Gobierno: Tierras que reclaman indígenas de Takovo Mora son privadas y no corresponde indemnización ni consulta
El ministro de
Gobierno, Carlos Romero, certificó este lunes que los predios que
reclama la capitanía Takovo Mora como suyos pertenecen a los
propietarios privados Eloy Leigues Cordero y Mario Ignacio Angaril
Cerrate, con lo que descartó indemnización y consulta previa por la
exploración de hidrocarburos.
"Se observa claramente en el mapa que Yacimientos ha intervenido en un
área que no tiene nada que ver con el territorio indígena de Takovo
Mora. En esa área donde están ubicados los pozos tenemos un título
ejecutorial a nombre de Eloy Leigues Cordero, propietario particular del
predio denominado San Juan del Dorado en una superficie de 2.263
hectáreas", señaló.
Asimismo, indicó que el otro predio particular denominado Chivatos
corresponde a Mario Ignacio Angaril Cerrate con una superficie de 1.523
hectáreas.
Según la
explicación detallada brindada en conferencia de prensa, Romero precisó
que los pozos exploratorios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) "están fuera" del territorio titulado a favor de las
comunidades indígenas de Takovo Mora.
"Esta área de color verde claro es un área pretendida por el pueblo
guaraní, un área que ha sido demandada en la que existiría un derecho
expectaticio de parte de las comunidades indígenas guaraníes pero que
está muy lejos de los pozos de exploración petrolera, está ubicada al
norte del área titulada de los pueblos guaraníes", apuntó.
El martes se registró un enfrentamiento con la Policía en el tramo
Yacuiba-Santa Cruz, que fue bloqueado por los indígenas que demandan la
suspensión de actividades exploratorias en la zona de El Dorado que
están a cargo de la subsidiaria Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) Chaco y exigen la anulación de tres decretos supremos
que facultan el ingreso a áreas protegidas para trabajos de exploración.
De acuerdo con los indígenas de Takovo Mora su terreno es el más
afectado y denunciaron que no se realizó ninguna consulta previa, como
establece la Ley de Medio Ambiente.
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