TIPNIS: Carlos Mesa autorizó asfaltado de carretera

Mesa autorizó asfaltado de vía Beni-Cochabamba por el Tipnis

Redacción central / Cambio

El ministro de la Presidencia, René Martínez, reveló que el expresidente Carlos Mesa autorizó la construcción y asfaltado de una ruta por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para unir los departamentos de Beni y Cochabamba.

“No solo hay un decreto, sino hay una ley, y esa ley no solamente estaba ratificando la construcción de esa carretera en los mismos tramos, sino también autorizaba el asfaltado”, afirmó Martínez en una entrevista que concedió al programa Diálogo en Panamericana.

La Ley 2530, firmada por Mesa el 24 de octubre de 2003, luego de unos días de haber asumido la presidencia después de la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos, autorizó al “Poder Ejecutivo buscar el financiamiento para la construcción y asfaltado de la carretera Cochabamba-Trinidad, dentro del marco de la Ley 717”.

La norma que toma como respaldo la legislación promulgada por Mesa refiere que las “obras camineras destinadas a vincular el departamento del Beni con otros de la República obligatoriamente deben constituirse, simultáneamente, desde ambas puntas de camino, cualquiera sea la fase de su ejecución, es decir ya sea terraplenamiento, ripiado, asfaltado y otras”.

Con esos argumentos, Martínez reforzó su tesis sobre la doble moral del exmandatario, quien cuestionó la promulgación de la Ley 266 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis, que si bien levanta la intangibilidad de la reserva no hace alusión a la construcción de una vía entre Beni y Cochabamba.

Según un escrito, para Mesa, fue Morales quien en 2010 “decidió la construcción de una carretera asfaltada que dividirá en dos el Tipnis, vulnerando la razón de ser de ese territorio”.

Esa idea, sin embargo, fue desbaratada por el Ministro de la Presidencia, quien además señaló que Mesa, al no mencionar las normas que él mismo promulgó, confirma “su doble discurso y doble moral”, pues ahora critica lo que él en su momento hizo “porque nuestro Presidente planea cubrir injusticias de vida de todas esas comunidades, que durante siglos han estado allá postergadas”.

Martínez dijo que Mesa es un “ecologista de última hora” porque él hipotecó “el futuro del agua y el oxígeno del país” cuando firmó el Decreto Supremo 26996, el 17 de abril de 2003, a través del cual sumó a la red fundamental la ruta entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

De hecho, el expresidente delegó al Servicio Nacional de Caminos (SNC) asumir “la responsabilidad del nuevo tramo en todos los aspectos relacionados a la planificación, programación, estudio y diseño referido a la construcción” de la vía.

Fuente: Cambio - http://www.cambio.bo/?q=node/30577

Imputados por enriquecimiento ilícito: Hija de Banzer y Marido

Yolanda Érika Banzer y su esposo, Fernando Remberto Suárez Blacutt, fueron acusados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado

Fiscalía imputa a hija y yerno de Banzer por enriquecimiento ilícito

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz - 22:04 / 16 de agosto de 2016

La Fiscalía de Santa Cruz presentó ante la Justicia la acusación formal en contra de Yolanda Érika Banzer, hija del extinto presidente Hugo Banzer, y su esposo Fernando Remberto Suárez Blacutt, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Lo hizo tras verificar movimientos bancarios superiores a los $us 10 millones, informó el fiscal de ese departamento, Gomer Padilla.

“Se ha presentación el requerimiento conclusivo acusatorio ante el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz”, explicó y recordó que el caso se remonta a 2008, cuando un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó operaciones sospechosas, lo que dio paso a una investigación en 2009.

En el caso de Yolanda Érika Banzer, la investigación estableció un movimiento total en cuentas bancarias de más de $us 7 millones, que representa un monto mensual aproximado de $us 65.000 que –según prevé un boletín institucional- sobrepasa el monto que figura en el perfil elaborado por la UIF, donde el ingreso máximo asciende a $us 2.500.

Una de las cuentas fue abierta en 1995, pero registra los movimientos más importantes desde la gestión 1997 hasta la gestión 2005. El movimiento en la cuenta coincide con el inicio del mandato presidencial constitucional de Hugo Banzer.

Los movimientos de cuenta de Remberto Suárez suman $us 3,5 millones y “registran constantes traspasos entre las propias cuentas de Suarez”, establece un boletín institucional.

Fuente: La Razón - http://la-razon.com/nacional/Fiscalia-verifica-cuentas-bancarias-Banzer-Bolivia_0_2546745383.html

Confirmado!: Cooperativistas quieren dar yacimientos a transnacionales

 

Gobierno advierte que cooperativas quieren más privilegios para dar yacimientos a trasnacionales

La Paz, 14 ago (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió el domingo que el trasfondo de las demandas que presentaron las cooperativas mineras al Gobierno, esconde la exigencia de más privilegios para el sector y que puedan firmar contratos de asociación que les permita entregar yacimientos de minerales a empresas extranjeras o trasnacionales.

    En entrevista con medios estatales, Romero recordó que el pliego petitorio de las cooperativas mineras exige más privilegios para el sector, como cero aranceles para la importación de maquinaria y equipos, subvención estatal en el consumo eléctrico, eliminar las obligaciones medioambientales y ampliar sus áreas de trabajo para poder suscribir contratos de asociación con empresas extrajeras.

