Este “retorno” de los militares a la escena política es uno de los efectos de la “guerra permanente y total” que EEUU impulsa hacia la región.
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Bolivia protegida por la línea estadounidense de “guerra total y permanente”
Contundente derrota de EEUU y Almagro en la OEA al aprobarse resolución caribeña sobre Bolivia
Venezuela: Oligarquía por su miedo ordena detención de Morales
Bolivia protegida por la línea estadounidense de “guerra total y permanente”
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Con la luz verde de la Casa Blanca, que no hace más que asegurar el
rápido y buen traslado de su estrategia político-militar hacia
territorio boliviano, el gobierno de facto de Jeanine Añez
se prepara con todo para responder con el recurso desproporcional de la
fuerza represora a los más mínimos movimientos de resistencia popular
que se den en ese país sudamericano, particularmente en los núcleos indígena campesinos leales a Evo Morales, quien fue desalojado del poder mediante un golpe de Estado el 10 de noviembre.
El modo como los golpistas bolivianos se han propuesto mantenerse en
el gobierno, evitar la protesta social contra sus medidas
anti-nacionales y seguir contando con el apoyo de amplias capas
fascistizadas de la clase media, es por la vía de la represión
concentrada y selectiva a la vez del movimiento campesino-indígena, que
es el “sujeto histórico” que lideró el Proceso de Cambio.
Hay tres hechos –uno interno y dos externos- que confirman el modo de
cómo el gobierno ilegítimo pretende avanzar en la línea estratégica de
desmontar las bases materiales y simbólicas del Proceso de Cambio, así
como las conquistas sociales logradas en el Estado Plurinacional.
El primero, de ninguna manera sorpresivo y el más importante respecto
de los otros dos, es el pronunciamiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de su cuenta en Twitter, sostuvo en la tarde del martes 17:
No es nada sorpresiva la posición del presidente estadounidense. Para
decirlo claro, no es que Añez recibe el apoyo de EE.UU. a una línea
propia, autónoma y nacional, sino es Trump quien respalda la
política general de los golpistas que, a través de una senadora
desconocida hasta antes de ser colocada como presidente, solo están
materializando la estrategia estadounidense para América Latina en un
país importante desde el punto de vista geopolítico en la subregión.
La estrategia, que recupera los aspectos positivos para los intereses
imperiales de la Doctrina la Seguridad Nacional y de la Guerra de Baja
Intensidad –desarrolladas en la región entre las décadas de los 60 y
80-, consiste en el despliegue de la “guerra total y permanente”
contra todos los gobiernos y movimientos de izquierda y progresistas de
América Latina, con el objetivo de estratégico de “cerrarles el paso a
todos los espacios legales e institucionales” que amenacen la hegemonía
estadounidense y el orden establecido.
Esta estrategia opera mediante la combinación de viejos y nuevos
métodos de desestabilización, intervención y dominación conocidos en la
historia de América Latina. A diferencia de algunas interpretaciones
parciales y erróneas de algunos ingenuos políticos e intelectuales
progresistas, que llegaron a suponer que el poder duro (Hard power)
había sido sustituido por el poder blando (Soft power), sobre todo en la
llamada “era Obama”, la combinación de lo empleado antes y de lo
incorporado en los últimos años, es la principal característica de la
estrategia en curso.
Esos métodos van desde el uso, directo e indirecto, del
componente militar (golpes de Estado e intervenciones directas) hasta
los novedosos juicios políticos (lawfare) y noticias falsas (fake news),
pasando por las ya conocidas sanciones y acciones internacionales a
través de organismos como la OEA.
El segundo hecho es la promulgación del decreto supremo 4116
que hizo hace pocos días la auto-nombrada presidenta Añez, por el cual
se autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero,
de material bélico de uso militar.
¿Cómo justifica la compra el ministro de facto de Defensa? La
respuesta es como escuchar al mismo Trump: “El país está amenazado, y el
boliviano y la boliviana están amenazados permanentemente por gente del
exterior armada, por narcoterroristas y por un expresidente (Evo
Morales) que permanentemente está incitando al odio y la violencia, el
terrorismo y la sedición. Debemos estar preparados para eso”.
