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El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana denunció un "acto de violación flagrante a la propia Convención de Viena que es utilizar un vehículo de una embajada (en este caso) de los Estados Unidos para trasladar armas" sin el conocimiento ni consentimiento de las autoridades bolivianas, dijo en conferencia de prensa en el Palacio Quemado. El funcionario patentó la preocupación del gobierno del presidente Evo Morales por la recurrencia de las violaciones por funcionarios de la Secretaría de Estado de Estados Unidos a la soberanía de Bolivia. "Estamos profundamente preocupados por el comportamiento, por las decisiones unilaterales que violan principios fundamentales de respeto, de confianza entre países y mucho más cuando Estados Unidos y Bolivia estamos en un proceso de reencaminamiento de las relaciones bilaterales", afirmó. Se trata de un nuevo episodio en las relaciones oscilantes de La Paz y Washington desde 2006, que parecían superar la crisis de 2008, cuando Morales expulsó al embajador americano Philip Golberg, al que acusó de conspiración e intromisión en asuntos de política interna y que el entonces presidente George W Bush replicó con la salida forzada del representante boliviano Gustavo Guzmán. En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos esgrimió que el traslado de armas, municiones y equipos por uno sus vehículos desde la ciudad de Trinidad (nordeste) a la de Santa Cruz (este) se ejecutó en virtud de un acuerdo, cuya existencia y validez negó en rotundo la administración Morales. Tanto así que convocó a embajadores acreditados en La Paz como a representantes y delegados de organismos multilaterales para denunciar, ante la comunidad internacional, a Estados Unidos por la violación de la Convención de Viena en el capítulo concernido a los preceptos de la seguridad interna de los Estados. "Por lo tanto queremos reiterar esta invitación que estamos formalizando en una nota de Cancillería a los embajadores, al cuerpo diplomático y a los responsables de los organismos internacionales" para sentar la denuncia en La Paz, afirmó Quintana. La tensión bilateral volvió a aflorar un mes después que La Paz y Washington apuraran, tras casi 4 años de relaciones enturbiadas, los primeros convenios de una Comisión Conjunta bilateral y estaban a punto de normalizar sus vínculos con el nombramiento de embajadores en ambas sedes. La administración Morales negó en rotundo la existencia de un acuerdo que facultara, supuestamente, a la Embajada de EEUU a mover armas y municiones de un punto a otro en Bolivia. "Queremos informar que no existe ningún acuerdo regularmente tramitado ante el gobierno boliviano que tiene como instancia competente para celebrar este tipo de convenios, de acuerdos, de compromisos entre estados, a la Cancillería boliviana", remarcó el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero. En un comunicado enviado a la ABI, la embajada de Estados Unidos dijo tener "un acuerdo con el Gobierno de Bolivia bajo el cual la Policía Boliviana Nacional nos proporciona servicios de seguridad" y, aseguró, a contrapelo de la versión oficial, que "bajo el acuerdo, la Embajada de Estados Unidos proporciona una cantidad limitada de armas y municiones a la Policía Boliviana para la protección de nuestras instalaciones diplomáticas, como lo hacemos en muchos países en todo el mundo". El gobierno de Morales exteriorizó su extrañeza porque el traslado de las armas, 3 fusiles, un millar o medio millar de proyectiles y un ordenador, precintados bajo comparendo, se registrara la noche del martes al miércoles por las calles de la ciudad amazónica de Trinidad. La versión esgrimida por EEUU pudo referirse a un acuerdo, tal vez, con un oficial de rango intermedio de una comandancia no identificada de la Policía boliviana en los departamentos Beni, Cochabamba o Santa Cruz. "Nos llama poderosamente la atención este tipo de acuerdos entre la embajada d EEUU con funcionarios subalternos de la Policía sabiendo, la Embajada, que en el caso tan sensible de los asuntos de seguridad del Estado los acuerdos son de Estado a Estado y no de una embajada con un comando departamental de Policía", afirmó. "Tenemos muchas dudas respecto a una conducta profesional de los funcionarios de la Embajada y, créanme, que este tipo de acuerdo nuevamente viola la Convención de Viena, porque para eso existen las jerarquías institucionales que deben preservar esta relación armoniosa entre Estados", sostuvo Quintana. De todas formas la investigación oficial del hecho corría ya a cuenta del Ministerio Público boliviano. El objetivo del gobierno de Morales, que también corrió de Bolivia a la agencia antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) y que mantienen fuertes cuestionamientos al papel que desarrolla la agencia de cooperación internacional de Washington (Usaid), a la que acusó incluso de solventar las protestas de indígenas de tierras bajas del país andino amazónico, es conocer el destino de las armas. Santa Cruz y Beni forman parte de las tierras bajas de Bolivia. "Existe un conjunto de dudas respecto a esta acción unilateral que el gobierno de Estados Unidos tendrá que responder frente a la investigación de la Fiscalía", dijo Quintana. El Ministro enfatizó que la pesquisa deberá revelar "quién autorizó el uso de un vehículo de la Embajada de EEUU que esta con placa diplomática; quién autorizó la salida de las armas de un cuartel de UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural); cuál era el destino de estas armas a través de un vehículo en un contexto de violación flagrante de las normas que tienen que respetarse; por qué el traslado de armas en horas de la madrugada". Principalmente, "lo que tenemos que saber es cuál era el destino de estas armas", concluyó. Cc/ ABI ABI. Copyright 1998-2011. |