    "¿Qué nos están diciendo en última instancia? Quiero más áreas mineras para las cooperativas eximidas del régimen impositivo, sin obligaciones ambientales, con arancel cero para la importación de maquinarias y equipos, con redes eléctricas con tarifa diferenciadas, o sea subvencionada por el Estado para suscribir un contrato de asociación y entregárselo a una empresa trasnacional", informó.

    A su juicio, se quiere "camuflar" a las empresas trasnacionales bajo el formato de cooperativas, que actualmente es un sector privilegiado, tomando en cuenta que está exento de las obligaciones tributarias "porque en teoría es cooperación solidaria de sus miembros sin fines de lucro".

    Con el cumplimiento de sus demandas -sostuvo Romero- las cooperativas dejarían de ser una entidad de cooperación sin fines de lucro para convertirse en una entidad que camufla a empresas trasnacionales, otorgándoles todas sus libertades y privilegios tributarios para que compañías extranjeras vengan y exploten la riqueza boliviana, pagando jugosas rentas a los cooperativistas.

    "Quieren utilizar el maquillaje del cooperativismo para entregar los recursos a las empresas trasnacionales", insistió.

    Subrayó que solo el Estado puede suscribir contratos de asociación con empresas privadas, y que el pedido de los cooperativistas busca retornar a la época neoliberal, donde las trasnacionales eran el centro de la economía al explotar las riquezas naturales del país.

    En ese sentido, dijo que se pidió a cada ministerio sectorial preparar una respuesta escrita al pliego de demandas de los cooperativistas, para el miércoles, aunque advirtió que algunos puntos son estructurales y van más allá del enfoque o política de un Gobierno.

    Por otro lado, ratificó que las brutales agresiones que sufrieron los policías en el desbloqueo de caminos, en la localidad de Mantecani, empaña la trayectoria y la naturaleza de las cooperativas, un sector que contribuyó de gran manera al país y siempre fue reivindicado como progresista.

    Sostuvo que los policías agredidos por los cooperativistas denunciaron brutales palizas, con palos y piedras, e incluso el robo de sus pertenencias, como billeteras, celulares, botas, relojes, anillos de matrimonio, lentes de aumento, chamarras, morales y mochilas, entre otras cosas.

mcr/                ABI

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ALERTA: Ultraderecha se organiza en Miami, lo dice la derecha

Costas advierte que la "extrema derecha" quiere rearticularse y niega ser parte de ella

Santa Cruz, 19 may (ABI).- El gobernador de Santa Cruz y jefe del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, denunció el jueves que líderes de la "extrema derecha" se reunieron el pasado fin de semana en Miami, Estados Unidos, para planificar su retorno a Bolivia, elegir a un líder común y participar en las elecciones del 2019.

    "La extrema derecha intenta volver al poder aprovechando un supuesto debilitamiento del partido de Gobierno. Viene una época electoral donde el Presidente (Evo Morales) no puede ser candidato y los otros van a tratar de volver y se han reunido en Miami", explicó el líder opositor.

    Sin dar nombres, Costas dijo que la opinión pública "ya sabe de quienes se trata", porque en estos diez años han estado fuera del país.

    "No crean que van a venir a ser los salvadores y quiero decir que yo no formo parte de este grupo tal como quieren hacer ver en el Gobierno", aseveró.

    En Estados Unidos se encuentra prófugos de la justicia de Bolivia el expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, el exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, y el exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, acusados de cometer una serie de delitos contra el Estado.

    Otros acérrimos opositores al Gobierno de Morales están asilados o refugiados en otros países.
hhg/rm/          ABI


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Paquetazo neoliberal: Impuestazo de Revilla es ilegal e inconstitucional

Arce: Impuestazo de Revilla es ilegal e inconstitucional

El alza de impuesto a la transferencia de bienes inmuebles hasta en 203 por ciento que aprobó la Alcaldía de La Paz es “ilegal e inconstitucional”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.

En base a un análisis técnico que explicó en conferencia de prensa, el Ministro señaló que la norma transgrede la legalidad porque invade competencias del Gobierno al grabar las trasferencias por leasing, a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) hizo notar estos aspectos a la Alcaldía paceña, antes de que apruebe la norma.

Recordó que en las observaciones al proyecto de ley que envió al alcalde Luis Revilla, el Ministerio hizo notar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en marzo de 2015, estableció que este tipo de tributo es de competencia del Gobierno nacional y no municipal.

En ese sentido, el Gobierno no avaló ni recomendó la aplicación del ‘impuestazo’ porque en el caso del Impuesto Municipal a las Transacciones Onerosas (IMTO), que se aplica a la compra venta de bienes inmuebles, existe un incremento del 203%, y para la venta de vehículos de más del 100% por efectos de depreciación.

“Ha cometido el señor Revilla una ilegalidad al sobrepasar sus competencias del municipio en el cobro y la determinación de un impuesto de competencia nacional (…) El Gobierno nacional va a representar la ilegalidad de la norma porque está invadiendo competencias del Gobierno nacional”, señaló.

El miércoles, el vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, coincidieron en que Revilla, con la aprobación del ‘tarifazo’ y del ‘impuestazo’ de 203% a la transferencia de inmuebles, muestra su ideología neoliberal.