Esto quiere decir, para no equivocarse, que la represión será
la política general de este gobierno y se basará no en el uso legítimo
de la fuerza policial, como encargada de mantener el orden público, a
veces con excesos, sino en la participación de las Fuerzas Armadas.
Esto implica, al mismo tiempo, que las masacres de Sacaba y El Alto no
habrán sido un hecho aislado, sino que se tiene previsto otras masacres
donde sea necesario, para evitar la organización del descontento
popular.
Ya las masacres de Sacaba (15 de noviembre) y Senkata, El Alto (21 de
noviembre) se registraron producto de la acción combinada de policías y
militares (a estos últimos se les garantizó mediante decreto estar
exentos de procesos penales), con un saldo de más de 32 muertes y
centenas de heridos, según da cuenta un informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que visitó Bolivia en la
segunda quincena del mismo mes.
Como ocurrió desde la mitad de la década de los 80 hasta fines de
2005, la represión como política general se concentrará, principalmente,
en la región del Chapare y en base al discurso -característico de la
estrategia estadounidense desde la caída de la URSS- del “terrorismo y
el narcoterrorismo” con presencia externa.
El tercer hecho, en el que no vamos a profundizar ahora, es la
peligrosa militarización de la política de defensa y seguridad de
América Latina, como ya se aprecia en los casos de Ecuador, Colombia,
Brasil y Bolivia. Este “retorno” de los militares a la escena
política es uno de los efectos de la “guerra permanente y total” que
EEUU impulsa hacia la región.
Contundente derrota de EEUU y Almagro en la OEA al aprobarse resolución caribeña sobre Bolivia
Hoy EEUU y el Secretario General Luis Almagro sufrieron una
derrota contundente en la OEA, cuando CARICOM logró adoptar en el
Consejo Permanente una resolución sobre Bolivia.
Antes de la reunión del Consejo Permanente la Representación de
Bolivia había propuesto enmiendas al Proyecto del CARICOM. Granada dio
inicio a la reunión señalando que el Proyecto boliviano no constituía
enmiendas al Proyecto del CARICOM, sino un nuevo proyecto de Resolución.
El representante del gobierno golpista de Bolivia respondió que no
pensaba igual y que no era un nuevo documento. Pensaba que el proyecto
del Resolución del CARICOM hubiera podido ser más constructivo y en
lugar de apoyar la intención de incendiar el país como desea Evo
Morales, contribuya a pacificarlo.
Agregó que a muchos no les interesa
lo que pasó en Bolivia, que no fueron acciones contra el pueblo
indígena, sino acciones de grupos armados que apoyaban a Evo Morales,
así como el llamado de este a cercar las ciudades.
Belice presentó una moción de orden proponiendo que se sometiera a votación el proyecto de enmienda propuesto por Bolivia.
El resultado de la votación del proyecto de Bolivia fue el siguiente:
En favor 8 Bolivia, Brasil, Colombia, EE.UU, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela.
En contra 17 Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados,
Belice, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, México, Trinidad y Tobago,
Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay,
Bahamas, San Cristóbal y Nieves.
Abstención 8 Canadá, Costa Rica, Chile, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Perú y Honduras.
Ausente 1 Haití
Por lo que el proyecto de Bolivia fue rechazado.
A continuación el embajador de los Estados Unidos propuso someter a
votación el proyecto de Resolución del CARICOM, cuyo resultado fue el
siguiente:
En favor 18 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, México, Trinidad y
Tobago, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San
Cristóbal y Nieves, Surinam, Uruguay y Panamá.
En contra 4 Bolivia, Colombia, EE.UU, Venezuela (el representante del autoproclamado Guaidó),
Abstención 11 Canadá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Perú, Honduras, Brasil, Chile y Paraguay
Ausente 1 Haití
Como resultado fue aprobada la Resolución “Rechazo de la violencia y
llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en
el Estado Plurinacional de Bolivia”.
A continuación hubo explicación de voto de varias delegaciones entre
las que llamó la atención la del embajador de Colombia con un discurso
agresivo y hasta ofensivo contra los patrocinadores de la Resolución y
los que la apoyaron. Tanto el representante de Colombia como el de los
EE.UU. atacaron a Venezuela, mientras el representante de Guaidó lo
hacía también contra Nicaragua.
