martes, 15 de diciembre de 2015

Investigación: Privatización causó daño de $us 2.500 MM


Imagen tomada de http://adolfomendozaleigue.blogspot.com

Privatización causó un daño al Estado de $us 2.500 MM


(Victor Hugo Chambi Ocaña / Cambio).-La privatización y la capitalización de las empresas públicas durante los gobiernos neoliberales provocó un daño económico al Estado superior a los 2.500 millones de dólares, afirmó el expresidente de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la investigación de esos procesos Adolfo Mendoza.

“En la investigación establecimos que aproximadamente el daño económico al Estado supera los 2.500 millones de dólares”, declaró el exsenador que dirigió la primera etapa de la investigación sobre el período neoliberal, en el que se vendieron las empresas estatales.

El monto señalado sólo corresponde a las empresas que fueron propiedad de las extintas corporaciones departamentales de fomento, unidades productivas en las que se interiorizó la primera comisión, conformada en la anterior legislatura.

Venta de Unidades Productivas

De acuerdo con el detalle que se presentó en el informe preliminar, la comisión determinó que la venta de cuatro empresas del departamento de Chuquisaca generó una pérdida de 31,7 millones de dólares.

En Beni se vendieron tres unidades productivas que causaron la pérdida de 1,7 millones de dólares; en Cochabamba llegó a los 3,7 millones de dólares por la venta de cuatro empresas; mientras que en La Paz, el daño al Estado alcanzó a 8,3 millones de dólares por la venta de cinco unidades productivas.

Las pérdidas económicas en el departamento de Oruro alcanzaron a 3,9 millones de dólares por la venta de cinco empresas; en el departamento de Pando, la venta de una empresa generó una pérdida de 1,3 millones de dólares, igualmente en Potosí se vendió una sola empresa y el daño al Estado fue de 5,5 millones de dólares.

El daño económico en Santa Cruz es el daño más alto, con 99,6 millones por la venta de ocho empresas públicas; mientras que en Tarija, la pérdida económica por la venta de seis empresas fue de 47,4 millones de dólares.

A ese monto de 203,1 millones de dólares se deben sumar las pérdidas por la capitalización de las empresas estratégicas del Estado, la venta de las empresas de las Fuerzas Armadas, de las universidades, de las municipales y de las prefecturales, pérdidas económicas que se harán  conocer en el informe de la segunda comisión, que se conformó en la presente legislatura.

Además, en varios de los casos de venta, cierre o transferencia de las empresas públicas se descubrió que hubo irregularidades en los procesos de licitación, subasta o venta directa de las empresas. “La actual comisión centró su trabajo en las  consecuencias jurídicas y económicas”, precisó Mendoza.

En los siguientes días, la Comisión Investigadora presentará el informe conclusivo sobre la venta, transferencia y cierre de 213 empresas de Estado, proceso que se efectuó durante los gobiernos de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer Suárez.

En el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de aprobar el informe,  se determinará la presentación de proposiciones acusatorias contra los responsables.

Préstamos por $us 444,5 MM

El informe preliminar determinó que además de la venta de las empresas públicas a precios ínfimos hubo créditos que adquirieron los gobiernos neoliberales para los procesos de privatización y capitalización, monto que alcanzó a los 444.5 millones de dólares.

De acuerdo con los documentos, el gobierno de Jaime Paz Zamora y su ministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina, adquirieron créditos con la condición de desnacionalizar las empresas estatales.

Para esta privatización, el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) alcanzó a 147.176.761 dólares.

Mientras que para la capitalización de las empresas estratégicas, los créditos que adquirió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con el BM y el BID fueron de 297.281.370 dólares.

Los créditos fueron por 20 y 30 años respectivamente y en el primer caso se terminó de pagar en 2011 y el segundo hasta el año 2023.
 

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