Arce lamentó que los funcionarios de la Comuna paceña no den a conocer los detalles de ambas leyes municipales que atentan a la economía de los paceños.

La autoridad ejemplificó que si por un inmueble de $us 60 mil (Bs 417.600) se debía pagar Bs 12.520, con el reajuste aprobado por Revilla se pagará Bs 37.960 (203% más); en el segundo caso, un inmueble de unos $us 85 mil (Bs 591.600) debía pagar Bs 17.748, pero con el ajuste deberá pagará Bs 53.836.

En el caso del incremento de impuestos a vehículos, la norma municipal establece que entrará en vigencia a fin de mes.

Fuente: Cambio

Identifican a Sánchez Berzaín como abogado de narcos

Redacción central / Cambio

Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia boliviana y ahora promotor del NO en el referendo del 21 de febrero, fue identificado por el periodista Wilson García como abogado defensor de narcotraficantes, en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado.

En un artículo publicado por García en el periódico Juguete Rabioso, se revela que “durante la década de los ochenta el bufete Sánchez Berzaín & Asociados ganó fama y prestigio en los ámbitos litigantes de Santa Cruz y Cochabamba por su eficacia especialmente en pleitos por narcotráfico. El abogado se movía hábilmente en ese terreno, sacando provecho a sus amistades con autoridades antinarcóticos del régimen de García Meza y Arce Gómez”.

El periodista agregó que “Sánchez Berzaín comenzó a ganar terreno desde su bufete de la calle Ecuador, en Cochabamba, donde diseñaba las estrategias judiciales de la empresa minera Comsur, protegiendo los intereses de los hermano Sánchez de Lozada”.

El caso Tauro

En el año 1985, bajo el gobierno de Victor Paz Estenssoro, la policía antidroga boliviana, pero bajo el mando de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por su sigla en inglés), capturó un avión del tipo Tauro cargado con una tonelada y media de cocaína, en el aeropuerto Jorge Wilstermann.

En dicho operativo cayeron once narcotraficantes pertenecientes al clan de Jorge Roca Suárez, alias ‘Techo de Paja’, entre los detenidos se encontraba la hermana del narcotraficante Tita Roca.

La familia Roca Suárez, conocedora de las habilidades y conexiones del bufete Sánchez Berzaín, contrató sus servicios. Se encomendó el trabajo para la defensa de Tita Roca al abogado Jorge Becerra, un expolicía.

Es el primer “narcoescándalo” que se registra en la historia de Bolivia, desde la recuperación de la democracia, pero la causa fue relegada a segundo plano con el caso Huanchaca, que conmovió al país en 1986.

“El caso Tauro mostró la habilidad con que Sánchez Berzaín supo manejar su relación profesional con los narcotraficantes hostigados por la ley. Nunca dio la cara ni puso su firma en ningún memorial de manera directa. Esta actitud que se tornó visionaria a la hora de entrar en el terreno de la política fue clave en su estrategia de amasar fortuna y controlar el aparato judicial sin vulnerar su prestigio personal”, reseña García en su publicación de 2003.

Ademas de connotados narcotraficantes, el bufete Sánchez Berzaín & Asociados contaba entre su lista de clientes a Max Fernández, propietario de la Cervecería Boliviana Nacional, acusado por evasión de impuestos y a los hermanos Arévalo, que protagonizaron la gran estafa financiera e inmobiliaria en el caso Finsa.

José Luis Baptista, juez de partido en Cochabamba, formaba parte de los vínculos del exministro, toda vez que sus fallos siempre salieron favorables para los clientes de dicho bufete.

“En mayo de 1997, Manfred Reyes Villa, en declaraciones efectuadas al diario La Estrella del Oriente de Santa Cruz, anunció que presentaría pruebas irrefutables sobre las vinculaciones del ya ministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín con el narcotráfico y con la propia mafia italiana”, sostuvo el periodista.

Fue el asesor de la dictadura de García Meza

En la publicación realizada por el periódico Juguete Rabioso, del año 2003, se menciona que Carlos Sánchez Berzaín comenzó su carrera política como asesor de la dictadura de Luis García Meza.

“En la dictadura garciamecista, Sánchez Berzaín empujó a otros abogados de su generación como Omar Barrientos y Raúl Condarco a formar un grupo de asesores jurídicos del gobierno militar”, dice el artículo.

“Sus vínculos directos con el régimen, en virtud a recomendaciones efectuadas por el doctor Fanor Vega, su mentor, se establecieron cuando fue invitado a ejercer una asesoría en la municipalidad de Cochabamba, bajo la gestión del alcalde de facto Mario Benavides”, agrega.

Con esos vínculos, el abogado cochabambino fue parte de una invasión urbanística en el Parque Nacional Tunari, donde tuvo una mansión valuada en dos millones de dólares, además que se hizo con una cátedra en institutos de formación castrense y supo blanquear dinero en la construcción.

Fuente: Cambio

Investigación: Privatización causó daño de $us 2.500 MM

Imagen tomada de http://adolfomendozaleigue.blogspot.com

Privatización causó un daño al Estado de $us 2.500 MM

(Victor Hugo Chambi Ocaña / Cambio).-La privatización y la capitalización de las empresas públicas durante los gobiernos neoliberales provocó un daño económico al Estado superior a los 2.500 millones de dólares, afirmó el expresidente de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la investigación de esos procesos Adolfo Mendoza.

