En un operativo de video vigilancia, ejecutado el 7 de agosto en la ciudad de Villamontes (Tarija), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) detuvo un camión cisterna con 10.000 litros de combustible que pretendían trasladar por contrabando al Paraguay.
El modo en que operan quienes se dedican a este delito y la cantidad incautada en esa labor de interdicción ha colocado a esa ciudad en una lista de seis zonas de riesgo por las que podría existir una actividad de tráfico de carburantes ligado, incluso, a grupos del crimen organizado.
Según un informe de la Dirección de Operaciones e Interdicción de Hidrocarburos (DOIH) de la institución reguladora, estas zonas son: Villamontes (Tarija), Cobija (Pando) y Puerto Suárez (Santa Cruz), las últimas fronterizas con Brasil.
También aparecen en lista las poblaciones paceñas de Puerto Acosta, Chejepampa (Pelechuco) y Patamanta (Pucarani).
Todas ellas cercanas a la frontera con Perú, donde podrían estar operando verdaderas mafias organizadas para este ilícito.
La Unidad de Comunicación Institucional (UCI) de la ANH recuerda que el tráfico ilícito de carburantes está penado por la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, que prohíbe el transporte de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) en vehículos no autorizados, y almacenar el carburante en tiendas, depósitos o en domicilios particulares.
Asimismo, el titular de la DOIH, Jaime Cuéllar, dijo que el artículo 226 del Código Penal sanciona con la privación de libertad de tres a seis años a las personas que almacenen o comercialicen carburantes sin autorización, además de la confiscación de los bienes e instrumentos para cometer ese delito.
La UCI informa que en lo que va del año, la ANH, a la cabeza de su director ejecutivo Gary Medrano, secuestró aproximadamente 550.000 litros de combustible. En 2014, la DOIH -que es el brazo operativo de la ANH- había decomisado 816.000 litros de combustible, entre gasolina y diésel. Un comunicado de la ANH sobre esta problemática da cuenta de que, desde 2013, el ente regulador secuestró 250 vehículos utilizados en el tráfico de carburantes.
Al ser éstos los medios utilizados para cometer el ilícito, se aplica la Ley 100, por lo que pasan a ser incautados y a formar parte de los activos del Estado.
Según Cuéllar, la lucha contra el contrabando de combustibles no sólo es tarea de la ANH, sino también de la Aduana Nacional, la Policía Nacional y los Comandos Conjuntos Fronterizos conformados por las Fuerzas Armadas, por lo que se trabaja junto a estas instituciones de manera coordinada para desbaratar clanes familiares.
Cuéllar pide a la población llamar al número gratuito de la ANH, 800-10-6006, para denunciar el contrabando de carburantes. La institución garantiza la reserva de la identidad de los denunciantes.
Fuente: Pagina Siete
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos
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