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Política
El Presidente de la Cidob lanzó la propuesta de modificar el artículo 349 de la Constitución en el marco de su política de “desgastar a este Gobierno”. Analistas y legisladores, excepto CN, están en contra del planteamiento.
LA PAZ - Cambio
El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, propuso modificar el artículo 349 de la Constitución Política del Estado a fin de crear pequeños estados dentro del Estado y que sean los pueblos indígenas los que decidan sobre los recursos naturales.
Trascendió que Chávez realiza esta propuesta influido por las reservas indígenas existentes en Estados Unidos que, según Wikipedia, “son territorios que se encuentran bajo una soberanía limitada de las tribus nativas”.
Chávez, que encabeza la IX Marcha, y radical opositor, dijo además a Página 7, el miércoles, que “mientras dure este Gobierno y tenga dos tercios (en la Asamblea Legislativa Plurinacional) no habrá seguridad jurídica en el país”, y consultado sobre cuál debería ser la solución respondió: “Hay que desgastar a este Gobierno”.
Rechazo
El planteamiento de Chávez fue cuestionado y rechazado en círculos políticos y de opinión del país. Incluso Rafael Quispe, ex dirigente de Conamaq, dijo que no está de acuerdo con la modificación de la Carta Magna.
“No podemos hacer pequeños reyes en el país, los recursos naturales están en beneficio de todos y cada uno de los bolivianos que se identifican como indígenas o no, pero pedir que la Constitución retroceda es un contrasentido e ideológicamente no va con la Constitución”, opinó el constitucionalista William Bascopé.
El senador Adolfo Mendoza dijo que “en ningún momento puede aceptarse una propuesta de convertir en áreas intangibles absolutamente todas las áreas protegidas en el país porque es un concepto que tiene que ver con una noción ya anquilosada, arcaica respecto del equilibrio entre la calidad de vida y protección del medio ambiente”.
Rodolfo Machaca, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), manifestó que “es bastante delicado hablar de modificar la Constitución, los partidos neoliberales están queriendo perforar, no vamos a permitir que se haga eso. Lo que pasa es que todo está bajo la tuición del Estado, las TCO (Tierras Comunitarias de Origen) se volverían pequeños estados, estas cosas no se pueden admitir”.
Carta Magna
El artículo 349 de la Constitución establece: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”.
Bascopé, ex asesor de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) en la Asamblea Constituyente, dijo que “el Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y la Cidob lucharon porque sean de su propiedad, pero los demás sectores sociales y los constituyentes determinaron que estos recursos estratégicos sean directamente de propiedad del pueblo boliviano, y el Estado los administra”.
Para todos
“En un punto yo no estoy de acuerdo con la modificación que quieren hacer, si pretenden decir que todos los recursos son propiedad de los pueblos es falso, porque los recursos sirven para todos”, opinó Xavier Albó, antropólogo, lingüista y cofundador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).
Albó dijo que el punto que cambiaría en la Constitución es el candado departamental; “para poder tener autonomía o cualquier otra cosa no se puede cruzar los límites departamentales, esto tiene que caer”.
Sin respuesta
Cambio llamó insistentemente a los celulares de Adolfo Chávez y de Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), pero no tuvo respuesta.
“Por cambiar artículos de la Constitución no se derrumbará el cielo, porque es una Constitución de todos los bolivianos, y si hay algo que reformular parcialmente hay que hacerlo”, dijo Chávez el miércoles a Página 7.
La Carta Magna fue aprobada por la mayoría del pueblo boliviano en un referéndum y promulgada el 7 de febrero de 2009.
DATOS
- 63 comunidades moxeño-trinitarias, chimanes y yuracarés habitan el Tipnis.
- De esa cantidad, 58 comunidades, según el cacique mayor Gumercindo Pradel, aceptan la consulta y no participan en la IX Marcha.
- La VIII Marcha, liderada por la Cidob, que desde Trinidad llegó a La Paz, logró el año pasado que el Tipnis sea declarado intangible y que ninguna carretera atraviese esa área mediante la Ley 180, también denominada ley corta.
- Otra marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que partió de Cochabamba a La Paz, logró que se apruebe la Ley 222 de consulta previa.
- La Cidob, en rechazo a la consulta que tiene el apoyo de Naciones Unidas, decidió iniciar el 27 de abril la IX Marcha.
No es una propuesta oficial de la marcha
El senador Adolfo Mendoza, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que “una cosa es la opinión de Adolfo Chávez y otras son las resoluciones que incluso los mismos marchistas están generando, ésa no es una propuesta oficial de la propia marcha”.
Mendoza, ex constituyente, advirtió que “sería demasiado grave porque es una Constitución que toma en cuenta las áreas protegidas indígena originario campesinas y territorialidad, en la que participó la Cidob y consta en los documentos el tipo de visión que tenían en la Asamblea Constituyente, lo cual se refleja en la Constitución aprobada en un referéndum por todos los bolivianos”.
El senador oficialista demandó mayor mesura en la formulación de propuestas porque provocan contradicciones y concluyó que “no existe una demanda que sea coherente y sobre todo se está demostrando que es una marcha que no defiende adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas, no es legítima”.
De acuerdo
La senadora Centa Rek, de Convergencia Nacional (CN), se mostró de acuerdo con la propuesta de Chávez porque considera que “el Gobierno no respeta la Ley 180 que determina la intangibilidad del Tipnis”.
En ese marco y por presión de los indígenas del Tipnis se aprobó la Ley 222 de consulta previa, lo que motivó la Novena Marcha, encabezada por la Cidob, aunque 58 de las 63 comunidades del Tipnis apoyan la realización de la consulta.