“En la investigación establecimos que aproximadamente el daño económico al Estado supera los 2.500 millones de dólares”, declaró el exsenador que dirigió la primera etapa de la investigación sobre el período neoliberal, en el que se vendieron las empresas estatales.

El monto señalado sólo corresponde a las empresas que fueron propiedad de las extintas corporaciones departamentales de fomento, unidades productivas en las que se interiorizó la primera comisión, conformada en la anterior legislatura.

Venta de Unidades Productivas

De acuerdo con el detalle que se presentó en el informe preliminar, la comisión determinó que la venta de cuatro empresas del departamento de Chuquisaca generó una pérdida de 31,7 millones de dólares.

En Beni se vendieron tres unidades productivas que causaron la pérdida de 1,7 millones de dólares; en Cochabamba llegó a los 3,7 millones de dólares por la venta de cuatro empresas; mientras que en La Paz, el daño al Estado alcanzó a 8,3 millones de dólares por la venta de cinco unidades productivas.

Las pérdidas económicas en el departamento de Oruro alcanzaron a 3,9 millones de dólares por la venta de cinco empresas; en el departamento de Pando, la venta de una empresa generó una pérdida de 1,3 millones de dólares, igualmente en Potosí se vendió una sola empresa y el daño al Estado fue de 5,5 millones de dólares.

El daño económico en Santa Cruz es el daño más alto, con 99,6 millones por la venta de ocho empresas públicas; mientras que en Tarija, la pérdida económica por la venta de seis empresas fue de 47,4 millones de dólares.

A ese monto de 203,1 millones de dólares se deben sumar las pérdidas por la capitalización de las empresas estratégicas del Estado, la venta de las empresas de las Fuerzas Armadas, de las universidades, de las municipales y de las prefecturales, pérdidas económicas que se harán  conocer en el informe de la segunda comisión, que se conformó en la presente legislatura.

Además, en varios de los casos de venta, cierre o transferencia de las empresas públicas se descubrió que hubo irregularidades en los procesos de licitación, subasta o venta directa de las empresas. “La actual comisión centró su trabajo en las  consecuencias jurídicas y económicas”, precisó Mendoza.

En los siguientes días, la Comisión Investigadora presentará el informe conclusivo sobre la venta, transferencia y cierre de 213 empresas de Estado, proceso que se efectuó durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer Suárez.

En el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de aprobar el informe,  se determinará la presentación de proposiciones acusatorias contra los responsables.

Préstamos por $us 444,5 MM

El informe preliminar determinó que además de la venta de las empresas públicas a precios ínfimos hubo créditos que adquirieron los gobiernos neoliberales para los procesos de privatización y capitalización, monto que alcanzó a los 444.5 millones de dólares.

De acuerdo con los documentos, el gobierno de Jaime Paz Zamora y su ministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina, adquirieron créditos con la condición de desnacionalizar las empresas estatales.

Para esta privatización, el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) alcanzó a 147.176.761 dólares.

Mientras que para la capitalización de las empresas estratégicas, los créditos que adquirió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con el BM y el BID fueron de 297.281.370 dólares.

Los créditos fueron por 20 y 30 años respectivamente y en el primer caso se terminó de pagar en 2011 y el segundo hasta el año 2023.
 

Fuente: Cambio

Escándalo: Neoliberales se farrearon 1.480 Millones en gastos reservados

Neoliberales de Bolivia, entre 1990 y 2005, se farrearon Bs. 1.480 millones en gastos reservados

La Paz, 13 dic (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reveló el domingo que los gastos reservados entre 1990 y 2005 ascienden a 1.480 millones de bolivianos que fueron distribuidos para garantizar una “corrupción sistemática” en el régimen neoliberal.

“De todos presidentes que manejan los gastos reservados y generan conflictos entre presidentes, vicepresidentes, ministros, cancilleres porque es la bolsa del asalto, resulta que más de 1.400 millones de bolivianos sacaron entre 1990 y 2005, son 1.480 millones que se asaltaron, robaron, saquearon los partidos políticos del sistema de la democracia formal, neoliberal”, denunció en un entrevista en el programa ‘El Pueblo es Noticia’.

Según Quintana, la característica de esa gobernabilidad “mafiosa” de los gobiernos neoliberales eran los gastos reservados, que – a su juicio- se conviertieron en la “palanca del funcionamiento del sistema de la democracia formal”.

Recordó que en 1990 en el gobierno del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuando el actual líder opositor Samuel Doria Medina era ministro de Planificación (1989-1993), los gastos reservados eran 28 millones de bolivianos.

“Antes de irse del gobierno aumentan a 67 millones de bolivianos, casi triplican los gatos reservados los miristas, junto con los adenistas, este era el mecanismo para envilecer, corromper a la justicia, los dirigentes y funcionarios”, manifestó.

Apuntó que posteriormente en el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997) los gastos reservados se incrementaron a 123 millones de bolivianos.

