Gestión de Evo supera 180 años de neoliberales

El presidente Evo Morales logró un histórico acercamiento del pueblo con su Gobierno,

 

Crédito:  Foto: Enzo De Luca - Agenda presidencial

Arce: Gestión de Morales supera a los 180 años de gobiernos neoliberales

Cerca a cumplir 10 años de gestión,  el país al fin cuenta con un Gobierno que sirve a la población, atiende sus necesidades, invierte en el desarrollo y que, pese a la caída del precio del petróleo, tiene un crecimiento económico destacable a nivel internacional. 

Con esa explicación el procurador general, Héctor Arce, se refirió ayer al discurso vertido por el presidente Evo Morales el pasado 6 de agosto, donde brindó un informe detallado sobre la actualidad económica, política y social del Estado.

Entre algunos de los datos resaltados por Arce está el aumento de la inversión pública que se incrementó de 569 millones de dólares (durante el periodo 1997-2005) a más de 2174 millones, ello del 2006 al 2014.

“Nuestro Presidente de manera reiterada en cada mensaje a la nación hace análisis numéricos muy claros porque los números no mienten, no engañan, no son tergiversables y son absolutamente creíbles”, señaló en entrevista con medios estatales.

“Hay una diferencia con los 180 años del Estado colonial  republicano —acotó— aunque yo comparto con el Presidente ese criterio de decir nunca en Bolivia se desarrolló una verdadera república, una verdadera institución pública, un Estado de todos”.

En el informe presentado por el primer Mandatario se destacó la inversión que realiza el Estado en proyectos sociales de educación, salud, deportes, riego, agua potable, soberanía alimentaria y otros ámbitos.

Otro de los aspectos recordados por Morales fue consolidar la Agenda 2025 que tiene, entre muchos otros objetivos, erradicar la extrema pobreza, mejora de las condiciones sociales y convertir a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica.

Estabilidad ante la crisis

Otro punto destacado por el Procurador es que Bolivia se convirtió en un referente mundial de estabilidad política y principalmente económica. Esto es notable, dijo, tomando en cuenta que existe crisis económica internacional debido a la caída de los precios del petróleo.

El precio del crudo se desplomó casi en un 50% en los últimos seis meses tras el declive más prolongado en 20 años. El petróleo de esquisto de Estados Unidos y en menor medida la reanudación de las exportaciones libias aumentaron la oferta, mientras que las economías de China y Europa redujeron la demanda, según datos de la BBC.

“Cuando actuamos con la verdad, con la mesura con austeridad, priorizando lo que debemos priorizar, las crisis internacionales por muy grandes que sean si bien nos afectan no nos destruyen, no nos destrozan como nos hubieran destrozado en el pasado”, manifestó Arce.

Ante este hecho, el Gobierno decidió fomentar otras actividades que permitan aumentar los ingresos del Estado, tales como la minería, la agricultura y la producción de energía eléctrica.

A esto se suman las históricas inversiones para la exploración y explotación de los hidrocarburos en todo el territorio nacional.

Fuente: Cambio

Bolivia puede echar a ONG's con doble moral

Bolivia puede echar a ONG's con financiamiento de países de mayor contaminación y con doble moral

 (ABI).- El procurador del Estado, Héctor Arce, afirmó el viernes que Bolivia es un país soberano y puede expulsar a las ONG's con financiamiento de países de mayor contaminación y con doble moral, que perjudican el desarrollo del país.

"Estas organizaciones pequeñas no pueden oponerse con fines políticos al desarrollo y al nivel de vida que merecemos los bolivianos. Porque nosotros somos un país soberano y tomamos nuestras decisiones de manera absolutamente soberana", justificó en un contacto con los periodistas.

De esa manera, Arce se alineó con las declaraciones del presidente Evo Morales, que advirtió con expulsar a las ONG's o fundaciones que perjudiquen la exploración y explotación de recursos naturales.

El Procurador aclaró que Bolivia es respetuoso del orden internacional, pero es un país soberano que valora a quienes quieran construir "una mejor vida para los bolivianos".

A su juicio,  es contradictorio que las ONG's que son financiadas por países que no respetan a la Madre Tierra quieran prohibir u oponerse a la exploración de los recursos naturales con "una doble moral".

