“Este proyecto de ley que está siendo considerado en la Asamblea Legislativa, ha sido altamente consensuado con los empresarios privados de Bolivia, y uno de sus fines es favorecer la plena inversión, respeto a las inversiones bolivianas, extranjeras y resguardo a la inversión Estatal”, dijo Arce ante el pleno del Senado.
La nueva norma prioriza el instituto de la conciliación para resolver controversias bajo 13 principios, entre los que destacan: Cultura de Paz, Buena Fe y Finalidad.
El Procurador General asegura que el objetivo de esta legislación, que ha sido construida por profesionales bolivianos, es regular la conciliación y el arbitraje como medios alternativos de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual.
Ventajas
Las ventajas que propone el Proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje es que; da paso a la conciliación extrajudicial como un medio alternativo a la justicia ordinaria, está basada en voluntariedad, flexibilidad, oralidad para que las partes resuelvan su conflicto y para que el acuerdo de los interesados sea garantizado, el acta de conciliación tendrá efecto de cosa juzgada y se recurrirá al auxilio judicial como último recurso, sólo en caso de incumplimiento.
Arce, asegura que “la gran ventaja que se reconoce en la Ley, es que la conciliación asumida entre las partes sea plasmada en un documento que tenga la fuerza de sentencia, que tenga la fuerza de cosa juzgada (…), esa acta de conciliación ha de ser un documento inburlable”, manifiesta el principal
Proyectista de la norma.
Se incorpora la figura de autoridad nominadora para el nombramiento de árbitros, los plazos del arbitraje pueden ampliarse o reducirse, conforme la voluntad de las partes, el arbitraje puede iniciarse antes o durante un proceso judicial.
Otro de los grandes avances para brindar equidad y seguridad a las partes, es que se reconoce el laudo arbitral extranjero a ser ejecutado según normas sobre cooperación judicial internacional y bajo normas bolivianas.
Entre otros aspectos, la norma también crea el Régimen Especial de Arbitraje, referido a contratos celebrados por el Estado con empresas privadas, sobre los recursos naturales estratégicos, y de acuerdo con la CPE, las controversias surgidas en estos casos se regirán bajo la jurisdicción, leyes, reglamentos y demás normativas bolivianas.
Por otra parte, indica que las actuaciones y resultados de la conciliación y el arbitraje estarán sujetos de manera obligatoria a la confidencialidad, salvo acuerdo de partes, orden judicial fundamentada o requerimiento de autoridad legalmente facultada. Por otro lado, señala que la confidencialidad se levantará cuando estén comprometidos los intereses del Estado, y la información será entregada solo a la Procuraduría General del Estado.
Una vez en vigencia la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, los Centros de Conciliación y de Arbitraje autorizados actualmente, deben adecuar sus reglamentos en un plazo de 45 días calendario y las autoridades del sector regulado que realizan conciliación entre usuarios o consumidores y las entidades reguladas, lo harán en base a su normativa y procedimientos.
ESTRUCTURA DE LA LEY
La propuesta contiene 135 artículos organizados en cuatro títulos; el primero de disposiciones comunes, el segundo de conciliación, titulo tercero de arbitraje y el cuarto de regímenes especiales y fue trabajada por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia.
El Proyecto de Ley fue aprobado por más de dos tercios de votos en la Cámara de Diputados en pasados días y se encuentra en su etapa de revisión en el Senado que ya fue aprobado la noche del miércoles en su estación en grande por los senadores.