“Durante el gobierno de (Hugo) Banzer parten de los 123 millones de bolivianos y se van a los 138 millones de bolivianos entre 1998 al 2002, luego viene otra vez Sánchez de Lozada con 133 millones, luego Carlos Mesa con 54 millones y le deja a (Eduardo) Rodríguez Veltzé con 59 millones. Nosotros como gobierno cero gastos reservados”, detalló.

Precisó que esos recursos económicos iban directamente a las cuentas personales de presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, ministros, viceministros, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

“El comandante de las Fuerzas Armadas como gastos reservados por mes recibía 250.000 bolivianos y hay que preguntarse cuánto recibía el presidente por mes y los ministros”, dijo.

A su juicio, es bueno recordar ese régimen de “impunidad y asalto” para preguntar a la población si quiere retornar a esa época de los gastos reservados y el saqueo sistemático de Bolivia.

“El mayor ladrón de toda la historia de nuestro país es Samuel Doria Medina, ministro de Planificación, que planificó la venta de empresas para beneficiarse y a través de ese beneficio doloso se robó millones de dólares, ese ladrón que no hay otro más grande que Doria Medina en la historia de Bolivia no solamente le robó a Bolivia desde su condición de ministro sino que sacó la plata a cuentas del extranjero”, denunció.

Según Quintana, Doria Medina interpela constantemente al gobierno mediante otros opositores y bajo el libreto de Sánchez Berzaín, Sánchez de Lozada.

“Ese viejo sistema que destrozó al país hoy día todavía tiene la cara dura de cuestionar al Presidente (…) esos que vendieron al país que le robaron al país, hoy viven más seguros que nunca libres en la calle diciendo lo que se les antoja”, afirmó.

Tomado de: http://www.consuladodebolivia.com.ar/

Escándalo: Privatizadores boicotearon industria de Castaña

Recolección de casta en el departamento del Beni.

 

Crédito:  Foto: Archivo - Politica- Redacción central / Cambio

Privatización destruyó industria castañera

El proceso de privatización (1989 y 2000) destruyó la industria castañera del Beni. Para ello, se recurrió al boicot del propio gobierno para cerrarla y transferir la actividad a los empresarios privados.

La Corporación Boliviana de Fomento (CBF) promovía la exportación de castaña boliviana desde 1971, bajo el sistema de crédito a los productores.

Años después, en julio de 1975 se creó la Empresa Nacional de la Castaña (Enaca)

La actividad de la empresa, que se extendió hasta Pando, permitió que alcanzar en 1986 una producción de 43.000 cajas de castaña, empleando sólo el 42% de su capacidad instalada en Riberalta y el 10% en Cobija.

Pese a los resultados positivos que logró la empresa, en 1989 el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, “después de un boicot permanente en la otorgación extemporánea de créditos para su funcionamiento, disolvió Enaca con la determinación de cerrarla, lo que consolida su privatización al sacarla del mercado y en beneficio del sector privado que empieza a crecer en este rubro”.

El informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la Investigación de la Privatización y Capitalización, (1989 -2000), señala que “el gobierno del MNR, presidido por Víctor Paz, boicoteó la gestión empresarial de Enaca para cerrarla y facilitar su desmantelamiento”.

Para lograr vender Enaca, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada contrató al consultor Rimac Orozco, para valuar los bienes de la empresa que fue dividida en tres lotes que tenían un valor de 124.330 dólares y vendido mediante subasta pública.

Las dos primeras subastas fueron declaradas desiertas, por lo que el valor de las propiedades tuvo que ser rebajadas hasta los 50.400 dólares.

En la lista de venta estaban 39

El gobierno de Jaime Paz puso en la lista de venta ocho unidades productivas, dos empresas municipales, 16 cooperativas eléctricas, cinco telefónicas y ocho de agua potable.

Deudas impagas

Empresarios privados no pagaron a Enaca alrededor de 1,2 millones de dólares.

Los Responsables

El informe de la Comisión señala como responsables de la venta de Enaca a Alfonso Revollo (Ministro de Capitalización); Edgar Saravia (Secretaria Nacional de Capitalización e Inversión); Elvira Lupo (Directora Ejecutiva UR), Hans Schlink (Presidente Cordebeni) y Orlando Egüez (Subprefecto provincia Vaca Diez).

Fuente: Cambio

Nuevo Escándalo: Doria Medina vendió 18 empresas potosinas

Victor Hugo Chambi O. / Cambio

Neoliberales vendieron potosina LAI en una décima de su valor

La Línea Aérea Imperial (LAI), única empresa pública de transporte aéreo de Potosí, fue vendida en una décima parte de su valor inicial de inversión.

Así lo comprobó la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que lleva adelante la Investigación de la Privatización y Capitalización (1989-2000) relacionado al departamento de Potosí.

LAI fue constituida el 12 de septiembre de 1979 y prestó servicio entre La Paz, Potosí, Villazón, Uncía y Tupiza hasta 1991 con dos aeronaves compradas para el efecto, según los datos publicados por esa instancia,

La inversión realizada por el Gobierno Nacional para constituir la empresa alcanzó a los 6 millones de dólares y en el segundo intento de venta fue adjudicada a la empresa SS Telecom por sólo 600.500 dólares, a pesar de que las consultorías realizadas por los mismos privatizadores superaban el millón de dólares.

