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Sociedad
En el mes de movilizaciones, en Santa Cruz se cosieron los labios, en Cochabamba bloquearon carreteras, en La Paz usaron a niños y amenazaron con infectar a los policías.
28 de marzo, los médicos iniciaron el paro indefinido contra la restitución de las ocho horas de trabajo en el sistema de salud pública.
LA PAZ - Cambio
Ayer, antes del mediodía, los médicos del complejo hospitalario de Miraflores de la ciudad de La Paz se organizaron para contratar minibuses que los trasladen hacia la autopista para bloquear el acceso a La Paz.
Junto a trabajadores en salud y estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) bloquearon la ruta sin percatarse de que uno de sus pares de Santa Cruz, el doctor René Bilbao, llegó a la sede de gobierno con una propuesta para instalar oficialmente el diálogo con el Gobierno.
Como el resto de la población, Bilbao no logró pasar el bloqueo y se quedó en la ciudad de El Alto.
La Policía, que llegó a la autopista, tuvo que recurrir a gases lacrimógenos para dispersar a los bloqueadores, quienes provocaron un enfrentamiento con los uniformados.
Al mediodía, otro grupo de galenos, trabajadores y universitarios llegó hasta la plaza del Estudiante y se parapetó frente al Ministerio de Salud para lanzar bolsas de pintura contra el frontis de esa entidad.
Al mismo tiempo, en actitud amenazante, algunos trabajadores manipulaban jeringas cargadas con un líquido amarillo, cuya composición se negaron a revelar. Sólo advirtieron que eran para “infectar” a los policías.
Según reportes de ATB, la jeringa estaba preparada para infectar con VIH.
Así transcurrió una jornada más en la que rechazaron el Decreto 1126, que restituye las 8 horas de trabajo en el sistema de salud público y de la seguridad social. Se sumó a la de anteayer, cuando crucificaron a niños y les instaron a gritar consignas contra el Gobierno.
Para Víctor Vaca Flores, presidente del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, las medidas extremas a las que llegan los movilizados son un “chantaje, un arma innoble”.
“Sus demandas pueden ser legítimas, pero están usando niños y ése es un chantaje”, dijo.
Al referirse al cosido de labios, tapiados y crucifixiones, los identificó como métodos de presión de “militantes de derecha que están inyectando una dosis de dramatismo que demuestra actitudes políticas”.
Ante esta situación, el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín consideró que el conflicto debe ser analizado por sus causas y no por los efectos para encontrar soluciones consensuadas entre Gobierno y médicos.
Sin embargo, ambos activistas de derechos humanos consideraron que las medidas de presión generan un alto costo social que afecta a la población.
“La población es la que carga el costo más elevado”, sostuvo Víctor Vaca Flores.
