Editorial Periódico Cambio
Las recientes investigaciones sobre la forma como operan grupos empresariales que tejen una maraña de consorcios vinculados a bancos que finalmente quiebran han develado acciones fraudulentas en contra no solamente del Gobierno, sino de todos los bolivianos que conforman un Estado.
Los anuncios preocupantes originados en las investigaciones financieras y periodísticas muestran que, por ejemplo, la empresa aerocomercial AeroSur está al borde de una quiebra orquestada porque sus ejecutivos no hicieron nada por una reactivación que revitalice su funcionamiento.
Acumularon deudas de tal magnitud que la hacen inviable. Lo grave es que se resisten a honrarlas, ya sea con el fisco, con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), con las proveedoras de combustible e incluso las obligaciones sociales con sus trabajadores.
“¿Se puede operar de esa manera sin pagar deudas y vivir prácticamente del crédito vinculante?, es la pregunta que se hacen los expertos.
Peor aún, porque se ha identificado que la crisis financiera que afecta a AeroSur no se ha desencadenado precisamente porque trabajó a pérdida, toda vez que generó grandes ganancias, pero no han servido para pagar sus compromisos económicos y obligaciones sociales, sino para el nacimiento de otras empresas en diversos sectores.
De acuerdo con los informes, los responsables de AeroSur ni registraron a
esta empresa legalmente en Bolivia, sino en Las Bahamas, lo que ha
dejado al descubierto que sus ganancias eran exportadas.
AeroSur ha tenido en un momento dado un virtual monopolio de los cielos del país ante la crisis que afectó a la otrora empresa bandera nacional Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). En esas circunstancias, AeroSur ocupó ese lugar, pero sin ponerse la camiseta de Bolivia, sino de sus propios intereses económico-empresariales.
Fuentes cercanas al Directorio de esta empresa aérea confirmaron que es posible que en los próximos días AeroSur se declare en quiebra, tras 20 años de operaciones. Si se diera ese extremo, el objetivo de los ejecutivos de AeroSur sería lavarse las manos para trasladar la crisis financiera al Estado, es decir que el pueblo boliviano sea el que asuma esa carga sin tener la culpa de lo sucedido.
La telaraña que existe por detrás de esa probable quiebra desvela operaciones vinculantes en las que estuvieron involucrados bancos que finalmente quebraron, como el Banco Sur, donde se conformaron grupos empresariales que se beneficiaban ilegalmente de los depósitos de las personas.
Por detrás de esa maraña están también grupos políticos de los gobiernos neoliberales que se hicieron de la vista gorda en este tipo de operaciones y, al contrario, las fomentaron permitiéndoles engañar a la población.
Tal es el caso del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que gobernó entre 1993 y 1997, y de 2002 a 2003, que se benefició con jugosos aportes financieros de personas ligadas a estas empresas para sus actividades proselitistas.
Las investigaciones establecen que, en 1996, el empresario Jorge Córdova, uno de los involucrados en esta trama financiera contra el Estado, reveló los aportes que un grupo de empresarios bajo su liderazgo realizó para la campaña Goni ‘93, que ascendían a 130.000 dólares en cheques girados a nombre de Alfonso Revollo, quien era ministro de Capitalización, lo que posteriormente puso al descubierto el caso de los denominados ‘bancovínculos’.
Para Córdova, la liquidación del banco que presidía y su enjuiciamiento fueron parte de un chantaje para que su grupo empresarial asumiera un cupo total de 250.000 dólares a fin de cubrir las pérdidas de la campaña Goni ‘93.
La presión empezó —reveló Córdova— cuando intentó fusionar los bancos Bibsa y BIG Beni, en el Banco Sur. El Gobierno —según el ex banquero— trabó el trámite hasta que Córdova, que ya había aportado con 80.000 dólares al MNR, entregara un nuevo cheque por 50.000 dólares. Sin embargo, ante la posterior negativa de Córdova para cubrir el saldo de su cupo (120.000 dólares), el MNR no dudó en enjuiciarlo.
A partir de 2004, AeroSur incumplió con sus obligaciones fiscales y ha
acumulado una deuda millonaria con el Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN) que supera los 3.543 millones de bolivianos (500 millones de
dólares).