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE
“RECHAZO DE LA VIOLENCIA Y LLAMAMIENTO AL PLENO RESPETO DE
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA”
PROPUESTA POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
TENIENDO EN CUENTA los objetivos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas y aquellos de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (OEA);
TENIENDO PRESENTE que las convenciones internacionales y hemisféricas
sobre derechos humanos contienen los valores y principios de libertad,
igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;
DESTACANDO la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 1 establece que “[l]os indígenas
tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, de Naciones Unidas, y la Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [AG/RES. 2888 (XLVI-O/16)],
cuyo artículo XII afirma que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a
no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras
formas conexas de intolerancia. Los Estados adoptarán las medidas
preventivas y correctivas necesarias para la plena y efectiva protección
de este derecho”.
TOMANDO NOTA de las profundas preocupaciones sobre la situación de
los derechos humanos, incluida la violencia racista y discriminatoria,
expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
sus observaciones preliminares del 10 de diciembre de 2019, tras su
visita a Bolivia;
TOMANDO NOTA TAMBIÉN de las conclusiones de la CIDH de que se produjo
una ola de violencia luego del proceso electoral y de que se formularon
graves denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, incluidas
detenciones y arrestos arbitrarios, matanzas y asesinatos, lesiones a la
población civil, criminalización y persecución de opositores políticos,
y violaciones de la libertad de expresión;
RECORDANDO la “Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas en las Américas” [AG/DEC. 79 (XLIV-O/14], la cual reafirma que
avanzar en la promoción y protección efectiva de los derechos de los
pueblos indígenas de las Américas es una prioridad para la OEA;
RECORDANDO TAMBIÉN el artículo 9 de la Carta Democrática
Interamericana que establece que: “[l]a eliminación de toda forma de
discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y
racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los
migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en
las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la
participación ciudadana”;
RECONOCIENDO que, a pesar de las mejoras producidas durante la última
década, los pueblos indígenas de Bolivia han sufrido injusticias
históricas como consecuencia de la colonización y el despojo de sus
tierras, territorios y recursos, entre otros, lo cual les ha impedido
ejercer plenamente, en particular, su derecho al desarrollo en
consonancia con sus necesidades e intereses propios;
DESTACANDO QUE los derechos inherentes de los pueblos indígenas de
Bolivia, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y
sociales, así como de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y
filosofías, especialmente sus derechos a sus tierras, territorios y
recursos, deben ser respetados y promovidos;
REAFIRMANDO que los pueblos indígenas, en el ejercicio de sus derechos, deben estar libres de todo tipo de discriminación;
CONSIDERANDO la importancia de eliminar todas las formas de
discriminación racial o de violencia que derive de éstas que afecten a
los ciudadanos de las Américas, especialmente a los pueblos indígenas, y
tomando en cuenta la responsabilidad de los Estados de combatirlas;
AFIRMANDO que toda doctrina, política y práctica que se base en la
promoción de la superioridad de pueblos o personas basándose en el
origen nacional, racial, religioso, étnico o en las diferencias
culturales en Bolivia, es racista, científicamente falsa, jurídicamente
inválida, moralmente condenable y socialmente injusta; y
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO el acuerdo firmado entre las autoridades
bolivianas y la CIDH para instalar un grupo independiente de expertos
internacionales para investigar los actos de violencia ocurridos entre
septiembre y diciembre de 2019,
RESUELVE:
1. Condenar las violaciones a los derechos humanos y el uso de la
violencia contra cualquier ciudadano de Bolivia, especialmente toda
forma de violencia e intimidación contra los bolivianos de origen
indígena.
2. Condenar también la intolerancia hacia los símbolos, vestigios
tradicionales y prácticas religiosas, así como cualquier aspecto de la
civilización indígena que pueda ser objeto de trato o mención desigual.
3. Subrayar la necesidad de que las autoridades del Estado
Plurinacional de Bolivia cumplan su responsabilidad inherente, como
parte de la comunidad de naciones, de proteger los derechos humanos de
todos en Bolivia.