Aunque dijo que "se deben buscar puntos intermedios", pero sin permitir que las instituciones que reciben financiamiento de países que contaminan el medio ambiente tengan poderes de decisión, "que muchas veces van en contra del interés de los bolivianos".

"El gas, el petróleo, nuestros recursos naturales que tienen una vigencia finita en el mundo, nos va a servir el gas, el petróleo, se van a acabar en el mundo", complementó.

Arce: Defensor del Pueblo no tiene potestad para juzgar sobre la inconstitucionalidad de una norma

La Paz, 14 de junio (ABI).- El procurador General del Estado, Héctor Arce, aseveró el domingo que no corresponde al defensor del Pueblo, Rolando Villena, juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma jurídica, en alusión al Decreto Supremo 2366 de exploración y explotación de recursos naturales.

"El Defensor del Pueblo es una autoridad constitucional cuya finalidad no es pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma (ley o decreto), él tiene la finalidad de defender a la sociedad", señaló de acuerdo a un boletín institucional.

En una entrevista con la Radio Panamerica desde Buenos Aires, Arce le recordó a Villena que está facultado a presentar al Tribunal Constitucional Plurinacional una acción abstracta de inconstitucionalidad si tiene dudas o considera que alguna norma atenta contra el texto constitucional.

"La labor de juzgar la constitucionalidad o no de una norma es del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Defensor del Pueblo justamente es una de las cuatro autoridades legitimadas para hacer uso de la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad", sostuvo.

Respecto al Decreto Supremo 2366 de 20 de mayo de este año, el Procurador aclaró la norma pretende desarrollar las bases constitucionales establecidas en los artículos 306 y 316 de la Constitución Política del Estado (CPE), referidos a la exploración y explotación de recursos naturales en beneficio de todos los bolivianos, dado su carácter eminentemente estratégico para el desarrollo del país.

Asimismo, aseguró que el mencionado decreto no contradice la consulta a los pueblos indígenas, que de acuerdo al artículo 352 del mismo texto constitucional debe darse sobre la explotación de los hidrocarburos.

"Los recursos hidrocarburifeos son patrimonio de todos los bolivianos y su aprovechamiento como recurso estratégico le corresponde al Estado, solamente así tendremos un Estado fuerte y solvente en materia económica que al mismo tiempo pueda generar políticas de redistribución de la riqueza en favor de quienes más lo necesitan, los hidrocarburos no son propiedad ni de empresas extranjeras ni de minorías, son patrimonio del pueblo boliviano", explicó.

Respecto a otras versiones de algunos dirigentes indígenas que también cuestionaron el Decreto Supremo, Arce recordó que los recursos energéticos, hidrocarburíferos y todos los recursos naturales son de propiedad de los bolivianos y deben ser utilizados en su beneficio y no sólo a algunos grupos políticos, empresariales nacionales y extranjeros como era en el pasado.

"Si en el pasado estos recursos fueron entregados a pequeñas minorías empresariales que se beneficiaron de los recursos naturales en desmedro del interés nacional, hoy no se puede permitir que haya un exagerado condicionamiento de algunos sectores minoritarios, que no son los pueblos indígenas, sino algunos dirigentes que tienen intereses políticos", sostuvo.

Fuente: Ministerio de Comunicación

Flamante Ley de Conciliación y Arbitraje garantiza las inversiones en Bolivia

La Paz, 4 junio (PGE).- El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, afirmó que la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje tiene uno de los fines que es el de resguardar la plena inversión Estatal, privada, nacional y extranjera.

“Este proyecto de ley que está siendo considerado en la Asamblea Legislativa, ha sido altamente consensuado con los empresarios privados de Bolivia, y uno de sus fines es favorecer la plena inversión, respeto a las inversiones bolivianas, extranjeras y resguardo a la inversión Estatal”, dijo Arce ante el pleno del Senado.

La nueva norma prioriza el instituto de la conciliación para resolver controversias bajo 13 principios, entre los que destacan: Cultura de Paz, Buena Fe y Finalidad.

El Procurador General asegura que el objetivo de esta legislación, que ha sido construida por profesionales bolivianos, es regular la conciliación y el arbitraje como medios alternativos de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual.

