La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una
Vida Libre de Violencia ya rige en el país tras la promulgación
realizada ayer por el presidente Evo Morales, quien destacó que la norma
incorpora al feminicidio como delito en el Código Penal con un castigo
de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Así, la
norma anula el delito de “homicidio por emoción violenta” que era una
atenuante que anteponían los agresores para reducir el castigo. Además,
de acuerdo con la nueva normativa, se han establecido 17 formas de
violencia física, sexual, psicológica y económica, que serán
investigadas de oficio por el Ministerio Público puesto que estos
delitos ahora serán de orden público. En ese marco, se creará en la
Policía la Fuerza de Lucha Contra la Violencia que contará con
financiamiento del Tesoro General del Estado.
Morales
dijo que espera que la reglamentación de la norma, de 100 artículos y
ocho disposiciones transitorias, se efectúe hasta dentro de tres meses
como máximo y luego cuestionó que muchas leyes aprobadas, tanto para el
ámbito social como económico, no se apliquen precisamente por efecto de
este paso procedimental necesario.
“Estaba prevista
la promulgación para ayer (Día Internacional de la Mujer), pero
lamentablemente tuvimos que asistir al sepelio del hermano presidente
venezolano Hugo Chávez, en Caracas”, comentó el Mandatario, quien llegó
ayer por la madrugada luego de tres días de ausencia.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, instó a los
gobernadores y alcaldes a apoyar la aplicación de la ley en el marco de
sus competencias autonómicas. “No queremos castigar agresores, queremos
que dejen de haber agredidas”, afirmó la legisladora después de admitir
que las sanciones serán “más drásticas”.
Entre enero y
febrero, 29 mujeres fueron asesinadas, 21 por feminicidio, es decir por
su condición de género, y ocho por inseguridad ciudadana, según datos
del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem).
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia establece, además, la inclusión de políticas públicas, de
prevención contra la violencia y la persecución penal a agresores. Los
castigos también incluyen trabajos comunitarios, detenciones de fines de
semana, inhabilitación de profesión, multas de hasta el 50% del salario
del agresor, y de 1 a 30 años de cárcel, según la gravedad del delito.
La asignación de ítems para fiscales y tribunales explícitamente para
casos de violencia y la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra
la Violencia, cuya función será auxiliar, investigar, identificar y
aprehender a los presuntos agresores. Asimismo, el funcionamiento de
servicios de atención integral, servicios integrados de justicia
plurinacional en cada municipio, además de casas de acogida y refugios
temporales.
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón,
indicó que ahora resta trabajar en la reglamentación para implementar la
ley a cabalidad, por ello en un plazo máximo de diez días se iniciará
la cumbre de mujeres para presentar el Sistema Integral Plurinacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (Sippase),
además de socializar la norma.
Al acto de
promulgación asistió el vicepresidente Álvaro García Linera, autoridades
de los ministerios de Comunicación y Justicia, representantes de
Derechos Humanos y organizaciones sociales de mujeres, este último grupo
pidió celeridad en el reglamento.
Detalles de la ley 348
Recursos
La primera disposición transitoria establece que a partir del año
lectivo se asignarán recursos del Tesoro General de la Nación a las
entidades del nivel central para el propósito.
Agresor
Los agresores deberán someterse a una terapia de rehabilitación, por
orden judicial. La terapia no sustituirá la sanción impuesta, según el
artículo 31.
Medios
En el artículo 23 se prohíbe a los medios de comunicación difundir
contenidos discriminatorios vinculados a la violencia contra las mujeres
y sus derechos.
Crearán un sistema de alerta para las regiones
En los lugares donde se registre un alto índice de violencia se
declarará la alerta para reforzar los programas de prevención e iniciar
campañas de sensibilización, según establece la Ley Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
“Se trata de una acción intensiva que tiene un tiempo máximo de un año
en zonas, municipios o departamentos. La alerta es para lugares donde
haya hechos frecuentes de violencia, será una situación similar a las
alertas por el clima, por una enfermedad o epidemia”, explicó la
presidenta del Senado, Gabriela Montaño.
Los
artículos 37, 38 y 39 de la norma establecen dicha declaratoria y la
conformación de comisiones especializadas para ejecutar programas de
prevención, atención y protección para reducir el nivel de violencia, en
un plazo máximo de un año. En caso de que al cabo de este tiempo no se
cambien las condiciones de riesgo para las mujeres, en un determinado
lugar con alerta, la norma advierte sanciones administrativas, civiles y
penales por omisión e incumplimiento de funciones.
Sistema. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi,
explicó que será el Sistema Integral Plurinacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (Sippase) la
institución que identificará y medirá los niveles de violencia en el
país de forma progresiva.
“Territorio en alerta para
la lucha contra la violencia” es el denominativo que se le asignará al
lugar que se declare en una situación de riesgo contra las féminas.
“Una vez hecha la declaración oficial de alerta, las instituciones
—sean Gobernación, autonomía regional o municipio— tienen la obligación
de destinar mayores recursos, en coordinación con el Gobierno nacional,
para reforzar las acciones. Los parámetros para la declaratoria se verán
en el reglamento”, informó.