A pesar de la resistencia de la Corporación de Desarrollo de Potosí (Cordepo) y de la población potosina, la venta de LAI se concretó, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, después que fracasara un primer intento de venta en 1993, durante la gestión de Jaime Paz.

En ese primer intento, Flavio Escobar, subsecretario de Desarrollo Económico y Social —empleado de Samuel Doria Medina— amenazó al directorio de Cordepo con procesos en la Cotraloría por no acatar la recomendación de privatizar la única linea aérea que operaba en el aeropuerto Capitán Rojas de Potosí.

Irregularidades descubiertas

La Comisión Legislativa descubrió varias irregularidades en el proceso privatizador de LAI, entre ellas que Roberto Jauregui y Rosa Doria Medina fueron contratados como consultores sin haberse presentado a la convocatoria y con una fecha falsa de adjudicación.

SS Telecom, adjudicataria de los activos de empresa aérea, nunca se presentó a la licitación, sino que fue Emmy Chase como supuesta apoderada, a pesar de que su poder fue revocado en junio de 1995 y la venta fue hecha en noviembre de ese año.

El 12 de marzo de 1996, Emmy Chase declaró que hizo la compra de LAI a favor del empresario Mario Añez Hurtado, por lo califica como un “palo blanco” a Chase.

En el contrato de adjudicación, firmado por el ministro de Capitalización, Alfonso Revollo y el prefecto de Potosí, Yerko Kukoc el 1 de marzo de 1996, el comprador se comprometió a realizar vuelos desde y hacia Potosí, tres veces por semana, promesa que nunca se cumplió, por lo que el aeropuerto de esa ciudad se quedo sin operar.

Añez Hurtado, socio de la empresa Servicios y Transportes Aéreos Petroleros (Stap) alquiló las aeronaves a Servicios Aéreos Vargas España (Save) en octubre de 1996 uno de los aviones tuvo un accidente en el aeropuerto brasileño de Cuiaba y el otro avión se accidentó en la población de La Vertiente en Santa Cruz, en diciembre de 1997.

Doria Medina puso 18 empresas potosinas a la venta

El ministro de Planeamiento en 1992, Samuel Doria Medina puso 18 empresas públicas de Potosí a la venta, la línea aérea, la Terminal de Buses, la hilandería de Pulacayo, el Hotel Prefectural, tres cooperativas de agua, nueve cooperativas de electricidad y dos cooperativas telefónicas.

Responsables de venta de LAI

El 19 de octubre de 1995, se recomienda la venta de la Empresa, firman el documento Alfonso Revollo, Edgar Saravia, Elvira Lupo de Velarde y Jorge Harriague, señala el informe de la Comisión Legislativa.

SE Privatizó en la paz

La licitación, adjudicación y entrega de aeronaves se realizó en la ciudad de La Paz.

Escándalo: Neoliberales subvaloraron empresas para privatizar

La publicación de “La Razón” del 20 de octubre de 1995 sobre la venta del LAB.

Crédito:  Foto: Comisión Investigadora - Politica

Informe revela que se subvaloró las empresas para capitalizarlas

Victor Hugo Chambi O. / Cambio

El informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la investigación de la privatización y la capitalización 1989-2000, revela que seis empresas estratégicas del Estado fueron subvaloradas para que sean capitalizadas a precios inferiores de su valor real.

El informe incluso da a conocer que una vez capitalizadas, su aporte al Estado fue inferior a lo que entregaban como rédito cuando estaban bajo administración del Gobierno.

El documento indica que en el caso de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), el gobierno estableció, en julio de 1995, que Guaracachi tenía un valor de 35 millones de dólares, Corani 33 millones y Valle Hermoso otros 31 millones, haciendo un global de 99 millones de dólares, cuando en realidad el patrimonio neto de Ende era de 402 millones, cifra señalada en el balance auditado a diciembre de 1994 por la firma KPMG Peat Marwich.

Otro caso es del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que se ofertó en 24 millones de dólares cuando su valor superaba los 90 millones. En el caso de la línea bandera que fue entregada a la Viacao Aérea Sao Paolo (VASP) con solo cinco millones sabiendo que tenía procesos penales enel Brasil por 300 millones de dólares.

La valuación de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizada en abril de 1997 para su capitalización indica que Andina tenía un valor de 130 millones de dólares, Chaco otros 156 millones  y Transporte de Hidrocarburos, 97 millones, haciendo un global de 383 millones.

La realidad difiere bastante puesto que el mismo presidente de la petrolera estatal de entonces, Arturo Castaños dijo que el valor de la empresa alcanzaba los 2.000 millones de dólares, según los reportes de prensa que tiene la comisión investigadora.

La venta de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), fue otro caso en el que hubo una valuación inferior, toda vez que se ofertó en 51 millones de dólares cuando su valor real se calculaba en, por lo menos, 3.000 millones de dólares.

Dividendos para el país

En un balance realizado por la Comisión Legislativa también se encuentra el detalle sobre los dividendos comparativos de las empresas capitalizadas antes y durante la capitalización.

En el caso de Ende se conoce que la empresa entregó al Tesoro General de la Nación (TGN), en 1993, 22,46 millones de bolivianos, 26,87 millones de bolivianos en 1994 y 88,34 millones de bolivianos en 1995. Después del traspaso a tres empresas norteamericanas, los dividendos entregados -en promedio- fueron de 20 millones de bolivianos.