Ventajas

Las ventajas que propone el Proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje es que; da paso a la conciliación extrajudicial como un medio alternativo a la justicia ordinaria, está basada en voluntariedad, flexibilidad, oralidad para que las partes resuelvan su  conflicto y para que el acuerdo de los interesados sea garantizado, el acta de conciliación tendrá efecto de cosa juzgada y se recurrirá al auxilio judicial como último recurso, sólo en caso de incumplimiento.

Arce, asegura que “la gran ventaja que se reconoce en la Ley, es que la conciliación asumida entre las partes sea plasmada en un documento que tenga la fuerza de sentencia, que tenga la fuerza de cosa juzgada (…), esa acta de conciliación ha de ser un documento inburlable”, manifiesta el principal  

Proyectista de la norma.
Se incorpora la figura de autoridad nominadora para el nombramiento de árbitros, los plazos del arbitraje pueden ampliarse o reducirse, conforme la voluntad de las partes, el arbitraje puede iniciarse antes o durante un proceso judicial.

Otro de los grandes avances para brindar equidad y seguridad a las partes, es que se reconoce el laudo arbitral extranjero a ser ejecutado según normas sobre cooperación judicial internacional y bajo normas bolivianas.

Entre otros aspectos, la norma también crea el Régimen Especial de Arbitraje, referido a contratos celebrados por el Estado con empresas privadas, sobre los recursos naturales estratégicos, y de acuerdo con la CPE, las controversias surgidas en estos casos se regirán bajo la jurisdicción, leyes, reglamentos y demás normativas bolivianas.

Por otra parte, indica que las actuaciones y resultados de la conciliación y el arbitraje estarán sujetos de manera obligatoria a la confidencialidad, salvo acuerdo de partes, orden judicial fundamentada o requerimiento de autoridad legalmente facultada. Por otro lado, señala que la confidencialidad se levantará cuando estén comprometidos los intereses del Estado, y la información será entregada solo a la Procuraduría General del Estado.

Una vez en vigencia la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, los Centros de Conciliación y de Arbitraje autorizados actualmente, deben adecuar sus reglamentos en un plazo de 45 días calendario y las autoridades del sector regulado que realizan conciliación entre usuarios o consumidores y las entidades reguladas, lo harán en base a su normativa y procedimientos.

ESTRUCTURA DE LA LEY

La propuesta contiene 135 artículos organizados en cuatro títulos; el primero de disposiciones comunes, el segundo de conciliación, titulo tercero de arbitraje  y el cuarto de regímenes especiales y fue trabajada por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia.

El Proyecto de Ley fue aprobado por más de dos tercios de votos en la Cámara de Diputados en pasados días y se encuentra en su etapa de revisión en el Senado que ya fue aprobado la noche del miércoles en su estación en grande por los senadores.

Bolivia tendrá la Ley de Conciliación y Arbitraje

http://www.consuladodebolivia.com.ar/2015/05/20/bolivia-tendra-la-ley-de-conciliacion-y-arbitraje/

La Paz, 20 mayo (PGE).- El procurador general del Estado Héctor Arce, durante su exposición ante el pleno de la Cámara de Diputados sobre la ley de Conciliación y Arbitraje que fue aprobada en su estación en grande, la noche de este martes, destacó que esta nueva norma está basada en la cultura de paz, la buena fe y la finalidad, aspectos que están establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y los principios Ama Suwa, (no seas ladrón) Ama llulla (no seas mentiroso), Ama q`ella, (no seas flojo).

“Esta ley tiene 13 principios reguladores en los que se destaca la cultura de paz, la buena fe y la finalidad, nuestra Constitución tiene una carga ideológica y esa carga ideológica se enmarca por varios elementos fundamentales, la buena fe, los principios de Ama llulla, Ama suwa, Ama q`ella son elementos que están en la Constitución, no por adorno, significan una lógica de actuar bien y lealtad”, sostuvo Arce.

El procurador afirmó que estos principios están profundamente enraizados en la nueva ley de Conciliación y Arbitraje, que tiene el fin de que las controversias por inversiones entre privados y el Estado sean solucionados en base a la cultura de la paz y la buena fe.

Pero también basados en la “piedra angular del arbitraje, que es la voluntad de las partes para buscar una solución pacífica”, sostuvo ante el pleno de la Cámara Baja.