Ley de Extinción de Bienes afecta a "magnates" de la delincuencia organizada y no al pueblo

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La Paz, 4 nov (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, insistió el domingo que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en favor del Estado afecta a los "magnates" de la delincuencia organizada y no al pueblo.     "Esta ley no ha sido diseñada para afectar al vecino, para afectar al comerciante, para afectar al transportista, para afectar al gremialista (?) Esta ley ha sido estructurada para afectar a los que hemos denominado los magnates de la delincuencia organizada", dijo frente a la oposición de algunos gremios a la aprobación de ese proyecto en la Asamblea Legislativa.     La norma en debate determina la confiscación de bienes mal habidos e ilícitos producto del narcotráfico, el contrabando y la corrupción.     En una entrevista con medios estatales, Romero insistió también que hay una campaña anónima de distorsión del contenido del proyecto que ha generado una "psicosis colectiva", particularmente en los transportistas y gremiales, que han amenazado con movilizaciones y huelgas si la norma llega a aprobarse en el Legislativo.     Dejó en claro que el patrimonio familiar y sus instrumentos de trabajo son "inembargables" constitucionalmente.     Señaló que los magnates de la delincuencia son los contrabandistas y narcotraficantes, que pueden llegar a adquirir decenas de inmuebles y equipos logísticos para reproducir sus actividades delincuenciales.     El funcionario de Estado rechazó el discurso que advierte que esa norma afectará a los ciudadanos, "porque es decir que el pueblo boliviano está comprometido con el contrabando y el narcotráfico".     El derecho a la propiedad privada y la presunción de inocencia están garantizados por la Constitución Política del Estado.     "El pueblo boliviano no está amenazado" y ese proyecto de ley no es un "capricho" del Gobierno, sólo busca atacar el "poder económico" de las organizaciones criminales, aseguró.     "Si no se ataca el poder económico, con ese poder económico van a poder contratar un pool de abogados, 50 abogados para que hagan durar ese juicio diez años, van a poder corromper jueces y fiscales y van a poder mantener su organización para seguir perpetrando los mismos delitos", advirtió. drm/             ABI     ABI. Copyright 1998-2011.