4. Instar a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a que
respeten, cumplan y pongan en práctica eficazmente todas sus
obligaciones derivadas del derecho internacional relativas a los pueblos
indígenas, especialmente aquellas obligaciones relacionadas con los
derechos humanos.
5. Reiterar el llamamiento realizado por el Consejo Permanente de la OEA
el 20 de noviembre de 2019, en la resolución CP/RES. 1140 (2259/19)
rev. 1, a todos los actores políticos y civiles en Bolivia, incluidas
todas las autoridades, la sociedad civil, las fuerzas militares y de
seguridad y el público general, para que cesen inmediatamente la
violencia, preserven la paz y busquen un diálogo franco que promueva la
reconciliación democrática nacional.
6. Hacer un llamamiento a las autoridades bolivianas para que
garanticen, de manera plena e irrestricta, la observancia y la
protección de los derechos humanos y garanticen la responsabilidad por
cualquier violación de los mismos, de conformidad con el derecho
internacional de los derechos humanos, tal como se refleja en la
resolución CP/RES. 1140 (2259/19) rev. 1, del Consejo Permanente de la
OEA.
18 de diciembre de 2019
RESUMEN DISCUSIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN “RECHAZO DE LA VIOLENCIA Y
LLAMAMIENTO AL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN
EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” EN EL CONSEJO PERMANENTE
18 de diciembre de 2019
Fuente: http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/12/18/contundente-derrota-de-ee-uu-y-almagro-en-la-oea-al-aprobarse-resolucion-caribena-sobre-bolivia/#.XfwbVfzB9PY
Venezuela: Oligarquía por su miedo ordena detención de Morales
Venezuela asegura que la
orden de detención contra el depuesto presidente boliviano, Evo Morales,
refleja el miedo que tiene la oligarquía al líder indígena.
“Con este tipo de decisiones arbitrarias, la oligarquía golpista boliviana demuestra el miedo que le tiene al presidente Evo Morales”, ha declarado este jueves el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.
Las declaraciones de Arreaza se producen después de que la fiscalía, bajo la orden del gobierno de facto de Bolivia, emitió ayer miércoles una ordenanza de detención contra Morales por presuntos cargos de “sedición y terrorismo”.
En este sentido, Arreaza al denunciar tal medida del gobierno de facto de la autoproclamada presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, ha indicado que “la derecha fascista, ante la carencia de apoyo popular opta por la judicialización de la política”, para entonces expresar que “este es un caso descarado de Lawfare (guerra jurídica)”.
El propio expresidente boliviano, por su parte, calificó la orden de detención en su contra como una medida injusta, ilegal e inconstitucional, añadiendo que continuará su lucha política e ideológica.
El gobierno de facto de Bolivia anunció la decisión de aprehensión de Morales en un momento en que la posibilidad de que el líder indígena sea extraditado es remota, ya que el expresidente boliviano recibió el miércoles la confirmación de su estatus de “refugiado” en Argentina y no existe un tratado de extradición entre ambos países.
También, aunque el gobierno autoproclamado de Áñez solicitó a Argentina impedir que el dimitido presidente boliviano haga política, Morales dirige, desde el país austral, la campaña política de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones generales del próximo año.
Tras una ola de protestas convocadas por la oposición boliviana, que
se negó a reconocer los resultados de las elecciones de octubre, Morales
renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre con la intervención de
los militares, que exigieron su dimisión.
Desde entonces, miles de bolivianos se han manifestado para expresar su repudio al golpe contra Morales, sin embargo, el gobierno impuesto que ahora desea la detención del líder indígena, ha reprimido duramente estas marchas y ha autorizado a las Fuerzas Armadas a masacrar, con total impunidad, al pueblo.
nlr/lvs/nkh/hnb
Desde entonces, miles de bolivianos se han manifestado para expresar su repudio al golpe contra Morales, sin embargo, el gobierno impuesto que ahora desea la detención del líder indígena, ha reprimido duramente estas marchas y ha autorizado a las Fuerzas Armadas a masacrar, con total impunidad, al pueblo.
nlr/lvs/nkh/hnb
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