Ya con Enfe, las transferencias al TGN y con el pago de impuestos, las cifras superaban los 77 millones de bolivianos, llegando inclusive a 117 millones, entre 1993 y 1995, mientras que una vez capitalizadas por empresas chilenas, las cifras no superaron los 60 millones de bolivianos.

Además de Ende, Enfe, Lab y Ypfb; fue capitalizada la empresa de Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

Neoliberales vendieron a a precio de gallina muerta 213 empresas

Investigación legislativa: Los neoliberales en Bolivia vendieron a a precio de gallina muerta 213 empresas públicas

Por Victor Hugo Chambi Ocaña, diario Cambio.-La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la investigación de la privatización y capitalización (1989-2000) presentará su informe final sobre lo ocurrido con 213 empresas públicas que fueron vendidas durante el período neoliberal. El documento será presentado en 10 cuerpos.
 
“Son 10 partes que tendría el informe final, una para cada departamento y la otra para las empresas estratégicas que fueron capitalizadas, además de una parte final sobre el análisis económico de cuánto dinero se gastó en este proceso”, informó el presidente de esa comisión, el diputado Javier Zabaleta.
 
Sostuvo que en un cuerpo se realizará un análisis minucioso de lo ocurrido con las empresas estratégicas que fueron capitalizadas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), entre otras seis que fueron sometidas al proceso de venta de la mitad de su paquete accionario.
 
Otros nueve cuerpos estarán destinados a explicar lo que ocurrió con la venta, remate, privatización o desmantelamiento de las empresas públicas que estaban bajo responsabilidad de las llamadas corporaciones de desarrollo que tenía cada departamento.
 
Además, se tendrá un acápite especial para explicar los recursos económicos, “cuánto significó de ingresos al país, cuánto de pérdidas o cómo se utilizó ese dinero, eso debe ser esclarecido”, agregó Zabaleta.
 
En julio de 2013, la ALP decidió conformar una comisión especial para investigar el proceso privatizador realizado durante las gestiones de Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer Suárez.
 
De aquella primera comisión se tuvo un informe preliminar, en el que se presentaron dos proposiciones acusatorias contra 13 exautoridades, entre ellos el expresidente Sánchez de Lozada y los exministros Samuel Doria Medina, Alfonso Revollo y Carlos Sánchez Berzaín.
 
Las proposiciones acusatorias se realizaron por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y el manejo irregular de los recursos del Proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), ambas ya entregadas al Ministerio Público, que espera la autorización de la ALP para proceder con la imputación y el juicio de responsabilidades.
 
Para continuar con la investigación, el 20 de febrero, la actual legislatura de la ALP conformó una nueva comisión que está integrada por los senadores Arturo Murillo, de Unidad Demócrata (UD); Jovana Jordán, del Partido Demócrata Cristiano (PDC); el senador Rubén Medinaceli y los diputados Xavier Zabaleta, Romina Pérez y Susana Rivero, del Movimiento Al Socialismo.
 

Tomado de: http://www.consuladodebolivia.com.ar/

El núcleo del decreto 21060 ha sido "demolido" (García Linera)

 Foto: lapatriaenlinea.com

La Paz, 28 ago (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera proclamó el viernes que el núcleo sustancial del Decreto Supremo 21060 fue demolido y reemplazado por un nuevo ciclo, propio de un Estado Plurinacional, que acarreó nuevos modelos económicos y sociales, como la redistribución de la riqueza para generar procesos de igualdad entre la población.

    A 30 años de haberse aprobado el Decreto Supremo 21060, García Linera recordó esa norma como una medida neoliberal que promovió la pérdida de derechos ciudadanos, como la aniquilación de los sindicados y la apertura irrestricta de mercados, que dejó sin empleo a más de 60.000 obreros y 28 mineros estatales.

    "El núcleo sustancial del (decreto) 21060, que era la pérdida de derechos, que era la apertura irrestricta de mercados, entrega de recursos públicos a los extranjeros y los privados, eso sí ya se ha demolido", dijo, en un acto que se desarrolló en el Banco Central de Bolivia.

    A su juicio, todavía deben existir algunos resquicios propios del decreto 21060, como la Ley de Bosques, pero en su núcleo -insistió- fue demolido.

    Remarcó que el ciclo del Estado Plurinacional promueve un nuevo modelo económico, social y político, bajo ejes que priorizan la producción nacional para redistribuir la riqueza entre la gente, no como el decreto 21060, que buscaba, mediante el capitalismo de Estado, fortalecer sólo a la burguesía.

    El decreto 21060 -dijo- se puede resumir en la destrucción del mundo sindical, despidos masivos y la eliminación de bonos laborales, además de impulsar una política de libre mercado, restricción de la ideología de izquierda y, en lo económico, la privatización de entidades públicas y recursos naturales: las grandes empresas entregadas a los extranjeros y las pequeñas a la burguesía nacional.

    Actualmente, García Linera aseguró que los sindicatos recibieron un empoderamiento económico y social, por lo que sus dirigentes tienen incluso más poder e influencia que un senador o hasta ministro de Estado.

