomías, Claudia Peña; de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo; de Obras Públicas, Wálter Delgadillo; de Medio Ambiente y Aguas, Mabel Monje, y un representante de de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). 

Varios sectores sociales destacan acercamiento 
Dirigentes de sectores sociales del país destacaron el instalación del diálogo entre el Gobierno y organizaciones como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jaime Vera, señaló en radio Patria Nueva que las carreteras son importantes para el desarrollo, pero antes se debe agotar el diálogo. “Es muy importante el diálogo”, sostuvo.

Por su parte, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Simeón Jaliri expresó que “se debe dialogar por la buena posición (que asumió) el hermano Presidente, de estar con los indígenas”.

Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) coincidieron en destacar la restauración del diálogo.

Empiezan movilizaciones para defender la revolución boliviana
CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-01&idn=55562
El Pacto de Unidad determinó ayer realizar una masiva marcha pacífica, el 12 de octubre, en respaldo al proceso de cambio que lidera el presidente Evo Morales.

La decisión surgió luego de la reunión de evaluación de la actual coyuntura política y social del país,  con autoridades del Gobierno en el Palacio Quemado, encabezadas por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.

“Acabamos de reunirnos con el Presidente y con las autoridades correspondientes de las organizaciones del Pacto de Unidad, donde se ha determinado que vamos a estar en constante evaluación y hemos decidido hacer una gran marcha el 12 de octubre”, informó el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales de La Paz, Ever Choquehuanca.

El Pacto de Unidad está compuesto por casi todas las organizaciones indígenas del oriente, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa.

La reunión en la madrugada antecedió a una nutrida marcha de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, en la sede del Gobierno.

Por su parte, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Mauro Peña, confirmó ayer a ABI que sectores sociales del departamento anunciaron una serie de movilizaciones en apoyo al Gobierno y el proceso de cambio.

“El día 12 de octubre habrá una gran concentración en defensa del proceso de cambio; los sectores se sienten con la obligación moral de defender este proceso”, dijo.

Peña aseguró que la marcha indígena está totalmente politizada.

“Ya lo han dado a conocer: (Alejandro) Almaraz, (Samuel) Doria Medina, (Juan) Del Granado, lo que quieren es tumbar el proceso de cambio, ya no hay otro motivo para más movilizaciones”, condenó.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales de La Paz, Ever Choquehuanca, agregó que la movilización del 12 de octubre será en todas las capitales de Bolivia.

Cabildo en Moxos da apoyo a la vía
Un cabildo de las organizaciones sociales de San Ignacio de Moxos, en el Beni, decidió ayer respaldar la construcción de la carretera que cruzará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

“San Ignacio nunca ha estado apagada, estuvo siempre de pie. Los ignacianos estamos presentes luchando desde el mismo día de la marcha porque queremos carretera, y los medios nos han negado la cobertura”, afirmó la profesora Mireya Rosel, presidenta del Comité de defensa por el desarrollo de Moxos.

Rosel —en declaraciones a radio Partia Nueva— agregó que los que lideran la movilización contra el Tipnis “no conocen lo que San Ignacio sufre”.

“Por eso no vamos a permitir más usurpaciones de intrusos”, señaló.

Brasil dice que nueva carretera beneficia a toda la región
La Paz, 30 sep (ABI).- El embajador brasileño en Bolivia, Marcelo Biato, dijo que la financiación para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio está vigente y consideró que el desarrollo de Bolivia beneficia a toda la región sudamericana.

    En una entrevista con Radio Nederland, el diplomático subrayó que los recursos ofrecidos por Brasil para la ejecución de esa vía (80% de 415 millones de dólares) están destinados a potenciar a Bolivia con infraestructura para el desarrollo.

    "La financiación que Brasil ofreció y que está vigente es parte de un proyecto, una filosofía de trabajo que mira a ayudar a Bolivia a desarrollar su potencial de infraestructura para el desarrollo y que (   ) nos interesa a Brasil en la medida en que, desarrollando a Bolivia, nos beneficiamos todos y es parte de un proceso de integración", argumentó.

    El presidente Evo Morales dejó en suspenso la construcción del tramo II de esa vía proyectado por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y llamó a una consulta nacional para definir si se construye o no, afectando a ese parque nacional.

    Los tramos I y III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ya tienen licencia ambiental, pero algunas comunidades indígenas del Tipnis rechazan la construcción del tramo II, argumentado daños a su hábitat y un eventual saqueo de recursos naturales.

    "Para Brasil no cambia nada en el sentido de que la obra en los trechos autorizados ya está en seguimiento y seguimos pendientes de la conclusión del proceso de consulta de definiciones internas de Bolivia para el tramo II", agregó el Embajador de Brasil en Bolivia.

    El diplomático brasileño consideró un "falso debate" y una "falsa contradicción" entre el desarrollo y protección ambiental, porque son dos temas que pueden "compatibilizarse" mediante fórmulas técnicas, democráticas y transparentes.

    "Brasil acompaña con interés (esa consulta) y estamos a disposición en lo que sea necesario para ayudar a Bolivia en este proceso", remarcó.

Fiscalía General crea institución para combatir trata de personas
DIARIO CAMBIO.-
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-10-01&idn=55556
El fiscal general del Estado, Mario Uribe Melendres, creó la Coordinación Nacional Para Delitos Sexuales, Trata y Tráfico de Seres Humanos, y Atención de Víctimas y Testigos, que estará bajo su dependencia directa.

La creación de la entidad se basa en el artículo 225 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala la protección al derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, la prohibición de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

Además toca la desaparición forzada por causa o circunstancia alguna, así como la proscripción de la pena de muerte, la servidumbre y esclavitud, prohíbe la trata y tráfico de personas.

También respalda el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, en particular las mujeres.

En ese contexto, se creó la coordinadora para adoptar las medidas necesarias, prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional.

Tendrá por objeto evitar toda acción u omisión que tenga por fin degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Se tomó en consideración también los instrumentos internacionales suscritos por el Estado boliviano con la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente en mujeres y niños.

Se afirma que los compromisos asumidos por el Ministerio Público están en el marco del Mercosur y la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público (AIAMP), que surgen como temáticas de especial interés en los delitos de índole sexual, así como los relacionados con la trata y tráfico de seres humanos, y en particular contra víctimas vulnerables (mujeres, niños, niñas, adolescentes).

También se toma en cuenta la revalorización de la participación y atención a la víctima de delitos como uno de los elementos centrales del nuevo paradigma de trabajo del Ministerio Público.