San Borja. Los marchistas en cabildo, el lunes por la mañana. Piden al Ejecutivo iniciar el diálogo el 25 de mayo.
La autoridad anunció ayer en Palacio de Gobierno
que junto al Ministerio de la Presidencia se remitió una comunicación
oficial a la dirigencia indígena donde se da respuesta a las nueve
demandas que recibió el Ejecutivo el 10 de mayo.
Romero precisó que el documento responde a las demandas planteadas por
la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) respecto al proceso
de saneamiento y titulación de tierras, la otorgación directa de la
administración de las áreas protegidas a las organizaciones indígenas y
el incremento de la representación indígena en los distintos órganos
legislativos del país.
Respecto al punto sobre
saneamiento de tierras, el ministro explicó que desde 2006 se
registraron “importantes conquistas” alcanzadas por los pueblos
indígenas. “A la fecha se superaron las 13 millones de hectáreas de
tierras tituladas a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas, en
calidad de Territorios Comunitarios de Origen (TCO)”, dijo.
Con relación a la representación política de sectores indígenas en el
Órgano Legislativo, Romero aseguró que la participación indígena en
cargos de poder “no tiene precedentes”. “En la Asamblea Legislativa los
pueblos indígenas tienen curules provenientes de circunscripciones
especiales equivalentes a casi el 10% de los curules de la Cámara de
Diputados para una población, que de acuerdo con el último censo,
representa el 2% de la población”, enfatizó.
Otras
demandas planteadas por la Cidob se refieren al parque Aguaragüe y el
cerro Mallku Khota. Romero dijo que son “temas inherentes” y que en el
primer caso, junto a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), se trabaja un
acuerdo programático. Respecto al cerro Mallku Khota insistió en que
existe un diálogo con los ayllus originarios en la zona.
Sobre una posible apertura al diálogo, la autoridad gubernamental
expresó la “total predisposición” del Gobierno a entablar una mesa de
negociación “sin condiciones”, pero para debatir reivindicaciones de ese
sector y no pedidos de “carácter político”.
Al
respecto, la presidenta del Comité de marcha, Bertha Bejarano, pidió al
Ejecutivo iniciar el diálogo sobre el pliego de demandas, el 25 de mayo
en la comunidad de Chaparina, lugar donde indígenas de tierras bajas
fueron reprimidos por la Policía en la movilización del año pasado.
“Hoy (lunes) se envió otra carta al Gobierno donde ya se lo está
convocando a sentarse en un diálogo en Chaparina para el 25 de mayo (…).
Es una convocatoria abierta y se estaría tratando los puntos planteados
en la plataforma, uno de ellos es la anulación de la Ley 222 (de
Consulta Previa)”, informó Bejarano desde San Borja, donde se encuentra
la marcha.
Dirigentes del Sécure en Marcha
Corregidores del Isiboro Sécure aclararon que están en la movilización,
y no en el parque, como dijera el Gobierno. Estamos en defensa de
nuestro territorio, afirmó Emilio Noza. Carlos Caluya, corregidor de
Concepción, dijo que los indígenas no se oponen a la carretera, sino
sólo a que pase por el medio del TIPNIS.
Yucumo aún analiza bloquear
La decisión de bloquear la IX marcha en Yucumo aún es analizada por
dirigentes de esa localidad. La decisión será tomada entre hoy y mañana.
“Esta marcha es ilegítima y hemos denunciado que son financiados por
las ONG, por ello estamos analizando bloquear el acceso a Yucumo”,
advirtió el dirigente campesino Adrián Lovera.
Indígenas evalúan la respuesta del Ejecutivo
El lunes por la noche, los dirigentes evaluaban la carta remitida por
el Gobierno en respuesta al pliego de demandas de la marcha. El
presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure, Fernando Vargas, dijo que el Ejecutivo sólo se limitó a
justificar, con base en ciertos artículos de la Carta Magna, que no
atenderá las demandas. “Sólo justificó que no atenderá las demandas y
mandó artículos de la Constitución. Queremos que el Gobierno cumpla con
la Constitución”, señaló Vargas.
La marcha debió
salir el lunes de San Borja, no lo hizo por el mal tiempo. Ayer
constataron las malas condiciones de la vía San Borja-Yucumo y la
partida fue postergada para mañana. Vargas ratificó la invitación al
Gobierno para iniciar el diálogo en Chaparina el 25 de mayo. El lugar es
visto como simbólico pues allí, el 25 de septiembre de 2011, la VIII
marcha indígena fue intervenida por la Policía.
Financiamiento. Dirigentes de la IX marcha negaron que partidos
políticos y ONG financien su movilización y acusaron al gobierno de Evo
Morales de “golpista”, por intentar crear una organización paralela a la
Cidob. Vargas incluso advirtió que el dirigente que sea hallado
solicitando recursos económicos a partidos políticos, comités cívicos y
otras agrupaciones debe ser “objeto de denuncia y proceso penal”.
El 8 de mayo, el Gobierno denunció que el Movimiento Sin Miedo (MSM)
financia la IX marcha. Un día después la diputada de esta tienda
política, Marcela Revollo, admitió el aporte pero mediante la venta de
tarjetas. “La IX marcha se financia con aportes y donaciones
voluntarias”, señala una resolución de la movilización indígena aprobada
el domingo y hecha pública ayer en conferencia de prensa en la plaza
principal de San Borja.
Según Vargas, “no se instruyó
a ningún dirigente a que solicite apoyo económico”. Revollo reveló que
al menos Bs 3.000 fueron enviados a la marcha y que el respaldo del MSM a
la movilización siempre fue público. Por otro lado, en la conferencia
los dirigentes indígenas acusaron al Gobierno de intentar “dividir” a la
Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), cuyo presidente,
Adolfo Chávez, fue convocado a Comisión Nacional del bloque.
La presidenta del comité de marcha, Bertha Bejarano, sostuvo que el
Ejecutivo busca desestabilizar la movilización indígena. Bejarano fue
enfática al afirmar que los indígenas del TIPNIS no reconocerán a
ningún “dirigente o supuestos directorios paralelos que rompan las
estructuras orgánicas, tanto de la Cidob como del Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
