A través del Decreto Supremo 2493, vigente desde
ayer, el Gobierno creó el Fondo de Desarrollo Indígena y ordenó la
liquidación de la oficina antecesora, sobre la que pesa un daño
económico al Estado de al menos Bs 14,5 millones por la no ejecución de
30 obras productivas rurales. Después de nueve años y ocho meses de
vigencia, el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y
Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) deja de funcionar, sumido en
denuncias de corrupción.
Un informe de la
Contraloría dio cuenta en febrero de que el daño económico al Estado,
por parte de ejecutivos de esa repartición y dirigentes sindicales,
llegó a Bs 71 millones, por 153 proyectos de desarrollo productivo
inconclusos. El miércoles concluyó la intervención por el lapso de seis
meses a esta oficina, en la que se determinó que al menos 30 obras no
fueron ejecutadas, pese a desembolsos, y que la pérdida alcanzaba a Bs
14,5 millones. Pero el daño puede llegar a Bs 102 millones, debido a que
están pendientes otras auditorías.
Por el uso
irregular del dinero destinado a proyectos, se acusó a tres ejecutivos
del FDPPIOYCC: Marco Aramayo, Julia Parra y Daniel Zapata, de los que
los dos primeros están detenidos preventivamente, mientras que el
tercero está prófugo. También están implicados al menos 90 dirigentes de
los sectores campesinos e indígenas, a quienes se les acusa de haber
recibido dinero de esta repartición en cuentas bancarias personales.
Entre las sindicadas está Julia Huanca, excandidata a la Gobernación de
La Paz del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ahora,
según el nuevo decreto, Larisa Fuentes, interventora del FDPPIOYCC,
tiene la misión dirigir el proceso de liquidación de esa entidad por el
lapso de un año. Uno de sus principales objetivos es continuar con los
procesos jurídicos en contra de los ejecutivos y dirigentes que resulten
responsables del manejo irregular de los fondos económicos destinados a
ejecutar obras productivas en el área rural.
Uno de
los cambios fundamentales que fija la norma legal, para la transición,
es que el Fondo de Desarrollo Indígena estará a cargo de un Director
General Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema, que ya no
contará con un directorio, como en la anterior administración.
También se establece la finalidad de la creación de esta repartición,
destinada a gestionar, financiar, ejecutar y fiscalizar programas de
proyectos para el desarrollo productivo rural, aspecto que fue anunciado
por el presidente Evo Morales el miércoles. En la anterior
administración, se daba curso a proyectos de fortalecimiento, tales como
la realización de cursos y talleres de capacitación.
Consejo
El Gobierno, a través de este decreto, también crea el Consejo
Consultivo, conformado por los titulares de los ministerios de
Desarrollo Rural, Presidencia, Desarrollo Productivo, Medio Ambiente,
Planificación y de Economía, además de los máximos dirigentes de los
campesinos, indígenas, originarios, interculturales y mujeres campesinas
Bartolina Sisa.
Este Consejo, según lo estipula la
normativa, es una instancia deliberativa, participativa y de formulación
de propuestas de políticas y planes para el fomento del desarrollo
productivo. Entre sus funciones también está el evaluar el trabajo de
este fondo.
Entre las fuentes de financiamiento se
ratifica el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) “monto que será deducido del saldo correspondiente
al Tesoro General de la Nación (TGN). Esta disposición estaba vigente
desde diciembre de 2005. También se habilita a las donaciones o
créditos, internos o externos con el fin de ayudar al desarrollo.
Autorizan el contrato directo
Disposición
A través del Decreto Supremo 2493, aprobado el 26 de agosto y publicado
ayer, se autoriza al nuevo Fondo de Desarrollo Indígena realizar la
contratación directa de obras, bienes y servicios, destinados a la
ejecución de programas y proyectos productivos rurales.
Proceso
El procedimiento para la contratación directa debe ser aprobado por una
resolución expresa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Fondo
de Desarrollo Indígena.
Registro
Tras la contratación directa, la información debe ser presentada ante
la Contraloría General del Estado, según la normativa emitida por esa
entidad. Además, se debe registrar este procedimiento en el Sistema de
Contrataciones Estatales (SICOES), siempre y cuando el monto de la
obra, bien o servicio tenga un costo mayor a los Bs 20.000.
Fiscalía analiza resultados de la intervención
Yuri Flores
La comisión de fiscales a cargo de las investigaciones del caso Fondo
Indígena tiene previsto reunirse próximamente para analizar los
resultados de la intervención y convocar a los implicados de ocasionar
un daño económico al Estado de Bs 14,5 millones, informó una fuente de
Ministerio Público.
El informe de la interventora del
Fondo Indígena, Lariza Fuentes, establece que existen 30 proyectos
fantasma y que se detectaron 713 proyectos considerados “con plazo no
vigente”, cuyo daño alcanzaría a los Bs 102,2 millones.
El Ministerio Público, en febrero, inició las investigaciones tras
conocer el informe de la Contraloría que identificó un daño de Bs 71
millones por 153 proyectos. La comisión de fiscales está conformada por
Anghelo Saravia, Gregorio Blanco y Elsi Villafranqui.
Inocencia. En la lista de la interventora, donde figuran representantes
indígenas que recibieron recursos económicos para la ejecución de
proyectos, está Felipa Huanca, exdirigente de la Federación
Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz Bartolina Sisa, quien
afirmó que no cometió ningún tipo de irregularidad en el manejo de los
proyectos, por lo que presentó todos los descargos. Pidió un informe a
la interventora sobre su presunta vinculación en los proyectos fantasma.
“El 14 de noviembre 2011 he dado informe y con esta
intervención nuevamente todo hemos documentado. Hay un proyecto de
fortalecimiento, también hemos documentado, no hay otro, estoy esperando
el informe de la interventora”, manifestó Huanca ante los medios de
comunicación.
El abogado de Huanca, Gonzalo Cordero,
dijo que su cliente, cuando era dirigente, recibió recursos para dos
programas, el proyecto Ayni Productivo y el Plan de Fortalecimiento, de
los cuales se presentaron las documentaciones correspondientes. “En el
primero son Bs 90.000, en el segundo no tengo con precisión. Era un
proyecto de Bs 140.000. Se nos ha desembolsado casi Bs 90.000”,
especificó el jurista.
