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La Paz, 5 nov (ABI).- El presidente Evo Morales anunció el lunes que enviará el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado a consideración del Tribunal Constitucional para que emita un fallo sobre su legalidad, lo que implica la suspensión del debate de esa nueva norma en la Asamblea Legislativa boliviana. "El Gobierno nacional ha decidido, respetando el numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado, elevar el anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio para la consulta correspondiente", subrayó. En una conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado afirmó que el objetivo principal de esa norma es luchar contra el contrabando, contra la corrupción, contra el narcotráfico y el crimen organizado y reveló que ese documento fue debatido ampliamente en el Gabinete de Ministros. "Busca afectar al crimen organizado en Bolivia, lamentablemente el narcotráfico, el contrabando corrompe a la justicia boliviana. He visto de cerca y como todos, no es posible que algunos que ostentan el poder económico con el narcotráfico y con el contrabando tengan que corromper a la justicia, por tanto afecta al Estado", justificó. Sin embargo, dijo que en el debate público, desde la Asamblea Legislativa, algunos sectores, algunos dirigentes observan que la norma sería inconstitucional o anticonstitucional. El Primer Mandatario aseguró que el Ejecutivo tiene todos los argumentos para defender ese anteproyecto de Ley, no obstante, dijo que respetuoso de la Constitución Política del Estado su Gobierno decidió enviar ese proyecto al Tribunal Constitucional. Dijo que el Ejecutivo escuchó distintas opiniones de personalidades, constitucionalistas y dirigentes, opiniones que saludó, sin embargo, consideró que "a lo mejor el Gobierno está equivocado", al justificar la decisión de enviar el proyecto de Ley al Tribunal Constitucional. "Mientras, se suspende el tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional del anteproyecto de Ley enviado por el Gobierno Nacional de Extinción del Dominio", complementó. A su juicio, esa decisión es también una forma de escuchar a los distintos sectores, pero también a las instancias del Estado. En las últimas horas, transportistas y gremialistas anunciaron reuniones nacionales para asumir medidas de presión en contra de ese anteproyecto de Ley que consideran afecta sus intereses. El proyecto de Ley establece que en caso de flagrancia de contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y corrupción, la Procuraduría procederá al decomiso e incautación de todos los bienes que sean producto de alguna de esas actividades ilícitas, otorgando a los afectados un plazo para que presenten sus descargos. Rsl ABI ABI. Copyright 1998-2011. |