    El Vicepresidente consideró que depende del pueblo boliviano la consolidación o destrucción del nuevo ciclo del Estado Plurinacional.

mcr/ma                 ABI

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Fuente: ABI

Seminario de análisis crítico del decreto 21060, participará García Linera

Vicepresidente García Linera participará en un seminario de análisis crítico del decreto 21060

El Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, participará en el seminario “Neoliberalismo, Nunca más”, A 30 años de la aplicación del D. S. 21060, que se realizará en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB), el viernes 28 de agosto desde las 09.00. 

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. También estará presente con una ponencia el titular de Trabajo, Gonzalo Trigoso Agudo, y el exdirigente de la Central Obrera Departamental (COD) y actual rector de la Universidad Autónoma Siglo XX (UASXX), Guillermo Dalence.

Además, el Ministerio de Trabajo distribuirá de manera gratuita del libro Nº4 de la Biblioteca Laboral del Ministerio de Trabajo, que contiene dos ensayos clásicos del pensamiento crítico en contra del neoliberalismo en el país: “Neoliberalismo versus Derecho Social”, de Anibal Aguilar Peñarrieta; y “El neoliberalismo en acción”, de Pablo Ramos. 

El gobierno de Víctor Paz Estenssoro (MNR) emitió el decreto 21060 el 29 de agosto de 1985, en el Palacio Quemado, donde el mandatario (aliado político del exdictador Hugo Banzer, líder de ADN), exclamó: “Bolivia se nos muere”. Pero con la implementación del decreto neoliberal, el gobierno de Paz Estenssoro le asestó un golpe de muerte al Estado Nacional, que hasta ese entonces era el pilar del desarrollo económico.

Ese decreto liberalizó, también, las relaciones laborales y decretó la “relocalización”, con el objetivo de desestructurar los sindicatos, principalmente mineros, que eran la vanguardia revolucionaria del país.

El decreto 21060 también estableció la política de flexibilización del mercado de trabajo, lo que se tradujo en una pauperización del empleo.

El Gobierno de Evo Morales puso fin al régimen de libre contratación y estableció el régimen de estabilidad laboral, también recuperó para el Estado boliviano Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que actualmente es el sostén de la economía y el desarrollo nacional.

El decreto 21060 era una receta del neoliberalismo que difundía el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y los gobiernos imperialistas para someter a los países subdesarrollados a la condición de exportadores de materias primas baratas para las potencias imperiales.

Fuente: Ministerio de Trabajo

Paz Zamora y la generación frustrada de la política

Crítica de Paz Zamora corresponde a generación "frustrada" de la política: García Linera

La Paz, 10 ago (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera dijo el lunes que las declaraciones del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), sobre que 'la institucionalidad democrática de Bolivia está en peligro', son las palabras de una generación "frustrada" de la política criolla por no haber sido parte de la revolución.

    "En el fondo se trata de las reflexiones de una generación frustrada, la generación mirista, es una generación frustrada, que no pudo ser partícipe de una revolución", dijo en conferencia de prensa.

    Paz Zamora manifestó en una entrevista con el periódico Página Siete, que "la institucionalidad democrática, el sistema de libertades y la modernidad boliviana están en serio peligro", y criticó la propuesta de reelección indefinida del presidente Evo Morales.

    Al respecto, García Linera explicó que son las circunstancias históricas las que le hacen decir que la democracia institucional está en peligro, porque en su momento Jaime Paz Zamora no pudo ser parte de la revolución democrática y cultural del país, y más bien fue parte del Gobierno de aliados con partidos que impulsaron una contra revolución.

    "Llegarán al Gobierno en condiciones en las que van a tener que aplicar un programa económico distinto del que habían propugnado en los años 60 y 70 (...) cuando el MIR llega al Gobierno el año 89, y cuando la gente del PS1, entra al Gobierno con Gonzalo Sánchez de Lozada, como Roger Cortez, en esa gente, lo que tuvieron que hacer es privatizar los recursos públicos", precisó.

    Según el Mandatario, esas acciones son las que los convierten en una "generación frustrada", porque durante 20 años quisieron llegar al Gobierno mediante una revolución, peor cuando lo consiguieron, fueron aliados de ex dictadores.

    "Habían prometido grandes transformaciones y tiene que ejecutar grandes y terribles retrocesos, como es la aplicación del neoliberalismo", complementó.

    Recordó que cuando se inició la revolución democrática, a la cabeza de los movimientos sociales, en los años 2000, 2001, hasta 2008, ya los políticos de esa generación tuvieron que observar los cambios desde afuera, retirados de la política.

    "Ya estaban en la reserva política, entonces cuando se da la revolución, son otros actores y otros sujetos que conducen ese proceso revolucionario", indicó.

    García Linera manifestó que no se puede decir que está en peligro la institucionalidad democrática, cuando el Gobierno actual ganó las elecciones con el 62% de apoyo de la población, a diferencia de la generación del MIR, que lo hizo con el 21% de los votos.

    "Qué más institucionalidad democrática, que ganar las elecciones con el 62% y no con el 21%, como lo hicieron ellos; (...) que garantizar la participación de obreros, hombres, mujeres, de indígenas, de campesinos en las estructuras de poder estatal", sostuvo.

    A juicio del Vicepresidente, la democracia en Bolivia "está viviendo un salto cualitativo".
kpb/ma            ABI


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Fuente: ABI